nombre reservado con SUPERINTENDENCIA

C.A. de Santiago Santiago, veintinueve de diciembre de dos mil veinticinco.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparecen don nombre reservado y don nombre reservado, abogados, en representación de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, médico cirujano especialista en psiquiatría pediátrica, interponiendo recurso de protección en contra de la Superintendencia de Salud, por haber dictado resolución que acogió parcialmente la solicitud del recurrente de inscripción por separado de la especialidad de psiquiatría pediátrica y de la adolescencia, manteniendo la restricción de su ejercicio profesional únicamente al sector público, y por haber emitido certificado de inscripción en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud de 13 de septiembre de 2024 con igual limitación, actuaciones que considera ilegales y arbitrarias, ya que pese a reconocérsele su especialidad médica certificada por CONACEM sin restricción alguna, se le impide ejercerla en el sector privado sin justificación razonable, vulnerando con ello los derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 N°2 sobre igualdad ante la ley y no discriminación arbitraria, N°3 inciso sexto sobre el debido proceso, y N°16 sobre libertad de trabajo de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se dejen sin efecto las restricciones impuestas y se ordene a la recurrida enmendar la inscripción autorizando el ejercicio de su especialidad tanto en el sector público como privado.

Exponen que el recurrente es médico cirujano titulado en la Universidad de Zulia, Venezuela, el 1 de febrero de 1978, con especialización en psiquiatría obtenida en la misma universidad el 20 de febrero de 1985, y posteriormente con especialización en psiquiatría infantil y juvenil otorgada por la Universidad Central de Venezuela el 20 de junio de 1996. Señalan que ingresó a Chile de forma legal a fines del año 2017 y que entre los años 2020 a 2021 cursó un diplomado de intervenciones clínicas en agresiones sexuales en la infancia y adolescencia en la Universidad San Sebastián de Chile.

Indican que el 26 de enero de 2023 la Corporación Nacional Autónoma de Certificación de Especialidades Médicas (CONACEM) le otorgó certificado acreditando que aprobó los exámenes teórico y práctico de la especialidad de psiquiatría infantil y de la adolescencia, bajo el registro N°2073, certificación que no contiene limitación alguna en cuanto al ejercicio de la especialidad. No obstante, al obtener su certificado de inscripción en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud el 12 de abril de 2024, constató que la Superintendencia de Salud había incluido la restricción de que el ejercicio de su profesión se encuentra limitado al desempeño de la especialidad señalada "y sólo para el sector público".

Ante esta situación, el recurrente presentó reclamo administrativo ante la Superintendencia el 17 de mayo de 2024, bajo el N°7235, solicitando que su especialidad de psiquiatría pediátrica apareciera en título aparte en el certificado y no bajo el texto del título profesional. Señala que nunca fue notificado del resultado de dicha solicitud pese a sus constantes requerimientos, tomando conocimiento el 13 de septiembre de 2024, mediante la revisión del registro nacional, que se había acogido parcialmente su solicitud, separándose las especialidades, pero manteniéndose la limitación al sector público.

Exponen que esta restricción le ha causado perjuicios concretos, relatando que el 13 de septiembre de 2024 recibió una carta oferta de trabajo de Clínica BUPA para desempeñarse como psiquiatra pediátrico y de la adolescencia. Sin embargo, tras consultar sobre su situación y al verificar la empresa su registro en la Superintendencia de Salud, el 16 de septiembre de 2024 recibió correo electrónico informándole la retractación de la oferta laboral, indicándose expresamente que "al no tener este examen rendido su ejercicio se limita solo al sector público y Clínica Bupa es una institución privada" y que "al revisar su registro en la Superintendencia de Salud, este especifica que usted puede ejercer solo en establecimientos de salud públicos".

En cuanto a los fundamentos jurídicos, argumentan que el artículo 2° bis de la Ley N°20.261 establece que las entidades certificadoras autorizadas pueden certificar especialidades de quienes hayan obtenido su título de médico cirujano en el extranjero y que dicha certificación los habilita para ejercer sin exigirles el EUNACOM. Sostiene que, si bien la parte final de dicho artículo incluye la frase "y sólo para el sector público", esta restricción es inconstitucional y no debe ser aplicada.

Invocan jurisprudencia de esta Corte de Apelaciones, específicamente la sentencia recaída en causa Rol 6325-2019, que dejó sin efecto el dictamen N°880 de 11 de enero de 2019 de la Contraloría General de la República, declarando que los médicos cirujanos con títulos obtenidos en el extranjero que han aprobado el EUNACOM quedan habilitados para ejercer tanto en el sistema de salud público como privado. Agrega que la propia Contraloría, mediante dictamen N°18.171 de 2019, recogió este criterio con efectos generales.

Citan además sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de enero de 2022, Rol 10.958-2021, que declaró la inconstitucionalidad de restricciones similares, señalando que resulta discriminatorio certificar una determinada idoneidad profesional y afectarla con elementos que el profesional no controla, como quién lo va a emplear, y que "un experto cirujano cardiovascular, certificado por Conacem, queda, por mandato de la norma impugnada, como especialista para el sector público y como un ignorante para el sector privado".

Adicionalmente, denuncian la vulneración del debido proceso, argumentando que la Superintendencia de Salud nunca le ha notificado ninguna resolución relacionada con la aceptación de las inscripciones de sus especialidades, tomando conocimiento de los actos administrativos únicamente mediante la revisión periódica del registro, lo que ha generado su indefensión al encontrarse imposibilitado de reclamar las resoluciones respectivas por desconocer su fecha y contenido.

En relación con las garantías constitucionales vulneradas, sostienen que la restricción impuesta por la recurrida ha privado del legítimo ejercicio del derecho a la igualdad ante la ley y no discriminación arbitraria consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la república, al impedirle ejercer en el sector privado sin razón legítima, estableciendo una discriminación arbitraria respecto de otros médicos especialistas que han validado sus especialidades por otros mecanismos o que han estudiado en Chile, a quienes se les permite ejercer libremente en ambos sectores. Asimismo, señalan que se ha perturbado el legítimo ejercicio de su derecho de libertad de trabajo reconocido en el artículo 19 N°16 de la carta fundamental, al impedirle trabajar en su campo de especialidad en el sector privado de manera arbitraria, restringiendo la esfera de trabajos que podría normalmente realizar y para los que se encuentra plenamente calificado y certificado. Finalmente, invoca la vulneración del debido proceso consagrado en el inciso sexto del N°3 del artículo 19 constitucional, en cuanto la falta de notificación de las resoluciones ha infringido su derecho a ser emplazado legalmente, a la debida defensa, a impugnar, a la bilateralidad de la audiencia y a la información.

Por estas razones, solicitan que se acoja el recurso y se deje sin efecto la restricción a ejercer solo en el sector público contenida tanto en la resolución de la Superintendencia de Salud que acogió parcialmente la solicitud del recurrente, como en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud y en el certificado de inscripción correspondiente, ordenándose a la recurrida enmendar la inscripción y emitir un nuevo certificado sin restricciones al ejercicio de su especialidad, autorizando su ejercicio laboral como especialista en psiquiatría pediátrica y de la adolescencia tanto en el sector público como en el privado.

Segundo: Que, evacuando el informe requerido, la Superintendencia de Salud solicita en primer término que se declare la inadmisibilidad del recurso por improcedente, argumentando que lo solicitado escapa a la naturaleza y procedimiento previsto para el recurso de protección, toda vez que no corresponde a una acción cautelar de garantías constitucionales. Sostiene que el certificado de inscripción en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud se limita a constatar un hecho y dar la necesaria publicidad respecto de que el profesional posee los conocimientos y destrezas exigidas para una determinada especialidad, sin constituir un requisito habilitante para el ejercicio de la especialidad registrada, sino un mero acto de reconocimiento oficial.

Expone que la restricción contenida en el certificado respecto del ejercicio "sólo para el sector público" obedece al cumplimiento del artículo 2 bis de la Ley N°20.261, específicamente su inciso segundo, que regula la situación excepcional de médicos cirujanos titulados en el extranjero que no están habilitados para ejercer en Chile y que no han rendido o aprobado el EUNACOM, permitiéndoles ejercer la especialidad certificada por CONACEM exclusivamente en el sector público. Señala que el recurrente confunde los efectos del certificado electrónico con las menciones establecidas en dicha norma legal, pues la restricción impugnada no deriva del certificado ni de ningún acto de la Superintendencia, sino que tiene su origen en la situación excepcional prescrita por la ley, norma de carácter permanente.

Invoca jurisprudencia de la Corte Suprema, específicamente la sentencia de 19 de abril de 2021, Rol N°119.294-2020, en causa "Bolívar/Superintendencia de Salud", donde el máximo tribunal revocó la sentencia de primera instancia y rechazó en forma unánime el recurso de protección, determinando que la discusión trabada no se vincula con una materia que corresponda ser dilucidada por medio de la acción cautelar de urgencia, en cuanto ésta no constituye una instancia de declaración de derechos, sino de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria. Cita además sentencia de esta Corte de 15 de abril de 2024, Rol N°1220-2024, que rechazó recurso similar.

En subsidio, alega la extemporaneidad del recurso, fundándose en que el plazo fatal de treinta días debe contarse desde que el recurrente tuvo conocimiento cierto del acto que impugna. Argumenta que CONACEM emitió su certificado y constancia el 26 de enero de 2023, donde expresamente se indica que "Este certificado es válido sólo para ejercer la especialidad en el SERVICIO PÚBLICO según Ley 20.985", del cual el recurrente tomó conocimiento en su oportunidad sin presentar reparo alguno ni recurrir de protección. Señala que posteriormente, mediante Resolución Exenta IP/N°639 de 3 de febrero de 2023, se procedió a inscribir al profesional en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud, por lo que el recurso interpuesto más de un año después resulta abiertamente extemporáneo.

En subsidio, evacua informe solicitando el rechazo del recurso. Expone detalladamente los antecedentes normativos del sistema de certificación de especialidades médicas, señalando que conforme al artículo 4 N°13 del DFL N°1 de 2005 del Ministerio de Salud, le corresponde establecer un sistema de certificación de especialidades y subespecialidades, siendo la certificación el proceso en virtud del cual se reconoce que un prestador individual domina un cuerpo de conocimientos y experiencias relevantes en un determinado ámbito del trabajo asistencial. Explica que a la Superintendencia de Salud le corresponde, a través de la Intendencia de Prestadores, mantener registros nacionales y regionales actualizados de los prestadores individuales y sus especialidades.

Respecto del procedimiento específico del recurrente, detalla que se acogió voluntariamente al procedimiento de certificación establecido en el inciso segundo del artículo 2 bis de la Ley N°20.261, incorporado por la Ley N°20.985 de 2017, que permite a las entidades certificadoras certificar especialidades de quienes obtuvieron su título de médico cirujano en el extranjero, no se encuentren habilitados para ejercer en Chile y no cuenten con el EUNACOM, estableciendo expresamente que "el ejercicio de su profesión quedará limitado al de la especialidad o subespecialidad que le fuere certificada, y sólo para el sector público".

Argumenta que no existe acto ilegal o arbitrario de su parte, pues la Intendencia de Prestadores únicamente constata lo informado por las entidades competentes, en este caso CONACEM, sin que esta actuación habilite al profesional para el ejercicio de su profesión, ya que el solicitante no se encuentra habilitado para ejercer en Chile y no cuenta con el EUNACOM. Enfatiza que se trata de una exigencia legal contenida en una norma de rango legal respecto de la cual la Superintendencia no tiene competencia ni atribución alguna para alterar o modificar, encontrándose obligada como organismo público a cumplir la ley vigente.

Adicionalmente, alega falta de legitimidad pasiva, sosteniendo que no ha dictado ningún acto ni incurrido en omisión que tenga entidad para justificar una acción de garantías constitucionales, citando jurisprudencia de esta Corte (Rol N°76.906-2017) que ha establecido que no puede cometerse acto u omisión ilegal o arbitraria por quien no tiene dentro de sus facultades legales la atribución para realizar lo pedido.

Por estas razones, la recurrida solicita que se declare la improcedencia del recurso; en subsidio, que se declare extemporáneo; y en subsidio de ambas excepciones, que se rechace el recurso de protección con expresa condenación en costas por no haber tenido motivo plausible para litigar, declarando que la Superintendencia de Salud se ha ajustado en su proceder a la legalidad vigente y no ha cometido ningún acto ilegal o arbitrario.

Tercero: Que el recurso de protección está establecido en favor de aquel que por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales sufre privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos o garantías constitucionales a que se refiere el artículo 20 de la Carta Fundamental, por lo cual el afectado puede, en tal caso recurrir a la Corte de Apelaciones a fin de que se adopte de inmediato las providencias que fuere necesario para establecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al derecho que se reclama.

Cuarto: Que como se desprende de lo expuesto, es un requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de una o más de las garantías protegidas.

Quinto: Que como se observa, los actores tachan de ilegal y arbitrario la resolución de la recurrida por medio de la cual acogió parcialmente la solicitud consistente en la inscripción por separado de la especialidad psiquiatría pediátrica y de la adolescencia, relativa al reclamo administrativo efectuado por don nombre reservado ante la Superintendencia, el 17 de mayo del año 2024, N° de ingreso 7235, y el contenido del certificado de inscripción en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud, fechado el 13 de septiembre de 2024, emitido por la Superintendencia de Salud, como su inscripción, en tanto entiende que con su materialidad se restringe el ejercicio de la profesión de médico, pues limita su desempeño y en particular su especialidad al sector público. De esta forma, por medio de la presente acción cautelar, persigue, en definitiva, que se deje sin efecto la restricción aludida y actuaciones antes indicadas, ordenando a la autoridad que emita uno nuevo y enmiende la inscripción respectiva, en el sentido de que no contenga impedimentos de ninguna especie.

Sexto: Que no obstante la manera de interposición de las alegaciones de la recurrida, lo cierto es que, por un orden lógico, corresponde en primer lugar pronunciarse sobre la extemporaneidad de la acción.

Sobre ello conviene tener presente que el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Fallo y Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales establece que “se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos”.

Cabe considerar que el plazo para recurrir de protección está determinado de manera precisa en el Auto Acordado referido y tiene un carácter objetivo, sin que en su regulación quepa intervención a las partes, que podrían llegar a configurarse artificiosamente uno para recurrir. Ello se explica a partir del mismo texto del precepto en cuanto persigue como finalidad poner pronto remedio a los efectos que puede provocar a un derecho relevante y esencial de toda persona, un acto que puede reputarse como arbitrario o ilegal. Tal objeto justifica que el término para intentar el recurso de protección se cuente desde la fecha en que el interesado conoce del agravio, real o inminente, a sus derechos esenciales.

De acuerdo con los antecedentes acompañados por las partes aparece que CONACEM emitió certificado y constancia el 26 de enero de 2023, donde se indica que "Este certificado es válido sólo para ejercer la especialidad en el SERVICIO PÚBLICO según Ley 20.985", del cual el recurrente tomó conocimiento en su oportunidad sin presentar reparo. Posteriormente, mediante Resolución Exenta IP/N°639 de 3 de febrero de 2023, se procedió a inscribir al profesional en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud.

Sin perjuicio de lo anterior, uno de los actos que motiva este arbitrio es la resolución de la recurrida que acogió parcialmente el reclamo del recurrente, dejando subsistente la prohibición de ejercer en el sector privado. En relación con ello, sólo se tiene noticia que tal reclamo se interpuso el 17 de mayo de 2024, más no cuando la resolución respectiva fue notificada al recurrente, circunstancia que no fue controvertida por la recurrida al evacuar el informe y al efectuar los alegatos antes esta Corte.

De esta manera, la única fecha cierta que se tiene para los efectos de determinar si el recurso fue interpuesto dentro de plazo legal es el 13 de septiembre de 2024, que corresponde al certificado de inscripción en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud, acto que también es objeto de este arbitrio, de manera que, teniendo en consideración que fue interpuesto el 9 de octubre de ese año, se debe desestimar la alegación de extemporaneidad efectuada por la recurrida.

Séptimo: Que, en relación con la alegación de improcedencia del recurso por escapar a la naturaleza de este arbitrio, cabe considerar, tal como lo ha sostenido el Máximo Tribunal, que el libelo del recurrente demuestra que la discusión no se vincula con una materia que corresponda ser dilucidada por medio de la presente acción cautelar de urgencia, en cuanto ésta no constituye una instancia de declaración de derechos, sino que de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y, por ende, en situación de ser amparados, presupuesto que en la especie no concurre.

De esta manera, la precisión de los efectos del reconocimiento de la especialidad de psiquiatría infantil y de la adolescencia, como asimismo la determinación de la extensión de la misma en cuanto al ámbito o sectores específicos en los que podrá ejercer dicha especialidad, debe llevarse a cabo a través del ejercicio de las acciones ordinarias que garanticen un procedimiento adversarial que permita a todas las partes exponer sus respectivas defensas, rendir las pruebas que se estimen pertinentes y hacer uso de los recursos previstos en la legislación, sin que tal discusión pueda dirimirse en un procedimiento como el de autos, cuyo acotado objetivo, es otorgar cautela urgente ante la conculcación patente de derechos constitucionales en virtud de actos u omisiones ilegales o arbitrarios.

Octavo: Que, sin perjuicio de lo relacionado, y en relación con el fondo del asunto, es menester tener en consideración los siguientes asuntos que no resultaron controvertidos por las partes:

a).- El recurrente no rindió el EUNACOM.

b).- Se sometió al procedimiento que contempla el inciso 2° del artículo 2 bis de la Ley N°20.261, que crea Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina e incorpora cargos que indica al sistema de Alta Dirección Pública y modifica la Ley N°19.664. La aludida norma estatuye: “El examen único nacional de conocimientos de medicina a que se refiere el artículo 1 de esta ley no será exigible a médicos cirujanos que hayan obtenido la certificación de su respectiva especialidad o subespecialidad de conformidad con las normas establecidas en el número 13 del artículo 4 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley Nº 2.763, de 1979, y de las leyes Nº 18.933 y Nº 18.469.

Las entidades certificadoras autorizadas por el Ministerio de Salud, en virtud del citado artículo 4, podrán certificar la especialidad o subespecialidad de quienes hayan obtenido su título profesional de médico cirujano en el extranjero, que no se encuentren habilitados para ejercer su profesión en Chile y que no cuenten con el examen único nacional de conocimientos de medicina. A los médicos que, encontrándose en estas circunstancias, obtengan la certificación de su especialidad o subespecialidad tampoco les será exigible el examen. Con todo, el ejercicio de su profesión quedará limitado al de la especialidad o subespecialidad que le fuere certificada, y sólo para el sector público”.

c).- La CONACEM certificó la especialidad de psiquiatría infantil y de la adolescencia el 26 de enero de 2023.

d).- La CONACEM informó tal decisión a la Superintendencia de Salud para que procediera a su inscripción en el Registro de Prestadores Individuales de Salud, lo que se cumplió a través de la Resolución Exenta IP/N°639 de 3 de febrero de 2023, de la Intendencia de Prestadores de Salud.

e).- La aludida Resolución Exenta contiene los antecedentes proporcionados por la CONACEM y, en particular, la especialidad reconocida, limitando su ejercicio al sector público.

f).- El actor no impugnó ni el certificado de la CONACEM, ni aquella Resolución Exenta.

Noveno: Que de acuerdo con la relación de los antecedentes que preceden, cabe determinar si la conducta de la recurrida es arbitraria o ilegal. Para ello, debe apuntarse, como primer asunto, que el artículo 4 numeral 13° del DFL N°1 del año 2005 del Ministerio de Salud, señala que “Al Ministerio de Salud corresponderá formular, fijar y controlar las políticas de salud. En consecuencia tendrá, entre otras, las siguientes funciones:”

“13- Establecer un sistema de certificación de especialidades y subespecialidades de los prestadores individuales de salud legalmente habilitados para ejercer sus respectivas profesiones, esto es, de las personas naturales que otorgan prestaciones de salud”.

“Para estos efectos, la certificación es el proceso en virtud del cual se reconoce que un prestador individual de salud domina un cuerpo de conocimientos y experiencias relevantes en un determinado ámbito del trabajo asistencial, otorgando el correspondiente certificado”.

“Mediante un reglamento de los Ministerios de Salud y Educación se determinarán las entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales, que certificarán las especialidades o subespecialidades, como asimismo las condiciones generales que aquéllas deberán cumplir con el objetivo de recibir la autorización para ello. El reglamento establecerá, asimismo, las especialidades y subespecialidades que serán parte del sistema y la forma en que las entidades certificadoras deberán dar a conocer lo siguiente: los requisitos mínimos de conocimiento y experiencia que exigirán para cada especialidad o subespecialidad, los procedimientos de examen o verificación de antecedentes que emplearán para otorgar la certificación, los antecedentes respecto del cuerpo de evaluadores que utilizarán, los antecedentes que deberán mantener respecto del proceso de certificación de cada postulante y las características del registro público nacional y regional de los prestadores certificados, que deberá mantener la Superintendencia de Salud”.

“Las universidades reconocidas oficialmente en Chile serán entidades certificadoras respecto de los alumnos que hayan cumplido con un programa de formación y entrenamiento ofrecido por ellas mismas, si los programas correspondientes se encuentran acreditados en conformidad con la normativa vigente”.

Décimo: Que, seguidamente, debe apuntarse que el artículo 121 numeral 6° de la aludida regulación estatuye en el título sobre la Intendencia de Prestadores de Salud, que “Le corresponderá a la Superintendencia, para la fiscalización de todos los prestadores de salud, públicos y privados, las siguientes funciones y atribuciones, las que ejercerá a través de la Intendencia de Prestadores de Salud: 6-. Mantener registros nacionales y regionales actualizados de los prestadores individuales de salud, de sus especialidades y subespecialidades, si las tuvieran, y de las entidades certificadoras, todo ello conforme al reglamento correspondiente”.

Undécimo: Que, atendido lo relacionado, sólo resta concluir que la incorporación al registro y la posterior emisión del certificado que se objeta no son actuaciones que puedan calificarse de arbitrarias ni ilegales, en tanto obedecen a la materialización de resoluciones previas, no cuestionadas, cuyo única finalidad es conferir publicidad a la decisión primitiva de la entidad certificadora de competencias y luego de la inscripción en el registro por parte de la Intendencia, pero siempre sobre la base de la información entregada por aquellas. Luego, no puede entenderse que el acto de la inclusión en un registro que confiere publicidad a cierta información sea la que atente contra alguna de las garantías del profesional recurrente, desde que tal acción no determina las habilidades o competencia de este, pues ello se encontraba previamente determinado y decidido.

Duodécimo: Que, en consecuencia, solo resta desestimar el recurso de protección.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el deducido por don nombre reservado y don nombre reservado, abogados, en representación de don nombre reservado en contra de la Superintendencia de Salud.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

No firma el ministro señor Rodríguez Moreno, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por encontrarse haciendo uso de permiso del artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

N°Protección-20626-2024.