nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A

C.A. de Santiago Santiago, doce de mayo de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado, en representación de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, e interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Plan Vital, por haber rechazado la solicitud de devolución de fondos previsionales, mediante resolución de 13 de septiembre de 2024, notificado a la recurrente el mismo día, actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que la recurrente habría cumplido con todos los requisitos establecidos en la ley 18.156, vulnerando con ello el derecho fundamental de propiedad privada, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas en su artículo 19 N° 24.

Señala que el 2 de enero de 2015, su representada se afilió al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, comunicando esta afiliación a la AFP Plan Vital. Esto, en conformidad con el artículo 1 de la Ley 18.156.

Efectuó su primera solicitud de retiro de fondos ante la AFP Plan Vital, la que fue rechazada con fecha 31 de julio de 2024, fundada en la falta de apostilla del título profesional. A la brevedad, solucionó esta observación, apostillando el título requerido.

Posteriormente, ingresó una nueva solicitud, esta vez con el título apostillado, único requisito que faltaba. No obstante, el 8 de agosto de 2024, la AFP rechazó nuevamente la solicitud, argumentando que no era posible verificar la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales a través del código QR, debido a una intermitencia en la página web oficial destinada para estos fines, no ofreciendo alguna alternativa de solución.

En este escenario, presenta un reclamo ante la Superintendencia de Seguridad Social, el 27 de agosto de 2024, sin embargo, la respuesta fue redirigir a su representada ante la Superintendencia de Pensiones, dado que la última tiene la competencia para conocer el asunto.

El 3 de septiembre de 2024, efectúa un reclamo ante la Superintendencia de Pensiones; sin embargo, la respuesta obtenida por este organismo, indica que no es de su competencia pronunciarse respecto de los últimos acontecimientos de inestabilidad política ocurridos en Venezuela e indicando que se impartirán instrucciones a la AFP respecto de la imposibilidad de acceder a sistemas de validación de documentos que obstaculizan solicitudes amparadas en la ley 18.156.

Tras la información entregada, ingresa una tercera solicitud de retiro de fondos ante la AFP Plan Vital, puesto que la misma Superintendencia indicó en su respuesta, que se iba a instruir a las AFP con el fin de solucionar el problema de la validación de documentos vinculados a la ley 18.156.

Esta vez, con fecha 13 de septiembre de 2024, nuevamente la AFP rechaza la solicitud, explicitando que “No es posible ingresar su solicitud porque no ha sido posible verificar a través del código QR, la constancia de afiliación al instituto venezolano de los seguros sociales (IVSS). Lo anterior, en virtud de no encontrarse operativa la página web establecida para estos efectos”.

En definitiva, tal respuesta no constituye una solución efectiva para su representada, dejándola en la misma situación en la que se encontraba al momento de iniciar el proceso de retiro de sus fondos de AFP, los cuales son parte de su propiedad y amparados en lo dispuesto en la ley 18.156, cumpliendo con todos los requisitos para proceder a su retiro, radicando aquí la acción arbitraria e ilegal por parte de la AFP.

En cuanto a los fundamentos jurídicos, la recurrente cita el artículo 7° de la Ley N°18.156, “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley.”

Luego el citado artículo 1º señala: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a)

Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b)

Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744”.

Por ello, señala que su representada cumple todos los presupuestos normativos, por lo que la actuación de la recurrida vulnera el derecho a la integridad psíquica de la persona, dado que este actuar le está causando una severa afectación a la psiquis, frustración, enojo, ansiedad, insomnio, rabia y otras afectaciones psíquicas; a la igualdad ante la ley, previsto en el artículo 19 numeral 2 de la Constitución Política, al darle un trato desigual respecto a otros solicitantes que, encontrándose en iguales circunstancias y cumpliendo con lo solicitado por la legislación vigente, han recibido respuestas favorables. Asimismo, alega vulneración al derecho a la propiedad privada, establecido en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, al negar su devolución de los fondos que son de su propiedad y que ella generó con su trabajo, negando su devolución sin una causa legal que lo justifique.

Adicionalmente, invoca jurisprudencia de esta Corte de Apelaciones Roles de ingreso números 45645-2012; 2481-2018 y 37628-2021.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene ordenar que le sean devueltos a la mayor brevedad el dinero que es propiedad de mi representada, percibidos por concepto de cotización previsional, conforme los dispone la Ley Nº 18.156, adoptando todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, con expresa condena en costas en caso de oposición.

SEGUNDO: Que se evacuó informe por la Administradora de Fondos de Pensiones recurrida, solicitando el rechazo del presente recurso de protección, con costas.

En primer término, alega la extemporaneidad pues, según consta de los documentos que acompañó la recurrente, ella tomó conocimiento inequívoco de la respuesta de Plan Vital a sus solicitudes, desde el día 8 de agosto de 2024, no variando los hechos, las circunstancias, ni los documentos acompañados por la recurrente desde esa fecha. Luego la protección fue presentado el día 5 de octubre de 2024, es decir casi 60 días después de la respuesta de la Administradora a su última solicitud.

Con posterioridad al reclamo presentado por la recurrente ante a Superintendencia de Pensiones, siendo rechazado por dicha institución, por lo que la recurrente ingresa una tercera solicitud, sin ningún antecedente nuevo, lo que no es aceptado por la Administradora, según consta del correo electrónico que recibió la señora nombre reservado, con fecha 13 de septiembre de 2024, donde se le indica que no es posible presentar una nueva solicitud, sin nada nuevo que aportar.

Estima que, con todo esto, de presentar una nueva solicitud en el mes de septiembre, no es más que un intento de hacerse de un nuevo plazo para presentar un recurso de protección dentro de plazo.

En cuanto a los hechos, refiere que, no es efectivo que ella hubiera “comunicado su afiliación a la AFP PLANVITAL” al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Lo que efectivamente ocurrió es que la recurrente en sus solicitudes de devolución de fondos previsionales relativos a la Ley N°18.156, acompañó un documento de afiliación al citado Instituto, el que no ha sido posible de verificar, conforme las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones.

Adiciona a ello, que no es efectivo que hubiera presentado tres solicitudes de devolución de fondos previsionales, ya que según consta de sus registros, las solicitudes presentadas solo fueron dos, cuyas cartas de respuesta agrega a este recurso.

La primera solicitud de devolución de fondos previsionales fue presentada con fecha 25 de julio de 2024, la que fue rechazada con fecha 31 de julio de 2024 debido a que la apostilla no corresponde al título que se acompaña. En efecto, la apostilla N°00415244 que se acompañó al título profesional, corresponde a un documento inherente al Registro Civil y no al organismo que otorgó firma el título profesional. Asimismo, el Registro Civil tampoco valida la firma de la institución educacional correspondiente.

La segunda solicitud de devolución de fondos previsionales fue presentada con fecha 2 de agosto de 2024, la que fue rechazada con fecha 8 de agosto de 2024 debido a que no es posible verificar a través del código QR, la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Lo anterior, en virtud de una intermitencia de la página establecida para estos efectos. Y, contrario a lo que afirma la recurrente, no existió una tercera solicitud de devolución de fondos previsionales Finalmente, solicita a esta Corte rechazar en todas sus partes la acción constitucional de protección deducida en contra de su representada, con expresa condena en costas.

TERCERO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Consecuentemente, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que, la recurrida ha alegado la extemporaneidad del recurso. La presente acción se presenta el 25 de octubre de 2024, y se refiere al correo de respuesta enviada por la Administrados de Fondos de Pensiones Plan Vital, aparece evidentemente deducido dentro del plazo previsto en el número 1 del Auto Acordado de la Corte Suprema que regula la materia y, por consiguiente, la pretendida extemporaneidad debe ser desestimada.

No se desconoce por este Tribunal, que la resolución que se recurre, corresponde a similares peticiones, formuladas desde el 31 de julio de 2024 hasta septiembre del mismo año, dirigidas a la misma AFP, como a la Superintendencia de Seguridad Social y Superintendencia de pensiones, sin embargo, resulta razonable que el plazo para recurrir se contabilice a partir de la resolución final de la Administradora dónde la recurrente se encuentra afiliada, puesto que ella fija el cierre definitivo de la vía administrativa, dejando, sólo como única opción, esgrimir la acción cautelar de protección para revertir la decisión que se estima arbitraria e ilegal .

No puede exponerse al recurrente a que, en el evento de deducir el recurso contra la decisión que le afecta, se le responda que debe agotar primero la vía administrativa y que luego cuando lo haga, agotada esa vía se plantee que debió reclamar contra el acto original.

Otorga mayor certeza la postura de esperar el agotamiento de la sede administrativa, mediante el ejercicio de todos los recursos que prevea el ordenamiento para el asunto de que se trate, antes de exigir que se recurra a la tutela constitucional ante los tribunales ordinarios de justicia;

QUINTO: Que, respecto del fondo de la acción presentada, se debe considerar, que son los artículos 1 y 7 de la Ley N° 18.156, ya transcritos, y la normativa reglamentaria contenida en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, de la Superintendencia de Pensiones, el marco jurídico para determinar todos los requisitos, antecedentes, procedimientos y formalidades necesarias para dar respuesta a una petición de devolución de fondos previsionales, a técnicos y profesionales extranjeros, lo que la materia de la presente acción cautelar .

SEXTO: Que, en la especie, el acto que se imputa como arbitrario e ilegal, consiste en la resolución contenida en el correo electrónico de fecha 13 de septiembre de 2024, suscrita por A.F.P. Plan Vital, justamente respondiendo a la consulta enviada por la afiliada, como reiteración de solicitudes previas de retiro de fondos previsionales, señalando sólo como motivación de la negativa, lo siguiente: “No es posible ingresar su solicitud porque no ha sido posible verificar a través del código QR, la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Lo anterior, en virtud de no encontrarse operativa la página web establecida para estos efectos.

Lamentamos los inconvenientes que esta situación genera, cuando se regularice la embajada y ente validadores podremos recibir los documentos. “ Así, se puede colegir que, sobre las demás exigencias legales, no existe reparo vigente, es decir, estas se encontraban cumplidas, puesto que no se señalaron expresamente como causa de la negativa. Corrobora lo anterior, el tenor de las presentaciones y respuestas previas, agregadas en estos autos, tanto de la misma entidad previsional, como de la Superintendencia de Pensiones.

Sin perjuicio de lo dichos, se ha vuelto a presentar en la presente protección, toda la documentación que acredita el cumplimiento de las exigencias contenidas en el artículo 7 de la ley 18.156, como las del título XI del Libro segundo del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, en particular, el contrato de trabajo de 08 de abril de 2020 que vincula laboralmente a la extranjera con una empresa, por término indefinido; el anexo del contrato, de 01 de febrero de 2024, en que se cumple con la constancia expuesta por la trabajador, de encontrarse afiliada a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, que otorga las prestaciones a lo menos, en caso de invalidez, vejez, enfermedad y muerte y que su voluntad es continuar manteniéndola, además de expresar su voluntad de retirar sus fondos previsionales.

SEPTIMO: Que, para un mejor análisis de la razón exclusiva esgrimida por la AFP en el acto recurrido, se consideraran los siguientes hechos:

1.- Presentó, el 31 de julio de 2024, copia de su título profesional de Abogado, otorgado por la Universidad Fermín Toro en la República Bolivariana de Venezuela, en copia autorizada ante ministra de fe, que luego, dado el reparo de falta de legalización, es presentado el 08 de agosto de 2024, ante la misma entidad, debidamente apostillado.

2.- Contrato de trabajo y anexos, con la empresa Comercial Farmacéutica Los Andes Limitada.

3.- Copia de su cédula de identidad venezolana, constancia electrónica de sus cotizaciones.

4.- Constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, (IVSS) con certificación de la consejera encargada de la sección Consular de la Embajada venezolana, doña nombre reservado tener cobertura en el señalado órgano previsional, todo con fecha 20 de junio de 2024, con timbre de legalización del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile de 09 de julio de 2024.

OCTAVO: Se puede confirmar entonces, que, siendo una trabajadora extranjera, cumple con todas las exigencias del artículo 1 de la Ley Nº18.156, pues ha acompañado copia de sus documentos fundantes de la petición a la administradora recurrida, de su contrato de trabajo, del anexo habilitante, de su título de abogada, de institución venezolana, certificado de afiliación al instituto venezolano de seguros sociales, certificado de afiliación a la AFP recurrida.

NOVENO: Ahora bien, en cuanto a la objeción relativa a la falta de verificación de su afiliación al órgano previsional venezolano, mediante el sistema de código QR, de acuerdo con los antecedentes presentados, ello se pudo realizar después del ingreso de su primera solicitud y antes del 31 de julio de 2024 o después de agregada su respuesta de requerimiento y antes del 08 de agosto de 2024 o también entre su tercera petición a la AFP y antes del 13 de septiembre del mismo año, fecha de la respuesta negativa.

Esto resultaba exigible a la recurrida, cumpliendo en particular, con lo indicado en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones ya citado, pues resulta evidente que, en conocimiento de la primera petición, pudo y debió formular todos los reparos sobre los antecedentes agregados, entre los que siempre se encontró el documento de Constancia de Afiliación, con código QR, válidamente legalizado en el país, fechado el 20 de junio de 2024 y legalizado el 09 de julio del mismo año.

La eventual falta de operatividad del sitio web a que alude en la contestación del recurso, no registra con detalle la o las oportunidades en que ello se habría realizado.

El único antecedente sobre el punto, es aquel citado por la Superintendencia de Pensiones, referido al oficio Nº 15.202, de 20 de agosto de 2024, en que se informó al Ministerio de Relaciones Exteriores de la imposibilidad de las AFP para validar la apostilla emitida por la autoridad competente venezolana, con lo cual, antes de aquella fecha, en particular luego de la primera presentación, la recurrida pudo realizar tal verificación, ya debiendo dejar constancia de la fecha en que fue acreditado o de algún inconveniente en su verificación, lo que claramente no realizó.

Era entonces de su exclusiva responsabilidad realizar el reparo sobre este punto, que claramente no hace pues resulta probable que lo haya podido verificar positivamente, y que luego, haya surgido algún inconveniente como el señalado por aquel Ministerio.

Así, al momento de su petición inicial, la recurrente cumplió con la entrega de un documento que daba debida cuenta de su afiliación en su país de origen, satisfaciendo así aquella exigencia que, con posterioridad y de modo impreciso, pretende la recurrida no poder verificar.

Debido a ello, esta Corte estima que se cumple en la especie con todas las exigencias del artículo 1º de la Ley 18.156 para que pueda tener lugar la devolución que pretende la actora.

DÉCIMO: Que, la denegación de la restitución de fondos previsionales pedida, resulta ilegal puesto que existía el derecho de la aportante a la devolución, según se acaba de señalar, cumpliendo los requisitos habilitantes y dada la ausencia de fundamentación de tal decisión resulta además arbitraria, afectando derechos patrimoniales de la actora, produciéndose una perturbación a su derecho de propiedad sobre tales fondos, garantizado en el numeral 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental UNDECIMO: Que, de esta manera, verificándose en la especie la totalidad de los requisitos legales y reglamentarios, resulta procedente la devolución de cotizaciones previsionales solicitada, circunstancias en las cuales la decisión recurrida, en cuanto resuelve en sentido negativo, sin fundarse en causa legal, puede ser calificado como un acto ilegal y arbitrario, desde que no obstante cumplir los requisitos legales se le niega infundadamente su solicitud, vulnerando garantías constitucionales del articulo 19 Nº 25 de la Constitución Política de la República.

Por tales consideraciones y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de protección, se resuelve, que SE ACOGE sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en representación doña nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Plan Vital S.A. debiendo ésta proceder a la entrega de los fondos respectivos solicitados, de acuerdo a la forma establecida en el Compendio de Normas del Sistema Previsional, de la Superintendencia de Pensiones, en un plazo de veinte días corridos contados desde que el presente fallo quede ejecutoriado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante señor Luna.

N°Protección-20486-2024.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la ministra señora Marisol Rojas Moya e integrada por el ministro señor Tomás Gray Gariazzo y por el abogado integrante señor Manuel Luna Abarza.