nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, veintinueve de mayo de dos mil diecinueve.

Al escrito folio 193857: téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Primero: Que comparece nombre reservado, trabajador, en contra de don nombre reservado, Director Nacional del Trabajo, Abogado, por haber infringido las garantías constitucionales del N° 2° y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al no realizar hasta ahora el informe solicitado por el Juzgado de letras del Trabajo.

En cuanto a los hechos indica que el 28 de febrero de 2017, presentó demanda en procedimiento laboral de aplicación general en contra de Ingeniería y Montajes TMS S.A. y The Monsters S.A., ambas sociedades comerciales de giro inversiones, ambas representadas legalmente por nombre reservado, factor de comercio, y domiciliadas en domicilio reservado, alegando que se tratan ambas de una unidad económica para efectos laborales, ante el 2° J.L. del Trabajo de Santiago, RIT: O-1195-2017.

Menciona que al proveer la demanda, el Juez Laboral ordenó a la Dirección del Trabajo informar sobre la circunstancia de tratarse las demandadas de una unidad económica, de conformidad con el inciso 7° del artículo 3° del Código del Trabajo.

A la fecha la recurrida no ha emitido dicho informe, pese a que el tribunal laboral ha instruido para ello, y reiterado la orden en muchísimas oportunidades. ( 14 ) Desde que la Inspección del Trabajo recibió la orden de hacer el informe de marras, al día de hoy, han transcurrido más de dos años. Mientras tanto, el juicio laboral está suspendido, con lo que ha visto, en la práctica, burlados los derechos laborales del Sr. nombre reservado.

Expresa que se ha vulnerado la igualdad ante la ley, ya que no está tratando al Sr. nombre reservado bajo un principio mínimo de igualdad, y se ha tardado más de dos años en evacuar un informe sin el cual el proceso judicial laboral no puede continuar. Así, con esa omisión irracional e inaudita se le está tratando como un sujeto de segunda categoría, que no tiene, en la práctica, acceso a un pronunciamiento judicial para el reconocimiento de determinados derechos civiles.

Además se vulnera el derecho de propiedad, ya que la demanda en que incide el informe de unidad económica de la Inspección del Trabajo, que ha sido ordenado por el juez especial, pretende el pago de prestaciones laborales ineludibles como el feriado legal, proporcional y progresivo, indemnizaciones por despido indirecto, cotizaciones previsionales y nulidad del despido. La administración pública, con su omisión, lo que está haciendo es, por la vía de los hechos, privar a esta parte del derecho de propiedad sobre tales prestaciones dinerarias y previsionales, puesto que, la única manera de acceder a ellos es mediante el ejercicio de las acciones judiciales correspondientes, y la paralización del proceso, por falta de servicio administrativo, hace imposible que se pueda alcanzar ese derecho.

Pide restablecer el imperio del derecho, ordenándole evacuar el informe de unidad económica señalado en el cuerpo del escrito, en el más breve plazo que se determine, con costas.

SEGUNDO: La Dirección recurrida sostiene que el recurrente no posee interés ni pretensión actual y ha perdido la causa de pedir.

Indica que con fecha 9 de abril de 2019, la Dirección del Trabajo mediante correo electrónico, adjuntó el informe de investigación solicitado por el tribunal, en causa RIT O-1195-2017, radicada ante el 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, informe N° 1301.2019.1635, de fecha 9 de abril del presente año, realizado por fiscalizadora Sra. nombre reservado que el envío del informe solicitado fue realizado por el Sr. nombre reservado, Jefe de la Unidad Inspectiva de la Inspección Provincial del Trabajo de Santiago. El tribunal con fecha diez de abril de este año proveyó: “A sus antecedentes informe de la Dirección del Trabajo”. Además, está fijada la celebración de una audiencia de juicio en la causa RIT O-1195-2017 del 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, para el día 4 de septiembre de 2019 a las 11:00 hrs. Sostiene que el recurso de protección incoado ha perdido interés actual, así como su causa y objeto, dado que consta el envío y recepción del informe de fiscalización que la recurrente extraña en su presentación.

Plantea la improcedencia del recurso de protección en el caso concreto. 1) El recurso de protección no constituye sustituto jurisdiccional de acciones y procedimientos que existen al efecto de impugnar actuaciones administrativas.

Señala que la Ley N° 19.880, de bases del procedimiento administrativo, consagra en su artículo 17 g), el derecho de toda persona de exigir responsabilidad de la Administración Pública y del personal a su servicio. La Contraloría General de la República, a su vez, es el órgano competente para conocer y sancionar cualquier responsabilidad que las personas deseen denunciar en contra de un funcionario público, como por ejemplo, el retardo en evacuar un informe de investigación laboral.

Sin embargo, al pretender utilizar el recurso de protección en sustitución o reemplazo de las acciones que el ordenamiento jurídico expresamente contempla, se desvirtúa la naturaleza jurídica de esta acción cautelar y se sustituye a los procedimientos disciplinarios en materia administrativa, por el recurso de protección.

Manifiesta que existe en el caso concreto un derecho indubitado que proteger en favor de los recurrentes.

Refiere que el recurso de protección no puede sustituir el proceso idóneo para obtener una declaración de derechos. La finalidad del recurso de protección está lejana a ser una instancia de este tipo de declaraciones. De este modo, lo ha establecido la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema.

Sostiene que el daño al derecho de propiedad que se dice afectado, es en realidad la mera expectativa de obtener un resultado favorable en el juicio laboral iniciado.

Por otra parte, el derecho a la igualdad ante la ley, amerita que se diga algo respecto a quienes no se ha otorgado un trato igualitario por la excesiva demora en la evacuación del informe de fiscalización solicitado por el tribunal laboral. El concepto de igualdad ante la ley entonces obliga a señalar siempre un vínculo relacional respecto de quienes hacer el contraste para justificar el trato desigual, lo que en este caso concreto se traduce en establecer respecto a quienes se les favoreció por un mejor trato por parte de la Administración.

Sin perjuicio de ello, es lamentable reconocer que es frecuente, y no la excepción, este tipo de atrasos en la emisión de informes de fiscalización en materia de multiplicidad de razones sociales como único empleador, aunque existen varios factores que de alguna manera lo explican, y que solo a manera de enunciación podemos señalar: 1) Las casas matrices de las empresas en Chile se concentran en la ciudad de Santiago, recargando el trabajo de los fiscalizadores de esta zona geográfica; 2) Instrumentalización de la solicitud de informe; 3) Complejidad de investigar este tipo de materias que requiere el desplazamiento del fiscalizador por varios domicilios, la recopilación de mucha información, la entrevista de varias personas, etc.; 4) El bajo aumento de dotación de fiscalizadores para enfrentar este desafío y los que propuso a su vez la reforma laboral, como ocurre con los informes en materia de requerimientos de calificación de servicios mínimos y equipos de emergencia.

Por todo lo anterior, pide rechazar en todas sus partes el recurso de protección de autos, con expresa condenación en costas de la contraria.

TERCERO: Que el recurso de protección es un instituto procesal de carácter extraordinario, establecido para restaurar el imperio del derecho cuando se han afectado derechos fundamentales garantizados por nuestra Constitución Política, por intermedio de un acto arbitrario o ilegal. Por consiguiente, en primer lugar, ha de determinarse si existe un actuar que puede calificarse –para estos efectos- como ilegal y/o arbitrario y si tal proceder afectó las garantías que el recurrente estima conculcadas.

Cuarto: Que en el caso de autos el objeto del recurso, en los términos que se expresan en el libelo, decía relación con que la recurrida no había dado cumplimiento a su obligación de remitir al Segundo Juzgado de Letras del Trabajo el informe sobre Unidad Económica que le fuera originalmente requerido en febrero de 2017, en un proceso en que el recurrente tiene la calidad de demandante. Sin perjuicio de constatar que la Dirección del Trabajo efectivamente ha excedido cualquier término razonable para satisfacer una de las obligaciones de su cargo, en el caso de autos, se encuentra acreditado que lo reclamado se cumplió el 9 de abril de 2019, es decir, se agregó a la causa RIT O -1195-2017el informe sobre investigación de unidad económica de las dos empresas demandadas en tal calidad, elaborado por la fiscalizadora señora nombre reservado, motivo por el cual solo cabe concluir que actualmente no existe medida que esta tribunal pueda adoptar en resguardo de los derechos del recurrente.

Quinto: Que en atención a la naturaleza del arbitrio intentado y teniendo especialmente en consideración que la recurrida dio cumplimiento a lo reprochado por el recurrente, procede desestimar la acción intentada por carecer de objeto.

Sexto: Que lo anterior es sin perjuicio de otros derechos que el recurrente pueda ejercer, a través de las acciones que el ordenamiento jurídico le reconoce si estima que ha sufrido un perjuicio con la dilación constatada.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo que dispone el Auto Acordado sobre la materia, dictado por la Excma. Corte Suprema, se RECHAZA el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, sin costas.

Regístrese y comuníquese.

N°Protección-20230-2019.-