nombre reservado con HOSPITAL DE CARABINEROS

C.A. de Santiago Santiago, nueve de mayo de dos mil veinticinco.

A los escritos folios 42, 43, 44 y 45: a todo, téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparecen nombre reservado y Héctor Ravello Brante, abogados, en representación de nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra del Hospital de Carabineros de Chile, representado legalmente por su directora, doña nombre reservado, por haber dictado la Resolución Exenta N° 2158 de 2 de septiembre de 2024, que rechaza un recurso jerárquico y mantiene el término de contrato de trabajo por falta a la probidad, actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que vulnera principios fundamentales del debido proceso administrativo y se dictó sin atender a la formulación adecuada de cargos dentro del sumario administrativo, vulnerando con ello los derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República, relacionados con la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad sobre el empleo, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicita se deje sin efecto la resolución impugnada, se ordene el reintegro del recurrente a sus funciones y el pago de las remuneraciones devengadas en el tiempo intermedio.

Señala que fue contratado bajo modalidad de contrato de trabajo el 6 de diciembre de 2010, para desempeñar las funciones de Auxiliar de Estacionamiento en el Hospital de Carabineros de Chile, ubicado en domicilio reservado, Región Metropolitana. Indica que desde el inicio de su relación laboral cumplió con sus obligaciones sin recibir amonestaciones, manteniendo la subordinación y dependencia hasta el día 2 de septiembre de 2024.

Expone que el 1 de julio de 2022, mientras cumplía funciones de cajero en el estacionamiento del Hospital de Carabineros (labor que realizaba por instrucción directa de su empleador, pese a ser administrativo), y debido a la lluvia imperante durante la jornada de la mañana, comenzaron a verificarse problemas con los tickets de estacionamiento que se mojaban, debiendo entregar otros en reemplazo para que los usuarios pudieran efectuar el pago del servicio. Esta situación provocó en la caja una pérdida de aproximadamente $10.000, ante lo cual el recurrente sacó la suma de $8.000 para lograr la restitución del dinero perdido, considerando que en su contrato no existía ningún bono por pérdida de dinero o póliza que cubriera dicha contingencia.

Continúa relatando que, estando en ese ajuste, aproximadamente a las 13:00 horas, se le acercó la Capitán nombre reservado solicitándole que cerrara la caja. En ese momento fue abordado por dos funcionarios de civil, quienes le indicaron que habían observado que guardaba dinero en el bolsillo de su camisa proveniente de la caja del estacionamiento, manifestándole que se encontraba detenido por el delito de hurto agravado. Señala que en ese instante lo registraron, sacando desde el bolsillo de su pantalón la suma de $230.000, correspondiente a dinero personal de su sueldo, más $8.000 del bolsillo de su camisa que había juntado para reponer los $10.000 faltantes.

Expone que posteriormente fue trasladado a la oficina donde se mantiene la caja fuerte, en el primer piso del estacionamiento, donde guardaba el dinero asignado para cambio. Señala que no le permitieron estar presente durante el conteo de la totalidad de los dineros, lo que considera anormal, ya que pudieron asignar el dinero que ellos quisieran a la suma. Terminado ese procedimiento, fue derivado a la 33° Comisaría de Carabineros, donde se realizó el procedimiento policial de rigor, y al día siguiente fue sometido a control de detención y formalización en causa RIT O-3492-2022 del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, fijándose como medida cautelar la prohibición de acercamiento al estacionamiento del Hospital de Carabineros, sin hacer referencia a su situación laboral.

Argumenta que, según los hechos que se le imputan, observaron sus manos en los bolsillos al momento de contar el dinero, sin revisar el arqueo final de la caja y los comprobantes de estacionamientos, considerando infundado dicho proceder e inculpándolo por un presunto movimiento de manos que hicieron presumir un supuesto hurto. Indica que fue denunciado por el presunto delito de Hurto Agravado, sin darle oportunidad de explicarse, y que después de casi 12 años de trabajo intachable, fue detenido en presencia de todas las personas del estacionamiento y de sus compañeros de trabajo, haciéndolo ver como un delincuente.

Señala que, a raíz de estos hechos, con fecha 4 de julio de 2022 fue separado de sus funciones, existiendo meses en que no se le pagaron sus remuneraciones, lo que lo llevó a presentar una tutela laboral mediante causa RIT T-1512-2022 del 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. Dicho proceso culminó el 19 de junio de 2023 con una conciliación, en la que el Hospital de Carabineros se comprometió a seguir pagando las remuneraciones al trabajador con los respectivos intereses y reajustes, y a cesar el descuento que se le estaba haciendo por concepto de estacionamiento.

Explica que el Hospital de Carabineros instruyó un sumario administrativo según consta en la Resolución Exenta N° 1035 de fecha 4 de julio de 2022, de conformidad al reglamento de sumarios N° 15 de Carabineros de Chile. Paralelamente, se inició una causa penal RIT 3495-2022 del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, la cual hasta la fecha de interposición del recurso no contaba con sentencia condenatoria.

Respecto al sumario administrativo, sostiene que fue citado a declarar el mismo día en que el investigador Capitán nombre reservado aceptó el cargo como tal (4 de julio de 2022). Cuestiona la declaración de la denunciante, Capitán de Carabineros doña nombre reservado, quien señaló que observó movimientos sospechosos que "le hicieron deducir" que el funcionario estaba sustrayendo dinero, pese a que el arqueo de caja no arrojó diferencia entre el dinero efectivo y lo registrado en el sistema. El recurrente argumenta que la palabra "deducir" es sinónimo de "suponer", por lo que a la denunciante no le constaba ni tenía certeza de que efectivamente hubiera sustraído o hurtado dinero.

Añade que él estaba en conocimiento de la existencia de cámaras de vigilancia e incluso había informado a la Capitán nombre reservado sobre desperfectos en las mismas. Cuestiona además la contradicción en la declaración de la funcionaria, quien por una parte afirmó no haber recibido quejas dirigidas específicamente contra él, pero por otra parte admitió saber de antecedentes sobre clientes a quienes no se les entregaban sus respectivas boletas, sin que ella investigara la situación en consonancia con su cargo y funciones.

Destaca que el sumario administrativo incluyó sus calificaciones, las cuales siempre se mantuvieron con nota 5.0 (bueno), con comentarios positivos de sus superiores jerárquicos. Sin embargo, indica que el oficial investigador únicamente consideró la declaración de la Capitán nombre reservado y la suya propia, cuyas preguntas fueron someras, sin indagar más en aspectos relevantes como su número de cuenta bancaria y los comprobantes de giro de dinero de su remuneración efectuados un día antes de los hechos.

Señala que presentó descargos argumentando que el fiscal investigador, al catalogar su acción como falta a la probidad en su calidad de funcionario público, no señaló el nexo causal entre ambos ni cuál sería concretamente la falta, sin considerar su irreprochable conducta. Añade que acompañó dos comprobantes de retiro de dinero bancario por la suma de 700.000 pesos efectuados un día antes de los hechos.

Destaca que el propio departamento jurídico del Hospital de Carabineros, en su informe, estimó que los descargos aportaban antecedentes que debían ser considerados al momento de resolver, en particular los comprobantes de retiro de dinero efectuados el día anterior a los hechos, haciendo presente que el arqueo de cajas no presentaba observaciones. También sugirió realizar nuevas diligencias para verificar si efectivamente en la caja de estacionamiento se disponía de dinero suficiente para generar los pagos y vueltos necesarios a los usuarios.

Expone que posteriormente se designó a una nueva investigadora, la Capitán nombre reservado, quien tomó declaración a testigos que manifestaron no haber visto nada extraño en el comportamiento del recurrente durante sus años de servicio. Añade que desde fojas 145 a 196 del expediente sumarial, la cuadratura de cajas no evidenciaba saldo en contra ni se pudo determinar o registrar un saldo negativo el día de los hechos (1 de julio de 2022), por lo que no se podía aseverar que tuvo la intención de hurtar dinero.

Indica que, finalmente, mediante resolución exenta N° 1347 de fecha 20 de mayo de 2024, se le aplicó la medida administrativa consistente en el término del contrato de trabajo sin derecho a indemnización, por transgredir las normas señaladas en la letra a) del numeral 1 del artículo 160 del Código del Trabajo, referente a falta de probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones. Dicha resolución fue notificada el 31 de mayo de 2024. Posteriormente, interpuso recurso jerárquico con fecha 10 de junio de 2024, el cual fue rechazado, manteniéndose la medida de término de contrato. Esta decisión fue notificada el 2 de septiembre de 2024.

Argumenta que el Hospital de Carabineros ya había tomado una decisión anticipada de poner término a su contrato, lo que se evidenciaba en documentos del sumario y en un documento remitido por el Departamento Jurídico de Disalcar al Hospital, donde se indicaba que el contrato debía terminar por renuncia o faltas a la probidad, mostrando una clara actividad de prejuzgamiento.

Cuestiona que la denunciante Capitán nombre reservado afirmara que manipuló los sistemas computacionales para no hacer visibles diferencias en montos, sin explicar nunca cuál habría sido esa manipulación, qué actividades darían cuenta de ello, cómo podría ocurrir con el sistema o cuáles serían las medidas de control para evitar manipulaciones irregulares. Además, señala que nunca hubo falta de dinero o mala cuadratura, como la misma denunciante reconoció y como demostraban los arqueos efectuados antes y después de los hechos.

Sostiene que los investigadores no ponderaron ninguna circunstancia a su favor, como su irreprochable conducta y hoja de vida intachable, y que hubo poca claridad en la investigación. Argumenta que en los cargos formulados, el investigador no precisó de manera concreta el día, hora, circunstancias y forma en que habría sido cometido el presunto delito, basándose solo en "maniobras sospechosas" deducidas por los declarantes. Agrega que los capitanes investigadores, al no ponderar los medios de prueba de manera concreta, no determinaron su intencionalidad respecto a la ejecución del hecho que se le inculpaba.

Sostiene que lo que debió hacer el Hospital de Carabineros fue suspenderlo de sus funciones hasta que se resolviera la denuncia penal presentada por la capitán denunciante, considerando que si resulta absuelto en materia penal, debería ser reintegrado a sus labores de conformidad con lo establecido en el artículo 120 de la ley 18.575.

En cuanto a los fundamentos de derecho, argumenta que la resolución recurrida es ilegal porque las autoridades administrativas deben sujetar su actuar a la ley en forma estricta, según lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política y artículos 2 y 3 de la Ley N° 18.575. Señala que, en virtud del principio de legalidad, en el derecho administrativo "solo se puede hacer aquello que está expresamente permitido por ley", y cualquier actuación que exceda esas atribuciones debe ser declarada nula.

Sostiene que el Hospital de Carabineros actuó sin sujeción a la ley al dictar una resolución sancionadora sin respetar el debido proceso dentro del procedimiento disciplinario, teniendo la facultad de revisión para ordenar nuevas diligencias pero sin ejercerla. Agrega que, según el artículo 6° de la Constitución, las normas de derecho público referidas a derechos, libertades o garantías de las personas deben ser interpretadas extensivamente, por lo que en los procedimientos sancionatorios rige plenamente la garantía del debido proceso contenida en el artículo 19 N° 3, inciso quinto, del texto constitucional.

Cita jurisprudencia de las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema para argumentar que un órgano que aplica sanciones sin respetar garantías propias del debido proceso se convierte en una "comisión especial", lo cual está prohibido por la Constitución. Argumenta que el Hospital de Carabineros, al infringir el debido proceso, se transformó en una comisión especial, omitiendo su mandato legal de analizar y evaluar adecuadamente el caso.

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas, el recurrente alega que la recurrida ha lesionado la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el N° 2 del artículo 19 de la Constitución, al establecer diferencias arbitrarias. Señala que según la doctrina constitucional, la igualdad implica que la ley no puede ser impuesta de manera diversa a casos similares, en base a distinciones o preferencias entre las personas.

Además, argumenta que el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida lesiona la garantía constitucional establecida en el N° 24 del artículo 19 de la Constitución, específicamente el derecho de propiedad sobre el derecho a la estabilidad en el empleo, la continuidad de los servicios y las remuneraciones propias del cargo. Sostiene que tiene más de 12 años de trayectoria como funcionario público del Hospital de Carabineros, con una conducta intachable, detentando por más de 5 años el cargo de supervisor.

Para fundamentar sus argumentos, el recurrente cita múltiples sentencias judiciales y dictámenes de la Contraloría General de la República que reconocen la ilegalidad de procedimientos sumarios cuando no respetan el debido proceso, particularmente en la formulación de cargos que no describen de manera precisa y detallada los hechos imputados.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare ilegal y/o arbitraria la Resolución Exenta N° 2158 de fecha 2 de septiembre de 2024, dejándola sin efecto, se ordene el reintegro a sus funciones y el pago de las remuneraciones devengadas en el tiempo intermedio. En subsidio, pide que se retrotraiga el proceso investigativo hasta la etapa de formulación de cargos para que se establezcan de manera correcta, precisa, concreta y concisa, efectuando asimismo cambio de fiscal o capitán investigador para la investigación.

SEGUNDO: Que el Hospital de Carabineros de Chile evacuó el informe requerido por esta Corte de Apelaciones, solicitando el rechazo de la acción cautelar deducida, fundado en que no existiría un acto ilegal ni arbitrario que vulnere las garantías constitucionales invocadas por el recurrente.

Comienza relatando los antecedentes del caso, señalando que con fecha 1 de julio de 2022, la Sección de Investigación Policial de la 33° Comisaría de Ñuñoa practicó la detención de don nombre reservado, quien a la fecha prestaba servicios como supervisor del cajero de pago manual del estacionamiento del Hospital de Carabineros. Explica que dicha detención se originó cuando la Capitán (I) nombre reservado, Jefa de la Comisión Administrativa de Estacionamientos del Hospital, realizó una fiscalización del proceso de pago de los usuarios en la caja de estacionamientos a través del circuito de cámaras CCTV, percatándose que el recurrente realizaba acciones que vulneraban el sistema, detectando que en algunas oportunidades no entregaba boleta, no realizaba cobro, entregaba boletas emitidas por el mismo valor a otro usuario, y no ingresaba dichos cobros a caja.

Indica que, tomado conocimiento de estos hechos, el Director del Centro Asistencial contactó al personal de la Sección de Investigación Policial de la 33° Comisaría de Ñuñoa para que verificaran lo ocurrido. En virtud de que se estimó que los hechos detectados revestían características de delito, la Capitán nombre reservado, acompañada del personal SIP, se trasladó hasta la caja de estacionamientos y ante la evidencia demostrada, el personal policial procedió a la detención del funcionario.

Agrega que al realizar un registro superficial al ex funcionario, se le incautó dinero en efectivo por la suma de $232.800, suma que no pudo justificar, por lo cual fue detenido por el delito de Hurto y puesto a disposición del Ministerio Público. El fiscal de turno dispuso que el trabajador pasara a control de detención el 2 de julio de 2022. La audiencia se llevó a cabo ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago, asignándose a la causa el RUC 2200639698-8 y el RIT 3495-2022, formalizándose al imputado por el delito de hurto agravado, en calidad de autor y en grado de consumado. Como medida cautelar se decretó la "prohibición de acercamiento al Hospital de Carabineros", salvo para asuntos relacionados con el término de la relación laboral.

Informa además que, con fecha 9 de diciembre de 2024, se celebró la audiencia en la causa penal antes mencionada, en la que se acordó una salida alternativa de suspensión condicional del procedimiento por un lapso de un año, debiendo el recurrente donar la suma de $232.800 a la corporación "ANICAM", en 9 cuotas iguales, mensuales y sucesivas, pagaderas los primeros 5 días hábiles de cada mes, a contar de enero de 2025.

En cuanto a la investigación administrativa que determinó la desvinculación, indica que el Hospital de Carabineros instruyó dicho procedimiento a través de la Resolución Exenta N° 1035 de fecha 4 de julio de 2022, con la finalidad de establecer fehacientemente cómo ocurrieron los hechos y determinar responsabilidades disciplinarias y administrativas.

Hace presente que el Sr. nombre reservado interpuso previamente una demanda laboral de procedimiento tutelar ante el 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago (causa RIT T-1512-2022), donde denunciaba eventuales transgresiones a los derechos constitucionales establecidos en el artículo 19, numerales 1, 4 y 16 de la Constitución, solicitando el cese de la conducta atentatoria a sus garantías, el pago de remuneraciones del tiempo intermedio a contar de julio de 2022, y una indemnización por daño moral por la suma de $25.000.000. Señala que con fecha 19 de junio de 2023, según consta en acta de audiencia de juicio, el denunciante desistió de la acción con la condición de que se siguieran pagando sus remuneraciones y cesara el descuento por concepto de estacionamiento.

Prosigue informando que, terminada la investigación administrativa, en la que se cautelaron las normas y principios de un debido proceso, toda vez que el inculpado tuvo la oportunidad de expresar sus descargos, presentar y solicitar prueba documental y testimonial, se dispuso la aplicación de una medida disciplinaria consistente en el término del contrato sin derecho a indemnización mediante la Resolución Exenta N° 2158 de fecha 2 de septiembre de 2024. Contra dicha resolución, el recurrente interpuso recurso de reposición, el cual fue rechazado.

Añade que, con fecha 18 de noviembre de 2024, el recurrente interpuso una nueva demanda laboral de procedimiento tutelar ante el 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago (causa RIT T-3219-2024), planteando iguales vulneraciones que en su primera presentación y solicitando una indemnización por daño moral por la suma de $25.000.000, una indemnización sancionatoria equivalente a 11 meses de su sueldo ($8.021.222), indemnización sustitutiva de aviso previo ($729.202), indemnización por 11 años de servicio ($8.021.222) y un recargo legal correspondiente al 100% de los años de servicios ($8.021.222). Dicha causa se encuentra con tramitación pendiente, habiéndose fijado audiencia preparatoria para el 21 de marzo de 2025.

En cuanto a los fundamentos jurídicos para solicitar el rechazo del recurso, la recurrida sostiene que existe ausencia de derecho indubitado, señalando que el recurso de protección constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, extraordinaria y sumarísima, que tiene por finalidad restablecer el imperio del derecho en aquellos casos en que se ocasione una vulneración clara y efectiva a las garantías constitucionales. Argumenta que, dado el carácter perentorio del recurso, se prescinde de las garantías procesales de un procedimiento de lato conocimiento, necesarias en cualquier juicio declarativo.

Plantea que para que el recurrente promueva su alegación, debe estar en posesión de un derecho indubitado, esto es, un derecho cuya titularidad no dé lugar a dudas o interpretaciones, el que no es posible apreciar en las alegaciones de la presente acción cautelar. Sostiene que el actuar del Hospital se limitó a instruir y resolver una investigación administrativa en razón de los hechos acontecidos, y a dar cumplimiento a las resoluciones judiciales relacionadas con la materia.

Alega que lo que pretende la acción en comento es obtener por parte del Tribunal de Alzada la declaración de un derecho del cual el actor no es poseedor, evidenciándose la intención de utilizar la vía de protección como una instancia o asunto de lato conocimiento, lo que no dialoga con la naturaleza jurídica de la acción constitucional.

En virtud de lo anterior, la recurrida solicita que se tenga por informado el recurso y, en definitiva, se rechace el mismo, en atención a que en los hechos descritos, el Hospital de Carabineros no ha vulnerado derecho constitucional alguno, actuando siempre en conformidad a la Carta Fundamental y a la legislación institucional vigente, con expresa condenación en costas.

TERCERO: Que como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

CUARTO: Que al tenor de lo informado por los intervinientes, se aprecia que el presente conflicto no puede ser resuelto mediante esta acción constitucional, atendido el carácter contradictorio de las pretensiones de las partes, no existiendo un derecho indubitado a favor del recurrente, las cuales exceden con largueza los márgenes de este medio cautelar de urgencia.

QUINTO: Que por lo ya expuesto, y dadas las características esenciales de esta acción de cautela de derechos constitucionales, la Excma. Corte Suprema de Justicia ha establecido que su tramitación está encaminada a decretar o dar curso a diligencias y medidas breves y sumarias, destinadas a conceder la protección que demanda el afectado, si en definitiva sus derechos son ciertos o están indubitadamente comprobados, y si éstos, en su caso y en los hechos sobre los cuales se invocan no son controvertidos con fundamentos plausibles.

Por consiguiente, este recurso no ha sido creado por el constituyente como medio fácil y expedito para ser utilizado en sustitución o reemplazo de las acciones que el ordenamiento procesal contempla para solucionar todo tipo de conflictos entre partes con derechos o intereses en pugna, que les permita exponerlos y debatirlos en plenitud, rendir sus pruebas y, en su momento, obtener la sentencia que al final del juicio resuelva y declare que tiene la razón y el derecho que reclama; constatando además que, por los mismos fundamentos, se ha interpuesto demanda por tutela laboral ante el 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, causa RIT T-3219-2024, la cual se encuentra vigente y en tramitación, juez natural llamado a conocer de estos hechos.

SEXTO: Que atendido lo reflexionado en los motivos precedentes, resulta innecesario entrar al análisis de las garantías constitucionales que se dicen vulneradas.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza el recurso de protección intentado por nombre reservado, en contra del Hospital de Carabineros, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-20361-2024.