Protección contra Dirección Regional de Santiago del Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, cinco de diciembre de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Primero: Que, comparece Franco Aldo Brunetti Arredondo, abogado, interponiendo recurso de protección a favor de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, y en contra de la Dirección Regional de Santiago del Servicio Nacional de Migraciones, por haber esta última dictado la Resolución Exenta NUM000, mediante la cual se tuvo por desistida la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada presentada por la recurrente. Actuación que se considera ilegal y arbitraria, por cuanto constituye una decisión carente de fundamento válido, basada en una errónea calificación de los hechos y en una indebida aplicación de la normativa sobre refugiados, vulnerando con ello las garantías constitucionales de la recurrente relativas a la igualdad ante la ley, a la no discriminación arbitraria y al derecho a solicitar refugio reconocido a nivel constitucional e internacional.

Expone que la recurrente, debió huir de su país debido a la violencia generalizada, conflictos internos y violaciones masivas de derechos humanos, ingresando a Chile el 15 de agosto de 2024. Refiere que, el 10 de enero de 2025, formalizó su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada ante la Dirección Regional de Santiago del Servicio Nacional de Migraciones, entregando formulario y declaración de hechos. Sin embargo, indica que el 19 de agosto de 2025, recibió la Resolución Exenta NUM000, que la tuvo por desistida de dicha solicitud, fundándose en que habría excedido el plazo de siete días hábiles desde su ingreso al país para presentarla, conforme al artículo 26 de la Ley N° 20.430. Alega que la recurrida omitió la derivación de los antecedentes a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, trámite indispensable para el inicio del procedimiento. Refiere asimismo que, el 17 de agosto de 2025, realizó la subsanación requerida a través de la plataforma digital correspondiente, por lo que considera injustificado el actuar de la autoridad administrativa.

Añade que la figura del “desistimiento” invocada por el órgano recurrido carece de aplicación al caso, pues no existe manifestación expresa ni tácita de la recurrente en orden a abandonar su solicitud, tal como lo exige el artículo 52 del Decreto N° 837 y la jurisprudencia que cita.

Enfatiza que los funcionarios de las Direcciones Regionales no tienen competencia para calificar la admisibilidad ni validez de los antecedentes presentados, siendo esta tarea privativa de la Secretaría Técnica de la Comisión respectiva, conforme a los artículos 26 y 27 de la Ley N.º 20.430.

Sostiene que la resolución impugnada resulta además contraria al principio de proporcionalidad, pues desconoce la situación humanitaria que afecta a la recurrente y los riesgos que enfrenta en su país de origen por la acción de grupos delictuales denominados “colectivos”. Agrega que la actuación recurrida vulnera igualmente el principio de irretroactividad de la ley y de las sanciones, en cuanto sanciona hechos supuestamente constitutivos de incumplimientos normativos sin fundamento legal previo, lo que contraviene el artículo 19 N.º 3 de la Constitución Política y los principios de legalidad y seguridad jurídica desarrollados por la jurisprudencia administrativa y judicial que cita extensamente.

Luego expone que la autoridad recurrida también ha infringido los artículos 32 de la Ley N° 20.430 y 42 del Decreto N° 837, que imponen el deber de otorgar una visación de residente temporario una vez presentada la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, sin que exista margen para demoras injustificadas en su entrega. Indica que no se ha otorgado dicha visación, lo cual configura una nueva infracción legal y vulnera las garantías fundamentales de la recurrente, conforme incluso a jurisprudencia de otras Cortes de Apelaciones, cuyos razonamientos reproduce.

Asimismo, explica que el derecho a buscar y recibir asilo constituye un derecho humano fundamental reconocido por la Declaración Universal de Derechos Humanos, por la Constitución Política en su artículo 5°, por Tratados Internacionales ratificados por Chile y por la Ley N° 20.430, cuyo artículo 4 consagra el principio de no devolución. Cita normas de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, que consagran la prohibición de expulsar o devolver a una persona a un lugar donde su vida o libertad peligren. Reitera que la autoridad recurrida incumplió el deber del artículo 27 de la Ley N° 20.430, consistente en remitir la solicitud de refugio a la Secretaría Técnica en el más breve plazo.

Finalmente arguye que la actuación denunciada es arbitraria e ilegal y que afecta las garantías constitucionales de la recurrente, específicamente, la igualdad ante la ley, por cuanto el trato otorgado constituye una discriminación respecto de lo que prescribe la ley y lo habitual en otros casos análogos; y el derecho a solicitar refugio y a no ser expulsada en contravención al principio de no devolución, configurándose así la perturbación y amenaza protegibles por el artículo 20 de la Constitución.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se deje sin efecto la Resolución Exenta NUM000, ordenando al Servicio Nacional de Migraciones continuar con la tramitación de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado y otorgar la visación temporaria prevista en el artículo 32 de la Ley N° 20.430.

Segundo: Que evacua informe el Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo de la acción, en todas sus partes, no configurándose los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, debiendo ser considerado como improcedente al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal, y que atente en contra de alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Expone, en primer término, los antecedentes de hecho que obran en sus registros respecto de la recurrente, indicando que ésta habría ingresado a Chile el 15 de agosto de 2024, por el paso fronterizo no habilitado de Colchane, sin que conste que hubiera manifestado a la autoridad contralora de frontera, su intención de solicitar refugio, pese a lo previsto en el artículo 36 del Decreto N° 837, que establece disposiciones sobre Protección de Refugiados. Señala luego que, con fecha 10 de enero de 2025, la recurrente formuló ante el Servicio la solicitud de reconocimiento de la condición migratoria de refugiado, bajo ID NUM001, y que mediante Oficio Ordinario Folio NUM002, de 30 de mayo de 2025, se le citó a concurrir el día 4 de agosto de 2025, a la oficina del Departamento de Refugio y Protección Internacional, en domicilio reservado, a fin de dar inicio a la tramitación de su solicitud.

En el mismo informe se indica que la recurrente, efectivamente, concurrió en la fecha señalada, oportunidad en la cual el funcionario competente levantó un acta de primera atención, acompañándose copia de su cédula de identidad venezolana e imagen del correo electrónico en que constaría la recepción de su declaración voluntaria de ingreso clandestino por parte de la Policía de Investigaciones de Chile, también de fecha 15 de agosto de 2024, declarando la interesada haber ingresado al país por paso no habilitado. Refiere que, ese mismo día, se le practicó la entrevista de admisibilidad y que, realizada una primera revisión de los antecedentes, mediante Resolución Exenta NUM002, de 4 de agosto de 2025, se comunicó a la solicitante que no se podía dar lugar a la tramitación al no cumplirse los requisitos formales mínimos de la Ley N° 20.430 y su Reglamento, en particular, por exceder el plazo de siete días hábiles desde el ingreso al país para presentarse ante el Servicio Nacional de Migraciones, conforme al artículo 26 de dicha ley, otorgándosele un plazo de quince días hábiles para subsanar, bajo apercibimiento de tenerla por desistida.

Luego se expone que, según los registros del Servicio, con fecha 17 de agosto de 2025, la extranjera sólo acompañó una carta en la que señaló haber salido de Venezuela por las condiciones económicas y políticas y por la situación de sus hijos, indicando que uno de ellos tiene autismo, sin acompañar documentación alguna que lo acreditara ni consignar los nombres de dichos hijos. Añade que, ante la falta de documentación que permitiera entender subsanados los requisitos formales faltantes relativos al ingreso por paso no habilitado y al vencimiento del plazo de siete días para presentarse ante el Servicio, se dictó la Resolución Exenta NUM000, de 19 de agosto de 2025, teniéndose por desistida la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado. Destaca igualmente que en la propia solicitud la interesada señaló que el motivo de su pedido de refugio decía relación con razones económicas y búsqueda de mejores oportunidades, indicando además que, en ningún momento, vivió situaciones de discriminación, violencia o amenazas, y que esta autoridad no ha dictado sanción migratoria alguna en su contra.

En cuanto al derecho, el informe desarrolla extensamente el marco normativo aplicable al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, señalando que éste se encuentra regulado principalmente por la Ley N° 20.430, por la Ley N° 21.655 que la modificó, por el Decreto N° 837 que fija su Reglamento y, en ciertos aspectos, por la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería. Expone que la presentación de una solicitud de reconocimiento se rige por el artículo 26 de la Ley N° 20.430, que habilita a toda persona en territorio nacional para solicitar refugio con independencia de su situación migratoria, exigiendo, sin embargo, que la manifestación de voluntad se efectúe ante la autoridad competente y dentro del plazo legal, y que, para considerar formalizada la solicitud, se cumplan los requisitos de los artículos 2, 6, 26 y 28 de dicha ley y de los artículos 8, 35 y 37 de su Reglamento, referidos a plazo, regularización de ingreso irregular, datos mínimos del solicitante, motivos de la solicitud y ofrecimiento de pruebas.

El informe explica, además, que el artículo 26 impone al extranjero, que ingrese con intención de solicitar refugio, la carga de informar dicha intención a la autoridad contralora de frontera al momento de ingresar y, posteriormente, de manifestar su voluntad en cualquier oficina del Servicio Nacional de Migraciones, presencialmente o por carta, dentro de un plazo fatal de siete días contados desde su ingreso, con la única excepción de aquellos casos en que existan antecedentes suficientes de cambios posteriores en las circunstancias que pongan en riesgo la vida, libertad o integridad del solicitante, hipótesis en que corre un nuevo plazo desde la ocurrencia del hecho fundante. A su vez, se detallan las normas especiales relativas a quienes ingresan en condición migratoria irregular, contenidas en el artículo 6 de la Ley N° 20.430 y en los artículos 8 y 35 de su Reglamento, que exigen la presentación ante la autoridad dentro de diez días de la infracción, alegando razón justificada.

Asimismo, se desarrolla el contenido del artículo 28 de la Ley N° 20.430 y del artículo 37 del Reglamento, en cuanto establecen la información y documentación mínima requerida para entender formalizada la solicitud, y se cita el artículo 28 ter, que prevé la obligación de notificar las falencias y otorgar un plazo de quince días hábiles para subsanarlas, bajo apercibimiento de tener la solicitud por desistida si no se cumple lo ordenado dentro de dicho término. Se agrega el análisis del artículo 28 bis, que exige que la solicitud sea fundada y se condiga con las hipótesis del artículo 2 de la Ley N° 20.430, disponiendo que la Secretaría Técnica, una vez verificados los requisitos formales, emita un informe técnico sobre si la solicitud es manifiestamente infundada, etapa que se desarrolla luego de una entrevista personal con el solicitante. Finalmente, se menciona el efecto de la admisibilidad y formalización de la solicitud, consistente en la extensión de una visación de residente temporario por ocho meses, prorrogable, conforme al artículo 32 de la Ley N° 20.430.

Con base en tales antecedentes de hecho y de derecho, el informe sostiene que no se advierte un actuar negligente ni omisivo que infrinja la normativa citada ni su Reglamento. Concluye que no se configura acto u omisión ilegal o arbitrario emanado del Servicio que prive, perturbe o amenace el ejercicio de derechos fundamentales protegidos por la acción de protección, afirmando que no se cumplen los presupuestos constitucionales ni legales de procedencia del recurso.

En consecuencia, solicita se disponga el rechazo de la acción constitucional de protección en todas sus partes y que no se condene en costas a la autoridad informante.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley o arbitrario- producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Cuarto: Que el artículo 6° de la Ley N° 20.430, establece que “no se impondrán a los refugiados sanciones penales ni administrativas con motivo de su ingreso o residencia irregular, siempre que se presenten, dentro de los diez días siguientes a la infracción a la legislación que establece normas sobre extranjeros en Chile, ante las autoridades, alegando una razón justificada.”

Esta norma luego es reproducida en similares términos por el artículo 8° del Reglamento, contenido en el Decreto N° 837, que dispone que “los extranjeros que hubieren ingresado irregularmente al país o cuya residencia actual fuere irregular y deseen formalizar una solicitud de refugio, deberán presentarse ante la autoridad migratoria correspondiente, dentro de los 10 días siguientes de producida la infracción, alegando una razón justificada para ello.”

Por su parte, el artículo 26 de la Ley N° 20.430, consigna que “la solicitud de reconocimiento deberá ser presentada en el plazo de siete días hábiles, contado desde el ingreso del solicitante al territorio nacional. De manera excepcional, se podrá dar curso a la solicitud cuando existan antecedentes suficientes que den cuenta de cambios en las situaciones descritas en el artículo 2º, posteriores a su ingreso a Chile, que pongan en riesgo la vida, la libertad o la integridad física del solicitante. En este caso, la solicitud de reconocimiento deberá presentarse en el mismo plazo del inciso precedente, contado desde que ocurrió el hecho que funda la solicitud.”

Quinto: Que de las normas antes citadas se concluye que fue la autoridad migratoria competente la que resolvió la solicitud de la amparada y dictó la Resolución Exenta impugnada.

Como informó la recurrida, la recurrente no hizo la solicitud de refugio dentro de los plazos establecidos en las normas legales y reglamentarias anteriormente transcritas, por lo que no cumplió con los requisitos necesarios para que se diera tramitación a ella, sin que se haya entregado, ni ante la autoridad recurrida ni en esta instancia, ningún motivo razonable que permita explicar la demora en la presentación de la solicitud de reconocimiento de su condición de refugiada, excediendo largamente los plazos establecidos en la ley y en el reglamento.

Luego, cabe aclarar que la resolución no tiene por desistida a la recurrente de su solicitud porque ella haya presentado desistimiento, sino es el efecto que dispone la Ley ante el incumplimiento de los requisitos formales de su requerimiento.

Sexto: Que, de esa forma, esta Corte no advierte que la actuación de la recurrida incurra en alguna ilegalidad que ponga en peligro o lesione las garantías fundamentales de la actora, habiendo obrado en todo momento de conformidad con las normas que le son aplicables al proceso de solicitud de permanencia definitiva, de lo que se desprende que lo resuelto por el Servicio recurrido se ajusta a la normativa vigente sobre la materia.

Por estas razones y visto, además, los dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso deducido en favor de nombre reservado y en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese y archívese.

Protección N°20.280-2025