Protección contra Superintendencia de Seguridad Social y de la Comisión de Medicina Preventiva e I

C.A. de Santiago Santiago, veinticinco de marzo de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que comparece mediante formulario nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, por haber emitido la primera la Resolución Exenta Nro. R-01-UJU-155317-2024, de 2 de octubre de 2024, que rechazó las licencias médicas Nros. RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 105 días, abarcando un reposo desde el 27 de mayo de 2024 hasta el 9 de septiembre de 2024, actuación que la recurrente considera ilegal y arbitraria, vulneratoria de los derechos fundamentales a la vida, integridad física y psíquica, y de igualdad ante la ley, por lo que pide que se apruebe el subsidio de licencias médicas, por estimar que cumple con lo solicitado, para que se le paguen dichas licencias.

Que, según se desprende del recurso y de los antecedentes acompañados, específicamente de la Resolución Exenta Nro. R-01-UJU-155317-2024, de 2 de octubre de 2024, emitida por el Departamento Contencioso de la Unidad de Cálculo de la Superintendencia de Seguridad Social, el actor recurrió ante dicha entidad el 5 de septiembre de 2024, reclamando el pago de los subsidios por incapacidad laboral, correspondientes a licencias médicas autorizadas, ya singularizadas.

SEGUNDO: Que la recurrida, Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región Metropolitana (nombre reservado), señaló que a la recurrente se le autorizaron licencias medicas pero sin derecho a subsidio, toda vez que su empleador no acreditó ingresos, por lo que se le solicitó que adjuntara los certificados de IVA de los meses de noviembre de 2023 a abril de 2024.

Refiere que el 18 de julio el empleador acompañó antecedentes que no acreditaron su solvencia económica.

Añade que por esa razón la recurrente concurrió el 26 de julio de 2024 a la Superintendencia de Seguridad Social, quien emitió la Resolución Exenta Nro. R-01-UJU-131036-2024, de 19 de agosto de 2024, en que señaló que el empleador no acreditó solvencia económica conforme con documentación presentada.

Agrega que el 29 de agosto de 2024 se revisaron los antecedentes por parte de la Unidad de Subsidio de la nombre reservado.M., determinando que se mantiene la autorización de las licencias médicas, pero sin derecho a subsidio, y que la recurrente concurrió el 5 de septiembre de 2024 a la Superintendencia de Seguridad Social, quien, a través de la Resolución Exenta Nro. R-01-UJU-155317-2024, de 2 de octubre de 2024, confirmó lo resuelto por la nombre reservado.M., sosteniendo que la superintendencia en cuestión no logró formarse la convicción de la efectividad de la relación laboral alegada, siendo improcedentes las licencias médicas presentadas por quien no acredita la condición de trabajador, y que, para comprobar un vínculo laboral, no basta la sola exhibición de documentos formales, tales como contrato de trabajo, certificado otorgado por la propia empleadora, registro de asistencia, liqudaciones de remuneraciones o comprobantes de pago de cotizaciones previsionales. Por ello, no fue posible remitir los antecedentes, nuevamente, para una revisión de la nombre reservado en torno al vínculo laboral alegado.

Finalmente, solicita tener por evacuado el informe.

TERCERO: Que la recurrida, Superintendencia de Seguridad Social, solicita el rechazo del recurso, alegando la improcedencia de la acción de protección en materias de seguridad social, argumentando que la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica y el pago del subsidio por incapacidad laboral son materias que pertenecen al campo de la seguridad social, encontrándose expresamente excluidas por el constituyente del ámbito de la acción de protección, al no estar contempladas en la numeración taxativa que realiza el artículo 20 de la Carta Fundamental.

En cuanto a los antecedentes del caso, señala que la recurrente realizó una presentación ante la Superintendencia de Seguridad Social, el 5 de septiembre de 2024, reclamando el pago de los subsidios por incapacidad laboral correspondientes a las licencias autorizadas Nros. RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 105 días, abarcando un reposo desde el 27 de mayo de 2024 hasta el 9 de septiembre de 2024.

Sostiene que en el listado maestro de licencias médicas de Fonasa, tales licencias se encuentran autorizadas, pero sin derecho a subsidio, debido a que no se han adjuntado documentos para acreditar ingresos del empleador.

Manifiesta que se remitieron a la nombre reservado Región Metropolitana los antecedentes aportados por la reclamante, cuales son: certificado de cotizaciones de salud Fonasa, de 6 de septiembre de 2024; liquidaciones de remuneraciones con el empleador C M Limitada; contratode trabajo de 1 de febrero de 2023; certificado de cotizaciones previsionales de AFP Plan Vital, de 26 de julio de 2024; declaración mensual y pago de impuestos formulario 29, del empleador ya referido, correspondiente al periodo que se extiende desde agosto de 2022 hasta junio de 2024; facturas electrónicas emitidas durante el periodo que se extiene desde mayo a julio de 2024.

Refiere que los antecedentes aportados no acreditaron, ante la nombre reservado, la solvencia del empleador C M Limitada, por lo que la Superintendencia de Seguridad Social, al no tener nuevos antecedentes, no logró formarse la convicción de la efectividad de la relación laboral alegada.

Manifiesta que, conforme con el artículo 1 del D.S. Nro. 3, de 1984, del Ministerio de Salud, la licencia médica tiene dos objetivos esenciales: uno, permitir la ausencia justificada al trabajo, y dos, el otorgamiento de un subsidio que reemplace la remuneración durante el periodo de incapacidad laboral, finalidades que resultan improcedentes en el caso de licencias médicas presentadas por quien no acredita la condición de trabajador. Y añade que la relación laboral debe comprobarse mediante huellas materiales y concretas que den cuenta del desarrollo efectivo de labores, no bastado la sola exhibición de documentos formales, tales como contrato de trabajo, certificado otorgado por la propia empleadora, registro de asistencia, liquidaciones de remuneración o comprobantes de pago de cotizaciones previsionales.

Sostiene que no acompañándose nuevos antecedentes que acrediten la solvencia del empleador, no fue posible remitir nuevamente los antecedentes a la nombre reservado para una nueva revisiónde vínculo laboral, razón por la cual la Superintendencia de Seguridad Social confirmó lo resuelto por a propia nombre reservado, cuyos fundamentos se encuentran contenidos en la Resolución Exenta Nro. R-01-UJU-155317-2024, de 2 de octubre de 2024.

La recurrida considera que la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.

Finalmente, la Superintendencia arguye que el derecho a licencia médica y el subsidio por incapacidad laboral no reúnen la condición de un derecho preexistente, indubitado, cuyo ejercicio resulte legítimo, y agrega que no ha existido en la especie vulneració o amenaza al derecho a la vida e integridad física y psíquica, así como tampoco se ha infringido el derecho de propiedad del recurrente.

CUARTO: Que esta Corte solicitó a la Superintendencia de Seguridad Social que indicara los documentos que omitió presentar la parte recurrente para efectos de tener por acreditada la solvencia económica de su empleador, quien manifestó que en el expediente administrativo consta copia de formularios del Servicio de Impuestos Internos y de facturas emitidas por el empleador a la recurrente, los cuales, conforme con lo indicado tanto por la nombre reservado como por la superintendencia recurrida, no son suficientes para acreditar la solvencia económica necesaria para el pago de remuneraciones y obligaciones previsionales que informan los antecedentes aportados por la recurrente, y que, en el marco del derecho a licencia médica y eventual acceso al subsidio de incapacidad laboral, para acreditar la actividad y solvencia económica de un empleador, el trabajador puede acompañar copia de contratos vigentes de la empresa, estados financieros, certificados de cumplimientos tributarios, informes comerciales o de endeudamiento, entre otros antecedentes.

QUINTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el articulo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEXTO: Que, para acoger la presente acción, debe constatarse el carácter preexistente e indiscutido de un derecho afectado, condición que no se verifica en la especie, porque aquel cuya protección se busca por esta vía no tiene el carácter de indubitado.

En efecto, la recurrente sostiene que las recurridas no han pagado respecto de las licencias médicas reclamadas, a pesar de reunir las condiciones necesarias para ello.

SÉPTIMO: Que dichas aseveraciones han sido refutadas por las recurridas, señalando éstas que, en la especie, no se acreditó el vínculo laboral reclamado por la recurrente ni la solvencia del empleador del recurrente, pues los antecedentes aportados por la actora no dilucidan este asunto.

OCTAVO: Que la naturaleza cautelar de la acción ejercida no tiene por finalidad resolver un conflicto de relevancia jurídica o declarar la existencia de un derecho, en la especie, resolver si existe o no vínculo de subordinación o dependencia que ligue a la actora con quien señala es su empleador, o la solvencia económica del empleador, lo que determinaría la obligación de pagar el subsidio pretendido.

Para este fin, la recurrente deberá acudir a procedimientos específicos e idóneos de lato conocimiento a través de los cuales podría hacer valer sus derechos para resolver el asunto planteado, pero, en ningún caso, puede esta acción constitucional ser útil para declarar un derecho que no es indubitado, porque dicha obligación asume un carácter condicional.

NOVENO: Que, por ende, el estudio y fallo de ese conflicto es un asunto de lato conocimiento, toda vez que los hechos en que se fundamenta el recurso requieren ser conocidos con todas las garantías del debido proceso, esto es, donde tenga concreción el principio de la bilateralidad de la audiencia, la rendición de pruebas, la procedencia de recursos, etcétera.

DÉCIMO: Que, a partir de lo expuesto, aparece con claridad que se han discutido cuestiones de hecho cuyo esclarecimiento excede los márgenes de aplicación del presente recurso de protección. Y, considerando que la recurrente carece de un derecho indubitado y preexistente, de aquellos cuyo imperio esta Corte debe proteger, razón suficiente para concluir que la presente acción ha de ser desestimada.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el auto acordado de sobre la materia, se rechaza el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez.

Regístrese y archívese.

N°Protección-20375-2024.