nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de Santiago Santiago, diecinueve de mayo de dos mil veintiséis.

Vistos y considerando:

Primero: Que comparece nombre reservado, de nacionalidad venezolana, e interpone recurso de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A., representado por nombre reservado, y de la Superintendencia de Pensiones, representada por nombre reservado, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de solicitud de retiro de fondos para extranjero notificada con fecha dieciocho de agosto de dos mil veinticinco, lo cual estima vulnera las garantías resguardadas en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Señala que efectuó una solicitud de devolución de fondos previsionales de acuerdo con la ley N°18.156, en el portal web de la recurrida, quien rechazó su solicitud por cuanto la “Constancia de Afiliación presentada se encuentra vencida al momento de realizar la solicitud de devolución de fondos superando la vigencia indicada en dicho documento”, exigiéndole certificado de afiliación actual y debidamente legalizado; Cedula de identidad por ambos lados, visación de residente o permiso de permanencia definitiva, o pasaporte; y formulario de solicitud de documento, indicando datos personales e información de medio de pago.

Cita los artículos 1 y 7 de la Ley 18.156, los cuales considera cumplidos. Estima que la recurrida incorpora requisitos que no están expresamente establecidos en la ley, y que la normativa especial no exige documento legalizado. Observa que el certificado de afiliación puede ser verificado y validado en los links que acompaña, poseyendo la recurrida distintos medios a su disposición para verificar la autenticidad de la constancia. Precisa que la página web de la seguridad social al momento de emitir una constancia de afiliación, indica el plazo de vigencia. Añade la constancia electrónica emana de un organismo público.

Aduce que es un hecho de público conocimiento que actualmente no existe representación diplomática venezolana en nuestro país, por lo tanto, incorporar un requisito que a todas luces es imposible de cumplir contradice lo estatuido en el artículo 45 del Código Civil, y que la falta de apostilla o de legalización es un hecho que no se encuentra dentro de la esfera del recurrente, sino únicamente de las relaciones diplomáticas de los Estados de Chile y de Venezuela.

Solicita se ordene que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por el recurrente o el que se estime conforme al mérito de autos; y en general adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Segundo: Informa la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., quien solicita el rechazo del recurso, con costas.

Alega en primer término que la acción cautelar de protección no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio, al no existir un derecho indubitado.

En subsidio, asevera que el actuar de AFP ProVida no es ni ilegal ni arbitrario, por cuanto para efectos de realizar la devolución de fondos previsionales en calidad de técnico extranjero de la recurrente de autos, solo ha observado que se cumplan copulativamente los requisitos que establece la normativa vigente.

Señala que ProVida rechazó solicitud de la recurrente de autos, por cuanto la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se encuentra vencida de acuerdo a las instrucciones que imparte la Superintendencia de Pensiones, institución que, de acuerdo a su jurisprudencia administrativa, estima que las certificaciones electrónicas emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que no hayan sido legalizadas o apostilladas por la autoridad previsional competente venezolana y sin que señalen las coberturas con que cuenta el afiliado y respecto de las cuales no se pueda inferir un determinado período de cobertura no sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero exigido en la letra a) de la citada Ley N°18.156.

Tercero: Informa la recurrida Superintendencia de Pensiones, quien solicita el rechazo del recurso.

Alega en primer lugar que la situación reclamada excede el ámbito del recurso de protección al existe una controversia acerca de los certificados presentados por la parte recurrente, lo que demuestra con claridad que ésta debiera ser materia de un juicio declarativo.

Luego, aclara que la Superintendencia, en su calidad de órgano fiscalizador del sistema previsional chileno, dispone de un procedimiento administrativo específico para resolver controversias entre afiliados y Administradoras de Fondos de Pensiones, regulado en el Libro I, Título VII, Letra A del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, el cual no fue utilizado por el recurrente.

Indica que de acuerdo a la Ley N°18.156, la exención de cotizar y la devolución de fondos previsionales es un régimen de excepción, y por lo tanto de interpretación restrictiva (Oficio N°5.963, de 16 de abril de 2007), sólo aplicable a trabajadores dependientes extranjeros que tengan la calidad de técnicos o profesionales, que, además, den cumplimiento a los requisitos copulativos indicados en dicha Ley.

Sostiene que para acreditar el requisito previsto en la letra a) del artículo 1 de la Ley N° 18.156, el Título XI acerca de la Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que lo contraten, contenido en el Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de esta Superintendencia, establece que dicho requisito debe acreditarse mediante certificación emitida por la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Precisa que en la especie el recurrente acompañó únicamente una Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales con vigencia hasta el 20 de junio de 2025, en circunstancias que la solicitud de retiro de fondos fue presentada por el recurrente durante el mes de agosto del mismo año. Agrega que adicionalmente, el documento acompañado carece de firma autorizada, así como de la correspondiente legalización y/o apostilla, constando únicamente un código de verificación electrónica, lo cual no cumple con lo preceptuado en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil. Añade que dicho documento se limita a describir, de manera genérica, las coberturas del sistema previsional venezolano, sin consignar las prestaciones específicas de las que, efectivamente, goza el recurrente.

Cuarto: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Quinto: Que, no existe discusión entre las partes que el acto que se reprocha como ilegal y arbitrario corresponde a la decisión de la AFP Provida S.A., de rechazar la solicitud de devolución de fondos previsionales al recurrente, depositados en virtud del régimen previsional chileno.

Sexto: Que para resolver adecuadamente el litigio se requiere revisar las normas aplicables al caso.

Al efecto, el artículo 1° de la Ley N° 18.156 dispone que “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744”.

A su turno, el artículo 7° de la misma ley señala que “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que se den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Séptimo: Que en dicho contexto, las exigencias que fundan la negativa de la A.F.P. Provida S.A., encuentran sustento en la ley, y en los criterios entregados por la Superintendencia de Pensiones, a cuya fiscalización se encuentra sujeta la recurrida, lo que descarta que su actuación se haya apartado de la legalidad vigente o que constituya una discriminación arbitraria.

Por el contrario, su decisión se ajusta al procedimiento fijado en la Ley N° 18.156, para atender solicitudes de la naturaleza efectuada por el recurrente, motivo bastante para desestimar el recurso de protección que se examina, al no existir actuación alguna que deba ser corregida por este medio, por cuanto el actor no acreditó haber estado cubierto en el extranjero por todas las prestaciones médicas y pecuniarias en caso de enfermedades de origen común al momento de haber efectuado la solicitud en agosto del año 2025.

En efecto, el certificado emitido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, explicita que tiene una vigencia hasta el día 30 del mes de Junio de 2025. De igual forma, no consta que el mismo haya sido debidamente legalizado o apostillado por la autoridad previsional competente venezolana.

Octavo: Que a mayor abundamiento, la presente vía no resulta idónea para la discusión planteada en el recurso, no sólo por existir los procedimientos administrativos específicos correspondientes, a los que debe sujetarse el recurrente; sino también porque lo relevante, en definitiva, es que el recurrente afectado carece de un derecho indubitado que pueda ampararse a través del ejercicio de esta acción de protección, la que busca la tutela inmediata y objetiva frente a vulneraciones ostensibles de los derechos establecidos en el artículo 20 de la Carta Fundamental, los que no deben merecer duda alguna en cuanto a su existencia y ejercicio por el afectado.

Noveno: Que no estableciéndose los supuestos básicos de este arbitrio de tutela conservativa, resulta innecesario entrar al análisis de las garantías constitucionales que se alegan vulneradas.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en los artículos 19 y 20, ambos de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección constitucional deducido a favor de nombre reservado y en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-20626-2025.