Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, cinco de febrero de dos mil veintiséis.

Vistos:

Primero: Que, comparece Elizabeth Angélica Araya González, abogada, actuando en favor de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, todos de nacionalidad venezolana, e interpone recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, representado legalmente por nombre reservado

Correa, por haber dictado la Resolución Exenta N°NUM000, de fecha 19 de agosto de 2025, que rechazó la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado de sus representados. Actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que se omitió la notificación legal de dicho acto administrativo, dejando a los recurrentes en un estado de indefensión al impedirles ejercer sus derechos y recursos legales, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley, el debido proceso y el principio de no devolución, que la Constitución Política de la República y tratados internacionales ratificados por Chile garantizan a todas las personas, por lo que solicita se deje sin efecto la resolución impugnada y se otorgue la calidad de refugiados o, en su defecto, se proceda a la notificación legal correspondiente.

En cuanto a los antecedentes de hecho, la recurrente expone que sus representados ingresaron a Chile en el año 2021 huyendo de Venezuela debido a un temor fundado de persecución por parte de grupos armados irregulares que operaban en el Estado Zulia, quienes los extorsionaban bajo la modalidad de "vacuna" y llegaron a incendiar su local comercial tras proferir amenazas de muerte. Refiere que, tras solicitar el refugio, han mantenido una residencia temporal por cuatro años, logrando un arraigo social, laboral y familiar significativo, destacando además que el recurrente nombre reservado padece una patología oftalmológica grave (coriorretinopatía central serosa crónica) y que una de las recurrentes cursa estudios superiores en el país. El conflicto se suscita cuando, tras cuatro años de espera, se enteran presencialmente del rechazo de su solicitud sin haber recibido jamás la carta certificada de notificación, lo que tachan de una omisión administrativa invalidante.

Jurídicamente, el recurso se sustenta en la infracción de los artículos 19 N°2 y N°3 de la Constitución Política, así como del artículo 43 de la Ley N°21.325 y los artículos 2, 4, 6, 26 y 27 de la Ley N°20.430. Argumenta que la falta de notificación contraviene los artículos 11 y 46 de la Ley N°19.880 sobre bases de los procedimientos administrativos, rompiendo el estándar de un "procedimiento racional y justo" exigido tanto por la carta fundamental como por el artículo 13 de la Ley de Migraciones. Asimismo, invoca el principio de "No Devolución" y el derecho a buscar asilo consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, señalando que el retorno a su país de origen implica un riesgo cierto para su integridad física y vida.

En relación a la afectación de garantías constitucionales, la parte recurrente sostiene que el acto impugnado vulnera la igualdad ante la ley, al dispensar un trato discriminatorio en comparación con otros extranjeros en situaciones equivalentes que sí han sido notificados; el debido proceso, al privarlos de la facultad de interponer recursos administrativos por la falta de comunicación oficial del acto; y el derecho a la integridad física y psíquica, al amenazar la seguridad individual de los recurrentes mediante la posibilidad de una expulsión que los reintegraría a un entorno de persecución y violencia en su país de origen.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene al Servicio Nacional de Migraciones dejar sin efecto la Resolución Exenta N°NUM000, otorgando la calidad de refugiados a los recurrentes o, en subsidio, se ordene la notificación legal de la resolución para permitir la interposición de los recursos administrativos pertinentes, adoptando cualquier otra medida que la Corte estime conforme a derecho para proteger a los afectados.

Segundo: Que, evacuando el informe de rigor, el Servicio Nacional de Migraciones solicita el rechazo del recurso, argumentando que no existe acto u omisión ilegal o arbitraria.

En cuanto a los hechos, confirma que los recurrentes solicitaron refugio en agosto de 2021, procedimiento en el cual se realizaron entrevistas de elegibilidad y se otorgaron prórrogas de visa. No obstante, sostiene que tras un análisis técnico se determinó que los hechos relatados -extorsiones de bandas criminales a comerciantes con ánimo de lucro- no se encuadran en las categorías de persecución por raza, religión, nacionalidad, grupo social u opiniones políticas exigidas por la Ley N°20.430, tratándose más bien de una situación de criminalidad generalizada o búsqueda de mejores condiciones de vida, lo que motivó el rechazo mediante la Resolución Exenta N°NUM000.

Respecto a la controversia sobre la notificación, la recurrida amplió su informe afirmando que el acto administrativo fue debidamente notificado mediante Oficio Ordinario N°NUM001 de fecha 20 de agosto de 2025, enviado por carta certificada al domicilio domicilio reservado, el cual fue proporcionado por los propios interesados al iniciar el trámite. Para probar dicho extremo, acompaña la Guía de Despacho N°NUM002 de Correos de Chile, de fecha 26 de agosto de 2025, asegurando que el procedimiento se ajustó estrictamente al artículo 43 de la Ley N°20.430 y que los recurrentes simplemente no ejercieron los recursos administrativos dentro del plazo legal.

En derecho, la autoridad sostiene que su actuar se encuentra dentro de sus potestades legales, aplicando correctamente el concepto de refugiado del artículo 2 de la Ley N°20.430. Defiende la legalidad del rechazo basándose en que el temor alegado no es "fundado" en los términos de la Convención de 1951, citando que incluso una de las recurrentes admitió que solicitó refugio como vía para regularizar su ingreso irregular al país. Finalmente, hace presente que no se ha dictado ninguna orden de expulsión o abandono que afecte la libertad personal de los actores.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley-, o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situar a esta Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

Cuarto: Que, de los antecedentes proporcionados por los litigantes, se puede desprender que el acto recurrido, esto es, la Resolución Exenta N°NUM000, de fecha 19 de agosto de 2025, dictada por el Servicio Nacional de Migraciones se ajustó a la normativa vigente, toda vez que el organismo encargado de verificar la efectividad de los supuestos fácticos que ameritaban conceder esa condición, consideró que no concurriría en la especie, por no visualizarse el “fundado temor” que la ley requiere, y que en este caso los hechos que constituían las “extorciones comerciales”, se refieren a delitos comunes.

En efecto, después del procedimiento administrativo que contempla la Ley N°20.430 para estos casos, esto es, la entrevista de rigor con el compareciente y la recopilación de demás antecedentes, se elaboró un informe teniendo a la vista las declaraciones de los solicitantes, y consideró que no se encuentran bajo ninguna de las condiciones previstas en la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951, ni en las hipótesis previstas en el artículo 2 de la Ley N°20.430 o su reglamento.

Quinto: Que, por otra parte, en lo medular, en la Resolución N°NUM000 y en consideración al mérito de los antecedentes, aparece de manifiesto que la autoridad migratoria ha expresado los fundamentos que conducen a su decisión, haciendo aplicación de la normativa que rige la materia, constatando el incumplimiento de un requisito establecido de manera expresa en la normativa vigente.

De lo anterior, puede entonces inferirse que dicho acto administrativo si se encuentra suficientemente fundado, en los términos que lo exige el artículo 41 de la Ley N°19.880, pues se hace cargo del relato que expuso el compareciente, pero lo desestima, al no revestir las circunstancias que existen las normas contenidas en la Ley N°20.430, para otorgar la calidad de refugiado.

En tales circunstancias, el presente recurso, más que alegar una supuesta falta de fundamentación, lo que en rigor pretende es restarle mérito al razonamiento vertido en dicha resolución por la autoridad migratoria, transformando entonces esta vía en una suerte de segunda instancia, lo que es ajeno a la naturaleza de esta acción.

Sexto: Que, en este escenario, no puede atribuirse al Servicio Nacional de Migraciones alguna actuación ilegal o arbitraria al momento de resolver el requerimiento del protegido, por cuanto la autoridad actuó conforme con lo regulado en la Ley Nº20.430, dentro de la esfera de su competencia y en el marco de discrecionalidad que el mismo cuerpo normativo establece, por lo que no se advierte en este caso una privación, perturbación o amenaza alguna de las garantías constitucionales invocadas.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción del ministro (S) Sr. nombre reservado

N°Protección-20478-2025.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Tomás Gray Gariazzo e integrada por el ministro (S) señor Pablo Toledo González y por el abogado integrante señor Jorge Gómez Oyarzo. No firma el ministro señor Gray por hacer uso de feriado.