nombre reservado con SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN

C.A. de Santiago Santiago, doce de diciembre de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don nombre reservado, abogado, actuando por doña nombre reservado y doña nombre reservado, ambas nombre reservado, herederas por derecho de representación de su madre doña nombre reservado, e interpone recurso de protección en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, por haber dictado la Resolución de Rechazo N°71717, de fecha 14 de agosto de 2025, que denegó la solicitud de posesión efectiva de los bienes quedados al fallecimiento de doña nombre reservado, abuela de las recurrentes. Actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que se fundamenta en un cuerpo normativo derogado y en categorías jurídicas proscritas de nuestra legislación, careciendo de toda fundamentación racional al ignorar deliberadamente la ley vigente y la jurisprudencia consolidada que la interpreta, vulnerando con ello las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 numerales 2, 4 y 24 de la Constitución Política de la República, esto es, la igualdad ante la ley, el derecho a la honra y el derecho de propiedad, respectivamente.

Refiere que con fecha 22 de junio de 1963 falleció en la comuna de La Cisterna doña nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, abuela de las recurrentes. Precisa que la filiación de sus representadas con la causante se establece a través de su madre, doña nombre reservado, fallecida el 8 de septiembre de 1992, quien a su vez era hija de la causante. Agrega que, en este contexto, con fecha 9 de octubre de 2024, las recurrentes solicitaron ante el Servicio de Registro Civil e Identificación la posesión efectiva de la herencia intestada quedada al fallecimiento de su abuela, tramitada bajo la solicitud N°11740 en la oficina de Santiago.

Señala que mediante Resolución de Rechazo N°71717, de fecha 14 de agosto de 2025, el Servicio recurrido denegó la solicitud, esgrimiendo como causales que el solicitante no habría acreditado su calidad de heredero respecto del causante, y que, tenida a la vista la partida de nacimiento de doña nombre reservado, hija de la causante y madre de las solicitantes, se constató que no fue reconocida por la causante como hija natural por escritura pública o acto testamentario, conforme lo exigía la ley vigente a la época de la inscripción de su nacimiento, por lo que tendría la calidad de hija ilegítima, lo que implicaría que no se producen efectos hereditarios respecto de la causante y no se transmiten derechos a su descendencia.

En lo concerniente a los fundamentos de derecho, sostiene que la decisión del Servicio de Registro Civil e Identificación es manifiestamente ilegal por cuanto se basa en la supuesta calidad de "hija ilegítima" de la madre de las recurrentes, aplicando para ello una legislación anterior a la Ley N°19.585. Explica que dicha ley, que entró en vigencia en el año 1999, modificó sustancialmente el concepto de filiación, estableciendo la igualdad absoluta entre los hijos y extinguiendo las categorías de "hijo legítimo", "natural" e "ilegítimo". Añade que el actual artículo 33 del Código Civil consagra un mandato imperativo e inderogable al disponer que "La ley considera iguales a todos los hijos", de modo que cualquier acto de autoridad que se funde en las antiguas y discriminatorias categorías resulta, por definición, contrario a la ley.

Asimismo, arguye que el argumento del Servicio sobre la falta de un "instrumento público o acto testamentario" es refutado por el actual artículo 188 del Código Civil, que establece que el hecho de consignarse el nombre del padre o de la madre, a petición de cualquiera de ellos, al momento de practicarse la inscripción del nacimiento, es suficiente reconocimiento de filiación, de modo que, conforme a la ley vigente, la filiación materna de doña nombre reservado quedó determinada por este solo hecho, no correspondiendo exigir solemnidades de una ley ya inexistente.

En cuanto a la arbitrariedad del acto, sostiene que la recurrida ha actuado por mero capricho, sin un fundamento racional y en abierta contravención al principio de igualdad que informa todo el derecho de familia, dado que revivir categorías filiales extintas para denegar derechos hereditarios constituye una decisión desprovista de toda lógica jurídica y una discriminación inaceptable.

Respecto de las garantías constitucionales que estima vulneradas, expone que el acto recurrido afecta, en primer término, la igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución, al crear una diferencia odiosa y carente de sustento que niega a las recurrentes los derechos hereditarios que les corresponden, fundándose únicamente en la extinta y discriminatoria calidad de "hija ilegítima" de su madre; en segundo lugar, el derecho a la honra establecido en el artículo 19 N°4, por cuanto el acto ofende directamente la dignidad y el buen nombre de las recurrentes y de su familia al calificar a su madre con la expresión peyorativa e injuriosa de "hija ilegítima", constituyendo un menoscabo público a la honra de su memoria y adscribiéndolas a una categoría social y legalmente superada que históricamente ha sido fuente de estigmatización; y finalmente, el derecho de propiedad garantizado en el artículo 19 N°24, toda vez que el derecho real de herencia constituye una especie de propiedad sobre una cosa incorporal amparada por la Constitución, y las recurrentes, al fallecer la causante, adquirieron por el solo ministerio de la ley dicho derecho sobre su cuota en la masa hereditaria, de modo que el acto de la recurrida, al impedir la tramitación de la posesión efectiva, les priva de la facultad de disponer de los bienes heredados, como el inmueble ubicado en domicilio reservado.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare que la Resolución de Rechazo N°71717, de fecha 14 de agosto de 2025, es ilegal y arbitraria, y vulnera las garantías constitucionales de igualdad ante la ley, el derecho a la honra y el derecho de propiedad de las recurrentes; se deje sin efecto la referida resolución en todas sus partes; se ordene al Servicio de Registro Civil e Identificación acoger a tramitación la solicitud de posesión efectiva N°11740, de fecha 9 de octubre de 2024, y dictar la resolución que en derecho corresponda, conforme a la legislación vigente, otorgando la posesión efectiva a las recurrentes si se cumplieren los demás requisitos legales; con costas.

SEGUNDO: Que, requerido de informe, el Servicio de Registro Civil e Identificación, representado por el Director Nacional don Omar Humberto Morales Márquez, evacúa el mismo, solicitando el rechazo del recurso de protección interpuesto, con expresa condenación en costas, fundado en los antecedentes de hecho y de derecho que a continuación se exponen.

En cuanto a los antecedentes de hecho, expone que revisado el Sistema Automatizado de Posesiones Efectivas al 22 de septiembre de 2025, respecto de los bienes quedados al fallecimiento de doña nombre reservado, RUN N°RUT reservado, cuya defunción se produjo el 22 de junio de 1963, según consta en partida N°493, circunscripción La Cisterna del año 1963, se han ingresado a tramitación las siguientes solicitudes de posesión efectiva:

En primer término, la Solicitud de Posesión Efectiva N°4.879, ingresada con fecha 3 de mayo de 2023 en la Oficina Santiago, la cual fue rechazada por Resolución Exenta PE N°112.177 impresa el 16 de octubre de 2023, suscrita por el Director Regional de la Región Metropolitana, por la causal de que el solicitante no ha acreditado su calidad de heredero respecto del causante, y porque la solicitante no es heredera de la causante al momento de la apertura de la sucesión, siendo eventualmente su madre doña nombre reservado, quien falleció con posterioridad al causante, debiendo aceptar el rechazo y presentar una nueva solicitud señalando como solicitante a su madre.

En segundo lugar, la Solicitud de Posesión Efectiva N°13.212, ingresada con fecha 16 de noviembre de 2023 en la Oficina de Santiago, la cual fue rechazada por Resolución Exenta PE N°15.503 impresa el 1 de marzo de 2024, suscrita por el Director Regional de la Región Metropolitana, por la causal de que, tenida a la vista la partida de nacimiento de la solicitante, se constata que no fue reconocida por la causante como hija natural por escritura pública o acto testamentario, entre otras formalidades, conforme lo exigía la ley vigente a la época de la inscripción de su nacimiento, según lo dispuesto en los artículos 271, 272, 273, 274 y 280 del Código Civil vigente en esa época, y los artículos segundo y tercero de la Ley Sobre Efecto Retroactivo de las Leyes, por lo que tiene la calidad de hija ilegítima, lo que implica que no se producen efectos hereditarios respecto de la causante.

En tercer término, la Solicitud de Posesión Efectiva N°11.740, ingresada con fecha 9 de octubre de 2024 en la Oficina de Santiago, la cual ha sido preliminarmente rechazada por Resolución Exenta PE N°71.717 impresa el 14 de agosto de 2024, sin encontrarse suscrita por el Director Regional de la Región Metropolitana, por la causal de que el solicitante no ha acreditado su calidad de heredero respecto del causante, y que tenida a la vista la partida de nacimiento de doña nombre reservado, hija de la causante y madre de la solicitante, se constata que no fue reconocida por la causante como hija natural, por escritura pública o acto testamentario, entre otras formalidades, conforme lo exigía la ley vigente a la época de la inscripción de su nacimiento, según lo dispuesto en los artículos 271, 272, 273, 274 y 280 del Código Civil vigente en esa época, y los artículos segundo y tercero de la Ley Sobre Efecto Retroactivo de las Leyes, en consecuencia doña nombre reservado tiene la calidad de hija ilegítima, lo que implica que no se producen efectos hereditarios respecto de la causante y no se transmiten derechos a su descendencia.

Hace presente que las recurrentes han invocado su calidad de herederas de la causante por cuanto alegan ser nietas de doña nombre reservado, sucediendo por transmisión de su madre fallecida doña nombre reservado.

Asimismo, señala que el recurso de protección requiere para su procedencia la existencia de un acto o una omisión ilegal y arbitraria; no obstante, lo impugnado es la presunta decisión adoptada en la Resolución de Rechazo N°71.717, cuya impresión de pantalla se adjunta para ilustrar que es un documento de trabajo que no ha sido afinado ni concluido, y por tanto, puede ser incluso modificado o retirado, al no estar todavía suscrito por el Director Regional del Servicio de Registro Civil e Identificación, ni haber sido notificado al solicitante. Indica que desconoce la manera en que dicho proyecto de resolución sin firma llegó a conocimiento de la recurrente, pero a propósito de su judicialización, la solicitud de posesión efectiva estará suspendida hasta que esta Corte se pronuncie sobre este recurso. Por la circunstancia de no existir en derecho el acto administrativo impugnado, solicita el rechazo de este recurso, sin que sea necesario entrar a pronunciarse sobre el fondo de la situación planteada o de sus fundamentos.

En cuanto a los antecedentes de derecho, desarrolla los siguientes ítems:

A) Respecto de la normativa aplicable al estado civil, sostiene que es aquella vigente a la época de su constitución. Explica que para comprender las razones por las cuales el Servicio no puede proceder a otorgar la posesión efectiva, es necesario tener en consideración las normas jurídicas y jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República.

En relación al procedimiento establecido por la Ley N°19.903 para el otorgamiento de la posesión efectiva de la herencia intestada, señala que esta norma entrega al Servicio de Registro Civil e Identificación la competencia para conocer y resolver las solicitudes de posesión efectiva de herencias intestadas abiertas en Chile, disponiendo en su artículo 6° que la posesión efectiva será otorgada a todos los que posean la calidad de herederos, de conformidad a los registros del Servicio, aun cuando no hayan sido incluidos en la solicitud.

Precisa que producida la inscripción del nacimiento de doña nombre reservado, RUN N°RUT reservado, en el año 1912, acorde su acta de nacimiento que rola inscrita bajo N°180, año 1912, circunscripción Malloa, en la cual consta solo la mera consignación del nombre de sus progenitores, le es aplicable el estatuto jurídico de la Ley N°5.750, norma vigente desde el día 2 de diciembre de 1935, dado que la posterior Ley N°10.271 prescribe en sus artículos transitorios que las personas nacidas con anterioridad a la fecha de vigencia de la presente ley y que no tenían la calidad de hijos naturales bajo el imperio de la ley anterior, podrán ejercer las acciones de reconocimiento forzado establecidas en la nueva ley, siempre que se funden en hechos acaecidos durante su vigencia, y que en lo no previsto por estos artículos transitorios, regirá la ley sobre efecto retroactivo de las leyes de 7 de octubre de 1861.

Añade que la Ley sobre Efecto Retroactivo de las Leyes señala en su artículo 2 que las leyes que establecieren para la adquisición de un estado civil condiciones diferentes de las que exigía una ley anterior, prevalecerán sobre ésta desde la fecha que comience a regir; y en su artículo 3 que el estado civil adquirido conforme a la ley vigente a la fecha de su constitución subsistirá aunque ésta pierda después su fuerza, pero los derechos y obligaciones anexos a él se subordinarán a la ley posterior, sea que ésta constituya nuevos derechos u obligaciones, sea que modifique o derogue los antiguos.

Asimismo, por remisión expresa de la ley, cita el artículo 280 del Código Civil que se encontraba vigente a la época del nacimiento del causante, el cual señalaba que el hijo ilegítimo que no haya sido reconocido como natural podrá pedir alimentos del padre o madre, o de ambos, según el caso.

De lo anterior, concluye que establecido el hecho de que la madre de las recurrentes, doña nombre reservado, nació y fue inscrita bajo el imperio de la Ley N°5.750, y en cuya partida solo existe constancia del nombre de sus padres, implica en consecuencia que mantuvo una filiación simplemente ilegítima según la norma que regía durante la época de su nacimiento, y que constituye una filiación indeterminada acorde la normativa vigente a la fecha de hoy, encontrándose en el caso señalado de los artículos citados previamente. Aquello implica, en este caso particular, que al haber adquirido doña nombre reservado el estado civil de hija simplemente ilegítima, por carecer de una filiación natural o legítimamente determinada conforme a la ley vigente a la fecha de la inscripción de su nacimiento, aquel estado subsistirá aunque después pierda su fuerza, en cuanto al estado civil le es aplicable las normas que se encontraban vigentes en la época de su constitución, no existiendo en consecuencia vínculo de parentesco entre la causante nombre reservado y nombre reservado, así como entre ella y las recurrentes doña nombre reservado y doña nombre reservado.

Sostiene que las normas transcritas no pueden interpretarse de otra forma que no sea aquella que señala que la constitución de un estado civil o la forma de obtener una calidad debe regirse por la ley vigente a la época en que se va a constituir o establecer, y que una vez constituido o adquirida la calidad, ésta no se pierde por el cambio o modificación de los requisitos para su establecimiento. No obstante ello, los derechos sucesorios que derivan de la calidad de heredero deben regirse por la ley vigente a la época de la delación. Esto es una situación que la doctrina reconoce como "supervivencia de la ley", por lo cual la derogación tácita o expresa de una norma no implica necesariamente que los hechos ocurridos antes de la entrada en vigor de la nueva ley serán juzgados o dirimidos siempre de acuerdo a la nueva ley; al contrario, deben seguir siendo juzgados por la normativa que existía cuando se produjeron estos casos.

B) Respecto de la normativa aplicable a la sucesión intestada, indica que es la vigente a la época de la delación. Menciona que cuando existe un conflicto en la aplicación de leyes dictadas en diversas épocas, debemos siempre resolver en consideración de la Ley sobre el Efecto Retroactivo de las Leyes, y las situaciones previstas de retroactividad determinadas en la Ley N°19.585, N°10.271 o N°5.750. Cita el mensaje presidencial sobre Efectos Retroactivos de las Leyes, el cual señala que los derechos hereditarios no se transfieren sino a la muerte de su autor, y que en cada sucesión, testamentaria o ab intestato, el derecho de los llamados a ella sea definido por la ley vigente a la época de su delación o transferencia.

Dicho mensaje explica y es coherente con la regla general del efecto irretroactivo de las leyes consagrado en el artículo 9 del Código Civil, por el cual las leyes solo disponen para el futuro y no tendrán jamás un efecto retroactivo, salvo excepciones, alterando situaciones jurídicas consolidadas.

Expone que la delación es definida por el Código Civil en su artículo 956 como el actual llamamiento de la ley a los herederos para la aceptación o repudio de la asignación deferida, y su interpretación armonizada debe ceñirse a la aplicación estricta del artículo 21 de la Ley de Efectos Retroactivos, cuyo tenor señala que en la adjudicación y partición de una herencia o legado se observarán las reglas que regían al tiempo de su delación. A su vez, en el caso eventual que se estimare aplicable la posterior Ley N°19.585, en cuanto la situación de los hijos naturales y de quienes no tengan una filiación determinada, se reproduce la misma regla interpretativa de aplicar la norma vigente a la época de la delación, en cuanto los artículos transitorios 1° y 2° señalan que los derechos hereditarios se regirán por la ley vigente al tiempo de la apertura de la sucesión.

En consecuencia, para resolver la posesión efectiva en comento, corresponde aplicar las leyes hereditarias que se encontraban vigentes a la apertura de la sucesión de la causante nombre reservado, o sea aquellas que regían durante el 22 de junio de 1963, época de su defunción, por disposición expresa de las normas citadas de la Ley de Efectos Retroactivos, el Código Civil, y de la Ley N°19.585.

C) Respecto de la interpretación administrativa de la filiación y el estado civil, hace presente la jurisprudencia administrativa emanada de la Contraloría General de la República, cuyos dictámenes contienen razonamientos cuyo valor normativo rebasa el caso particular sobre el cual se haya pronunciado, irradiando de manera vinculante su interpretación al resto de los funcionarios de la Administración. Destaca el Dictamen N°59.488/2011, que en lo pertinente resuelve un caso donde se solicita un seguro de vida a nombre de una heredera que tiene la calidad de hija ilegítima, la cual nació y fue inscrita antes de la vigencia de la Ley N°10.271, solo poseyendo una constancia de nombre en su partida de nacimiento, a lo que el órgano contralor señala que a la época del nacimiento se encontraban vigentes las normas de filiación del Código Civil anteriores a la reforma de la Ley N°10.271, las cuales distinguían entre hijos legítimos e ilegítimos, pudiendo ser estos últimos naturales o simplemente ilegítimos. Respecto de los hijos naturales, los artículos 270 al 273 del Código Civil señalaban que eran aquellos nacidos fuera del matrimonio y que habían sido reconocidos libre y voluntariamente por el padre, madre, o ambos, constando dicho reconocimiento en un instrumento público entre vivos o por acto testamentario, el que debía ser notificado al hijo y aceptado por él. En cambio, los hijos simplemente ilegítimos eran aquellos nacidos fuera del matrimonio y no reconocidos como naturales, quienes podían solicitar alimentos, en el evento que en su inscripción de nacimiento se hubiere dejado testimonio del nombre del padre o madre a petición de ellos o de mandatario constituido para ese objeto por escritura pública; así lo ha entendido la jurisprudencia administrativa de esta Entidad Fiscalizadora contenida en los Dictámenes N°s. 8.079 de 1989, 35.481 de 1993 y 9.069 de 1994.

Añade que, según el criterio interpretativo de la Contraloría, no procede determinar una filiación a quien no fuere reconocida como hija natural, en conformidad a las normas del Código Civil anteriores a la Ley N°10.271, por el mero hecho de que se consigne el nombre de la madre, al tratarse de una inscripción realizada con anterioridad a la vigencia de dicha ley.

Asimismo, cita el Dictamen N°18.350/2017, que confirma el anterior dictamen N°59.488/2011, señalando que la filiación y el estado civil de las personas son materias propias del dominio legal, acorde con lo preceptuado en el artículo 63 N°3 de la Constitución Política de la República, reguladas en el Libro I del Código Civil, títulos VII y XVII, por lo que cualquier modificación en relación a dichos asuntos debe ser realizada a través de una iniciativa legal. Indica que de la normativa expuesta se desprende que es facultad privativa de ese Servicio efectuar, conforme al ordenamiento jurídico, las inscripciones de nacimientos, matrimonios y defunciones, entre otras, con los correspondientes documentos de respaldo que den lugar a ellas, como también a sus modificaciones, y otorgar las posesiones efectivas a quienes conforme a dichas inscripciones tengan la calidad de herederos, en atención a sus relaciones de familia, sin que le corresponda a esta Entidad Fiscalizadora emitir un pronunciamiento como el que se pretende que, en definitiva, implicaría declarar la filiación de un grupo de personas, con todas las consecuencias jurídicas que de ello derivan.

Señala que para analizar el caso particular debemos tener presente que estado civil y filiación no son términos sinónimos, sino que el primero, según el Código Civil en su artículo 304, se define como la calidad de un individuo, en cuanto le habilita para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones civiles. Por su parte, filiación es definida como el vínculo jurídico que une a un hijo con su padre o madre y que consiste en la relación de parentesco establecida por la ley entre un ascendiente y su inmediato descendiente. Ambas instituciones son diversas y por consiguiente sus efectos también lo son, siendo el vínculo de filiación el que le otorga al individuo el derecho a ser parte de la comunidad hereditaria, de conformidad a las normas que rigen los órdenes de sucesión intestada.

Expresa que antes de la dictación de la Ley N°19.585, la ley reconocía, cumplidas las formalidades correspondientes respecto de los hijos legítimos, legitimados y naturales, el establecimiento de un vínculo jurídico entre el padre, la madre o ambos y el hijo, mientras que, en el caso de los hijos simplemente ilegítimos, solo constituía respecto de ellos el estado civil, sin que existiera filiación respecto de su padre, madre o ambos. Añade que la Ley N°19.585 eliminó las diferencias entre hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio y estableció un estatuto igualitario para todos ellos cualquiera que sea el origen de su filiación, lo cual se encuentra plasmado en el artículo 33° del Código Civil. No obstante lo anterior, el ordenamiento jurídico sigue reconociendo una diferencia entre estado civil y filiación, clasificando esta última como determinada o indeterminada, dependiendo del cumplimiento de ciertos requisitos para su establecimiento. En consecuencia, aún hoy se distingue en esta materia, para efectos de determinar los derechos y obligaciones que forman parte del patrimonio de una persona, entre aquellos que tienen su filiación determinada y aquellos que no la tienen, estableciendo en el primer caso las formas en que puede determinarse.

Concluye que como puede desprenderse de los registros materiales, al mediar solo constancias de nombres como ocurrió en la inscripción del nacimiento de doña nombre reservado, mantiene el estado civil de hija ilegítima acorde las leyes vigentes en la época de su constitución, o de filiación indeterminada acorde las normas vigentes en la actualidad, dado que no concurrieron los requisitos necesarios para el reconocimiento acorde la ley, y en consecuencia es suficiente para establecer que no hay un vínculo de parentesco y/o de filiación legítimo, natural o determinado a la época de la apertura de la sucesión, dado que solo consta la mera consignación del nombre de los progenitores en la inscripción de nacimiento, y por tanto, no posee ningún derecho sobre la sucesión intestada de la causante, y de tal modo se concluye que las recurrentes no pueden, por derecho de transmisión de su madre, invocar la calidad de herederas, en cuanto nadie transmite más o mejor derecho de los que tiene.

D) Sobre la igualdad ante la ley, expone que en cuanto al fundamento del recurso basado en el presunto hecho que la decisión de la administración afecta el derecho a la igualdad ante la ley, es importante tener presente que el Servicio no incurre en discriminación al aplicar las normas vigentes, estatuto jurídico que contiene, como ya se ha señalado, una normativa que establece claramente las formas de adquirir determinadas calidades, por lo que no resultaría procedente para este Servicio hacer distinciones de ninguna especie. Las normas jurídicas son iguales para todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias y diversas para aquellas que se encuentren en situaciones diferentes. Hace presente además que la tramitación de las posesiones efectivas ante este Servicio es un procedimiento administrativo, respecto del cual el artículo 19° del Reglamento D.S. N°237/2004 dispone que en contra de la resolución que rechace la posesión efectiva podrá pedirse reposición ante el Director Regional que dictó la resolución, lo cual no ha impetrado la parte recurrente.

E) Sobre el derecho a la honra, indica que las recurrentes alegan ser afectadas en su honra, ya que parecería que el Servicio recurrido ofende directamente la dignidad y el buen nombre de sus representadas y de su familia, al calificar a su madre con la expresión peyorativa e injuriosa de hija ilegítima. Sin perjuicio que las categorías de hijo ilegítimo o natural se encuentran hoy obsoletas y en desuso, reitera que esta posesión efectiva se trata sobre una causante cuya apertura de la sucesión y delación de la herencia se produjo el día 22 de junio de 1963, época donde la normativa vigente mantenía tales distinciones que sí surtían efecto, particularmente, sobre los derechos patrimoniales que tenían sobre la sucesión.

Así, debe tenerse en cuenta que el trámite de reconocimiento de hijo natural era una solemnidad que estuvo vigente hasta el 2 de junio del año 1952, fecha de entrada en vigor de la Ley N°10.271, y que para ser reconocido como tal, era necesario realizar una subinscripción de la escritura pública de reconocimiento, o el acto testamentario, en la propia partida de nacimiento de doña nombre reservado, lo cual no ha ocurrido en este caso. A su vez, se debe dar cuenta que la causante nombre reservado, sí tuvo descendencia legítima, dado que celebró un matrimonio con don nombre reservado, a fecha 19 de marzo de 1929, acorde el acta matrimonial que rola inscrita bajo N°65, año 1970, circunscripción San Vicente de Tagua Tagua. Esto quiere decir que, a lo menos, la familia de la causante nombre reservado sí tuvo algún grado de conocimiento de la normativa que se encontraba vigente a la época, pero por razones que se ignoran, la madre no decidió reconocer a su hija nombre reservado por medio de dicha formalidad, y por tanto, no le cabe competencia a este Servicio suponer una voluntad presunta de haberlo hecho en vida, en circunstancias que no hay constancia de ningún instrumento que devele la voluntad de reconocerla como tal.

F) Sobre el derecho de propiedad, señala que en relación al derecho de propiedad, la Resolución Exenta que concede una solicitud de posesión efectiva es un acto administrativo de constancia o conocimiento, o sea que da fe respecto de ciertos hechos o circunstancias en virtud de la potestad certificatoria, toda vez que el heredero adquiere dicha calidad de heredero no por discrecionalidad de la administración, sino que por ley a partir del momento en que se efectúa la apertura de la sucesión, esto es, desde el momento mismo del fallecimiento, por tanto no es posible afectar o vulnerar el derecho que no le asiste en cuanto carece de la calidad necesaria para adquirir la herencia por sucesión por causa de muerte.

Así, al momento de que se produzca el fallecimiento de una persona, ocurre la apertura de la sucesión y posterior delación de la herencia, lo cual trae como consecuencia que el heredero adquiera ipso iure el dominio o propiedad del Derecho Real de Herencia, sin necesidad que obtenga una posesión efectiva para ejercer tal derecho. Es por esto que, por el solo efecto de la ley, una vez producida la delación, los herederos pueden disponer, transferir, repudiar, ceder, e incluso prescribir el Derecho Real de Herencia como cualquier otro derecho real, que no es lo mismo que tener posesión o dominio sobre cada uno de los bienes que componen la herencia.

De tal forma, resumiendo este punto, cualquier heredero por el solo hecho de la delación ya se constituye como poseedor legal de la herencia, por tanto, no se aprecia qué tipo de privación, perturbación, o amenaza afectaría de algún modo el derecho de propiedad sobre el único derecho real que tiene la presunta heredera, que sería una mera expectativa sobre un pretendido Derecho Real de Herencia, en cuanto alega ser nietas de la causante, pero cuya filiación de su madre, a la luz de la normativa vigente a la época de la delación, es indeterminada.

E inclusive, si las recurrentes estiman que existe alguna privación para disponer los bienes muebles o inmuebles que componen la herencia, por no ser incorporada como heredera en la posesión efectiva otorgada, aquella limitación viene dada por las normas que regulan la propiedad, en particular de los artículos 687 y 688 del Código Civil, y no son impuestos arbitrariamente por este Servicio. Cabe considerar que como indica el inciso segundo del artículo 19 N°24 de la Constitución, solo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella, y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social.

G) Sostiene, en último lugar, que se debe estimar que el recurso acá planteado adolece de inidoneidad. Hace presente que la materia objeto del presente recurso de protección se refiere a determinar la filiación de la causante doña nombre reservado respecto su hija doña nombre reservado; no obstante, aquello no es posible establecer en esta sede, y por ende, no corresponde que sea resuelta por la presente vía cautelar que no constituye una instancia declarativa de derechos, sino de protección de aquellos que siendo indubitados se encuentren afectados por alguna acción ilegal y arbitraria, presupuestos que en estos autos no concurren.

Señala que como es de conocimiento de esta Corte, la acción constitucional de protección tiene por objeto amparar el legítimo ejercicio de los derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo, y en la especie tales condiciones no concurren, pues el recurrente no tiene un derecho indubitado, sino que precisamente busca a través de esta acción constitucional declarar el reconocimiento de la filiación de doña nombre reservado, y consecuente estado civil de hija legítima o natural, con el propósito que ello le permita acreditar su calidad de heredero ante este Servicio.

De tal modo, el recurso de protección es un instituto de carácter procesal constitucional, rápido, sumario y breve cuyo objeto no es solucionar situaciones jurídicas no resueltas y de lato conocimiento, como la declaración de reconocimiento de filiación que persigue el recurrente y, por tanto, a juicio del suscrito, escapa a la finalidad y naturaleza de la acción interpuesta.

TERCERO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

CUARTO. Que en la especie el acto que se dice ilegal y arbitrario es la negativa del Registro Civil e Identificación de conceder la posesión efectiva intestada quedada al fallecimiento de la abuela de las recurrentes y tramitada bajo la solicitud N°11740 en la oficina de Santiago, la que se contiene en resolución N°71717, de fecha 14 de agosto de 2025.

QUINTO. De los antecedentes y del informe evacuado por el Servicio se desprende que:

1. Doña nombre reservado, RUN N°RUT reservado, falleció el 22 de junio de 1963, según consta en partida N°493, circunscripción La Cisterna del año 1963;

2. Que doña nombre reservado, fallecida el 8 de septiembre de 1992, era hija de la causante;

3. Que las recurrentes solicitaron la posesión efectiva de la herencia intestada quedada al fallecimiento de su abuela, tramitada bajo la solicitud N°11740 en la oficina de Santiago, quien rechazó la solicitud fundada en que no habrían acreditado su calidad de herederas respecto de la causante, y que, tenida a la vista la partida de nacimiento de doña nombre reservado, hija de la causante y madre de las solicitantes, se constató que no fue reconocida por la causante como hija natural por escritura pública o acto testamentario, conforme lo exigía la ley vigente a la época de la inscripción de su nacimiento, por lo que tendría la calidad de hija ilegítima, lo que implicaría que no se producen efectos hereditarios respecto de la causante y no se transmiten derechos a su descendencia.

SEXTO. Que, para efectos de resolver sobre la ilegalidad denunciada, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 33 del Código Civil: “Tienen el estado civil de hijos respecto de una persona aquellos cuya filiación se encuentre determinada de conformidad a las reglas previstas por el Título VII del Libro I de este Código. La ley considera iguales a todos los hijos”, disposición que debe ser complementada por el artículo 188 del mismo Código, de acuerdo con la cual: “El hecho de consignarse el nombre de alguno de los progenitores, a petición de cualquiera de ellos, al momento de practicarse la inscripción de nacimiento, es suficiente reconocimiento de filiación”.

SÉPTIMO. Que, teniendo en cuenta las mencionadas disposiciones al caso en examen, no quedaba sino por concluir que el hecho de que apareciera acreditada la filiación de las solicitantes en relación con su madre, y de la madre en relación con la causante, resultaba suficiente para sustentar la petición de las recurrentes que se reconocieran sus derechos hereditarios.

OCTAVO. Así las cosas, la negativa del Servicio de Registro Civil e Identificación a conceder la posesión efectiva a las recurrentes respecto de los bienes quedados al fallecimiento de su abuela constituye un acto ilegal, pues como ha establecido la Excma. Corte Suprema “se funda en una seria de disquisiciones sobre las normas, ya derogadas, que regulaban esta materia con antelación a la Ley N°19.585” (Corte Suprema, rol 39.546- 2020).

Que, ahondando sobre los mencionados argumentos, señala la Corte Suprema que “debe considerarse que la Ley N°19.585 eliminó las diferencias entre las distintas categorías de hijos que existían hasta antes de su dictación, esto es, “legítimo”, “natural” e “ilegítimo”, por lo que pretender que, en definitiva, por no haber sido reconocida (…) carecería de filiación determinada y por tanto, de ascendientes, hermanos o colaterales con derecho a suceder, es un criterio que se aparta incluso de la letra de la ley vigente en materia de filiación como de su espíritu, que terminar con las diversas categorías de hijos y, con ello, las discriminaciones a que daba lugar (Corte Suprema, rol 39.546- 2020).

NOVENO. Así las cosas, al obrar en esos términos, la recurrida ha desconocido los derechos que la norma vigente otorga a las solicitantes de posesión efectiva, lo que vulnera las garantías constitucionales de los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, razón por la que la presente acción de protección deberá ser acogida.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que regula el recurso de protección, se acoge el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado actuando por doña nombre reservado y doña nombre reservado, ambas nombre reservado, en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-20319-2025.

Pronunciada por la Tercera Sala, integrada por los Ministros señor Pedro Salvador Jesus Caro Romero, señora nombre reservado y el Abogado Integrante señora Soledad Krause Muñoz.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, doce de diciembre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.