Protección contra Secretaría Regional Ministerial de Salud Región Metropolitana

Santiago, siete de octubre de dos mil diecinueve.

Vistos:

A estos antecedentes ingreso Corte N° 20.547, se han acumulado los siguientes ingresos: 20.602-2019, 20.609-2019, 22.216-2019, 22.223-2019, 22.429-2019, 22.532-2019, 22.568-2019, 22.634 -2019 y 22.645-2019.

1°.- Que don nombre reservado van Weezel de la Cruz, abogado, en representación Convencional de Opticas GrandVision Chile Limitada, recurre de protección en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región Metropolitana, representada legalmente por doña nombre reservado, tecnóloga médica, y en contra de los fiscalizadores, funcionarios de la Seremi de Salud Metropolitana, José Abel Ortiz Villanueva, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, por los actos ilegales y arbitrarios cometidos al dictar las actas de inspección N° 189409 de 21 de febrero de 2019; N° 1883424 de 26 de febrero de 2019; N° 188896 de 27 de febrero de 2019; N° 188895 de 27 de febrero de 2019; N° 188771 de 28 de febrero de 2019 y N° 189282 de 1 de marzo de 2019, respectivamente, en las que se dispuso, la prohibición de funcionamiento de la consulta de optometría de Grand Visión ubicada en domicilio reservado; de domicilio reservado; de Ahumada N° 78, Santiago; de domicilio reservado; de domicilio reservado; de domicilio reservado, locales D133, D137, Comuna de Cerrillos y de domicilio reservado.

Refiere que las prohibiciones de funcionamiento devienen en un acto ilegal y arbitrario que vulnera las garantías constitucionales del artículo 19 N° 21 y 2 de la Constitución Política de la República.

Solicita se deje sin efecto las prohibiciones de funcionamiento contenidas en las acta de Inspección de la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, ya reseñadas; se ordene a la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, y a todo otro organismo cuya participación sea necesaria, disponer de todos los medios y medidas para garantizar la ejecución de lo resuelto; disponer toda otra medida necesaria tendiente a restablecer el imperio del derecho y el respeto de las garantías constitucionales de su representada, con costas.

2°.- Que don nombre reservado van Weezel de la Cruz, abogado, en representación de doña nombre reservado; de doña nombre reservado, de doña nombre reservado, y de doña nombre reservado todas tecnólogas médicas con especialidad en oftalmología y optometría, trabajadoras de GrandVision Chile Limitada, recurre de protección en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región Metropolitana, representada legalmente por doña nombre reservado, tecnóloga médica, y en contra de los fiscalizadores, funcionarios de la Seremi de Salud Metropolitana, José Abel Ortiz Villanueva y nombre reservado por los actos ilegales y arbitrarios cometidos al dictar las actas N° 189409 de 21 de febrero de 2019; N° 189408 de 21 de febrero de 2019; N° 188895 de 27 de febrero de 2019 y N° 188896 de 27 de febrero de 2019, que dispusieron la prohibición de funcionamiento de la consulta de optometría de GrandVisión en que trabajan sus representadas, ubicadas en domicilio reservado; en domicilio reservado; en domicilio reservado; en domicilio reservado, las Condes, Santiago.

Indica que las prohibiciones de funcionamiento devienen en un acto ilegal y arbitrario que vulnera las garantías constitucionales del artículo 19 N° 16, 21 y 2 de la Constitución Política de la República de las recurrentes y solicita dejar sin efecto las prohibiciones de funcionamiento contenidas en las acta de Inspección referidas; ordenar a la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, y a todo otro organismo cuya participación sea necesaria, disponer de todos los medios y medidas para garantizar la ejecución de lo resuelto; disponer toda otra medida necesaria tendiente a restablecer el imperio del derecho y el respeto de las garantías constitucionales de sus representadas, con costas.

3°.- Que, todas las recurrentes fundan su recurso en el hecho de que los locales cuyo funcionamiento fue prohibido por las actas a las que se ha hecho referencia, mantienen una sala de ventas de productos ópticos en la cual se reciben y despachan recetas emitidas por profesionales en que se prescriben lentes con fuerza dióptrica y una consulta en la cual se desempeñan profesionalmente las recurrentes bajo vínculo de subordinación y dependencia de GrandVision.

En la Consulta se detectan vicios de refracción ocular y los pacientes atendidos, a los cuales se les receta lentes ópticos, pueden adquirirlos en el establecimiento óptico que ellos libremente decidan.

Agregan que la prestación de los aludidos servicios, es altamente valorada por la comunidad porque permite acceder a estas prestaciones a muchas personas que, por diversas razones no pueden acceder oportunamente a esta importante atención de salud.

Indica que la inmensa mayoría de los beneficiados por estos servicios son personas que no pueden solventar el precio de las consultas médicas oftalmológicas cada vez que necesitan ajustar los anteojos que utilizan, pero sí pueden acceder a los profesionales expertos y legalmente facultados para realizar esta atención, que son los tecnólogos médicos y los optómetras. De esta forma, las consultas de optometría y de tecnología médica ayudan a descongestionar el sistema público, cuyas extensas listas de espera en materia oftalmológica son de sobra conocidas.

Agrega que las consultas en las cuales se desempeñan sus representadas, satisfacen todos los requerimientos sanitarios, ciñéndose a la legalidad vigente.

Sin embargo, el 2, 26, 27 y 28 de febrero, y 1 de marzo del año en curso, don nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, ‒Fiscalizadores de la Seremi de Salud‒ se constituyeron en visita de inspección en las Salas de Ventas y en las Consultas ya referidas, ordenando, en el acto, la Prohibición de Funcionamiento de las Consultas.

La prohibición de funcionamiento fue dictada en forma ilegal y arbitraria porque el artículo 178 del Código Sanitario faculta a la autoridad para decretar medidas sanitarias “en casos calificados”, “cuando exista un riesgo inminente para la salud.”, sin embargo, el funcionamiento de la Consulta no constituye en absoluto un riesgo inminente para la salud de la población, sino todo lo contrario, la beneficia directamente.

Refrenda lo anterior, el hecho de que en el acto denunciado los fiscalizadores no indicaron, y menos fundamentaron, por qué el funcionamiento de la consulta constituye un riesgo inminente para la salud. Dicha omisión encuentra explicación en el hecho de que el supuesto riesgo inminente, simplemente no existe.

Agrega que desde junio de 2011, los tecnólogos médicos con mención en oftalmología y los optómetras, están habilitados por el artículo 113 bis del Código Sanitario, para detectar vicios de refracción ocular. Por otra parte, la legislación vigente permite a las empresas de óptica contratar los servicios de médicos oftalmólogos, tecnólogos médicos con mención en oftalmología o bien optómetras. Indican que lo anterior ha sido expresamente reconocido por el Excmo. Tribunal Constitucional: “No debe discutirse el hecho cierto de que la ley no prohíbe a las empresas de óptica contratar los servicios de médicos oftalmólogos, tecnólogos médicos con mención en oftalmología o bien optómetras debidamente habilitados y, de contratarse semejantes servicios, el artículo 126 inciso segundo del Código Sanitario sólo exige que ellos no sean prestados dentro del establecimiento de la óptica o sala de ventas.

Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el artículo 126 inciso segundo del Código Sanitario, la Consulta en la cual se desempeñaban profesionalmente, se ubica en una dependencia distinta de la Sala de Ventas, cumpliendo todos los requisitos exigidos por la ley. Indican que luego de la visita de los fiscalizadores, las recurrentes quedaron imposibilitadas de ejercer las funciones para las cuales fueron contratada, en virtud de un acto que infringe el artículo 178 del Código Sanitario y los artículos 11 inciso segundo, y 16 inciso primero de la ley N° 19.880.

Expresan los recurrentes, que la autoridad no puede decretar medidas sanitarias a su mero arbitrio o capricho, sino que se trata de una potestad reglada que solo puede ser ejercida cuando se cumple el requisito exigido por la ley, esto es, en casos justificados, cuando existe un riesgo inminente para la salud, lo que no existe en el caso de marras.

Por otra parte, señalan que la autoridad sanitaria incurrió en la omisión de fundamentación que vicia la legalidad del acto, toda vez que en la especie no concurre un riesgo para la salud.

4°.- Que don nombre reservado, abogado, por la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región Metropolitana, informa que la recurrente alega por el presunto acto ilegal o arbitrarlo en que habría incurrido la Autoridad Sanitaria, al decretarse por los funcionarios fiscalizadores respectivos, la medida de prohibición de funcionamiento de las Salas de Procedimientos de Oftalmología de propiedad de Opticas Grand Visión Chile Limitada, por haberse constatado por estos, al momento de la inspección, que la citada sala de procedimientos se encontraba operando sin contar con Autorización Sanitaria, hecho que contraviene formalmente lo dispuesto en los artículos 3° y 4° del Decreto Supremo N° 283 del año 1997 del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento sobre salas de procedimiento y pabellones de cirugía Menor y lo determinado en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1 del Ministerio de Salud del año 1990 que determina materias que requieren autorización sanitaria expresa, artículo 1 N° 4, en relación al 7° del Código Sanitario.

En consecuencia, señala que, contrariamente a lo sostenido por las recurrentes, no se ha aplicado lo establecido en el artículo 178 del Código Sanitario, debido a que no es posible apreciar, directamente, un riesgo inminente para la salud de la población, sino que lisa y llanamente se ha verificado el incumplimiento de normativa jurídica de naturaleza imperativa, que exige como conditio sine qua non que las Salas de Procedimientos y Pabellones de cirugía menor requieren autorización sanitaria expresa para su funcionamiento.

Indica que la transgresión jurídica que se ha evidenciado en las actas de fiscalización se sustenta en el Decreto Supremo N° 283 de 1997 que Aprueba Reglamento Sobre Salas de Procedimiento y Pabellones de Cirugía Menor que en sus artículos 3° y 4° disponen que ha de solicitarse autorización para la instalación y funcionamiento de las salas de procedimiento y pabellones de cirugía menor al Secretario Regional Ministerial de Salud, debiendo acompañarse los antecedentes que la propia disposición señala, cosa que en el caso de marras no ha ocurrido, lo que encuentra apoyo en el D.F.L. N° 1 de 1990 que determina las materias que requieren Autorización Sanitaria Expresa, en relación con el artículo 7° del Código Sanitario lo dispone respecto de las Salas de Procedimientos y Pabellones de Cirugía Menor.

Si no se cuenta con la autorización expresa no se puede iniciar su funcionamiento, por lo anterior, se colige que los funcionarios fiscalizadores obraron con estricto apego a lo estatuido en la propia ley, dado que es el propio legislador quien ha dispuesto la exigencia indispensable que recae sobre toda persona (sea natural o jurídica) que quiera instalar y poner en funcionamiento Salas de Procedimiento (oftalmológicas), la obligación de obtener autorización sanitaria expresa otorgada por la Secretaría Regional Ministerial de Salud (Región Metropolitana), requisito imprescindible que no ha sido respetado por la recurrente en ninguno de los establecimientos respecto de los cuales se ha decretado orden de prohibición de funcionamiento.

Indica que la causal a raíz de la cual se adoptó la decisión de decretar prohibición de funcionamiento, consistente en operar sin contar con autorización sanitaria expresa, es aplicable a todos los sumariados, pero existen motivos adicionales que concurren en relación a los distintos establecimientos de la referida óptica, así en el local de Ahumada N° 81, donde se desempeña doña nombre reservado., no se acredita formación de óptico-contactóloga y se verifica la presencia de don nombre reservado, en proceso de entrenamiento e inducción sin acreditar habilitación profesional. En domicilio reservado, el establecimiento se trasladó desde local 2012 al 2005 en la misma dirección, situación no tramitada ante esta SEREMI de Salud, verificándose acceso único, tanto a sala de procedimientos como de optometría, constatándose infracción a lo establecido en artículo 126 inciso 2o del Código Sanitario. En domicilio reservado. El primer piso cuenta con sala de adaptación de lentes de contacto no regularizada y en el segundo existe un Centro de audiología instalado al interior de la sala de venta.

Por lo anterior solicita tener por evacuado el informe requerido y a la luz de los argumentos de hecho y de derecho, se declare el rechazo de la acción de protección incoada contra esta Autoridad Sanitaria, con expresa condena en costas.

5°.- Que las recurrentes acompañaron a su recurso los siguientes documentos:

a) Copia de las actas de inspección recurridas.

b) Copia del certificado de título otorgado por Universidades respecto de las recurrentes.

c) Copia del documento denominado “Certificado de Inscripción en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud”, otorgado por la Superintendencia de Salud, en el cual consta el registro del título profesional de las recurrentes.

d) Copia del documento denominado “Colegio de Ópticos, Contactólogos y Optómetras de Chile A.G. Acuerdo Directorio Nacional Informe 23/2018”, emitido el 28 de septiembre de 2018 por la Presidente y el Secretario del Directorio Nacional del Colegio de Ópticos, Contactólogos y Optómetras de Chile A.G.

e) Copia autorizada de la escritura pública otorgada el 21 de marzo de 2019 en la Notaría de Santiago de don nombre reservado, bajo el repertorio N° 2454 del mismo año.

f) Copia de sentencias pronunciadas por el Excmo. Tribunal Constitucional en las causas Rol Nº 3519/2017 y 3628/2017.

h) Copia de la Resolución Exenta Nº 216, que aprueba el Manual de Fiscalización Sanitaria, la cual fue emitida el 13 de abril de 2012 por el Ministerio de Salud.

6°.- Que la recurrida acompañó copia de cada una de las actas de fiscalización recurridas.

7°.- Que para la procedencia del recurso de protección se requiere, como requisito esencial, que quien lo intente justifique la existencia de un derecho constitucionalmente protegido, siendo indispensable establecer que el derecho que se invoca como vulnerado sea indubitado, esto es, claro en su origen y ejercicio, de modo que su interrupción constituya una perturbación o privación ilegítima que permita a la jurisdicción adoptar las medidas necesarias y urgentes para restablecer el imperio del derecho.

8°.- Que cabe destacar que en el caso de marras, en las actas de inspección, no se indica norma legal ni reglamentaria alguna, que permita a los fiscalizadores actuantes, disponer la prohibición de funcionamiento de las consultas de optometría de que tratan estos antecedentes. En concepto de estos sentenciadores, no se cita disposición alguna, porque simplemente ellas no existen. Esta conducta de los fiscalizadores importa una total falta de transparencia en su actuación, toda vez que el administrado tiene derecho a conocer con absoluta precisión cuál es la infracción que se le imputa y que, además, implica tan grave e inmediata sanción, en caso contrario, la actuación deviene en arbitraria por ese solo hecho.

9°.- Que el art. 178 del Código Sanitario, autoriza la adopción de la más grave sanción que impone dicho cuerpo de leyes, la prohibición de funcionamiento, con el solo mérito del acta respectiva “…cuando exista un riesgo inminente para la salud, de lo que deberá dar cuenta inmediata a su jefe directo”

Resulta evidente que cada uno de los fiscalizadores actuantes, ejerció esta atribución para un fin enteramente diverso de aquel previsto por el legislador y resulta curioso que todos ellos lo hubieran hecho de la misma forma, con una redacción prácticamente idéntica del acta y sin explicar en parte alguna de la misma, en qué consistía el “riesgo inminente para la salud”; cuya inexistencia reconoce el informe del Servicio recurrido.

Ello es así, porque resulta evidente, sin necesidad de un mayor análisis, que tal riesgo inminente para la salud, no existe. El funcionamiento de una consulta oftalmológica no produce ni puede llegar a producir, un riesgo de la naturaleza que el código pretende precaver. Esta especialísima facultad fue ejercida abusiva e ilegítimamente, con el objeto de imponer una sanción sin procedimiento previo que, sin dudas, ha provocado graves daños económicos a las personas de menores recursos que utilizaban este servicio, a las ópticas propietarias de esas consultas y empleadores de los profesionales y naturalmente a ellos mismos, que han quedado sin trabajo. Mediante un procedimiento injusto, ilegal, arbitrario y abusivo.

10°.- Que la prohibición de funcionamiento fue dictada en forma ilegal y arbitraria, infringiendo la normativa del Código Sanitario, también se ha vulnerado gravemente la Ley N° 19.880, que en sus artículos 11 y 16, señalan: Art 11. “Principio de imparcialidad. La Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte. Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos”, Art. 16”. “Principio de Transparencia y de Publicidad. El procedimiento administrativo se realizará con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en él…”

11°.- Que el informe elaborado por la autoridad recurrida, elude la temática relativa al Art. 178 del Código, haciendo una simple referencia no acreditada, sino solo por sus afirmaciones, de que “bajo ninguna circunstancia se ha hecho referencia ni se ha aplicado en forma alguna lo establecido en el artículo 178…, sino que lisa y llanamente se ha verificado el incumplimiento de la normativa jurídica de naturaleza imperativa que exige … que las Salas de Procedimiento y Pabellones de Cirugía Menor requieren autorización sanitaria expresa para su funcionamiento”.

Luego, agrega que “la transgresión jurídica que se ha evidenciado en las Actas de Fiscalización que dieron origen a esta acción de protección, no se sustenta para nada en el artículo 178… sino que en la normativa que se cita…” En primer término cita el D.S. N° 283 de Salud de 1997 que aprueba el reglamento sobre salas de procedimientos y pabellones de cirugía menor. Especialmente su artículo 4º, que señala: “La instalación y funcionamiento de las salas de procedimientos sometidas al presente reglamento requieren de autorización expresa otorgada por el Secretario Regional Ministerial de Salud en cuyo territorio se encuentre ubicada….”.

Como segundo argumento menciona el D.F.L. N° 1 de Salud de 1990, que determina las materias que requieren autorización sanitaria, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 7° del Código Sanitario, que entre ellas señala en su numeral 4: “4.- Salas de Procedimientos y Pabellones de Cirugía Menor”.

Finalmente señala propio artículo 7° del Código, suponemos en su inciso final, que dispone: “Estas últimas actividades no podrán iniciar su funcionamiento mientras no obtengan la autorización sanitaria respectiva”.

12°.- Que sin perjuicio de discrepar del legislador cuando señala que una consulta oftalmológica pudiera estimarse como una “Sala de Procedimientos”, aspecto respecto del cual no abundaremos toda vez que no es materia del recurso, sí llama poderosamente la atención que el informante olvida mencionar el inciso final del art 19, del ya citado D.S. N° 283, que textualmente reza: “La contravención de sus disposiciones será sancionada por la autoridad sanitaria en la forma y con arreglo a lo previsto en el Libro X del Código Sanitario”. Resulta evidente que su no mención no es casual, ello porque de su lectura se concluye sin sombra de duda, que la actuación de los fiscalizadores de la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, en todos los casos acumulados a esta acción cautelar, resulta ilegal y arbitraria.

13°.- Efectivamente, el Libro X del Código Sanitario, trata de los procedimientos y sanciones y su título tercero, de las sanciones y medidas sanitarias, entre su articulado aparece el art. 178, cuya cita molesta al informante al que ya nos referimos, y que señala: “La autoridad podrá también, como medida sanitaria, ordenar en casos justificados la clausura, prohibición de funcionamiento de casas, locales o establecimientos, paralización de faenas, decomiso, destrucción y desnaturalización de productos. Estas medidas podrán ser impuestas por el ministro de fe, con el solo mérito del acta levantada, cuando exista un riesgo inminente para la salud, de lo que deberá dar cuenta inmediata a su jefe directo. Copia del acta deberá ser entregada al interesado”.

Por todos estos razonamientos y citas legales y reglamentarias y de acuerdo, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acogen los recursos de protección acumulados a los antecedentes ingreso Corte N° 20.547-2019 deducidos, en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región Metropolitana, representada por doña nombre reservado y en contra de los funcionarios de dicha repartición, en contra de quienes también se ha recurrido, disponiendo se dejen sin efecto las prohibiciones de funcionamiento que afectan a las consultas oftalmológicas de Opticas GrandVisión Chile Limitada, por resultar ellas totalmente arbitrarias e ilegales y, efectivamente, atentatorias en contra de las garantías constitucionales invocadas por los recurrentes.

Acordada con el voto en contra de la ministro señora Solís, quien estuvo por rechazar los recursos de protección de que dan cuenta estos antecedentes, en virtud de los siguientes argumentos:

1.- Que cabe tener presente que a la autoridad recurrida, le corresponde el control y fiscalización de las entidades relacionadas con la Salud. Así, en uso de tales facultades, le correspondió la fiscalización de los locales comerciales correspondientes a Ópticas GrandVisión Chile Limitada, pudiendo comprobar en las visitas inspectivas que dichos locales mantenían a algunos prestadores de salud, como tecnólogos médicos con especialidad en oftalmología, y optometría, sin que la Óptica contara con la autorización sanitaria expresa para ello, que ha de presentarse ante el Secretario Regional Ministerial de Salud en cuyo territorio se encuentre ubicada la sala de procedimientos que se pretenda hacer funcionar, infringiendo los artículos 3° y 4° del Decreto Supremo 283 de 1997, el D.F.L. N° 1 y otras disposiciones que más adelante se señalarán.

2.- Que resulta necesario recordar que el D.F.L. N° 1, de 1990, determina las materias que requieren autorización sanitaria expresa y al efecto señala: “Determínanse las siguientes materias que, conforme a lo dispuesto en el artículo 7° del Código Sanitario requieren autorización sanitaria expresa: 4°.- Salas de Procedimientos y Pabellones de Cirugía Menor”. Este artículo 7° señala que este tipo de actividades no podrán iniciar su funcionamiento mientras no obtengan la autorización sanitaria respectiva.

Cabe tener presente que los locales en que servían sus funciones las recurrentes, al momento de la visita inspectiva de los funcionarios recurridos, no contaban con la referida autorización sanitaria expresa, es más, en el local de Ahumada 81, no se acreditó la formación de óptico contactólogo de doña nombre reservado y, además, se observó la presencia de don nombre reservado, en proceso de entrenamiento e inducción, sin acreditar habilitación profesional alguna.

De acuerdo a lo expresado precedentemente la resolución impugnada, que dispuso la prohibición de funcionamiento de la consulta de optometría, es legal y se dictó dentro de las facultades que le asiste a la recurrida, encontrándose ésta fundada.

3.- Que por otra parte resulta ser un tema sensible la salud visual de las personas. De todos es sabido que las diversas patologías que presentan los seres humanos, no todas se solucionan con recetas para lentes, sino que requieren especialidades tales como las de retinólogos, glaucomatólogos, corneólogos, etc. Por otra parte, nuestros niños, no pueden hacer uso de este sistema que se ha implementado por la Optica recurrente, toda vez que ellos requieren la asistencia de oftalmólogos especialistas en niños.

La visión de la población chilena no puede estar entregada a simples intereses de carácter económico. Por lo menos solicítese la autorización de la autoridad respectiva.

Sin perjuicio de lo anterior, los recurrentes han señalado que su funcionamiento ha venido a solucionar los problemas de salud que presenta la población que se ve impedida de acceder al servicio público por las interminables listas de espera existentes. Al efecto cabe tener presente que ello no es efectivo, toda vez que, es de público conocimiento que los servicios de salud, en esta materia, presentan demora de no más allá de dos semanas, por lo que cualquier individuo puede acceder a ellos sin problema alguno, lo que por cierto, nos llena de orgullo.

4.- Que en cuanto a las garantías constitucionales que se dice por las recurrentes como vulneradas, resulta innecesario entrar en su análisis, toda vez que, estas no han podido ser alcanzadas si en el actuar de la recurrida se ha obrado conforme a derecho y dentro de las facultades que le ha entregado la ley, por lo que los recursos de que se trata, esta disidente estima, han de ser desestimados.

5.- Que, en consecuencia, no resulta comprobada la existencia de un derecho indubitado al que dar protección urgente, ni puede atribuirse ilegalidad o arbitrariedad a la conducta de la recurrida, ni es posible estimar vulneradas las garantías constitucionales que se dice violentadas, ni de ningún otro derecho que merezca la protección constitucional que se impetra.

6.- Que sin perjuicio de lo anterior, nada obsta para que Optica GrandVisión Chile Limitada, proceda a regularizar su situación respecto del funcionamiento de la consulta de optometría ante la autoridad sanitaria respectiva. Cuidemos la visión de nuestra población.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Protección Nº 20.547-2019. Acumuladas: 20.602-2019; 20.609-2019; 22.216-2019; 22.223-2019; 22.429-2019; 22.532-2019; 22.568-2010; 22.634-2019 y 22.645-2019.