Protección contra Comité de Administración del Condominio nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, diecinueve de octubre de dos mil veintiséis.

A los folios N° 17 y 18: a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que con fecha 10 de septiembre de 2026, comparece Paz Urra, abogada, en representación de nombre reservado, quien actúa por sí y en representación legal de su hijo adolescente nombre reservado, interponiendo acción constitucional de protección en contra del Comité de Administración del Condominio nombre reservado, y del administrador nombre reservado, por haber ordenado y materializado el corte del suministro de energía eléctrica de la vivienda que habitan, así como la supresión de su acceso al sistema de control de acceso del condominio, fundándose en una deuda de gastos comunes que no les es imputable y que corresponde a un tercero, actuación que considera ilegal y arbitraria, vulnerando con ello los derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 Nº 1, Nº 4 y Nº 24 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita que se ordene reponer el suministro eléctrico y dar acceso al sistema de ingreso del condominio, absteniéndose en lo sucesivo de suspender cualquier servicio.

Expone que la recurrente mantuvo una convivencia de aproximadamente 20 años con nombre reservado, propietario del inmueble, de la cual nació nombre reservado, de 16 años.

Añade que ocupan la vivienda en calidad de meros tenedores, en virtud de resoluciones judiciales, toda vez que el 21 de enero de 2026, el Juzgado de Familia de Colina, en causa RIT F-82-2026, decretó el abandono del hogar común por parte del propietario y la prohibición de acercamiento, y que, con fecha 16 de febrero de 2026, en causa RIT P-238- 2026, decretó medidas de protección a favor del adolescente.

Señala que el adolescente es alumno regular de II año de Enseñanza Media y se encuentra en tratamiento psicoterapéutico semanal desde el 12 de noviembre de 2025, con sintomatología compatible con un cuadro ansioso.

Indica que la unidad registra una deuda de gastos comunes cuyo titular es el propietario, con un total a pagar de $2.605.808, generada mientras este habitaba el inmueble, que la comunidad demandó al deudor ante el Juzgado de Policía Local.

Ilustra que, previamente, se suprimió el acceso a la aplicación de control de acceso, que la liquidación de agosto de 2026 anunció la publicación del listado de morosos, y que el 3 de septiembre de 2026 se cortó la energía eléctrica, permaneciendo sin suministro hasta hoy.

Argumenta que el acto es ilegal por infringir el artículo 36 de la Ley Nº 21.442, norma de derecho estricto que exige autorización expresa del reglamento, acuerdo previo del comité, morosidad de tres o más cuotas, aviso previo y la no suspensión simultánea de servicios.

Sostiene que la recurrida reconoció, en comunicación de 8 de junio de 2026, que el reglamento vigente no le entrega tales herramientas, y que el artículo vigésimo noveno exige notificación previa de 5 días, lo que no ocurrió.

Afirma que el acto recurrido es arbitrario por dirigirse contra quien no es deudor, por desproporcionado e inidóneo, y que la recurrida actuó conociendo la situación familiar.

Explica que se vulnera el artículo 19 Nº 1 por la afectación de la integridad física y psíquica del adolescente; el artículo 19 Nº 4 por la exposición pública de la situación económica del hogar mediante la nómina de morosos; y el artículo 19 Nº 24 por la privación de derechos incorporales derivados de su calidad de ocupantes legítimos, todo ello a la luz del interés superior del adolescente.

Solicita que se acoja el presente arbitrio y, en su mérito, se ordene reponer la energía eléctrica en un máximo de 24 horas, restablecer el acceso al sistema de control, abstenerse de suspender servicios mientras el adolescente habite la unidad, abstenerse de publicar nóminas de morosos, con costas.

Segundo: Que nombre reservado, presidente del Comité de Administración del Condominio nombre reservado, evacua el informe, solicitando el rechazo íntegro de la acción constitucional, con costas.

Señala, en primer término, que lamenta la situación familiar descrita, aunque esta no es imputable a la comunidad y que la suspensión del suministro eléctrico se funda en una morosidad de 11 cuotas, actuación que se encuentra prevista en los artículos 20 Nº9 y 36 de la Ley Nº 21.442 y en el reglamento de copropiedad.

Expone que vivienda que habita la recurrente registra una deuda de $2.605.808, sin que esta haya efectuado abonos ni solicitado convenio de pago.

Explica que la obligación sigue al dueño de la unidad conforme a los artículos 6 y 35 de la Ley Nº21.442, por lo que no existe un “deudor ausente”, y que la recurrente debe reclamar en sede de familia.

Refiere que el corte fue precedido de avisos formales de 10 de abril y 4 de junio de 2026, correos electrónicos de 4 y 10 de junio, y gestión con el propietario el 12 de mayo de 2026.

Indica que la solicitud ante Enel Distribución Chile S.A. se formalizó el 4 de agosto de 2026, fue aceptada el 11 de agosto de 2026 y se ejecutó el 3 de septiembre de 2026.

Precisa que la medida sobre el acceso consistió en desactivar la apertura automática, sin impedir el ingreso, y que fue alzada el 16 de septiembre de 2026, por lo que esa petición carece de objeto.

Sostiene que el reglamento vigente, reducido a escritura pública el 2 de julio de 2026 e inscrito, autoriza en su artículo vigésimo noveno la suspensión, y que concurren copulativamente todos los requisitos legales, incluido el acuerdo del Comité.

Alega que no hay suspensión simultánea, toda vez que el control de acceso no es un servicio que corresponda a los del artículo 20 Nº9 de la Ley de Copropiedad.

Afirma que no existe autotutela, por cuanto la ejecuta Enel por mandato legal, y que no hay juicio ante el Juzgado de Policía Local, pues el cobro corresponde al juez de letras mediante juicio ejecutivo.

Postula que el acto no es arbitrario por ser reglado, fundado, gradual, igualitario, proporcionado e idóneo, y que no existe causalidad con la afectación psíquica, que la jurisprudencia invocada versa sobre una persona electrodependiente, que la nómina alude a unidades y se comunicó solo a copropietarios, que la recurrente es mera tenedora y que el interés superior del adolescente no extingue obligaciones.

Concluye que la acción carece de derecho indubitado y que la materia es de lato conocimiento.

Solicita que se rechace en todas sus partes la acción constitucional o, en subsidio, pide que se deje a salvo el derecho de la comunidad para perseguir el cobro íntegro de la deuda.

Tercero: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, conviene dejar establecido que el acto que se recurre como ilegal y arbitrario corresponde al corte del suministro eléctrico y negar el acceso a la aplicación que controla el acceso a la aplicación para ingresar al condominio.

Quinto: Que en relación con la falta de acceso a la aplicación para controlar el acceso al condominio, la recurrida ha informado que le fue otorgado a la recurrente en septiembre del año en curso y, en presentación de 29 de septiembre del corriente, confirma esta situación, por lo que la presente acción constitucional no podrá prosperar en esta rubro.

Sexto: Que no se encuentra discutido entre las partes que en septiembre del presente año se interrumpió el servicio de electricidad del inmueble que habita la recurrente junto con su hijo en el condominio recurrido.

Séptimo: Que, revisado el reglamento de copropiedad, su artículo vigésimo noveno faculta al condominio recurrido a realizar un corte del suministro eléctrico ante la morosidad del pago de los gastos comunes, por lo que solo queda determinar si esta facultad fue ejecutada de manera arbitraria por la recurrida.

Octavo: Que la recurrida acompaña comunicaciones nominalmente dirigidas a la recurrente, de por lo menos abril de año en curso, del aviso de corte de suministro por morosidad.

La morosidad puede entenderse acreditada tanto por el tenor de la misma acción constitucional, como por las liquidaciones de gastos comunes de ambas partes donde la de agosto de 2026 señala que el último pago fue realizado en septiembre del año 2025.

Noveno: Que, respecto de los argumentos que la deuda corresponde al cónyuge propietario del inmueble y no a la recurrente, no es menos cierto que las medidas compulsivas para el cobro que se encuentran en la Ley Nº21.442 y en el reglamento del condominio están destinadas a afectar directamente la habitabilidad del inmueble moroso, por lo que el hecho que el propietario del inmueble actualmente no este viviendo en el mismo no hace de este inmune a tales medidas coercitivas.

Décimo: Que, de esta manera, se concluye que el acto impugnado no ha perturbado de modo ilegal ni arbitrario a la recurrente o a su hijo en el ejercicio legítimo de los derechos denunciados, sino que fue motivado por la aplicación de normas a las que el propietario dio carácter de vinculantes cuando adquirió el inmueble, suspendiendo temporalmente el suministro eléctrico de este, circunstancia que seguirá mientras se mantenga en la condición de deudor de la comunidad o se logre un acuerdo distinto con ella.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se decide que se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido a favor de nombre reservado y del adolescente nombre reservado en contra del Comité de Administración del Condominio nombre reservado y de su administrador nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Protección N° 20274-2026.-