nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

C.A. de Santiago Santiago, veintiuno de abril de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, con fecha 14 de septiembre de 2025, comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, en representación de don nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. y de la Superintendencia de Pensiones, por el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en la comunicación de fecha 26 de agosto de 2025, mediante la cual la administradora rechazó su solicitud de devolución de fondos previsionales para técnico extranjero, vulnerando con ello las garantías reconocidas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que, con fecha 22 de agosto de 2025, el recurrente presentó la solicitud formal de retiro de fondos invocando su calidad de técnico profesional extranjero. Señala que acompañó todos los antecedentes requeridos, incluyendo su título profesional, contrato de trabajo, anexo de contrato donde manifiesta su voluntad de mantener la afiliación extranjera, y una constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), además de una declaración jurada notarial y que, no obstante ello, la administradora de fondos AFP Modelo rechazó dicha solicitud argumentando que la constancia del IVSS no constituía un certificado válido al no encontrarse legalizada o apostillada ni especificar las prestaciones cubiertas, sumado a que la apostilla del título profesional resultaba ilegible.

El recurrente alega que la decisión adolece de un formalismo excesivo y restrictivo que desatiende el espíritu de la Ley N°18.156. En este sentido, arguye que la constancia electrónica del IVSS posee un código alfanumérico verificable en el portal web oficial del ente extranjero, lo que suple cualquier exigencia de autenticidad. Añade que la exigencia de legalización consular o apostilla constituye un requisito de imposible cumplimiento dada la actual ausencia de relaciones diplomáticas y consulares entre Chile y Venezuela, lo que configura un caso de fuerza mayor. Finalmente, sostiene que otras administradoras, como AFP Cuprum, han aprobado solicitudes idénticas bajo los mismos supuestos fácticos y documentales, configurándose una discriminación arbitraria y una privación injustificada de su derecho de propiedad sobre los fondos reclamados.

Segundo: Que, evacuó su informe la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., solicitando el rechazo de la acción constitucional en todas sus partes, con costas.

Sostiene que su actuar se ha ajustado estrictamente a la legalidad vigente, específicamente al artículo 1° de la Ley N°18.156 y a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones a través de su Compendio de Normas y diversa jurisprudencia administrativa, citando al efecto los Oficios N°3141 de 2024 y N°21.480 de 2017. Explica que el régimen de exención es de carácter excepcional y de derecho estricto, requiriendo copulativamente que el trabajador acredite su calidad de técnico mediante título apostillado o legalizado, y que demuestre su afiliación a un régimen previsional extranjero que otorgue coberturas de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Argumenta que el certificado electrónico del IVSS aportado por el recurrente carece de firma autorizada, no detalla de forma específica las prestaciones exigidas por la ley y, de manera sustancial, no cumple con los requisitos de los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil al no encontrarse debidamente apostillado o legalizado. Enfatiza que, como entidad regulada, carece de facultades discrecionales para flexibilizar o eximir de los estándares probatorios y documentales impuestos por el ente fiscalizador para el resguardo de la fe pública, por lo que su decisión de rechazo obedece al mero cumplimiento del imperativo normativo, descartando cualquier atisbo de ilegalidad o arbitrariedad.

Tercero: Que, evacuó su informe la Superintendencia de Pensiones, solicitando el íntegro rechazo del arbitrio.

Como alegación previa, opone la improcedencia de la acción de protección por exceder su naturaleza cautelar. Sostiene que el recurso de amparo constitucional está diseñado para tutelar derechos preexistentes e indubitados, y no para declarar o constituir derechos debatidos. Advierte que, al existir una controversia fáctica y jurídica sobre la validez y suficiencia de los instrumentos internacionales presentados, el asunto requiere un procedimiento de lato conocimiento y no la vía sumarísima de protección.

En cuanto al fondo, el órgano fiscalizador manifiesta que tanto la AFP como la Superintendencia han ajustado su proceder a la normativa pertinente, esto es, la Ley N°18.156. Precisa que la sola impresión de una constancia electrónica sin las formalidades de legalización internacional o apostilla carece de valor probatorio en el territorio nacional. Además, recalca que el documento del IVSS presentado es meramente descriptivo de las coberturas genéricas del sistema venezolano, pero no certifica de manera específica e individualizada que el actor contó con dichas coberturas durante el periodo trabajado en Chile.

Finalmente, hace presente que la manifestación de voluntad de mantenerse afiliado al régimen extranjero se suscribió mediante un anexo fechado el 14 de julio de 2025, es decir, más de cinco años después del inicio del contrato de trabajo en mayo de 2020, momento durante el cual el trabajador se encontraba válidamente incorporado al sistema previsional chileno por imperio legal.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de aquellos derechos y garantías expresamente enumerados, frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que impidan, perturben o amenacen dicho ejercicio. Su procedencia se sujeta a la concurrencia copulativa de dos condiciones esenciales: la existencia de un acto u omisión ilegal (contrario a derecho) o arbitrario (caprichoso o antojadizo), y que este cause privación, perturbación o amenaza a garantías constitucionales indiscutidas.

Quinto: Que, en la especie, el acto que se reprocha a la recurrida consiste en el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales formulada por el actor al amparo de la Ley N°18.156, por estimar que la documentación acompañada no cumple con las exigencias legales y administrativas vigentes para acreditar su afiliación a un régimen previsional extranjero que otorgue prestaciones, a lo menos, en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y además, por haberse constatado un retiro previo de fondos previsionales por el mismo empleador. Así también, se dirige en contra de la Superintendencia de Seguridad Social por exigir requisitos no contemplados en la normativa legal a través de sus circulares, excediendo con ello sus facultades y competencia.

Sexto: Que, consta en los antecedentes que, mediante comunicación de fecha 26 de agosto de 2025, AFP Modelo S.A. explicitó los motivos del rechazo de la solicitud del recurrente, fundamentando su decisión en los siguientes puntos: (i) La imposibilidad de verificar la apostilla del título profesional debido al formato ilegible del documento acompañado, solicitando una copia apta para su comprobación; (ii) La inobservancia de las formalidades exigidas para acreditar la afiliación a un régimen de seguridad social en el extranjero. Específicamente, la administradora indicó que la "Constancia Electrónica de Cotizaciones" del IVSS no constituye un certificado de afiliación válido, al no señalar de manera expresa las prestaciones cubiertas, carecer de la firma de quien lo emite, y no encontrarse legalizado ni apostillado conforme a la ley chilena y, (iii) La insuficiencia de la declaración jurada notarial de fecha 29 de julio de 2025, por cuanto la norma exige que la certificación provenga directamente de la entidad de seguridad social extranjera o de la Embajada respectiva, no siendo jurídicamente válido reemplazar dicho instrumento público extranjero por una declaración unilateral suscrita por el propio interesado ante un notario nacional.

Séptimo: Que el artículo 1° de la Ley N°18.156 establece, como requisitos copulativos para la exención de cotizaciones previsionales de técnicos extranjeros –y, por ende, para la devolución de fondos prevista en su artículo 7°–, entre otros, que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, debiendo acreditarse tal circunstancia mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, en los términos que dispone la normativa aplicable.

Octavo: Que, conforme al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y a la jurisprudencia administrativa uniforme de la Superintendencia de Pensiones, dicha certificación debe emanar de la autoridad previsional competente y encontrarse debidamente legalizada o apostillada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y en el Convenio de la Apostilla, cuando se trata de instrumentos públicos otorgados en el extranjero. En efecto, el Oficio Ordinario N°12.954, de 17 de julio de 2025, y el Oficio Reservado N°25.057, de 29 de diciembre de 2023, ambos de la Superintendencia de Pensiones, han reiterado que las certificaciones electrónicas emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que no hayan sido legalizadas o apostilladas por la autoridad competente venezolana, y que no consignen en forma específica las coberturas con que cuenta el afiliado ni el período efectivo de cobertura por todos los riesgos exigidos en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, no resultan idóneas para acreditar el cumplimiento del requisito legal en comento.

Noveno: Que, en la especie, el recurrente acompañó una “Constancia Electrónica de Cotizaciones” emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, documento que, según se desprende de los antecedentes y fue objeto de los reproches de la recurrida, carece de legalización o apostilla y no da cuenta, en forma expresa y específica, de que el actor haya contado con cobertura integral respecto de los riesgos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, durante todo el período en que prestó servicios en Chile por el cual se solicitan los fondos. Dicho esto, la sola circunstancia de contener un código de verificación electrónica susceptible de consulta en el portal del organismo emisor no suple las exigencias formales que el ordenamiento jurídico chileno impone para que los instrumentos públicos extranjeros produzcan efectos en el territorio nacional, ni reemplaza la certificación expresa de cobertura en los términos requeridos por la normativa especial. Asimismo, una declaración jurada notarial extendida en Chile constituye un instrumento privado respecto de los hechos que el propio declarante asevera, pero de ningún modo sustituye un certificado oficial emanado de una autoridad previsional extranjera.

Décimo: Que, respecto a la alegación del recurrente sobre la imposibilidad material de obtener la legalización o apostilla de los documentos venezolanos por la actual situación diplomática, cabe advertir que, si bien dicha circunstancia de hecho es de público conocimiento, no autoriza a los entes regulados, como las AFP, a inobservar o derogar por vía administrativa los mandatos expresos del legislador. Admitir lo contrario supondría conferir potestades discrecionales a entidades privadas para eximir formalidades legales.

En consecuencia, el actuar de la AFP Modelo S.A. se ha ajustado plenamente al principio de juridicidad y a las directrices técnicas del ente fiscalizador, dando estricto cumplimiento al marco regulatorio aplicable a la restitución excepcional de fondos.

Undécimo: Que, a mayor abundamiento, consta de los antecedentes acompañados que la declaración del recurrente respecto a encontrarse afiliado a un sistema previsional extranjero se realiza más de cinco años después de la celebración del contrato, a través de un anexo, y tan solo un mes antes de realizar la solicitud de fondos previsionales, por lo cual tampoco cumple con uno de los requisitos básico de la solicitud de acuerdo a lo establecido en el artículo 1 letra b) de la Ley N°18.156.

Décimo segundo: Que, en cuanto al reproche efectuado en contra de la Superintendencia de Pensiones, cabe señalar que dicha entidad ha actuado en el estricto ámbito de su competencia y facultades legales. En efecto, conforme a lo dispuesto en el artículo 94 del Decreto Ley N°3.500, los artículos 2° y 3° del D.F.L. N°101 de 1980, y el artículo 47 de la Ley N°20.255, corresponde expresamente a dicha autoridad técnica la función de interpretar administrativamente la legislación y reglamentación del sistema previsional, así como dictar las instrucciones, circulares y normas de carácter obligatorio para el correcto funcionamiento de las Administradoras de Fondos de Pensiones. En consecuencia, la dictación de oficios, circulares y las directrices contenidas en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones -que precisan y uniforman la forma en que los afiliados deben acreditar los presupuestos exigidos por el artículo 1° de la Ley N°18.156- constituye el legítimo ejercicio de sus potestades regulatorias y fiscalizadoras. Al obrar de este modo, el órgano recurrido no ha incurrido en acto u omisión ilegal o arbitrario alguno, toda vez que se ha limitado a reglamentar la materia dentro de la esfera de las atribuciones que el propio legislador le ha encomendado, por lo cual el recurso interpuesto en su contra será necesariamente rechazado.

Décimo Tercero: Que, al no constatarse la existencia de un acto ilegal o arbitrario por parte de ninguna de las recurridas desaparece el presupuesto fáctico fundamental para la procedencia de la presente acción cautelar. Por consiguiente, no se advierte vulneración a la igualdad ante la ley ni al derecho de propiedad del actor, correspondiendo el rechazo del arbitrio.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso interpuesto por el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, en representación de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. y de la Superintendencia de Pensiones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-20423-2025.