nombre reservado con I, MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

C.A. de Santiago Santiago, veinte de junio de dos mil veintitrés.

Vistos y tendiendo presente:

Primero: Que nombre reservado recurre de protección en favor de nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de Santiago, del Concejo Municipal de Santiago y la alcaldesa Irací Hassler Jacob, por el acto que estima arbitrario e ilegal consistente en negar la inscripción de patente de alcoholes de la que es titular, lo que sostiene vulnera sus garantías constitucionales previstas en los numerales 2, 21, 22 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expuso que su representado es contribuyente y titular de la patente municipal de alcoholes número 501936-2 la que se adjudicó mediante acta de remate judicial en causa ROL C-12053-2018, ventilada ante el 1° Juzgado de Letras en lo civil de Santiago, impidiendo las recurridas su cambio de titularidad desde el antiguo dueño al actual y con ello, negando su renovación cada semestre, lo que conlleva a la imposibilidad de pago del respectivo impuesto en la Tesorería Municipal.

Alega que esta actuación se debe a una motivación sin fundamento que emite la Municipalidad, pues, con fecha 8 de febrero de 2023 envía al domicilio de su representado una carta numerada como la 20, en la que indica que en agosto del año 2022 ha solicitado la renovación de patente pero que no ha podido ser concedida, toda vez que no ha incorporado a la carpeta administrativa nuevos antecedentes que hagan presumir fundadamente que éste ha iniciado actividades en el Servicios de Impuesto Internos, esto según memorándum 2540 del año 2022.

Invoca lo dispuesto en el artículo 9 de la ley 19.925, el que dispone que las patentes solo pueden transferirse previa inscripción en la oficina municipal que corresponda, ello para que se entienda perfeccionada la transferencia.

Refiere que su representado ha concurrido en innumerables ocasiones a solicitar la inscripción como nuevo propietario, cuestión que contraviniendo abiertamente el artículo citado se le ha negado sin justificar las recurridas en la carta número 20 de fecha 08 de febrero del año 2023 alguna razón para ello cuestión que es requisito fundamental de los actos que emanan de la administración del Estado.

En razón de lo expuesto, alega vulneración de la garantía de igualdad ante la ley, por cuanto la actuación del alcalde y del Concejo Municipal han establecido diferencias arbitrarias en el tratamiento que otorgó a los distintos propietarios de patentes de alcohol en la comuna, en perjuicio del recurrente.

En el mismo sentido, sostiene se vulnera el derecho a desarrollar su actividad económica, habiendo cumplido con todas las normas legales y reglamentarias que regulan la actividad de expendio y consumo de bebidas alcohólicas. Asimismo, ha cumplido todas las normas legales y reglamentarias aplicables a los comerciantes de la comuna. Por último, la actividad comercial que desarrolla es absolutamente lícita, esto es, no es contraria a la moral, al orden público ni a la seguridad nacional.

Asimismo, afirma vulneración de su derecho a la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica y su derecho de propiedad, por cuanto el recurrente es propietario de la patente de alcoholes 501936-2, las que no se ha podido perfeccionar por el actuar ilegal y arbitrario de las recurridas, lo que constituye, a su juicio, una expropiación sin que exista una ley general o especial que la autorice.

Conforme lo expuesto, pide se restablezca el imperio del derecho dejando sin efecto los actos ilegales o arbitrarios que privan, perturban o amenazan a su representada en el legítimo ejercicio de las garantías referidas y se dejen sin efecto las actuaciones practicadas por éstos, relativas a la no inscripción de las patente de alcohol individualizada y, en su lugar, se disponga que esa autoridad debe dictar el decreto respectivo que la conceda, ordenando a la I. Municipalidad de Santiago proceder al traspaso de cambio de propietario de la patente de alcoholes número y, asimismo, disponer que el Departamento de Rentas Municipales gire los derechos que corresponde a dichas patentes de alcohol y, en definitiva, que perciba dichos valores, manteniéndolas vigentes mientras no se verifique una causal de extinción prevista en la ley, con costas.

Segundo: Que nombre reservado, directora de Asesoría Jurídica de la Ilustre Municipalidad de Santiago, evacuando el informe requerido, pidió el rechazo del recurso.

Expuso que el 30 de diciembre de 2022, la Dirección de Asesoría Jurídica, mediante memorándum respuesta N° 2899-2022, dirigido a la Administración Municipal, solicita nuevos antecedentes del contribuyente para evaluar su solicitud, puesto que han pasado varios meses de su presentación y se requiere saber si el solicitante ha informado de nuevas gestiones o incorporaciones de documentos nuevos en su carpeta administrativa, como es la iniciación de actividades, que no constaba en el expediente derivado de Rentas, lo que importa un requisito esencial para determinar si existió alguna vez la intención del ejercicio comercial, como también si adquirió o no un establecimiento donde pudiera expender alcoholes”

Hace presente que fue revisada la plataforma del Servicio de Impuestos Internos y, consultado el rut del contribuyente, solo mantenía iniciación de actividades bajo el código N°960909, correspondiente a otras actividades de servicios personales, hecho importante para observar y ponderar si existe o no la facultad de ostentar un permiso de venta de alcoholes.

Agrega que la Subdirección de Rentas y Finanzas informó que, a esa fecha, el contribuyente, no registra ninguna solicitud de arrendamiento, compra u otro título de inmueble alguno, que le permitiese ejercer aquella actividad comercial que le permita la venta de bebidas alcohólicas.

Conforme lo expuesto y considerando el plazo transcurrido en la solicitud de renovación de patente, es que la Dirección de Asesoría Jurídica en el memorándum respuesta N° 2899-2022, de 30 de diciembre de 2022, señala que “no existen antecedentes nuevos aportados en la carpeta administrativa, que pudieran hacer presumir que el contribuyente se encuentre habilitado para el ejercicio de la actividad comercial de alcohol, toda vez, que ni siquiera mantiene iniciación de actividades acorde para dicho evento.”

Concluye que, conforme la normativa que cita, el otorgamiento de patentes comerciales supone la verificación de los requisitos necesarios para su otorgamiento, lo que debe hacerse en cada período de renovación; y que el desarrollo de actividades económicas en lugares no habilitados, y más aún, inexistentes como ocurre en la especie, hace procedente que la Municipalidad adopte las medidas que el ordenamiento jurídico contempla, entre las que está la no renovación de las patentes que amparen el ejercicio de actividades económicas en construcciones que no cumplen con el mencionado requisito, por cuanto la renovación de una patente por un nuevo período supone la verificación por parte de la autoridad del cumplimiento de las exigencias previstas para su otorgamiento.

Finalmente, arguye que no es efectivo que la no renovación de la patente en cuestión haya carecido de fundamento ni, menos aún, que éste haya sido contrario a la normativa aplicable, y tampoco que ello haya ocurrido por una mera razón genérica, ya que la situación se produjo por el no ejercicio del giro de la patente por la propia recurrente durante un largo lapso de tiempo, lo que además de haberse indicado en la documentación fundante del Decreto Alcaldicio impugnado, fue reconocido por ella misma.

No existiendo arbitrariedad y, por tanto, vulneración de garantías constitucionales, reitera se rechace el recurso en todas sus partes, con costas.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que, como se desprende de lo expuesto, es un requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de una o más de las garantías protegidas.

Quinto: Que el objeto de la controversia recae en estimar como arbitraria la no renovación e inscripción de patente de alcoholes, de la que es titular el recurrente, atendida la reiterada negativa del municipio recurrido.

Sexto: Que, en este contexto, la decisión de no renovación de patentes, por parte de Municipalidades, se encuentra establecida en el ordenamiento jurídico, pudiendo dictarse por el Alcalde con el respectivo acuerdo del Concejo Municipal, ciñéndose a lo dispuesto en el artículo 65 letra ñ) de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, y refiriéndose por la recurrida distintos antecedentes que habilitarían la no renovación, en particular, la inexistencia de iniciación de actividades acorde al giro requerido para el ejercicio de la patente y contar con un local comercial habilitado al efecto.

Séptimo: De esta forma, se advierte que la entidad recurrida ha actuado de conformidad a la normativa legal antes citada, dentro de la esfera de su competencia y con estricto apego al principio de legalidad establecido en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política y con respeto a las garantías que el actor estima conculcadas.

Octavo: Que a mayor abundamiento es dable tener presente que la acción de protección ha sido instituida como un arbitrio procesal destinado a poner rápido remedio a la conculcación o vulneración de garantías y derechos fundamentales indubitados expresamente señalados en el artículo 20 de la Carta Fundamental, en cuanto ellos hayan sido afectados por una actuación ilegal o arbitraria por parte de las autoridades o los particulares.

En consecuencia, de acuerdo a los antecedentes incorporados en el proceso, el recurso de protección no es la vía idónea para resolver el conflicto habido entre las partes, por cuanto el recurrente pretende que esta Corte declare la existencia de un derecho a la renovación, lo que no es posible por este medio, ya que no encontrándose indubitados los alegados por el recurrente, es del parecer que éstos deben ser discutidos en el procedimiento que corresponda, por lo que la presente materia excede el fin y objetivo cautelar de la acción de protección, cuyo propósito -como ya se ha dicho- es que se tomen medidas y providencias destinadas a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarias que conculquen derechos fundamentales enunciados en el artículo 20 de la Carta Fundamental.

Noveno: En este orden de ideas, no se advierte ilegalidad o arbitrariedad alguna -denunciada o verificable- de parte de la autoridad recurrida. Y, en tales condiciones, el recurso de protección no puede prosperar y debe ser desestimado.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado que rige la materia, se rechaza, con costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de Santiago, el concejo municipal y su alcaldesa.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

N°Protección-2054-2023.