nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ SUBCOMIS

C.A. de Santiago Santiago, treinta de junio de dos mil veintitrés.

Al folio 19; a todo, téngase presente.

VISTOS:

Comparece doña nombre reservado, funcionaria pública, quien interpone recurso de protección en contra de la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA e INVALIDEZ REGIÓN METROPOLITANA y de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, por el acto que considera ilegal y arbitrario consistente en rechazar licencias médicas extendidas en su favor, vulnerando de este modo las garantías que la Constitución Política de la República le asegura en su artículo 19 N° 1 y 24.

Funda el recurso expresando, como contexto, que, desde el año 2017, estaría sufriendo una situación de maltrato y acoso laboral por parte de compañeros de trabajo. En este escenario, indica que el 18 de agosto del año 2021 acudió hasta un centro asistencial, y solicitó ayuda sicológica para enfrentar esta difícil situación laboral, siendo tratada por la Dra. nombre reservado.

Adiciona que, con fecha 21 de octubre de 2021, fue notificada de acusación formulada en un sumario administrativo incoado en su contra, lo que le afectó profundamente, por lo que decidió acudir a su doctora, quien aumentó dosis de medicamentos, otorgando además licencia médica, durante marzo del año 2022. Agrega que profesional tratante la derivó a Salud mental de la ACHS, por considerar que se trata de un problema sicológico directamente relacionado a lo laboral, y debiera tratarse este como tal en la institución respectiva. Sin embargo, “el tratamiento de la ACHS fue totalmente negligente, y en menos de 10 días entregan un diagnóstico, descartando cualquier otro y considerando que los problemas que afectan a mi persona se trata de una enfermedad común, que no requiere mayor tratamiento en dicha institución, y señalan además, responsabilidad de mi persona frente a los hechos acontecidos con mis compañeros de trabajo. Lo que a esta parte le resulta totalmente grave las acusaciones incurridas, además del desinterés ante el proceso solicitado.” Afirma que, con fecha 21 de noviembre de 2022, presentó reclamo ante la SUCSESO, en contra de COMPIN Y ACHS.

Asevera que, con fecha 30 de enero de 2023, luego de dos meses de presentado el reclamo, la SUSESO emitió una Resolución exenta Nº R-01-UME-12798-2023 en la cual se resuelve el rechazo a las licencias Nº 69674074-7, 71112072- 6, RUT reservado. Sostiene que dichas licencias médicas “tienen su origen en un hecho real y natural, como lo es una enfermedad de salud mental; y es que, ante la falta de recursos para cumplir con sus obligaciones económicas, no he podido tener una tratamiento óptimo, adecuado y humano frente a una enfermedad costosa y que no permite tener un estilo de vida adecuado a mi edad.”.

Arguye que la resolución es arbitraria, puesto que “la COMPIN RM Y la SUCESO sin dar razón de su actuar real, se niegan a entregar una respuesta y dar una solución efectiva al pago de las licencias de mi representada.”. Además, aduce que es ilegal, “ya que infringe los artículos 3, 30 y 41 de la Ley Nº 19.880 Sobre Procedimientos Administrativos y el artículo 16 del DS Nº 3/1984 del Ministerio de Salud, al ser un acto administrativo infundado desde el punto de vista técnico y fáctico, sin expresar inicialmente las razones médicas en que se sustenta inicialmente el rechazo de la COMPIN a recibir dichas licencias, y sin señalar posteriormente los hechos factibles en que se basa tal decisión denegatoria del pago, infringiendo así la normativa referida a la fundamentación de los actos administrativos”.

Al respecto, considera infringido el deber de fundamentación previsto en el artículo 41 de la Ley Nº 19.880, “al no resultar explicado razonablemente por qué la autoridad administrativa - recurridas- han negado inicialmente las referidas licencias médicas.”. Añade que la decisión de las recurridas de negar las licencias médicas objeto de este recurso, “no se apoya en ningún elemento de convicción objetivo que lleve a estimar racionalmente que ninguna de las entidades no realice el pago correspondiente, no se encuentra justificado, sin que sea dable discernir que aquélla se basta a sí misma, si no ofrece los elementos de juicio necesarios que permitan comprenderla y entender la razón por la cual se niega el derecho a pago.”.

En cuanto a las garantías invocadas, arguye que el no pago de las licencias “implica que el dependiente que ha hecho uso de la licencia médica no contará con los medios económicos para hacer frente a sus necesidades diarias, tales como alimentación y compras de medicamentos prescritos según la patología que padece, comprometiendo y conculcando de esta forma, su derecho a la vida e integridad física y psíquica.”, mientras que “constituye una privación de la remuneración monetaria a la cual tiene derecho la suscrita, esta situación afecta consecuencialmente, el derecho de propiedad”.

Finalmente, solicita acoger el recurso, declarando arbitrario e ilegal en incumplimiento por parte ya sea del COMPIN RM y/o a la SUCESO; con ejemplarizadora condena en costas.

Informando doña nombre reservado, presidenta de la comisión de medicina preventiva e invalidez región metropolitana (COMPIN R.M), quien expone que COMPIN R.M., resolvió rechazar las siguientes licencias médicas por los siguientes motivos:

-Licencia Médica N° 69674074-7, extendida por 30 días desde el 02-05-2022 al 31-05-2022. La licencia se rechaza puesto que el reposo es injustificado, ya que “adjunta informe médico insatisfactorio, sin escala de gravedad, sin FPA1, sin recuperabilidad, del cual no se pueden desprender argumentos que permitan justificar la necesidad de prolongación del reposo más allá del periodo que ya ha sido autorizado”.

-Licencia Médica N° 71112072-6, extendida por 30 días desde el 01-06-2022 al 30-06-2022. La licencia se rechaza puesto que el reposo es injustificado, ya que “paciente con 191 días de reposo por patología psiquiátrica F32.1 y F41.2, adjunta IMT2 08-08-2022 por Dra. nombre reservado, medicina familiar, diagnóstico: F323, GAF4 52, está en proceso administrativo en su institución, requiere ansiolíticos para calmar el cuadro, debido a sumario administrativo genera niveles altos de ansiedad, no informa plan de reintegro laboral, no informa riesgo suicida, no deriva a psiquiatra, paciente con problemas laborales que repercuten en su reincorporación laboral sin informar un plan o método para superar este hecho”.

-Licencia Médica N° RUT reservado, extendida por 30 días desde el 01-07-2022 al 30-07-2022. La licencia se rechaza puesto que el reposo es injustificado, ya que “adjunta informe médico insatisfactorio, sin escala de gravedad, sin FPA, sin recuperabilidad, del cual no se pueden desprender argumentos que permitan justificar la necesidad de prolongación del reposo más allá del periodo que ya ha sido autorizado”.

Afirma que dichas decisiones se fundamentan en virtud de los artículos 16° y 21° del D.S. N°3/1984 y los artículos 3° y 4° del Decreto Supremo N° 7/2013. En consecuencia, de lo anteriormente aduce que ha actuado dentro del marco de sus facultades legales, con estricto apego a los criterios médicos dispuestos para llevar a cabo la labor de Contraloría Médica, establecidas tanto en el D.S. N° 3, en el Dto. N° 7/2013 y en el artículo 3° inciso tercero de la Ley 20.585, lo que excluye de plano el que se esté en presencia de un acto arbitrario e ilegal que reprochar a la recurrida.

Por último, informando Roberto Barraza Saavedra, abogado, en representación de la recurrida la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL alega en primer término la extemporaneidad del recurso. Argumenta que la acción de que se trata fue interpuesta con fecha 01 de marzo de 2023, en circunstancias que la Sra. nombre reservado recurrió ante la Superintendencia, mediante presentación de fecha 21 de noviembre de 2022, reclamando por cuanto la Compin Región Metropolitana, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s 69674074-7, 71112072-6, 72695812-2, extendidas por un total de 90 días a contar del 02 de mayo de 2022, por reposo no justificado. En razón de lo señalado, estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas referidas no se encontraba justificado, dictamen y fundamentos contenidos en Resolución Exenta N° R01-UME-12798-2023, de fecha 30 de enero de 2023. Sin perjuicio de lo anterior, consta que la Sra. nombre reservado recurre previamente ante la COMPIN Región Metropolitana, reclamando por el rechazo de la licencia médica N° 69674074-7, presentación que fue desestimada, mediante Resolución Licencia Médica, ya con fecha 20 de octubre de 2022, según registra documento Listado Maestro de Licencias Médicas de Fonasa. Lo propio se resolvió respecto de las licencias médicas Nº 71112072-6, 72695812-2, en orden a confirmar su rechazo por la misma entidad previsional. Por lo anterior, se evidencia que ha pasado más de treinta días, desde la fecha de la interposición de esta acción y el conocimiento que la recurrente tuvo del rechazo de las licencias médicas apeladas, tanto de los fundamentos que motivaron dicha decisión como de la eventual arbitrariedad o vulneración de las garantías constitucionales que se reclaman, en la especie, supuestamente afectadas.

En segundo lugar, alega la improcedencia en materias de Seguridad Social, pues los hechos dicen relación con la misma, en circunstancias que dicha garantía no está amparada por la acción cautelar que motiva estos autos, toda vez que se asegura en el artículo 19 N° 18 del texto constitucional, que no se encuentra en el catálogo del artículo 20 de la Constitución Política.

En subsidio, informa que la protegida recurrió ante la Superintendencia, mediante presentación de fecha 21 de noviembre de 2022, reclamando por cuanto la COMPIN REGIÓN METROPOLITANA, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s 69674074-7, 71112072-6, 72695812-2, extendidas por un total de 90 días a contar del 02 de mayo de 2022, por reposo no justificado.

En razón de lo señalado, estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas referidas no se encontraba justificado. Esta conclusión se basó en que los antecedentes adjuntados son insuficientes (informe médico no ampliamente fundado, sin descripción de la evolución del cuadro clínico, sin plan de tratamiento o ajustes farmacológicos). Además, no registra atención AUGE, derivación a programa de salud mental de 10 CESFAM, a especialista en psiquiatría y sin detalles sobre un proceso psicoterapéutico (psicología). Lo anterior, no permite establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado por 131 días por la misma patología, dictamen y fundamentos contenidos en Resolución Exenta N° R-01-UME12798-2023, de fecha 30 de enero de 2023.

Sobre la materia, destaca que, en atención a los antecedentes médicos y administrativos aportados al expediente de la recurrente, los facultativos de este Organismo informaron: “Dra. nombre reservado. Ficha Médica (…) Fundamentos de la resolución: 3 LMs emitidas x M Familiar (SIS) extrasistema por un total de 90 dias a/c de 02-05-22. Reposo autorizado x 131 días a/c de 22-12-21 hasta 01-05-22. Revisión y registro IMT (informe médico tratante). No acredita notificación/derivación AUGE-PSM, atención psx ni psiquiátrica. Adjunta certificados y Res. de sumario institucional (administrativa Corporación Asistencia judicial) registrados. Cc: Mujer de 56 años. En proceso de sumario institucional. Antecedentes médicos aportados no fundamentan prorroga del reposo. No ha sido derivada a AUGE-PSM, sin atención x psx ni psiquiatra. Se sugiere rechazar”.

Posteriormente, se refiere al marco jurídico aplicable. En este orden de ideas, expresa que, sin perjuicio de las facultades que establece el artículo 21º del Decreto Supremo Nº 3, de 1984, del Ministerio de Salud, los profesionales médicos de la Superintendencia analizaron los elementos del caso en concreto, concluyendo que estos por si solos son más que suficientes para formarse una convicción médica, sin ser indispensable para su decisión la solicitud nuevos informes médicos.

Aduce que, “el D.S. N° 7, de 2013, del Ministerio de Salud, respecto a las patologías mentales, en su en su artículo 4° número II establece, en relación al reposo laboral de más de 60 días, prorrogable hasta 180 días, los siguientes requisitos: “Siempre es otorgada por médico psiquiatra cualquier diagnóstico de enfermedad mental CIE 10, incluyendo el trastorno de adaptación y excluyendo trastorno de personalidad como diagnostico principal. Contar con un informe de peritaje por médico psiquiatra para ser prorrogable hasta 180 días. Síntomas de intensidad grave que producen dificultades graves en la actividad laboral. Refractariedad o resistencia al tratamiento y con evaluaciones periódicas durante los 60 días previos. Podrían requerirse nuevos periodos de reposo hasta completar un máximo de 180 días. El reposo laboral debería ser indicado por el médico psiquíatra por períodos de 15 días cada vez (excepcionalmente se podría justificar un periodo de 30 días cuando existen circunstancias ocasionales que impiden un acceso a psiquíatra más frecuente). Cada episodio clínico debe considerar para la indicación del reposo laboral: tratamiento farmacológico, psicoterapia e intervenciones psicosociales (recomendable terapia cognitiva conductual). Teniendo como referencia las Guías Clínicas disponibles en el Ministerio de Salud en su sitio.”.

Así entonces, y como se desprende de la relación que se ha realizado en este escrito, la actuación de esta Superintendencia, se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras”.

Alega que la pretensión de la recurrente, en orden a que se le autoricen las licencias médicas y se le pague el subsidio por incapacidad laboral, fuera de no tener fundamento legal de acuerdo con los antecedentes y preceptos legales que invoca, ciertamente, desborda claramente los límites de aplicación de la acción de Protección, puesto que, en el caso de la recurrente, claramente su derecho a licencia médica y consecuentemente al subsidio por incapacidad laboral, no reúnen la condición de un derecho preexistente, indubitado, cuyo ejercicio resulte legítimo, por el contrario, tras las sucesivas revisiones de la COMPIN y de esta Superintendencia, se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de sus licencias médicas.

Por su parte, aduce que no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues se limitó a resolver la situación de la Sra. nombre reservado, dentro del ámbito de su competencia, tampoco ha existido, en la especie, vulneración o amenaza al derecho a la vida e integridad física y psíquica, ni menos se ha infringido o vulnerado el derecho de propiedad de la recurrente, reconocidos a todas las personas en el artículo 19 N°s 1 y 24 de la Constitución Política de la República, como tampoco ningún otro derecho garantizado por la referida Carta Fundamental.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

1°.- Que, para que pueda brindarse protección constitucional, es necesario que se haya incurrido en un acto u omisión arbitraria o ilegal que amenace, prive o perturbe alguna de las garantías constitucionales que el Constituyente señala en el artículo 20 de la Carta Política.

2º.- Que, el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares.

Son presupuestos de esta acción cautelar:

a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria;

b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

3º.- Que, el acto recurrido que se reclama es consecuencia del actuar de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región Metropolitana, COMPIN, como por la Superintendencia de Seguridad Social, SUSESO, que rechazaron el pago de tres licencias médicas emitidas por su médico tratante, consistentes en las N°s. 69674074-7, 71112072-6 y RUT reservado, ello por dictamen de la segunda recurrida de fecha 30 de enero del presente año, N° R-01-UME-12798-2023, estimando que con ello se vulneran las garantías que la Constitución Política de la República le asegura en los numerales 1 y 24 de su artículo 19.

4°.- Que, en primer lugar, cabe señalar que es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal esto es, contrario a la ley o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5º.- Que, en primer lugar, cabe señalar que el artículo 1º del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección, establece que dicha acción cautelar se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.

6º.- Que, en ese mismo orden de ideas, el acto que se le reprocha a la SUSESO, que fue la confirmación del rechazo de las tres licencias médicas ya singularizadas, de lo que la recurrente tomó conocimiento y reclamó ante la recurrida el 21 de noviembre de 2022, pero que fue rechazado mediante Resolución Exenta N° R-01-UME-12798-2023, el 30 de enero del presente año, habiéndose interpuesto el recurso el 1° de marzo del presente año, claramente aparece deducido dentro del plazo de 30 días aplicable al caso, considerando que aquella es la fecha en que la recurrente tomó conocimiento del rechazo final de las tres licencias ya descritas, lo que permite desestimar la alegación de extemporaneidad planteada por la SUSESO.

7°.- Que, entrando fondo del asunto, cabe advertir que es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

8°.- Que, en relación a la alegación de que conforme al artículo 20 de la Carta Fundamental no figura la presente materia dentro del catálogo de procedencia del mismo, que corresponden a la seguridad social como es la autorización, rechazo o modificación de licencias médicas, propias del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esa defensa se desestimará, dado que lo que se censura en este caso está dado en una supuesta falta de motivación y contradicción de la propia autoridad recurrida, vinculado al derecho a la igualdad de trato y del derecho de propiedad por el cese en el pago de las mismas, por lo que no se restringe únicamente a materias propias de seguridad social como alude una de las recurridas 9°.- Que, conforme a los elementos de convicción agregados por las partes, los que analizados de conformidad a las reglas de la sana crítica, particularmente de los antecedentes administrativos que se acompañan a este informe, es posible advertir que las recurridas no han incurrido en ninguna arbitrariedad ni ilegalidad en su proceder, en lo que se ha apegado a la normativa legal y reglamentaria vigente.

10°.- Que, en efecto, el rechazo en la COMPIN se basó en la primera licencia, en que el reposo era injustificado, adjuntándose informes médicos insatisfactorios, sin escala de gravedad, sin recuperabilidad, que no permitieron justificar la necesidad de prolongar el reposo más allá del período que ya había sido autorizado a su respecto, el que llegaba a los 131 días. En la segunda no informaba plan de reintegro laboral ni riesgo suicida y no derivaba a psiquiatra, sin apreciar plan o método para superar lo acontecido. Y, respecto de la tercera, también con informe médico insatisfactorio, sin escala de gravedad, sin recuperabilidad, lo que no permitió justificar la necesidad de prolongar el reposo más allá del período que ya había sido autorizado a su respecto.

A su tiempo, la SUSESO concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas referidas no se encontraba justificado, lo que se basó en que los antecedentes adjuntados eran insuficientes (informe médico no ampliamente fundado, sin descripción de la evolución del cuadro clínico, sin plan de tratamiento o ajustes farmacológicos). Además, no registra atención AUGE, ni derivación a programa de salud mental de CESFAM, a especialista en psiquiatría y sin detalles sobre un proceso psicoterapéutico (psicología).

Lo anterior, no permitió establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado por 131 días por la misma patología, dictamen y fundamentos contenidos en Resolución Exenta N° R-01-UME-12798-2023, de fecha 30 de enero de 2023.

11°.- Que, por otro lado, los facultativos de la SUSESO informaron: “Dra. nombre reservado. Ficha Médica (...) Fundamentos de la resolución: 3 LMs emitidas x MFamiliar (SIS) extrasistema por un total de 90 días a/c de 02-05-22. Reposo autorizado x 131 días a/c de 22-12-21 hasta 01-05-22. Revisión y registro IMT (informe médico tratante). No acredita notificación/derivación AUGE-PSM, atención psx ni psiquiátrica. Adjunta certificados y Res. de sumario institucional (Administrativa Corporación Asistencia Judicial) registrados. Cc: Mujer de 56 años. En proceso de sumario institucional. Antecedentes médicos aportados no fundamentan prórroga del reposo. No ha sido derivada a AUGE-PSM, sin atención x psx ni psiquiatra. Se sugiere rechazar”.

12°.- Que, como se advierte, el rechazo impugnado de las singularizadas licencias médicas se encuentra debidamente fundado, ya que no cumplen con los criterios normativos del Reglamento sobre Guías Clínicas Referenciales relativos a Licencias Médicas, Decreto N° 7/2013, de 18 de julio del mismo año, puesto que no adjunta antecedentes médicos que justifiquen la prolongación del reposo por el diagnóstico enunciado, se acompaña informe médico insatisfactorio, el cual no hace referencia a la evolución del cuadro tratado, a la escala de gravedad, fecha probable de alta médica, recuperabilidad, derivación a un especialista, ni a un plan terapéutico. Tampoco se objetiviza el rol clínico del reposo.

13°.- Que, por otro lado, el artículo 149 del D.F.L. N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, cuerpo legal que, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud, crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto y en su artículo 156 trata del beneficio de licencia médica.

Se define la licencia médica en el artículo 1° del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, agregando que de acuerdo con las normas ya referidas, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.

Asimismo, en ejercicio de las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en la materia, le corresponde supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social conforme al artículo 19 Nº18 inciso 4º de la Constitución Política y el artículo 2º de la Ley Nº 16.395 modificado por la Ley 20.691 del año 2013, citando además los artículos 27 y 38 de la Ley Nº 16.395.

14º.- Que, por otro lado, el procedimiento para su autorización está regulado en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, artículo 11 y siguientes, corresponde a las INSTITUCIONES DE SALUD PREVISIONAL (ISAPRES) en el caso de los trabajadores afiliados a estas entidades, o a las COMISIONES DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ (COMPIN), en el caso de los trabajadores cotizantes del FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA), pronunciarse acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas por un facultativo de la salud, esto es, un médico cirujano, un cirujano dentista o una matrona en ciertos casos.

Por otra parte, las COMPIN deben resolver, como en el caso de la recurrente acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas a los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA).

De las resoluciones que las COMPIN emitan en alguna de las situaciones descritas, se debe pedir reconsideración ante la misma entidad y, por último, reclamar de la resolución de la COMPIN que resuelve el recurso de reconsideración ante la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

Al mismo tiempo, los artículos 2°, 3° y 27 de la Ley N° 16.395, otorgan a la Superintendencia de Seguridad Social la calidad de organismo técnico de fiscalización de las instituciones de previsión, naturaleza que justamente tienen las COMPIN, que en este caso conoció y resolvió, dentro del marco de su competencia, rechazar las licencias médicas de que se trata por las consideraciones médicas ya anotadas.

15º.- Que, en cuanto a las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia, le corresponde la de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Es la Ley N° 16.395, en su artículo 2º de la Ley Nº 16.395, modificada por la Ley N° 20.691, señala las funciones de la Superintendencia de Seguridad Social:

“a) Fijar, en el orden administrativo, la interpretación de las normas legales y reglamentarias de seguridad social de su competencia.”

“c) Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia.”

En seguida, el artículo 3º del mismo cuerpo legal en comento dispone que: “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia.”

En su inciso segundo la norma en comento dispone que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.”

Por su parte, el artículo 27 de la Ley N° 16.395, establece que a esa Superintendencia le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud, en lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario.

16º.- Que, en consecuencia, la actividad realizada por parte de las recurridas, se ajustó rigurosamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras.

17°.- Que, la recurrente ha alegado la vulneración de los derechos consagrados en el artículo 19 N°s. 1 y 24 de la Constitución Política de la República, siendo que no se ha establecido ninguna afectación a su integridad física ni síquica, al contrario, se trata de situaciones que por su particularidad deben ser analizadas caso a caso, dependiendo de la evolución clínica de las dolencias que registre un paciente determinado, su gravedad y recuperabilidad, así como determinar si se trata de una incapacidad temporal o definitiva, siendo que alegar una especie de derecho a todo evento a que le sean cursadas las licencias médicas que presente, siendo que como ya se dijo, el marco reglamentario y legal determina controles administrativos de procedencia, por lo que en realidad se estaba en presencia de una mera expectativa, siendo que el presente arbitrio está establecido para amparar situaciones fácticas o jurídicas indubitadas.

18°.- Que, en ese mismo sentido, según lo dispone el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental, el recurso de protección es una acción destinada a adoptar una medida para que cese una actuación arbitraria o ilegal, esto es, contraria a la ley o que sea producto del mero capricho de quien incurre en ella y dado su carácter excepcionalísimo, está llamado únicamente a cautelar ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentarse, siendo que, en el caso propuesto, el acto recurrido consistente en la negativa fundamentada a cursar tres licencias médicas por parte de las autoridades administrativas determinadas legalmente para ello y con plena competencia, no es posible advertir arbitrariedad en su proceder.

19°.- Que, a mayor abundamiento, dentro del contexto material que se viene reseñando, no resulta factible adoptar alguna medida de cautela a favor de la recurrente y que conforme a lo razonado precedentemente no puede prosperar y deberá ser desestimado en todas sus partes.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara:

Que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región Metropolitana COMPIN RM y de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO).

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese, si no se apelare.

Protección Ingreso Corte N° 2028-2023.