Recurso de protección

C.A. de Santiago Santiago, veintiocho de enero de dos mil veintiséis.

Vistos:

Comparece nombre reservado interponiendo recurso de protección en representación de su hijo menor de edad, nombre reservado, en contra de nombre reservado, en su calidad de rectora del Colegio nombre reservado, y de la Fundación Educacional nombre reservado, sostenedora del establecimiento educacional, en relación al acto, que califica de ilegal y arbitrario, consistente en la expulsión de su hijo de dicho colegio (de 12 años de edad, cursa 6° básico), sanción disciplinaria que fue notificada el 3 de septiembre de 2025.

Solicita que se deje sin efecto la referida expulsión y se disponga el reintegro del alumno al establecimiento educacional, con expresa condena en costas.

Expone que su hijo es alumno regular del colegio desde el año 2021, sin antecedentes disciplinarios, con buen rendimiento académico y participación en actividades extracurriculares. Explica que el 4 de agosto de 2025 ocurrió un incidente durante el segundo recreo, al interior de la sala de clases del 6° básico B, en el que varios alumnos, incluido su hijo nombre reservado, participaron en una dinámica que comenzó como un juego, en la cual otro estudiante resultó afectado y manifestó incomodidad, por lo que su hijo inmediatamente se disculpó.

Como consecuencia de lo anterior, el colegio activó el Protocolo de Integridad Sexual y decretó una suspensión cautelar en contra del menor. Posteriormente, invocándose el artículo 16 del Reglamento Interno de Convivencia Escolar, se impuso la sanción de expulsión definitiva del estudiante, decisión que fue comunicada y ejecutada con fecha 3 de septiembre de 2025. El recurrente cuestiona tanto la legalidad del procedimiento como la proporcionalidad de la sanción aplicada, alegando que la propia investigación interna habría descartado la existencia de acoso escolar por no darse los presupuestos de asimetría de poder o reiteración.

Asimismo, señala que la instrucción del procedimiento no fue notificada por la rectora del establecimiento, contraviniendo lo exigido por la Ley N°21.128 sobre Aula Segura; que no se otorgó acceso oportuno a los antecedentes contenidos en la carpeta investigativa; y que, a pesar de haberse comprometido inicialmente medidas formativas, éstas no se implementaron. Indica también que su hijo fue el único alumno suspendido de manera inmediata, pese a que en el incidente participaron otros compañeros, lo que a su juicio configura un trato discriminatorio.

Acompaña al recurso copia del Reglamento Interno de Convivencia Escolar; entrevista del estudiante de 11 de agosto de 2025; acta de notificación del inicio de la investigación de 19 de agosto; carta de descargos presentada el 26 de agosto; conclusión de la investigación; carta de expulsión; acta de notificación de la medida de 3 de septiembre; apelación a la medida sancionatoria y correo electrónico enviado por el apoderado solicitando acceso a información.

Acusa la vulneración de las siguientes garantías constitucionales: derecho a la educación (artículo 19 N° 10 de la Constitución Política de la República y artículo 28 de la Convención sobre los Derechos del Niño), pues la sanción aplicada no tiene un carácter formativo ni proporcional, sino punitivo y excluyente, lo que contradice tanto la finalidad constitucional de la educación como el mandato legal de las normas educacionales; derecho al debido proceso (artículo 19 N° 3 de la Constitución Política), pues denuncia que el procedimiento seguido por el colegio adolece de graves deficiencias, básicamente porque se utilizó un procedimiento inadecuado - protocolo de integridad sexual- para hechos que no constituyen abusos ni agresión sexual, vulnerando el principio de legalidad y racionalidad del procedimiento sancionatorio; derecho a la igualdad y no discriminación arbitraria (artículo 19 N° 2 de la Constitución Política y artículo 2° de la Ley General de Educación), arguyendo que la sanción impuesta a su hijo fue más gravosa que la aplicada a otros compañeros que participaron en la misma dinámica, puesto que otro estudiante realizó la misma acción, sin embargo, sólo su hijo fue objeto inmediato de suspensión cautelar bajo un protocolo tan severo, trato desigual que carece de justificación objetiva; derecho a la integridad síquica y a la honra (artículo 19 N° 1 y 4 de la Carta Política y artículo 16 de la Convención sobre los Derechos del Niño), toda vez que al aplicarle un protocolo de integridad sexual, se le atribuyó a su hijo la calidad de posible agresor sexual, estigmatizándolo frente a sus pares, lo que produce un daño irreparable en su honra y en su bienestar emocional, asimilando una conducta inmadura e inadecuada, pero sin intencionalidad sexual ni asimetría de poder, a un acto de connotación sexual grave, con todas las consecuencias sociales y sicológicas que ello implica para un niño de 12 años; derecho a la protección y al interés superior del niño (artículo 19 N° 1 de la Constitución Política y artículo 3° de la Convención sobre los Derechos del Niño), en cuanto exige que las sanciones tengan carácter formativo, restaurativo y proporcional a la gravedad del hecho, consideraciones que estima el colegio omitió, privilegiando la aplicación rígida de un protocolo inadecuado, que lo expone a consecuencias desmedidas y contrarias a su desarrollo integral.

Informa la abogada Carolina Maluenda M., por la recurrida Fundación nombre reservado, sostenedora del colegio nombre reservado, sosteniendo que el establecimiento actuó conforme a la ley, sus reglamentos y a los estándares del debido proceso formativo, por lo que no hay ilegalidad ni arbitrariedad que habilite esta tutela excepcional. Así, la medida de expulsión es el resultado de un debido proceso, siguiendo el mandato de la normativa educacional de hacerse cargo como colegio de la sana convivencia escolar, cuidando la integridad de todos los miembros de la comunidad escolar y agotando todos los recursos de que dispone para apoyar al estudiante a mejorar su conducta.

Explica que los hechos denunciados, acontecidos entre estudiantes el 4 de agosto de 2025, fueron tramitados mediante los procedimientos especiales que prevé el sector educación, hubo activación de protocolos internos (maltrato/acoso y protección a la sexualidad), investigación, medidas de resguardo, resolución y seguimiento; además, se sustanció una denuncia de una apoderada ante la Superintendencia de Educación, que cerró el requerimiento sin infracciones, formulando sólo observaciones de mejora al colegio.

Detalla que el 19 de agosto de 2025 se notificó a los padres de nombre reservado la apertura del protocolo de expulsión o cancelación de matrícula, explicándoles los pasos a seguir, los medios de impugnación que les asistían, los respectivos plazos, la consulta al Consejo de Profesores, siendo citados para comunicarles la decisión final. Asimismo, se les informó que, al ser estudiantes menores de 14 años, están obligados a activar el protocolo de vulneración de derechos, realizando la denuncia a los tribunales de familia. También el 19 de agosto de ese año, los apoderados del estudiante fueron notificados de la suspensión cautelar del alumno mientras se ejecuta el protocolo de expulsión o cancelación de matrícula.

Expone que el proceso de investigación concluyó con fecha 22 de agosto de 2022, con informe de resolución que detalla las acciones efectuadas y las medidas disciplinarias y formativas aplicadas, entre ellas, un plan de apoyo para el curso desde el área de sicología y convivencia, en el cual se incluye a los apoderados y estudiantes del curso, junto con realizar acompañamiento al estudiante afectado a través de reuniones periódicas.

Puntualiza que el Reglamento Interno de Convivencia Escolar del colegio, en su número 16, se señala como falta gravísima: “Realizar acoso o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivos de delito”. Y entre las medidas disciplinarias para una falta de dicha entidad está prevista la expulsión inmediata.

Por último, refuta la aseveración de la parte recurrente en orden a que el hecho denunciado sólo se trató de una dinámica de juego, pues se afectó la indemnidad sexual de un estudiante.

Y con lo relacionado y considerando:

Primero: Que no cabe duda que la desvinculación definitiva de un alumno de su colegio es una medida disciplinaria extrema, la que sólo debe adoptarse en casos en que la permanencia de aquél resulte insostenible por causar grave daño al establecimiento y a sus compañeros. En consecuencia, cabe dilucidar si las razones proporcionadas por el establecimiento educacional resultan suficientes para justificar la racionalidad y legalidad del acto reprochado.

Segundo: Que de los antecedentes acompañados es posible tener por establecido que el 4 de agosto de 2025, durante un recreo, en la sala de clases el alumno nombre reservado le hace una llave al estudiante nombre reservado (ambos compañeros de 6° básico), botándolo al suelo, y a instancias de otro alumno, procede a introducirle un palo de escobillón de manera anal, por encima de la ropa, durante unos dos minutos. Al mismo tiempo, otro compañero le lanza agua a nombre reservado, estando ya en el suelo. El colegio tomó conocimiento de estos hechos el 11 de agosto de 2025 a través del relato que recibió la profesora jefa del curso por parte de otro estudiante.

El mismo 11 de agosto el colegio activó el protocolo de protección a la sexualidad para abordar la intervención de nombre reservado, como también el protocolo de maltrato y/o acoso escolar para los estudiantes que lanzaron agua o tuvieron alguna otra participación en los hechos. Al día siguiente, 12 de agosto, se notificó a los padres de nombre reservado sobre los hechos levantados y los procedimientos a realizar, como también a los padres de nombre reservado, la activación del protocolo antes indicado.

Se entrevistó al estudiante afectado, quien expuso lo siguiente: “El nombre reservado me empujó, me hizo como una llave de la nada, en la sala. Yo estaba comiendo plátano, se ensució mi ropa, luego sacó el palo de escoba y me lo metió en el poto. Después de hacerlo me pidió perdón, esto no fue en dinámica de juego, lo hizo porque quiso.

Yo le dije que parara, le dije ‘yapo’, él continuó. Como empujándome con el palo, pero por el poto, estuvo un rato así”.

Luego, el 19 de agosto se notificó a los padres del niño protegido la apertura del protocolo de expulsión o cancelación de matrícula y de la suspensión preventiva del estudiante. El 22 de agosto se comunicó a los padres la resolución de expulsión, enviando éstos una carta de apelación. Se realizó un consejo de profesores de 6° básico para abordar la expulsión del alumno, confirmándose la sanción de expulsión.

Tercero: Que, como es dable advertir, una vez que el establecimiento educacional toma conocimiento de los hechos, inició un proceso de indagación para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, mediante la activación de los protocolos de maltrato y/o acoso escolar y el de protección a la sexualidad, se entrevistó a múltiples fuentes, incluyendo a todos los estudiantes involucrados, hubo posibilidad de descargos, se emitió una resolución sancionatoria fundada, de la cual se apeló. Se adoptaron medidas de resguardo para el estudiante afectado, notificando por correo a los docentes del colegio a fin de evitar que este último estuviere sentado junto a los alumnos involucrados y que no realizara trabajos grupales ni actividades pedagógicas con aquéllos.

Posteriormente, los días 5 y 9 de septiembre se entrevistó al menor afectado, quien expresó sentirse bien en el curso.

Cuarto: Que, así las cosas, el procedimiento se ajustó a las normativas internas y legales, pudo ejercer su defensa el alumno investigado, adoptándose en definitiva una medida que responde a la obligación del sostenedor de velar por la seguridad, el orden y la adecuada convivencia escolar. En efecto, como es bien sabido, es responsabilidad del establecimiento educacional resguardar la integridad física y síquica de los integrantes de su comunidad, debiendo implementar medidas efectivas para ello, tanto formativas como disciplinarias, preservando el debido proceso y la proporcionalidad. En la especie, la medida de expulsión cumplió con el Reglamento Interno del colegio, el cual se ciñe a la normativa educacional, según comprobara la propia Superintendencia de Educación en el proceso de fiscalización que inició, a raíz de estos hechos, con motivo de la denuncia de una apoderada.

A su vez, claramente resultaba no sólo pertinente, sino también obligatoria la activación del protocolo de sexualidad, pues se estaba ante un hecho que afectó la indemnidad sexual de un estudiante.

Quinto: Que ha sido la gravedad del comportamiento del estudiante por quien se recurre, lo que ha llevado al colegio a tomar una medida que, aunque drástica, dista de ser ilegal o arbitraria, esto es contraria a la ley o a la razón, puesto que está prevista en el reglamento del colegio, cumpliendo los trámites contemplados en esa regulación y confiriendo al apoderado los medios de impugnación ante los órganos llamados a conocer de ellos.

Sexto: Que, en lo concerniente a las garantías constitucionales, cabe relevar que el derecho a la educación no conlleva la inamovilidad del alumno en un establecimiento determinado, como tampoco se ha impedido la continuidad de estudios en otro colegio. No se observa que se haya aplicado un castigo desproporcionado considerando la gravedad del hecho y su impacto en esa comunidad escolar. En este sentido, no puede desatenderse que el interés superior del niño también ampara a la víctima y al resto de los alumnos que pueden verse expuestos a situaciones similares.

Debe descartarse además un trato desigual o discriminatorio respecto de nombre reservado en relación con los otros estudiantes involucrados, quienes recibieron sanciones menos severas, puesto que la acción desplegada por aquél, atendida sus características, reviste un mayor reproche y con efectos dañinos más significativos en la persona del afectado que las llevadas a cabo por los otros alumnos.

Séptimo: Que, al no existir ilegalidad ni arbitrariedad en la conducta del colegio, se impone el rechazo de la presente acción constitucional.

De conformidad asimismo con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en representación de su hijo menor de edad, nombre reservado, en contra de nombre reservado, rectora del Colegio nombre reservado, y de la Fundación Educacional nombre reservado, sostenedora de este establecimiento educacional.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Guillermo de la Barra Dunner.

Rol Nº 20.324-2025 (vista conjunta con Rol N° 20.391-2025).

Pronunciada por la Primera Sala, integrada por los Ministros señor Guillermo E. De La Barra Dunner, señora nombre reservado y el señor nombre reservado.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, veintiocho de enero de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.