COMERCIAL DE VALORES SERVICIOS FINANCIEROS SPA con nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, veinte de febrero de dos mil veinticinco.

Al escrito 18: téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°) Que, comparecen don nombre reservado y don nombre reservado, abogados, en favor de Comercial de Valores Servicios Financieros Spa (en adelante Coval) representada legalmente por don nombre reservado y por don nombre reservado, e interponen recurso de protección en contra de la nombre reservado (en adelante la “UAF”), representada por su Director, nombre reservado, toda vez que dicho servicio ha ejecutado una acción arbitraria o/e ilegal que priva, perturba y amenaza diversas garantías fundamentales del artículo 19 de la Constitución Política de la República, respecto de Coval, lo cual tuvo lugar al dictarse el Oficio Ordinario UAF N°572/2024, del 12 de septiembre de 2024, que concede un plazo de 5 días hábiles a contar de la fecha de recepción de dicho oficio, para la entrega de los antecedentes indicados en el número 6 del requerimiento de información de la UAF, de fecha 28 de agosto de 2024, dirigido en contra de la recurrente, el cual solicita “copia de cartolas bancarias de todas las cuentas corrientes (peso, dólar u otra) mantenidas por la entidad para el segundo semestre 2024 (01/05/2024 al 30/06/2024), tanto en formato PDF como Excel”.

Expone, que Coval es una empresa de factoring fundada en 1999, especializada en el financiamiento de cuentas por cobrar de pequeñas y medianas empresas (Pymes). La compañía actúa como acreedor de los cedidos por sus clientes y se encarga de recibir el pago de los deudores, entregando al cliente el saldo restante en caso de que lo haya. Además, Coval emite efectos de comercio y está sujeta a la fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero.

Explica que, dado que realiza operaciones de factoring, Coval está obligada a reportar operaciones sospechosas a la nombre reservado (UAF) según la Ley 19.913. Esto implica cumplir con las instrucciones generales de la UAF, especialmente en relación con la información de operaciones sospechosas.

Sin embargo, la recurrente cuestiona la solicitud de la UAF, que le exige entregar las cartolas bancarias de todas sus cuentas corrientes para el segundo semestre de 2024 en un plazo de 5 días hábiles. La empresa considera que esta solicitud infringe el secreto bancario y otros derechos constitucionales, como el derecho a la intimidad, la protección de los datos personales, la inviolabilidad de la comunicación privada y la seguridad jurídica. Según Coval, la decisión de la UAF carece de base jurídica adecuada y representa una discrecionalidad arbitraria.

Refiere, que el 28 de agosto de 2024, la UAF solicitó a la recurrente varios documentos, incluyendo registros de operaciones y cartolas bancarias del segundo semestre de 2024. Este requerimiento fue parte de un proceso de fiscalización que concluyó sin observaciones, como se refleja en el acta de fiscalización N°81/2024.

En respuesta, Coval, el 11 de septiembre de 2024, argumentó que no podía entregar las cartolas debido a un impedimento legal estipulado en la Ley 19.913, que requiere autorización de un ministro de la Corte de Apelaciones.

En respuesta a esta postura, la UAF emitió un Oficio Ordinario el 13 de septiembre de 2024, dando un plazo de 5 días para entregar las cartolas bancarias, basándose en su facultad legal según el artículo 2, letra f) de la Ley 19.913. La UAF justificó el requerimiento con el fin de verificar los procedimientos adoptados por Coval para detectar y reportar operaciones sospechosas y en efectivo, y para asegurarse de la correcta implementación de medidas de debida diligencia, como la identificación de beneficiarios finales y Personas Expuestas Políticamente. Además, la UAF advirtió que, de no cumplirse con la solicitud, podría iniciar un procedimiento sancionatorio por el incumplimiento.

Explica, que el secreto bancario en Chile está regulado por la Ley General de Bancos y la Ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, estableciendo que las operaciones de depósitos y captaciones, así como los movimientos de cuentas corrientes y sus saldos, son confidenciales y sólo pueden ser revelados con autorización del titular o en casos específicos determinados por la ley. Su fundamento constitucional radica en la garantía de inviolabilidad de la vida privada, consagrada en el artículo 19 N°5 de la Constitución, lo que refuerza la protección de la información financiera de los clientes.

Añade, que, sin embargo, existen excepciones al secreto bancario, como el acceso mediante orden judicial en procesos civiles y penales, solicitudes del Ministerio Público con autorización de un juez, requerimientos del Servicio de Impuestos Internos en el marco de fiscalizaciones tributarias, y el reporte de operaciones sospechosas a la nombre reservado para prevenir el lavado de activos.

Afirma, que la ilegalidad del Oficio Ordinario emitido por la nombre reservado (UAF) se evidencia en la solicitud de información bancaria de Coval sin cumplir los requisitos establecidos por la ley. La UAF fundamenta su requerimiento en el artículo 2°, letra f), de la Ley 19.913, el cual solo le otorga facultades para impartir instrucciones de aplicación general mediante circulares, sin facultarla para requerir información sujeta a secreto bancario. Además, la ley solo permite a la UAF acceder a información reservada en el contexto de operaciones sospechosas previamente reportadas o detectadas, lo que no ocurrió en este caso.

Asevera, que el artículo 2°, literal b), de la Ley 19.913 establece que, si la información solicitada está amparada por el secreto bancario, la UAF debe obtener autorización previa de un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, lo que tampoco se cumplió. Al actuar sin esta autorización, la UAF incurre en un exceso de poder, violando el principio de legalidad consagrado en los artículos 6° y 7° de la Constitución, así como en la Ley 18.575 de Bases Generales de la Administración del Estado, que obliga a los órganos estatales a actuar dentro de sus competencias. La UAF tampoco puede atribuirse facultades propias del Ministerio Público o de los Tribunales de Justicia, lo que refuerza la ilegalidad.

Precisa, que, además, el Oficio Ordinario adolece de arbitrariedad al carecer de una fundamentación razonable. La Corte Suprema ha señalado que un acto es arbitrario cuando carece de justificación lógica, existe una desproporción entre los motivos y el fin buscado o se omiten hechos que sustentan la decisión. La UAF sostiene que la información bancaria de Coval le permitirá evaluar medidas de cumplimiento de debida diligencia, pero las cartolas bancarias contienen movimientos financieros de la empresa, no información sobre sus clientes o procedimientos de cumplimiento. Esta falta de coherencia en la motivación vulnera los principios de razonabilidad y motivación establecidos en los artículos 11 y 41 de la Ley 19.880.

Afirma, que el Oficio Ordinario es ilegal por exceder las facultades de la UAF y omitir la autorización judicial exigida para obtener información sujeta a secreto bancario. También es arbitrario al no justificar de manera razonable su solicitud, incurriendo en una desviación de poder contraria a la normativa vigente.

Finaliza señalando, que, la acción de protección interpuesta cumple con los requisitos de legitimación activa, ya que busca resguardar los derechos constitucionales de Coval, una sociedad por acciones afectadas directamente por el Oficio Ordinario emitido por la nombre reservado (UAF). En cuanto a la legitimación pasiva, el recurso se dirige contra la UAF, un servicio público descentralizado bajo la supervisión del Ministerio de Hacienda, que ha incurrido en actos ilegales y arbitrarios contra la recurrente. Además, el recurso ha sido interpuesto dentro del plazo legal de 30 días, dado que el Oficio Ordinario fue dictado el 12 de septiembre de 2024 y notificado a Coval el 13 de septiembre de 2024.

Agrega, que el Oficio Ordinario vulnera varias garantías constitucionales protegidas por el artículo 19 de la Constitución. En primer lugar, infringir el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales (numeral 3° inciso quinto), ya que la UAF, sin competencia para actuar como tribunal, intenta imponer obligaciones no contempladas en la ley. Asimismo, transgrede el derecho a la intimidad ya la protección de los datos personales (numeral 4°) y la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada (numeral 5°), al desconocer el secreto bancario, el cual ha sido reconocido como parte del derecho a la intimidad por la doctrina y la jurisprudencia. También vulnera el derecho a la seguridad jurídica y la garantía de las garantías (numeral 26°), al quebrantar principios fundamentales del ordenamiento jurídico, generando incertidumbre respecto del respeto de los derechos de los ciudadanos frente a la actuación de los órganos del Estado.

Concluye, solicitando a esta Corte que disponga el restablecimiento del imperio del derecho, dejando sin efecto el Oficio Ordinario N°572 de la UAF, dictado el 12 de septiembre de 2024.

2°) Que comparece don nombre reservado, director de la UAF, quien, evacuando el informe, solicita el rechazo de la presente acción.

Expone, que el recurso de protección interpuesto resulta inadmisible, dado su carácter extraordinario, que lo limita a determinadas resoluciones y motivos taxativamente enumerados en la ley. La impugnación de resoluciones de la UAF debe realizarse mediante los mecanismos establecidos en los artículos 23 y 24 de la Ley N°19.913, es decir, por reposición o reclamación de ilegalidad.

Explica que, en cuanto a la legitimación activa, el secreto bancario está regulado en el artículo 154 de la Ley General de Bancos, protegiendo exclusivamente a los titulares de depósitos y captaciones en bancos formalmente constituidos. La normativa no se extiende a otras entidades que, aunque realicen actividades similares, no son bancos. En consecuencia, Coval no tiene derecho a reclamar la protección del secreto bancario bajo este recurso.

Señala, que, respecto a las supuestas vulneraciones de derechos constitucionales, el recurrente no precisa cómo el Oficio Ordinario de la UAF afecta concretamente las garantías del artículo 19 de la Constitución, entre ellas el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales (numeral 3° inciso quinto), el derecho a la intimidad y protección de datos personales (numeral 4°), la inviolabilidad de la comunicación privada (numeral 5°) y el derecho a la seguridad jurídica (numeral 5°).

Refiere, que la UAF es un organismo público descentralizado con facultades para fiscalizar el cumplimiento de la normativa antilavado de activos y financiamiento del terrorismo, en conformidad con la Ley N°19.913 su rol es prevenir que el sistema financiero sea utilizado para actividades ilícitas, lo que justifica la solicitud de información financiera a los sujetos obligados. Esta solicitud se enmarca en la facultad que otorga el artículo 2°, letra f), de la Ley N°19.913, que permite a la UAF verificar el cumplimiento normativo de las entidades fiscalizadas. Dicha facultad es esencial para garantizar un adecuado control del sistema financiero y evitar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Agrega, que la ley establece expresamente excepciones al secreto bancario en diversas materias, incluyendo el control financiero, tributario y la prevención del lavado de dinero. La Comisión para el Mercado Financiero, el Servicio de Impuestos Internos y la UAF tienen atribuciones específicas para acceder a información reservada en estos ámbitos. La Corte Suprema, en la sentencia de febrero de 2023 en el caso "Banchile Administradora General de Fondos SA con nombre reservado", reconoció la legitimidad de la UAF para solicitar información financiera a sujetos obligados, confirmando que dicha atribución no constituye un acto arbitrario ni ilegal.

Afirma, que, en cuanto a la seguridad jurídica, el secreto bancario no es un derecho absoluto, sino que admite limitaciones en el interés del bien común, especialmente para evitar el uso del sistema financiero en actividades delictivas. La información solicitada por la UAF se maneja con carácter reservado, asegurando su uso exclusivo para multas de fiscalización. Además, no puede considerarse una infracción al derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, pues la normativa vigente permite el acceso a estos datos bajo ciertos procedimientos legales.

Finaliza concluyendo, que la actuación de la UAF es completamente legal y proporcional, ajustándose a la normativa vigente y a los principios de legalidad y juridicidad establecidos en los artículos 6° y 7° de la Constitución. En consecuencia, se solicita rechazar el recurso de protección en su totalidad, con condena expresa en costas al recurrente.

3°) Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

4°) Que el hecho que se tacha de ilegal y arbitrario, consiste en el Oficio Ordinario UAF N°572/2024, del 12 de septiembre de 2024, que concede un plazo de 5 días hábiles a la recurrente, a contar de la fecha de recepción de dicho oficio, para la entrega de los antecedentes indicados en el número 6 del requerimiento de información de la UAF, de 28 de agosto de 2024, el cual solicita “copia de cartolas bancarias de todas las cuentas corrientes (peso, dólar u otra) mantenidas por la entidad para el segundo semestre 2024 (01/05/2024 al 30/06/2024), tanto en formato PDF como Excel”.

5°) Que sobre la solicitud de inadmisibilidad de la recurrida por existir un procedimiento para impugnar la eventual imposición de una sanción por no entregar la información ahora requerida, la misma será desestimada, atendido lo previsto en la parte final del inciso primero del artículo 20 de la Constitución, que establece la acción de protección, “sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”, de lo que se desprende que ambos procedimientos -esta acción constitucional y el reclamo administrativo-, pueden desarrollarse, eventualmente, en su respectiva oportunidad.

6°) Que, sobre el fondo, el artículo 2 letra f) de la Ley 19.913 dispone que para supervisar la gestión de riesgos de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y, en definitiva, evaluar la ejecución de esa ley y la normativa aplicable por parte de las personas enumeradas en el artículo 3°, entre las que se encuentra el recurrente como “empresa de factoraje”, la UAF “podrá requerir todos los datos y antecedentes que le permitan llevar a cabo dicha labor, así como aprobar matrices de riesgo generales para los sectores económicos señalados en el inciso primero del artículo 3º de la presente ley.”

La norma antes extractada regula una etapa inicial de la supervisión y fiscalización del cumplimiento del deber de reportar operaciones sospechosas por personas obligadas a efectuar ese reporte, en el marco del cual los requerimientos de información no requieren autorización de un ministro o ministra de esta Corte.

7°) Que, en cambio, el artículo 2 letra b) de la Ley N° 19.913 trata los casos en que, “con ocasión de la revisión de una operación sospechosa previamente reportada a la Unidad o detectada por ésta en ejercicio de sus atribuciones, resulten necesarios y conducentes para desarrollar o completar el análisis de dicha operación y los que deba recabar de conformidad con la letra g)” del mismo artículo. En tal supuesto, las personas naturales o jurídicas contempladas en el artículo 3° de esta ley requerida, como el recurrente, estarán obligadas a proporcionar la información solicitada, en el término que se les fije.

Agrega esa disposición que, “si los antecedentes a que se refiere este literal estuvieren amparados por el secreto o reserva, o deban requerirse a una persona no contemplada en el artículo 3° de esta ley, la solicitud deberá ser autorizada previamente por un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago”.

8°) Que como aparece con claridad de la recién norma transcrita, el artículo 2 letra b) tiene aplicación una vez que se ha reportado a la UAF o ésta ha detectado una operación sospechosa, supuesto de hecho que no ha ocurrido en la especie.

9°) Que, a mayor abundamiento, tampoco se dan las condiciones legales en las que debe solicitarse la autorización de un ministro o ministra de esta Corte, pues los antecedentes requeridos, primero, no están amparados por el secreto bancario como lo arguye el actor.

En efecto, el secreto bancario regulado en el artículo 154 de la Ley General de Bancos señala que “Las operaciones de depósitos y captaciones de cualquier naturaleza que reciban los bancos en virtud de la presente ley estarán sujetas a secreto bancario y no podrán proporcionarse antecedentes relativos a dichas operaciones sino a su titular o a quien haya sido expresamente autorizado por él o a la persona que lo represente legalmente, o a quien haya sido autorizado por ley a requerir dicha información”.

De ese modo, dicha disposición establece el deber de reserva y las limitaciones para entrega de información, respecto de los “bancos”, sin extenderse a las cartolas bancarias que están en poder del recurrente, que no corresponde a una institución bancaria, y respecto de sus propias operaciones.

10°) Que, lo anterior, sin perjuicio que esas operaciones, como es esperable, se refieren a transacciones con terceros, pues precisamente se ahí deriva su deber de informar a la UAF y de entregar la información requerida para que ésta pueda cumplir sus funciones.

Por otra parte, como ya se ha dicho, el recurrente es una persona contemplada en el artículo 3° de la citada ley, por lo que tampoco se presenta el segundo supuesto en que resulta procedente la solicitud de autorización en comento.

11°) Que, entonces, las normas transcritas evidencian que la UAF se encuentra facultada legalmente para requerir la información pretendida al recurrente, quien a su vez se encuentra obligado a aportarla, sin que se trate de algunos de los casos en que debe solicitarse la autorización de un ministro o ministra de esta Corte de Apelaciones de Santiago para recabarla.

12°) Que, por las mismas razones referidas, el requerimiento de información no puede tacharse de arbitrario, desde que se ejerce para el adecuado y estricto cumplimiento de las facultades de supervisión y fiscalización de la UAF.

13°) Que, no constatándose una acción u omisión ilegal o arbitraria, resulta innecesario examinar la afectación de los derechos constitucionales denunciados en el recurso, el que en definitiva será desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, SE RECHAZA, sin costas, el recurso deducido por Comercial de Valores Servicios Financieros Spa en contra de la nombre reservado.

Se previene que el ministro suplente Manuel Rodríguez Vega, sin compartir lo razonado en el motivo 5° de la sentencia, concurre al rechazo de la acción de protección, teniendo presente, además, las siguientes consideraciones:

1°) Que el no dar cumplimiento al requerimiento de información efectuado por la UAF, puede dar lugar a un procedimiento sancionatorio regulado en el Título II de la Ley 19.913, procedimiento que prevé en los artículos 23 y 24 recursos de reposición y reclamación, respectivamente, el último precisamente ante esta Corte de Apelaciones de Santiago.

2°) Que, por ende, si la UAF estuviera solicitando información al recurrente sin facultad legal y, como consecuencia de ello, posteriormente impusiera una sanción a éste, ello debe ser impugnado y conocido mediante las vías recursivas mencionadas, en su caso.

3°) Que, por ende, determinar si la UAF tiene facultades legales para solicitar la información requerida y si la petición concreta se enmarca en los supuestos legales que lo permiten, ambos asuntos deberán dilucidarse por esta Corte, eventualmente, en el caso de que dicha Unidad imponga una sanción a la recurrente por no cumplir con lo requerido.

4°) Que, en definitiva, no es posible evadir el procedimiento legal previsto para zanjar el asunto en discusión por la vía de anticipar un pronunciamiento de esta Corte por la presente acción constitucional.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-20537-2024.