nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

Santiago, ocho de abril de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en favor de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interponiendo recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A., por el acto arbitrario e ilegal consistente en haber rechazado, con fecha 28 de agosto de 2025, la solicitud de retiro de fondos para extranjero presentada por la recurrente, lo que importaría la afectación de la garantías constitucionales establecidas en los N° 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, solicitando que se acoja el presente recurso, ordenando a la recurrida reconocer como válida la documentación acompañada, debiendo efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por la recurrente dentro de un plazo razonable, adoptando todas las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

En cuanto a los antecedentes de hecho, señala que la recurrente solicitó ante la Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la Ley N°18.156. Dicha solicitud fue rechazada el 28 de agosto de 2025, argumentando que la “Constancia de Afiliación” presentada se encontraba vencida al momento de realizar la solicitud, superando la vigencia indicada en dicho documento, impidiendo acreditar que se encuentra cubierta durante toda su estadía en Chile por un sistema de seguridad social extranjero que cubra vejez, enfermedad, invalidez y muerte.

Sostiene que la recurrida desconoce la normativa especial, ya que, si bien la AFP admite que se encuentra afiliada a la seguridad social de su país de origen, rechaza la solicitud por considerar vencida la constancia.

Hace presente que es de público conocimiento la imposibilidad de los nacionales venezolanos de acudir a la representación consular para estos efectos, agregando la recurrida un requisito adicional que se aparta de lo estatuido en la ley que regula la materia y que la recurrente acompañó una constancia de afiliación del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, la cual fue legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y es verificable en línea mediante un código alfanumérico que se actualiza mensualmente en el portal web del I.V.S.S.

En relación con la normativa, la recurrente invoca la Ley N°18.156, en sus artículos N°1 y N°7, que exime a los técnicos extranjeros de cotizar en organismos previsionales chilenos si están afiliados a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que les otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y si expresan su voluntad de mantener dicha afiliación en el contrato de trabajo. Asimismo, el artículo 7 permite la devolución de los fondos previsionales a aquellos trabajadores extranjeros que cumplan con los requisitos del artículo 1.

Afirma haber dado íntegro cumplimiento a estos requisitos, siendo la obstaculización de su proceso una interpretación formalista de la norma que desatiende la finalidad del legislador de permitir disponer de sus ahorros previsionales.

En cuanto a la vigencia del certificado, señala que las constancias emitidas por la seguridad social de Venezuela incluyen un código alfanumérico verificable en línea, y que el recurrente acompañó el certificado de afiliación debidamente notariado y apostillado. Argumenta que la conducta omisiva de verificar la afiliación es arbitraria e ilegal, y que otras Administradoras de Fondos de Pensiones han accedido a solicitudes similares verificando el código de validación en línea.

Reitera que la falta de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela es un hecho público que imposibilita la obtención de ciertos documentos actualizados, y que la exigencia de tales documentos no debe servir como excusa.

Así las cosas, postula que la recurrida ha incurrido en un acto ilegal y arbitrario al imponer requisitos no estipulados en la Ley N°18.156 y desatender la finalidad de la misma.

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas, señala que el actuar de la recurrida afecta el derecho a la igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, al establecer diferencias arbitrarias y dar un trato desigual a la recurrente en comparación con otros solicitantes en circunstancias similares que sí han obtenido la devolución de sus fondos. Asimismo, denuncia la afectación del derecho de propiedad privada de la recurrente sobre sus fondos previsionales, garantizado por el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, toda vez que se le priva de la facultad de disponer de sus ahorros de acuerdo con las hipótesis que la ley contempla, constituyendo una retención injustificada y un obstáculo al legítimo ejercicio de este derecho. Además, las condiciones y requisitos impuestos por la recurrida afectan la esencia de los derechos de la recurrente, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 19 N°26 de la Constitución.

Solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare la ilegalidad y arbitrariedad del acto recurrido, se ordene reconocer como válida la documentación acompañada, y que la Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A. efectúe la devolución de los fondos de pensión solicitados por la recurrente dentro de un plazo razonable, adoptando todas las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Segundo: Que la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., al evacuar su informe, solicitó el rechazo íntegro del recurso de protección, con expresa condena en costas, En primer lugar, se refiere a la idoneidad de la vía procesal, sosteniendo que la acción cautelar de protección no es el medio apropiado para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio.

En efecto, afirma que, en estos autos, no existe un derecho indubitado, sino controvertido, por cuanto si bien la recurrente sostiene que el actuar de AFP ProVida es ilegal y arbitrario, su parte mantiene que su actuar se ajusta a la ley vigente y a la normativa de la Superintendencia de Pensiones.

Respecto a la ausencia de actos ilegales y/o arbitrarios, explica que se rechazó la solicitud de devolución de fondos de la recurrente, porque la "Constancia de Afiliación" presentada se encontraba vencida al momento de la solicitud, superando la vigencia de 120 días desde su emisión el 30 de julio de 2021. Lo anterior, no permitía acreditar que la solicitante estuviera cubierta durante toda su estadía en Chile por un sistema de seguridad social extranjero que cubriera las contingencias de vejez, enfermedad, invalidez y muerte, incluyendo prestaciones médicas y pecuniarias en caso de enfermedad.

En particular, se refiere al Oficio N° 7253 de la Superintendencia de AFP, que establece que los documentos de Constancia de Afiliación con una validez de 120 días, presentados después de vencido ese plazo, no son válidos para acreditar la cobertura continua.

En el mismo orden de ideas, indica que, si bien la recurrente aportó, además, una constancia de cotización sin firma, ésta no puede ser considerada, ya que el Oficio N° 5376 de la Superintendencia de AFP, exige una certificación específica de la autoridad previsional competente que acredite la protección efectiva del trabajador por todos los riesgos durante su permanencia en Chile.

Además, hace presente que las certificaciones electrónicas emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) que no han sido legalizadas o apostilladas por la autoridad previsional competente venezolana, y que carecen de indicación de coberturas o períodos determinados, no cumplen el requisito de cobertura previsional exigido por el artículo 1°, letra a), de la Ley N° 18.156. Se subrayó que, desde el 30 de agosto de 2016, fecha de entrada en vigor del Convenio de la Apostilla, y siendo Venezuela parte, se exige que dicha certificación venga apostillada por la autoridad competente venezolana, conforme a los artículos 345, 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

Finalmente, la afirma que, por instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, Provida debe observar todas las formalidades legales antes de aprobar una solicitud de devolución de fondos en calidad de técnico extranjero.

En cuanto a los fundamentos de derecho, expone que el Decreto Ley N° 3.500 de 1980, en sus artículos 2°, 23, 34, 51 y el artículo 64 de su Reglamento, establece que el Sistema de Pensiones tiene como objeto exclusivo el financiamiento de las prestaciones de vejez, invalidez y sobrevivencia, impidiendo a las Administradoras de Fondos de Pensiones ofrecer o destinar fondos a otros fines que los expresamente reconocidos por la ley. Asimismo, invocó el artículo 3° del DFL N° 101 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que faculta a la Superintendencia de Pensiones para interpretar la legislación y dictar normas generales obligatorias.

En virtud de lo anterior, se refirió al Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, Libro II, Título XI, artículo 1°, letra b), que exige que el cumplimiento del requisito del artículo 1°, letra a) de la Ley N° 18.156 se acredite mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Sobre la Ley N° 18.156, señaló que esta norma excepcional exime de cotizar en Chile a técnicos extranjeros o les permite el retiro de fondos, siempre que cumplan copulativamente los requisitos del artículo 1°: a) poseer calidad de técnico acreditada con documentos especializados debidamente legalizados; b) estar afiliado a un régimen previsional o de seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, lo cual debe acreditarse con una certificación debidamente legalizada; y c) manifestar expresamente en el contrato de trabajo la voluntad de mantener dicha afiliación. Del análisis de esta normativa, la recurrida concluyó que su actuar no fue ilegal ni arbitrario, pues solo observó el cumplimiento de los requisitos legales vigentes.

Finalmente, en cuanto a la improcedencia de la acción de protección, sostiene que no se cumplen los requisitos copulativos del artículo 20 de la Constitución Política de la República, ya que no existió un acto u omisión ilegal y arbitraria, ni un agravio consecuente, ni una privación, perturbación o amenaza de alguna de las garantías constitucionales del artículo 19, dado que su actuar se ajustó a la legalidad y razonabilidad, cumpliendo sus obligaciones legales, por lo que pide el rechazo del recurso, con expresa condena en costas.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Carta Fundamental, constituye un remedio de urgencia destinado a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que, para que prospere esta acción cautelar, es requisito indispensable la existencia de un derecho indubitado y preexistente del recurrente, el cual se vea afectado por un acto u omisión que carezca de sustento legal (ilegalidad) o que sea producto del mero capricho (arbitrariedad).

Quinto: Que el artículo 1° de la Ley N° 18.156 establece una situación de excepción al principio de territorialidad de la ley previsional chilena, permitiendo a los técnicos extranjeros eximirse de cotizar (y retirar sus fondos según el artículo 7°) siempre que cumplan copulativamente con: a) Estar afiliados a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b) Expresar en el contrato de trabajo su voluntad de mantener dicha afiliación. Al tratarse de una norma de excepción que permite el retiro de fondos destinados constitucionalmente a la seguridad social, su interpretación debe ser estricta y el cumplimiento de sus requisitos debe acreditarse de manera fehaciente.

Por otro lado, vale tener presente que corresponde a la Superintendencia de Pensiones, en virtud del artículo 3° del D.F.L. N°101 de 1980 y el artículo 94 del D.L. N°3.500 de 1980, interpretar la legislación y reglamentación del Sistema de Pensiones, con carácter obligatorio para las Administradoras de Fondos de Pensiones, facultad que le permite fijar los criterios para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156.

Sexto: Que, luego, respecto a la acreditación de documentos otorgados en el extranjero, rige en nuestro país el principio locus regit actum en cuanto a la forma, pero para que dichos instrumentos públicos o auténticos produzcan efectos probatorios en Chile, deben someterse a las reglas de legalización establecidas en el artículo 345 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, o bien, al trámite simplificado de la Apostilla, conforme a la Convención de La Haya de 1961, vigente en Chile desde 2016 y de la cual Venezuela es parte.

Séptimo: Que, del mérito de los antecedentes allegados a la causa y, en especial, del informe evacuado por la Administradora de Fondos de Pensiones y de la documentación acompañada por las partes, se desprende que el recurrente no ha logrado acreditar de manera suficiente el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley N°18.156 y por la interpretación administrativa vigente, puesto que no existe constancia o certificado de afiliación vigente y debidamente legalizado o apostillado del recurrente.

Luego, y en cuanto al documento adicional acompañado por el recurrente, la Superintendencia de Pensiones a ha sido categórica en señalar que las certificaciones electrónicas emitidas por el IVSS que no hayan sido legalizadas o apostilladas no son idóneas para acreditar el cumplimiento del no del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, ya que no está firmado por quien lo emite, ni se encuentra apostillado ni legalizado.

Octavo: Que, en consecuencia, el acto recurrido no adolece de ilegalidad, puesto que se sustenta en la normativa vigente (Ley N°18.156, Art. 345 CPC) y en las instrucciones obligatorias de la Superintendencia de Pensiones (Art. 94 D.L. 3.500). Tampoco es arbitrario, toda vez que no obedece a un capricho de la Administradora, sino al cumplimiento de un deber de resguardo de los fondos previsionales, los cuales solo pueden ser devueltos cuando se acredite, con la formalidad legal correspondiente, que el trabajador cuenta con la protección social alternativa que la ley exige.

Noveno: Que, no existiendo un acto ilegal o arbitrario, y no habiéndose acreditado el cumplimiento de los requisitos legales en la forma prescrita por el derecho, no existe un derecho indubitado de propiedad sobre los fondos que pueda ser tutelado por esta vía, manteniéndose dichos recursos en la cuenta de capitalización individual de la recurrente conforme a las reglas generales del D.L. 3.500.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en representación de doña nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-20.627-2025.