Protección contra Colegio nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, veintiocho de enero de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece nombre reservado, actuando en representación de su hijo menor de edad nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra del Colegio nombre reservado, representado por nombre reservado, denunciando el actuar omisivo, negligente y carente de oportunidad del establecimiento educacional frente a hechos graves de violencia física y de connotación sexual que sufrió su hijo al interior del colegio, el día 4 de agosto de 2025, durante horario escolar y en dependencias del establecimiento, por parte de otro alumno regular nombre reservado.

Expone la recurrente que los hechos ocurrieron al interior de una sala de clases, durante un recreo, sin la debida supervisión adulta, ocasión en que su hijo habría sido agredido físicamente por otro alumno, sufriendo además una vulneración de carácter sexual, consistente en la introducción forzada de un objeto en la zona anal, por sobre la ropa, todo ello en un contexto de hostigamiento grupal.

Señala que tales hechos no fueron oportunamente detectados ni informados por el colegio, sino varios días después de ocurridos a raíz de la denuncia efectuada por un compañero de curso.

Refiere que, una vez conocidos los hechos, la reacción del colegio fue tardía e insuficiente, permitiendo que su hijo continuara compartiendo espacios comunes con el agresor durante un período prolongado, sin adoptar medidas de resguardo eficaces que evitaran su revictimización. Añade que incluso con posterioridad a la apertura de los protocolos internos, el menor nombre reservado habría sido nuevamente objeto de hostigamientos y persecuciones por parte de otros alumnos, lo que da cuenta, a su juicio, de una falla estructural en los mecanismos de protección y supervisión implementados por la institución educacional.

Sostiene, asimismo, que las medidas adoptadas por el colegio - tales como el denominado “cierre estricto de salas” o la suspensión del alumno agresor- fueron implementadas de manera tardía, careciendo de efectividad real para resguardar la integridad física y psíquica de su hijo. Afirma que no se entregó información clara ni completa a los padres del niño afectado, generando un escenario de incertidumbre y desprotección, incompatible con el deber de cuidado reforzado que pesa sobre los establecimientos educacionales respecto de niños, niñas y adolescentes.

En este contexto, la recurrente califica el actuar del colegio como una negligencia institucional grave, por cuanto, teniendo el deber legal y ético de garantizar un ambiente escolar seguro, no previno adecuadamente los hechos, no reaccionó con la diligencia exigible una vez conocidos, ni adoptó oportunamente medidas eficaces de protección para la víctima. Estima que dicha conducta omisiva y tardía configura una vulneración de las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°1, N°2 y N°3 de la Constitución Política de la República, particularmente el derecho a la integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley y el derecho a la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos.

Solicita, en consecuencia, que se acoja el recurso de protección, ordenándose al recurrido la adopción de diversas medidas que detalla, destinadas a resguardar la seguridad y bienestar de su hijo, entre ellas, la certificación definitiva de la sanción disciplinaria aplicada al alumno agresor; la implementación obligatoria de talleres de prevención de violencia y acoso escolar; el establecimiento de medidas disciplinarias respecto de otros alumnos involucrados; el pago de gastos de atención psicológica externa para la víctima; el refuerzo del equipo de convivencia escolar; la formulación de disculpas públicas por parte de la dirección del establecimiento; y, en general, cualquier otra providencia que esta Corte estime necesaria para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de las garantías constitucionales afectadas.

Al evacuar el respectivo informe, la parte recurrida indicó que los hechos denunciados -acontecidos entre estudiantes- fueron tramitados mediante los procedimientos especiales que se prevén en el área de la Educación, hubo activación de protocolos internos (maltrato/acoso y protección a la sexualidad), investigación, medidas de resguardo, resolución y seguimiento. Además, dio cuenta que se sustanció una denuncia deducida por la misma actora ante la Superintendencia de Educación con motivo de estos acontecimientos, ente fiscalizador que descartó la comisión de infracciones por parte del establecimiento educacional, formulando únicamente observaciones de mejora, validando, en consecuencia, el curso de acción adoptado por la dirección del establecimiento en cuanto al cumplimiento de sus protocolos internos y de la normativa sectorial.

Releva que el colegio quedó en posición de investigar y activar protocolos una vez que tomó conocimiento del hecho vulneratorio, no antes, haciendo presente que los padres del menor afectado supieron del mismo porque el colegio les informó. Destaca, asimismo, que se dispusieron medidas disciplinarias y de resguardo que fueron progresivas y acordes al avance del procedimiento.

Y considerando:

Primero: Que cabe consignar que esta acción cautelar surge a raíz de la ocurrencia de una grave situación de acoso escolar el 4 de agosto de 2025 en el curso 6°B del Colegio nombre reservado, en la que varios menores se vieron involucrados en una dinámica que terminó afectando a otro, el niño nombre reservado, en su esfera sexual. Esta situación, sin tener el carácter de delito penal para el agresor principal fue considerada por el colegio como una agresión gravísima a la esfera sexual del menor afectado, lo que motivó su actuar institucional y la decisión disciplinaria de expulsión respecto del alumno nombre reservado.

Segundo: Que, en lo medular, la recurrente denuncia un actuar omisivo y negligente por parte del colegio frente a hechos graves de violencia de connotación sexual, lo que, a su juicio, habría afectado la integridad física y psíquica de su hijo, así como su derecho a la igualdad y a la protección legal. Habrá de dilucidarse entonces si el actuar del establecimiento educacional, en su dimensión preventiva o protectora, se ajustó a los estándares que rigen el proceder de las instituciones de educación en contextos de conflictividad entre estudiantes. En otros términos, si el establecimiento, junto con aplicar una sanción de expulsión definitiva respecto de uno de los alumnos involucrados (Recurso de Protección Rol N° 20.324-2025), adoptó medidas de resguardo y acompañamiento en relación con el menor afectado por los hechos o, por el contrario, hubo insuficiencia en la reacción institucional.

Tercero: Que de la revisión del Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE) del Colegio nombre reservado, es posible apreciar que el establecimiento ha procurado establecer un marco normativo completo y detallado. Dicho marco incluye los protocolos específicos para "Vulneración de Derechos", "Maltrato, Acoso Escolar o Violencia entre Estudiantes", y "Protección de la Integridad Sexual". Estos protocolos establecen los pasos a seguir, desde la denuncia y citación de apoderados, hasta la indagación, la adopción de medidas protectoras y disciplinarias, y el cierre del caso, garantizando el respeto al debido proceso, la proporcionalidad y el interés superior del niño.

Cuarto: Que, así las cosas, una vez que el colegio tomó conocimiento de los hechos -11 de agosto de 2025-, se activaron de forma inmediata el Protocolo de Protección a la Sexualidad y el Protocolo de Maltrato y/o Acoso Escolar. Se notificó a los apoderados de todos los estudiantes involucrados y se implementaron medidas de resguardo para nombre reservado desde el 13 de agosto, incluyendo la separación de los estudiantes en el aula y, posteriormente, el cierre de las salas durante los recreos.

El proceso de investigación culminó con la aplicación de medidas disciplinarias, incluyendo la suspensión cautelar de nombre reservado desde el 19 de agosto y su posterior expulsión, así como la pre-condicionalidad para los otros menores que intervinieron en el incidente.

Quinto: Que, en este análisis, resulta de particular relevancia el pronunciamiento de la Superintendencia de Educación, de fecha 22 de septiembre de 2025, el cual, tras la revisión de la documentación acompañada por el establecimiento, concluyó que éste “cumple con las exigencias normativas para este tipo de casos", “(…) toda vez que acredita procedimientos para abordar los hechos denunciados y adopta medidas disciplinarias, formativas y de acompañamiento para los estudiantes involucrados y grupo curso", procediendo al "cierre del requerimiento (...) al no haberse detectado posibles infracciones a la normativa educacional", formulando únicamente observaciones de mejora.

Sexto: Que, en efecto, este pronunciamiento de la autoridad administrativa competente, desestimando la denuncia de infracciones a la normativa educacional por parte del colegio, es claro antecedente que viene a desvirtuar las alegaciones de insuficiencia o negligencia planteadas por la apoderada del menor afectado.

En cuanto a las alegaciones de tardanza en la adopción de medidas o continuidad del agresor en actividades extracurriculares, los antecedentes demuestran que el colegio actuó una vez que tomó conocimiento de los hechos y que adoptó medidas de resguardo, tal como lo establece su RICE y la normativa educacional, no apareciendo que el colegio hubiere incurrido en conductas -sean acciones u omisiones- que pusieran en riesgo al estudiante afectado.

Séptimo: Que, en lo que dice relación con las diversas peticiones de la madre del niño nombre reservado- ellas conllevan la emisión de actos declarativos que excedan el marco de protección inmediata de garantías vulneradas, siendo necesario recordar que el recurso de protección no constituye una instancia declarativa de responsabilidades, ni una vía para imponer políticas institucionales específicas, sino una acción cautelar destinada a la protección rápida y concreta frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios.

Octavo: Que, en definitiva, el actuar del establecimiento educacional recurrido se enmarcó en sus facultades reglamentarias y legales, la cual fue validada por la autoridad administrativa sectorial.

En mérito de lo expuesto, al no configurarse los presupuestos de ilegalidad o arbitrariedad que permita acoger la presente acción cautelar de protección, ésta deberá ser desestimada.

Por estas consideraciones, y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en representación del niño nombre reservado, en contra del Colegio nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Guillermo de la Barra D.

Rol N° 20.391-2025 (vista en pos del Rol N° 20.324-2025).

Pronunciada por la Primera Sala, integrada por los Ministros señor Guillermo E. De La Barra Dunner, señora nombre reservado y el señor nombre reservado.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, veintiocho de enero de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.