Protección contra Contraloría General de La República y Dirección General de Carabineros

San Miguel, catorce de marzo de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado, Rut. N° RUT reservado, Suboficial (Administrativo) de Carabineros, con domicilio en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Contraloría General de La República y Dirección General de Carabineros, representadas por doña nombre reservado y don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, respectivamente.

Expone que el Jefe del Departamento P.7. de la Dirección de Gestión de Personas de la Dirección Nacional de Personal, Teniente Coronel (I) nombre reservado, a través de la Resolución Exenta N° 726, del 29.10.2021, dispuso inexactamente que a contar del 01 de mayo del 2021 la Asignación de Especialidad al Grado Efectivo debía considerarse en la base de cálculo de la Asignación de Zona que percibe el Personal de Carabineros de Chile, omitiendo en forma deliberada la prescripción ordinaria contenida en el artículo 2515 del Código Civil, habida consideración que el beneficio se encuentra vigente desde el 12 de marzo de 1998.

Indica que el beneficio en comento está considerado dentro de las prestaciones de seguridad social, toda vez que, la gratificación de zona fue contemplada dentro de la legislación vigente por desempeñarse en zonas extremas o de régimen de vida difícil, es decir, por trabajar exclusivamente en territorios aislados geográficamente, con dificultades de accesibilidad y conectividad física con regiones urbanas, además de una baja densidad poblacional y poder solventar los costos de vida notablemente más oneroso que el resto del país, entre los cuales menciona alimentación, vivienda, estudios de los hijos, etc.

Señala que se presentó a prestar servicios en la Prefectura de Carabineros Aysén a contar del 08 de enero del 2018, la cual se encuentra afecta al 105% de gratificación de zona, por lo que solicitó se procediera ajustar el beneficio que se reclama a contar de la época antes referida.

Manifiesta que con fecha 11 de enero del 2022, bajo el registro N° 160.151, solicitó directamente a la Contraloría General de la República, que disponga que la asignación de especialidad al grado efectivo se le considere en la base de cálculo de la asignación de zona, a contar de la fecha de presentación en la guarnición de Coyhaique, esto es, el 08 de enero del 2018, resolviendo el Ente Contralor, a través del Oficio N° E399886, del 03 de octubre del 2023, que debía pagársele lo adeudado desde el 08 de enero de 2018 y hasta el 30 de abril de 2021, otorgándole a Carabineros de Chile un plazo de 20 días hábiles, contado desde la notificación del citado oficio.

Expresa con fecha 03 de enero y 02 de mayo del 2024, ingresó en la plataforma de la Contraloría, bajo el registro N° W8.963 y W27.956, dos reclamos en contra de Carabineros de Chile, por el no cumplimiento de lo ordenado en el Oficio E399.886, de 2023, del Departamento de Previsión Social y Personal de la Contraloría General de la República, los que fueron resueltos por el Departamento de Previsión Social y Personal de la Contraloría, a través de la Resolución N° 14.188, del 13.09.2024,quien señaló que el artículo 99 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, dispone que el derecho a cobro de las asignaciones que establece el artículo 98 del mismo cuerpo legal, entre las que se encuentran las contempladas en leyes especiales, prescribirá en el plazo de 6 meses contado desde la fecha en que se hicieron exigibles, concluyendo que no resultaba procedente el pago de las cantidades adeudas, por haber trascurrido el término de prescripción, por haberlo reclamado con fecha 01 de diciembre de 2021, en circunstancias que Carabineros de Chile, reconoció en forma masiva el beneficio a través de la Resolución Exenta N° 726, de fecha 29 de octubre de 2021.

Ante lo dictaminado por dicha resolución refiere que los beneficios que no tienen carácter estatutario por encontrarse regulados en leyes especiales no están sujetos al plazo de dos años previsto en el artículo 161 de la ley N° 18.834. En estos casos, al no existir un lapso de prescripción que los regule, debe recurrirse a las reglas del derecho común previstas en el Código Civil, específicamente su artículo 2515, que señala que las acciones y derechos ordinarios prescriben en cinco años.

Añade que la resolución N°14.188, del 13.09.2024 emitida por el Departamento de Previsión Social y Personal de la Contraloría General de la República y que le fuera notificada vía correo con fecha 16 de septiembre del 2024, vulnera las garantías del N° 18 y 24 de la Constitución Política de la República, además que han afectado su confianza legítima, por cuanto se le ajusta un beneficio en forma errónea desde el 01 de mayo del 2021, en circunstancias que le correspondencia a contar del 08 de enero del 2018.

Previas citas legales y jurisprudenciales solicita se declare: a) que lo resuelto por la Contraloría General de la República y Carabineros de Chile, es arbitrario e ilegal, por cuanto afecta las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 18 y 24 de la Constitución Política, b) que se ordene recalcular y se le compute el periodo faltante, esto es, desde el 08 de enero del 2018 al 30 de abril del 2021, y se le cancele los valores que se adeudan, por concepto que la asignación de especialidad al grado efectivo, le sean considerada en la base de cálculo de la asignación o gratificación de zona y c) Que se ordene restablecer el imperio del derecho adoptando toda otra medida que estime pertinente conforme al mérito de autos, con expresa condenación en costas.

Segundo: Que la Contraloría General de la Republica informando la acción deducida en su contra por haber emitido la resolución exenta N° 14.188, de 13 de septiembre de 2024, mediante la cual se rechazó el reclamo de la señora nombre reservado en atención a que el derecho al cobro de la asignación de zona que perseguía se encontraba prescrito al haber transcurrido más de seis meses contados desde la fecha en que se hizo exigible, expuso como cuestión previa, que Carabineros de Chile dictó la resolución exenta N° 726, de 29 de octubre de 2021, que dispuso que a contar del 01 de mayo de 2021, la asignación de especialidad al grado efectivo debía considerarse en la base de cálculo de la asignación de zona que percibe el Personal de Carabineros de Chile.

Enseguida, la recurrente reclamó ante la Entidad de Control puesto que, a su juicio, la asignación de especialidad al grado efectivo debió ser considerada en la base de cálculo de la asignación de zona, a contar del 8 de enero de 2018 -data en que se presentó en la Prefectura de Aysén- y no desde el 1 de mayo de 2021, como se consignó en la resolución exenta N° 726, de 2021, de la entidad policial.

Explica que por oficio N° E399.886, de 2023, de origen de la recurrida, se indicó en lo pertinente, que la asignación de especialidad al grado efectivo que actualmente recibe el personal de esa policía uniformada debe ser considerada en la base de cálculo de la gratificación de zona de los funcionarios que tengan derecho a este último beneficio, y es en ese sentido que dispuso a Carabineros de Chile que debía pagar a la interesada lo adeudado por concepto de la referida asignación.

Luego, la recurrente dedujo ante esta Entidad Fiscalizadora, el reclamo de ilegalidad contemplado en el artículo 160 de la ley N° 18.834, en contra de Carabineros de Chile, por la falta de cumplimiento de lo ordenado en el precitado oficio N° E399.886, de 2023.

Posterior a ello, la Dirección Nacional de Personal de la Institución Policial, previo a proceder al recalculo de la asignación dispuesta, requirió al Organismo de Control, mediante oficio N° 1.875, de 21 de diciembre de 2023, que se aclarase el plazo de prescripción que debía operar respecto del cobro de las diferencias insolutas por la asignación de zona de la especie. Es así como se efectuó un nuevo estudio, esta vez circunscribiendo al plazo de prescripción del eventual saldo pendiente por pagar, pues ya no existía duda alguna respecto al derecho a que la base de cálculo de la gratificación de zona debía ser considerada en el cálculo de la asignación de especialidad al grado efectivo, por lo que solo persistía el cuestionamiento respecto del monto que alcanzaría lo pendiente de pago por haber operado un plazo de prescripción del saldo insoluto. En esas circunstancias se dictó la resolución exenta N° 14.188, de 13 de septiembre de 2024, y que se impugna, que concluyó que la gratificación de zona que reciben los Carabineros de Chile se otorgará de acuerdo con la ley aplicable al personal de la Administración Civil del Estado, contenidas en el artículo 7° del decreto ley N° 249, de 1973, añadiendo que de conformidad con lo establecido en los artículos 98 y 99 de la ley N° 18.834, el cobro de las asignaciones establecidas en el citado artículo 98 -entre las que se encuentran las contempladas en leyes especiales, como ocurre con la asignación que se reclama- prescribe en el plazo de 6 meses contados desde la fecha en que se hicieron exigibles.

Expone que la recurrente pretende que se lleve a efecto un recálculo de la asignación en el que se compute un periodo, según su parecer, omitido, entre el 8 de enero de 2018 y el 30 de abril de 2021, sin considerar las reglas de prescripción del Estatuto Administrativo que le son aplicables, lo que resulta a juicio de la Contraloría General de la República inaceptable ya que el asunto es ajeno a la naturaleza cautelar del recurso de protección, toda vez que la actora pretende que se declare que su derecho al cobro de la asignación en comento no se encuentra prescrito, cuestión que no corresponde ser dilucidada por medio de la presente acción cautelar.

Sostiene que la actora carece de un derecho indubitado y no disputado, que el recurso de protección no sustituye a la acción de cobro de pesos para lo cual se debe aportar prueba, que lo alegado no reviste el carácter de urgencia que hace procedente la interposición de una acción cautelar y que la naturaleza de la asignación cuyo pago motiva el presente recurso no puede considerarse como una prestación de seguridad social, toda vez que la asignación de zona es una remuneración permanente que se otorga a los trabajadores que cumplan con las condiciones señaladas en la mencionada normativa legal y por ende no es posible considerar la asignación como imprescriptible.

En cuanto a los derechos constitucionales supuestamente vulnerados, señala que con respecto al consagrado en el artículo 19 N° 18 de la Constitución Política de la República no se presentaron mayores antecedentes o alegaciones, limitándose a enunciar la garantía constitucional, la que por lo demás no se encuentra amparada por la protección constitucional del artículo 20 de la Constitución, por lo que es improcedente invocarla para fundar la presente acción cautelar.

En lo tocante al Derecho consagrado en el artículo 19 N° 24 del cuerpo legal ya citado, refirió que para contar con la protección constitucional es necesario que el derecho reclamado se encuentre en el patrimonio del afectado, lo que no se cumple en la especie, en tanto ha operado respecto de la recurrente el plazo de prescripción extintiva para exigir el derecho que pretende en relación con la asignación de zona, teniendo ésta, en consecuencia, la mera expectativa de acceder a un derecho que se encuentra extinto.

Es por todo lo expuesto, que solicita se desestime el recurso deducido en su contra por doña nombre reservado.

Tercero: Que su parte Carabineros al momento de evacuar el informe que le fuera ordenado, expone que a través del dictamen N° E98.928, de fecha 26.04.2021, la Contraloría General de la República concluyó que la asignación de especialidad al grado efectivo que percibe el personal de la Policía de Investigaciones de Chile debía ser considerada en la base de cálculo de la gratificación de zona del personal que tenga derecho a este último beneficio. En virtud de lo anterior, el Jefe del entonces Departamento Beneficios Económicos, Remuneraciones y Registro de Datos del Personal (p.7) (actual Departamento Beneficios Económicos y Registro de Datos del Personal P. 7), mediante Resolución Exenta Nro. 726 de fecha 29.10.2021, dispuso que, a contar del 01.05.2021 la asignación de especialidad al grado efectivo debía considerarse en la base de cálculo de la gratificación de zona que percibe el personal.

En relación con anterior, hace presente que la Suboficial (Administrativo) nombre reservado fue trasladada por orden N° 308 de la Dirección Nacional de Personal, de fecha 25.09.2017, a la Plana Mayor de la Prefectura Aysén del General Luis Marchant González Nro. 27, a contar del 02.01.2018, presentándose en dicha Repartición el 08.01.2018. Posteriormente, en virtud de la Orden Nro. 372 de la Dirección Nacional de Personal, de 28.10.2022, se dispuso, el traslado de la funcionaria, a contar del 02.01.2023, a la Escuela de Carabineros del General nombre reservado de la Dirección de Educación, Doctrina e Historia, presentándose el 30.03.2023.

Debido a su traslado a la Prefectura Aysén, mediando conducto regular, con fecha 01.12.2021. la recurrente solicitó que se tramitara al Departamento P. 7. su requerimiento para que se ajustara su gratificación de zona con el beneficio de asignación de especialidad. Ello, a contar del 08.01.2018, fecha de su presentación en la guarnición de Coyhaique.

Posteriormente, mediante Oficio Nro. E399.886 de fecha 03.10.2023 la Contraloría General de la República dispuso que Carabineros de Chile debía pagar a la interesada lo adeudado por concepto de "asignación de zona", desde el 08.01.2018, y hasta el 30.04.2021, informando de ello a dicho Órgano en el plazo de 20 días hábiles, contado desde la notificación del oficio.

Mediante Oficio Nro. 1611 de la Dirección Nacional de Personal de Carabineros de Chile de fecha 07.11.2023 se comunicó al Ente de Control que se había pagado a la interesada la asignación de zona, desde el proceso de ajustes del mes de febrero del año 2018.

Luego, sin embargo, mediante Oficio_Nro. 1875, de fecha 21.12.2023, la Dirección Nacional de Personal de Carabineros de Chile complementó el oficio anterior (nro. 1611, de 07.11.2023), manifestando en definitiva que, a propósito del pago de diferencias por concepto de asignación de zona, según el criterio expresado por la Contraloría General de la República en su dictamen nro. 5539 de 2009, aquellas se encontraban regidas por un plazo de prescripción de 6 meses, según la remisión del artículo 46 letra d) del Estatuto del Personal de Carabineros a los artículos 98 y 99 de la Ley Nro. 18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el DFL Nro. 29, de 20049 del Ministerio de Hacienda.

Debido a lo expuesto, se requirió un pronunciamiento respecto de lo anterior, para que, en definitiva, se determinara si correspondía la regularización instruida, procediendo la Contraloría General de la República a emitir su Resolución Exenta Nro. 14,188 de fecha 13.09.2024, que concluyó que para efectos del pago de las cantidades que pudieran adeudarse a la funcionaria por concepto de asignación de zona, debe observarse necesariamente el plazo de prescripción de 6 meses, razón por la cual correspondía aclarar en lo pertinente el citado Oficio Nro. E399.886, de 2023, rechazando el reclamo de la funcionaria sobre la materia examinada.

Expone, que conforme lo expuesto las decisiones contra las cuales se ha recurrido emanaron del Mando respectivo con competencia en la materia, a cargo del Departamento Beneficios Económicos y Registro de Datos del Personal (P.7), y no pueden considerarse arbitrarias, puesto que se fundamentaron en la normativa legal vigente y en los dictámenes de la Contraloría General de la República sobre la materia.

En cuanto a los derechos fundamentales que la recurrente estima vulnerados, y no obstante que no se explaya en describir la forma cómo ello habría ocurrido, sostiene que el beneficio económico que reclama no dice relación con la seguridad social, además, que este derecho no se encuentra amparado por la acción cautelar promovida, pues el artículo 20 de la Constitución Política de la República no prevé el ejercicio de la acción constitucional de protección respecto del articulo 19 N°18, razón por la cual la alegación sobre el particular no puede prosperar.

En lo concerniente a la supuesta vulneración del articulo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, afirma que la eventual privación no provino de un acto administrativo ilegal o arbitrario de Carabineros de Chile, sino por el contrario, este tuvo su fundamento en disposiciones legales a las cuales se remiten las normas del Estatuto del Personal de Carabineros de Chile, interpretación que ha sido consistentemente reafirmada por la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República.

Añade que en lo concerniente a una supuesta vulneración del principio de confianza legítima por no haberse reconocido su derecho a percibir la gratificación de zona incluyendo en ella la asignación especial al grado efectivo, desde que comenzó a prestar funciones en la Zona de Carabineros Aysén, a contar del 08.01.2018 y hasta el 30.04.2021, lo cierto es que la recurrente no precisa cómo es que se infringió tal principio, exponiendo solo generalidades en relación al mismo, y reiterando simplemente que la Administración habría cometido un error al negarle el beneficio por el lapso que ella reclama, sin hacer presente que el acto administrativo que ataca contiene los razonamientos aportados por la Institución y detallados por el Ente de Control, encontrándose suficientemente sustentado en criterios uniformes de larga data.

Afirma que en la especie la acción incoada por la recurrente se fundamenta en que la Resolución Exenta Nro. 14,188 de la Contraloría General de la República, de 13.09.2024, mediante el cual aclaró su Oficio Nro. E399.886, de 2023, sin embargo, para que la actora promueva su alegación, debe estar en posesión de un derecho indubitado, esto es, un derecho cuya titularidad no dé lugar a dudas o interpretaciones, lo que no se da en la especie.

Concluye que su actuar se ha ajustado a la normativa legal y reglamentaria, así como a los criterios que sobre el particular ha vertido la Contraloría General de la República, no advirtiéndose por tanto ilegalidad o arbitrariedad en los actos examinados, y por tanto, vulneración de derecho constitucional, por cual solicita rechazar el recurso, con costas, Cuarto: Que el recurso de protección es una acción de naturaleza cautelar, cuyo objetivo es la adopción de medidas de carácter urgente, tendientes a salvaguardar los derechos o garantías constitucionales preexistentes, conculcados por actos u omisiones ilegales o arbitrarios.

En efecto, la Excelentísima Corte Suprema ha señalado, que si bien en virtud de la competencia conservativa que el indicado arbitrio confiere, pueden adoptarse todas las medidas que se estimen conducentes para otorgar la debida protección a quienes han visto amagados sus derechos constitucionales previstos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, lo cierto es que no se puede perder de vista que esta acción constituye una medida de emergencia consagrada para dar remedio pronto y eficaz a los atropellos que sufra el ciudadano en sus derechos constitucionales producto de una acción u omisión que a todas luces sea ilegal y/o arbitraria, cuestión que justifica una intervención jurisdiccional rápida que ampare suficientemente el derecho amagado, mientras se acude a la sede ordinaria o especial correspondiente, otorgando una tutela efectiva a los recurrentes.

Quinto: Que son presupuestos de la acción cautelar: a) Que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria atribuible al recurrido; b) Que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; c) Que dicho derecho esté señalado en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y d) Que exista posibilidad de que el órgano jurisdiccional ante el cual se plantea pueda adoptar las medidas de protección o cautela adecuadas para resguardar el legítimo ejercicio del derecho afectado.

Sexto: Que en atención a las alegaciones formuladas por los intervinientes corresponde determinar si la resolución N° 14.188, de fecha 13 de septiembre de 2024 dictada por la Contraloría General de la República y por medio de la cual aclaró el oficio N° E 399.886-2023, dictado por el departamento de Previsión Social y Personal de dicho Órgano Contralor, priva o perturba en forma ilegal y arbitraria los derechos garantizados en el Artículo 19 en sus numerales 18 y 24 de la Constitución Política de la República.

Séptimo: Que para dilucidar lo anterior cabe señalar que nuestra carta fundamental establece lo siguiente: “Artículo 19.- La Constitución asegura a todas las personas: ...18° El derecho a la seguridad social. Las leyes que regulen el ejercicio de este derecho serán de quórum calificado. La acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas. La ley podrá establecer cotizaciones obligatorias El Estado supervigilará el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social;” agregando en el numeral 24: “…El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales.

Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esta comprende cuanto exijan los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental.

Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador. El expropiado podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio ante los tribunales ordinarios y tendrá siempre derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado, la que se fijará de común acuerdo o en sentencia dictada conforme a derecho por dichos tribunales…”.

A su turno el artículo 20 del mismo cuero legal dispone: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso cuarto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º, 12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24º y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes. Procederá, también, el recurso de protección en el caso del Nº 8º del artículo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto arbitrario e ilegal imputable a una autoridad o persona determinada.”

Octavo: Que conforme a las alegaciones e informes evacuados no se encuentra discutido en la presente causa:

a) Que conforme a lo establecido en la Resolución Exenta N° 726 de 29 de octubre de 2021, la asignación de especialidad al grado efectivo debe considerarse en la base de cálculo de la asignación de zona que percibe el personal de Carabineros.

b) Que a través de oficio N° E 399886, de 03 de octubre de 2023 el Ente Contralor dispuso que Carabineros de Chile debía pagar a nombre reservado lo adeudado por concepto de asignación de zona, desde el 8 de enero de 2018 y hasta el 30 de abril de 2021, informando de ello a la Contraloría General en el plazo de 20 días hábiles contado desde la notificación del referido oficio.

c) Que Carabineros de Chile atendido lo ordenado en oficio N° E399.886 requirió a la Entidad Fiscalizadora, mediante oficio N° 1.875, de 21 diciembre de 2023, de su Dirección Nacional de Personal, se aclarara el plazo de prescripción que debe operar respecto del cobro de diferencias insolutas por la asignación de zona.

d) Que el Departamento de Previsión Social y Personal de la Contraloría General de la República dicta la resolución N° 14.188, de 13 de septiembre de 2019, que aclara el oficio E 399886 de 03 de octubre de 2023, en donde consigna que para efectos del pago de las cantidades que pudieran adeudarse a la señora nombre reservado por concepto de asignación de zona, debe observarse necesariamente el plazo de prescripción de seis meses, rechazando el reclamo presentado por la recurrente en contra de Carabineros de Chile Noveno: Que, así las cosas, para acoger el arbitrio impetrado bastaría señalar que el fundamento para negar el pago del rubro reclamado es que el derecho a exigirlo habría prescrito, circunstancia que desde luego constituye un omisión ilegal y arbitraria por cuanto ambas entidades recurridas al actuar del modo que lo hicieron carecían de competencias y atribuciones para ello, desde que la prescripción como instituto jurídico debe ser declarada judicialmente, lo que no se acreditó que haya ocurrido, arrogándose potestades que han sido encomendadas por ley a un órgano jurisdiccional, lo que deviene en el actuar ilegal denunciado y que evidentemente afecta el derecho de propiedad de la reclamante, a quien ni siquiera se le dio la oportunidad de contar con el cálculo de lo eventualmente debido, privándola de la posibilidad de disponer de fondos que eventualmente forman parte de su patrimonio, Lo anterior se explica, si se parte de la base que la omisión de efectuar el cálculo del quantum de la prestación que le hubiera correspondido por concepto del derecho de zona, despoja a la recurrente de la opción de hacer valer sus derechos por la vía ordinaria que corresponda, prerrogativa que con la dictación de la resolución impugnada ha resultado conculcada, lo que con ello convierte dicho acto igualmente en ilegal, contexto a partir del cual no cabe sino concluir que la acción deducida, será acogida en los términos que se indicarán en lo resolutivo de esta sentencia.

Décimo: Que, sin perjuicio de lo anterior, en lo concerniente a que el presente recurso debe ser acogido debido a que se vulnera además la garantía consagrada en el artículo 19 N°18 de la Constitución Política de la República, sin entrar analizar si el estipendio perseguido forma o no parte de lo que se entiende por seguridad social, se rechaza dicha alegación, teniendo en consideración que la presente acción otorga protección a quienes han visto amagados sus derechos constitucionales previstos en el artículo 20 del referido cuerpo legal, el que no hace mención al derecho invocado en este caso por la recurrente.

Por estas consideraciones y conforme lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales; se acoge, sin costas, la acción deducida en estos antecedentes por nombre reservado, Rut. N° RUT reservado, solo en cuanto se resuelve:

I.- Que deja sin efecto la resolución Exenta N° 14.188, dictada el 13 de septiembre de 2024, por la Contraloría General de la República y se ordena al órgano competente de Carabineros de Chile, efectuar el cálculo de lo presuntamente adeudado a la recurrente, debiendo considerar la asignación de especialidad del grado efectivo en la base de cálculo de la asignación de zona en el periodo comprendido entre el 08 de enero del 2018 y 30 de abril del 2021, en el más breve plazo, que no podrá ser superior a 30 días hábiles.

II.- Que lo anterior es sin perjuicio de otros derechos.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redactó la ministra (s) Beatriz Cabrera Celsi.

N° Protección- 20.640-2024.

Pronunciada por la Décima Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada con los ministros Patricio Martínez Benavides, Beatriz Cabrera Celsi y Fiscal Judicial Carla Troncoso Bustamante.