nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

C.A. de Santiago Santiago, cuatro de diciembre de dos mil veinticuatro.

Visto y teniendo presente:

PRIMERO: Que, comparece don Jorge Andrés Correa Fuentes, abogado, en favor de don nombre reservado, de nacionalidad peruana, e interpone recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por la omisión que considera como ilegal y arbitraria consistente en no haberse pronunciado respecto de la solicitud de permanencia definitiva del recurrente, formulada con fecha 7 de julio de 2023 y signada bajo el código N°66378846, vulnerando las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y el debido proceso, consagradas en el artículo 19 N°2 y N°3 de la Constitución Política de la República, respectivamente.

Señala que con fecha 7 de julio de 2023, envío la solicitud de permanencia definitiva, sin embargo, ha transcurrido más de 1 año y 3 meses desde el envío de su solicitud sin que exista pronunciamiento a su respecto, circunstancia que le ha irrogado perjuicios directos y graves, toda vez que, no ha podido desarrollar actividades remuneratorias para su manutención.

En cuanto al derecho, refiere que la omisión de la recurrida vulnera el derecho a la igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, viendo perturbado este derecho fundamental por hechos que son externos a su responsabilidad y que son de completa responsabilidad del retardo injustificado del Servicio Nacional de Migraciones. Por otra parte, denuncia la vulneración al derecho al debido proceso, consagrado en el artículo 19 N° 3 de la Carta Fundamental, toda vez que la recurrida ha incumplido los plazos para dar respuesta a la solicitud de permanencia definitiva, como asimismo, a la presentación administrativa formulada por el recurrente.

Agrega que, de conformidad a la normativa migratoria vigente, los extranjeros que tengan la calidad de residentes temporarios durante el plazo de un año podrán solicitar permanencia definitiva, señalando que es un hecho notorio que el recurrente cumple con todas las circunstancias para acceder a dicho permiso, esto es, que cuenta con más de un año como titular de visa temporaria. Además, advierte que la omisión ilegal y arbitraria de la recurrida ha ocasionado que el recurrente no pueda acceder al beneficio del Crédito con Aval del Estado que le fue adjudicado, por cuanto dicha institución le exige contar con permanencia definitiva otorgada, circunstancia que escapa a la responsabilidad del recurrente, quien está sujeto al tiempo que quiera demorar la recurrida en resolver su solicitud, sin existir garantía alguna por los perjuicios que ha debido sufrir.

Por último, el recurrente acompaña los siguientes documentos: 1.Comprobante de envío solicitud de residencia Nº66378846. 2. Cédula de identidad de la parte recurrente.

En definitiva, el recurrente solicita a esta Corte que se acoja el recurso de protección deducido y se ordene al Servicio Nacional de Migraciones dictar el acto terminal que en derecho corresponde sobre su solicitud de residencia definitiva.

SEGUNDO: Que, comparece don nombre reservado, abogado, quien actuando por el Servicio Nacional de Migraciones, evacua el informe requerido en estos autos; solicitando la declaración de inadmisibilidad del recurso por no reunir los requisitos exigidos por la Constitución y el Auto Acordado; en subsidio, opone excepción de falta de legitimación pasiva; y en subsidio de lo anterior, solicita el rechazo del recurso en todas sus partes por no configurarse los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, al no existir acto u omisión ilegal o arbitraria que vulnere las garantías constitucionales del recurrente.

Funda la solicitud de inadmisibilidad en que no existe vulneración, ni aún en grado de amenaza, de las garantías fundamentales alegadas que sea consecuencia de alguna conducta desplegada por el Servicio, citando jurisprudencia reciente de la Excma. Corte Suprema aplicable al caso concreto. Precisa que la eficacia del recurso se asocia a su carácter cautelar, perdiendo tal eficacia cuando el acto u omisión no conlleva vulneración de derechos.

Añade que no hay ejercicio de un derecho indubitado, pues los extranjeros con solicitud en trámite pueden desarrollarse plenamente en el país.

En subsidio, opone excepción de falta de legitimación pasiva, pues el recurso se dirige en contra del Servicio Nacional de Migraciones, pero la supuesta acción u omisión ilegal o arbitraria emanaría de terceros indeterminados. Cita jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema que respaldaría su aseveración.

En subsidio de lo anterior, evacuando el informe, expone que don nombre reservado ingresó al país el 21 de enero de 2018, por paso fronterizo Carretera Chacalluta, en calidad de turista; que el 16 de abril de 2018; 3 de octubre de 2018 y 3 de septiembre de 2019 se le otorgó visa temporaria. Posteriormente, el 19 de julio de 2022, el Servicio Nacional de Migraciones, en el marco del proceso de regularización migratoria extraordinaria del año 2021, regularizó la condición migratoria del recurrente y se le otorgó una nueva visa de residencia temporaria, por un año y en calidad de titular. Dicho permiso se mantuvo vigente hasta el 27 de julio de 2023.

Posteriormente, con fecha 7 de julio de 2023, el recurrente solicitó ante esta autoridad el beneficio de la residencia definitiva, mediante la solicitud N° ID 66378846.

La solicitud de la recurrente se encuentra actualmente en trámite, en etapa de Resolución Respecto al beneficio de residencia definitiva, cita los artículos 78 y 37 de la Ley N°21.325, que regulan su concesión. En cuanto a la tramitación de la solicitud, indica que el recurrente puede acceder a un certificado que acredita que su solicitud está en trámite, conforme los artículos 1 N°25 de la Ley N°21.325 y 45 del Decreto N°296. Agrega que la ley establece normas protectoras, como los artículos 38, 45 y 43 inciso final, que aseguran el legítimo ejercicio de los derechos de los solicitantes de residencia definitiva, manteniendo su situación migratoria regular en el país aun cuando su permiso anterior haya vencido, bastando su cédula vigente para acreditar su condición de residente regular. Cita jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema que, en su parecer, ha reconocido estas normas protectoras.

Luego, se refiere al efectivo cumplimiento del artículo 43 de la aludida ley, por parte de terceros, indicando que el Servicio ha oficiado a diversas instituciones públicas y privadas para que reconozcan la vigencia de las cédulas de identidad de extranjeros con solicitud de residencia en trámite, adjuntando los respectivos oficios.

Respecto a la ley de presupuesto, añade que contempla recursos destinados a regularizar el rezago de solicitudes migratorias pendientes, lo que demuestra la preocupación de la Administración por descongestionar la masividad de solicitudes existentes.

En cuanto a la duración del procedimiento administrativo, indica que el plazo de 6 meses del artículo 27 de la Ley 19.880 puede ser mayor en caso fortuito o fuerza mayor, como el aumento exponencial de solicitudes producto de los flujos migratorios, lo que ha sido reconocido por la jurisprudencia. Precisa que dicho plazo no es fatal para la Administración, como lo ha confirmado la Excma. Corte Suprema.

Explica que la acción materia de autos no cumple los requisitos constitucionales, pues no existe conducta ilegal o arbitraria del Servicio, ya que el plazo para terminar el acto administrativo no es fatal. Además, señala que la tardanza en resolver una solicitud no perturba garantías fundamentales, citando jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema que ha desestimado recursos en ese sentido. Reitera que, en caso de estimarse una vulneración por el desconocimiento del artículo 43 por parte de un tercero, el Servicio no es el legitimado pasivo del recurso.

Finalmente, cita abundante jurisprudencia uniforme reciente de la Excma. Corte Suprema y diversas Cortes de Apelaciones que han rechazado recursos de protección por hechos similares.

Acompaña los siguientes documentos: 1. Copia de escritura pública de mandato judicial Repertorio N°295/2023, otorgada ante la Trigésima Primera Notaría de Santiago, del Titular doña nombre reservado. 2. Oficio Ordinario N° 67130, de fecha 7 de noviembre de 2022, de Servicio Nacional de Migraciones. 3. Oficio Ordinario N° 80585, de fecha 29 de diciembre de 2022, del Servicio Nacional de Migraciones. 4. Oficio Ordinario N° 80586, de fecha 29 de diciembre de 2022, del Servicio Nacional de Migraciones. 5. Sentencia de la Excma. Corte Suprema, en causa ROL 115.064-2022, de fecha 20 de marzo de 2023. 6. Sentencia de la Excma. Corte Suprema, en causa ROL 115.368-2022, de fecha 20 de marzo de 2023.

TERCERO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que, en la especie, la parte recurrente funda su acción de protección por la falta de pronunciamiento a su petición de permanencia definitiva en Chile, pese a haber transcurrido el plazo de seis meses que consagra el artículo 27 de la Ley N°19.880.

QUINTO: Que, para resolver, cabe considerar que: a) El recurrente es de nacionalidad peruana y, con fecha 7 de julio de 2023, solicitó ante el Servicio de Migraciones, el beneficio de la residencia definitiva, mediante la solicitud N°66378846 y, b) Dicha solicitud avanzó a la etapa de Resolución encontrándose en trámite desde el día 4 de agosto de 2023, sin que se haya resuelto a la fecha.

SEXTO: Que, en el escenario descrito es posible advertir que la solicitud de permanencia definitiva se encuentra aún en trámite.

SÉPTIMO: Que, además, cabe tener presente que la Corte Suprema, con fecha veinte de marzo del año 2023, en los autos Rol N°115.064-2022, previa vista de la causa -forma de conocimiento que se adoptó por dicha Corte ‘‘dada la proliferación de recursos de protección por hechos similares”-, y luego de un “acabado estudio de la normativa que regula la materia y del estado actual en que se desenvuelve esta discusión”, concluye que “la demora del Servicio Nacional de Migraciones se debe a la tramitación de un procedimiento reglado, que consta de diversas etapas”, y que dicha tramitación no constituye vulneración de derechos fundamentales.

OCTAVO: Que, en consecuencia, tratándose en este caso de una situación análoga a la examinada en el aludido fallo por la Excma. Corte Suprema, pues lo impugnado aquí ha sido la demora en la conclusión del trámite de la solicitud de residencia definitiva, debe necesariamente concluirse que en la presentación efectuada en estos autos, no se vislumbra ilegalidad, como quiera que los plazos que se confieren a la administración no son fatales, y tampoco arbitrariedad, dada la carga de trabajo que enfrenta el Servicio Nacional de Migraciones, todo lo cual lleva a desechar la presente acción constitucional.

Por las razones anotadas y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de protección, se resuelve, que se rechaza, el recurso de protección interpuesto en favor de don nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Acordada con el voto en contra de la ministra Leyton, quien fue de opinión de acoger el aludido recurso, por las siguientes consideraciones:

1°.- Que la ley 19.880, que regula la actividad de la Administración, y establece reglas básicas que se deben aplicar de forma imperativa. Al respecto, cabe subrayar que los principios normativos elementales consagrados en la referida ley de bases, que constituyen una garantía en favor de los particulares frente a la administración, deben ser respetados ó en el procedimiento administrativo, y al respecto cabe reseñar que el artículo 4º de la citada ley establece cuáles son tales principios, entre los que se incluyen los de celeridad, conclusivo, economía procedimental e inexcusabilidad.

A mayor abundamiento, el inciso segundo del artículo 3º de la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, señala que, entre otros principios, la administración del Estado debe observar el de impulsión de oficio del procedimiento. A continuación, su artículo 8º indica que los mismos deben actuar “por propia iniciativa en el cumplimiento de sus funciones, o a petición de parte cuando la ley lo exija expresamente o se haga uso del derecho de petición o reclamo, procurando la simplificación y rapidez de los trámites. Los procedimientos administrativos deberán ser ágiles y expeditos, sin más formalidades que las que establezcan las leyes y reglamentos”.

En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en el artículo 7º de la ley 19.880, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión.

Lo anterior resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8 de esa misma ley, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9, que manda a la administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por último, el artículo 14 define el principio de inexcusabilidad señalando que la administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

2°.- Que del mérito de lo informado por la recurrida, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la administración, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios a los que se ha hecho alusión, teniendo especialmente en consideración la situación fáctica en la que se encuentra la solicitante. En efecto, es justamente esta omisión la que constituye el proceder ilegal reprochado al recurrido, manteniendo a los afectados en incertidumbre, pese a la obligación legal que tiene de pronunciarse, considerando que el estado de los antecedentes le permite hacerlo, más cuando la respectiva solicitud fue presentada por el protegido con fecha 7 de julio de 2023.

Lo expuesto es relevante, toda vez que sólo a través de la expedición del acto administrativo respectivo surgen para el administrado una serie de garantías vinculadas con el control jurisdiccional del mismo, revisión que, como se ha señalado, no puede llevarse a cabo en autos debido a la ilegalidad en que ha incurrido la recurrida.

3°.- Que finalmente, la omisión en que incurrió la administración no sólo debe ser calificada de ilegal, sino que, además, vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra del actor en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes, obteniendo una respuesta formal en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-20464-2024.

Pronunciada por la Cuarta Sala, integrada por el Ministro señora Lilian A. Leyton Varela, el Ministro (S) señor Matias Felipe De La Noi Merino y el Abogado Integrante señor Jorge Andrés Hales De La Fuente.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, cuatro de diciembre de dos mil veinticuatro, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.