Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, veinte de marzo de dos mil veintiséis.

VISTO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que a folio 1 comparece nombre reservado, en representación de nombre reservado, quien deduce acción constitucional de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por haber incurrido en la negativa a la debida tramitación de su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado y la omisión de remisión de sus antecedentes a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado.

Señala que dicha actuación es ilegal y arbitraria, ya que impide el inicio del procedimiento administrativo reglado en la Ley N°20.430, vulnerando con ello el derecho fundamental de igualdad ante la ley, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas en su artículo 19 número 2, por lo que solicita se ordene dar curso a dicha solicitud y se otorgue la visación de residente temporario.

Indica el recurrente, ciudadano venezolano, ingresó al territorio nacional el 6 de octubre de 2022 por un paso inhabilitado, tras verse forzado a abandonar su país debido a la violencia generalizada y la constante violación de sus derechos humanos. Con fecha 27 de enero de 2025, acudió a las oficinas de la autoridad recurrida para formalizar su petición de refugio, oportunidad en la que completó el formulario correspondiente y prestó su declaración sobre los hechos. No obstante, hasta el momento de esta presentación, el afectado no ha recibido una respuesta satisfactoria ni se le ha concedido la visación de residente temporario, prescrita por el artículo 32 de la Ley N°20.430.

Sostiene que el derecho a buscar y recibir asilo es un derecho humano fundamental, amparado por el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 5° de la Constitución Política. Invoca, además, el principio de No Devolución establecido en los artículos 4° y 26 de la Ley n° 20.430, así como en los artículos 32 y 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, los cuales prohíben la expulsión de refugiados a territorios donde su vida o libertad peligren.

Añade que la autoridad ha inobservado la Resolución Exenta N°NUM000 de 2023, que establece el manual de procedimiento para la atención de solicitantes de refugio. Argumenta que impedimentos previos relativos a movilidad o seguridad pública no deben frustrar la tramitación, subrayando que la calificación de las circunstancias de ingreso es competencia exclusiva de la Secretaría Técnica y no de los funcionarios regionales del Servicio Nacional de Migraciones.

Afirma que la conducta de la administración constituye una omisión arbitraria e ilegal que transgrede la garantía de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N°2 de la Constitución, al configurar una discriminación injustificada respecto del trato dispensado a otros extranjeros.

Solicita, en definitiva, que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se resuelva que la autoridad migratoria ha actuado de manera arbitraria e ilegal, ordenándose que se concluya el procedimiento solicitado, dándole curso progresivo, y se disponga la concesión de la correspondiente visa temporaria de refugio mientras se realiza la evaluación técnica definitiva.

Segundo: Que a folio 8 comparece nombre reservado y nombre reservado, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, quien solicita el rechazo de la acción de protección interpuesta.

Indican que consta en los registros que el actor ingresó al territorio nacional el 6 de octubre de 2022 a través del paso fronterizo no habilitado de Colchane, sin que existiese en dicha oportunidad una manifestación de voluntad ante la autoridad contralora para solicitar refugio en frontera, conforme lo faculta la normativa vigente.

Añade que transcurrido un tiempo considerable, específicamente el 27 de enero de 2025, el recurrente inició formalmente una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, tras lo cual fue citado a una atención presencial que se materializó el 3 de junio de 2025. En dicha instancia, el funcionario a cargo levantó el acta respectiva y recibió la documentación proporcionada por el interesado, procediendo en el mismo acto a realizar la entrevista de admisibilidad contemplada en el procedimiento.

Explica que, tras una revisión inicial, se comunicó al extranjero - mediante la Resolución Exenta N°NUM001 de fecha 3 de junio de 2025- que su solicitud no podía prosperar debido al incumplimiento de requisitos formales mínimos. El defecto principal radicó en haber excedido el plazo fatal de siete días hábiles, contados desde el ingreso al país, para presentarse ante el Servicio conforme lo exige la Ley N°20.430.

Agrega que, a pesar de habérsele otorgado un término de quince días para subsanar los antecedentes, bajo apercibimiento de desistimiento, y no obstante la presentación de documentos adicionales por parte del actor el 18 de junio de 2025, la administración determinó que no se aportaron elementos que permitieran dar por cumplida la exigencia legal de oportunidad en la presentación. En consecuencia, el 30 de junio de 2025 se dictó la Resolución Exenta N° NUM002, haciendo efectivo el apercibimiento legal y teniendo por desistida la solicitud de refugio. Adicionalmente, se hizo notar que las motivaciones expresadas por el recurrente se vinculan a factores económicos y de búsqueda de oportunidades, y se recalcó que no se ha dictado sanción migratoria alguna en su contra a la fecha.

Destaca que con las modificaciones introducidas por la Ley N° 21.655 a la Ley N° 20.430, el procedimiento de determinación de la condición de refugiado exige el cumplimiento riguroso de etapas de admisibilidad y formalización. En este sentido, el artículo 26 de la citada ley impone a todo extranjero que ingrese para solicitar refugio el deber de informar su intención a la autoridad de frontera y manifestar su voluntad ante el Servicio Nacional de Migraciones en un plazo máximo de siete días. Asimismo, precisó que, en casos de ingreso irregular, la normativa reglamentaria establece un plazo de diez días para presentarse ante la autoridad alegando una razón justificada, requisito que no fue observado en la especie dado que el actor ingresó en octubre de 2022 y solo inició el trámite en enero de 2025.

Sostiene la inexistencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario.

Señala que la actuación de la administración se ajustó estrictamente al procedimiento legal, notificando los defectos de la solicitud y otorgando los plazos de subsanación correspondientes antes de declarar el desistimiento. Concluye que no existe negligencia alguna de su parte, sino que el resultado del trámite administrativo deriva directamente de la inobservancia de las cargas legales por parte del solicitante, por lo que no se advierte una privación, perturbación o amenaza al derecho fundamental cautelado.

Solicita, en definitiva, se rechace la acción de protección en todas sus partes.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Cuarto: Que, en este contexto, es necesario precisar que el procedimiento formal de solicitud de refugio de conformidad a la Ley N°20.430, indica que ella debe formalizarse en los términos del artículo 1° inciso 2° del Reglamento de la citada ley -Decreto Supremo 837-, que dispone que se entenderá como solicitante de la condición de refugiado todo extranjero que se encuentre en el territorio nacional y formalice su intención de ser reconocido. Esta formalización debe realizarse en cualquiera de las oficinas del Servicio Nacional de Migraciones de manera presencial debiendo completarse un formulario que es proporcionado por la autoridad migratoria y un anexo en el cual éste expone los motivos por los cuales debió salir de su país de origen, y demás antecedentes relevantes para decidir.

Por otra parte, el artículo 6° de la citada ley, previene que no se impondrán a los refugiados sanciones penales ni administrativas con motivo de su ingreso o residencia irregular, siempre que se presenten dentro de los 10 días siguientes a la infracción a la legislación que establece normas sobre extranjeros en Chile, ante las autoridades alegando una razón justificada.

Por último, el artículo 115 N° 3 de la Ley de Migraciones, establece que: “Corresponderán a la Subsecretaría del Interior las siguientes funciones:… 3. Ejercer las funciones que la ley Nº 20.430 y su reglamento le asigna en materia de refugio, previo informe del Servicio.”

Quinto: Que, en efecto, tal como consta de los antecedentes aportados, el recurrente -quien ingresó de modo ilegal al país- presentó su solicitud de reconocimiento de condición de refugiado, con fecha 27 de enero de 2025, siéndole notificado, por Resolución Exenta de fecha 3 de junio de 2025, que su solicitud no cumplía con los requisitos formales y se le requirieron antecedentes adicionales para resolver lo pertinente.

Consta además, que habiéndose presentado antecedentes por el recurrente, mediante Resolución Exenta de 30 de junio de 2025, se le notificó que se hacía efectivo el apercibimiento, y se tenía por desistido de su solicitud por no cumplir los requisitos formales para ello, a pesar de haberse analizado los nuevos antecedentes aportados.

Sexto: Que conforme el mérito de lo expuesto, no existen antecedentes de alguna conducta desplegada por la autoridad recurrida que pueda ser reprochada en el presente arbitrio, por lo cual no existe medida alguna que pueda ser adoptada por esta Corte en el marco de la presente acción constitucional.

En efecto, no aparece la existencia de un acto de la autoridad en contra del recurrente que negare, impidiere o vulnerare de alguna manera, los derechos que se reconocen a los extranjeros por la legislación ya reseñada, subsistiendo todos los mecanismos legales a los que puede acudir ante la autoridad, bajo las formas establecidas en la ley, no existiendo ilegalidad ni arbitrariedad en el actuar de la recurrida, por lo que el presente arbitrio deberá ser rechazado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de don nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N° Protección-20289-2025.