Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, catorce de enero de dos mil veintiséis.

Al folio 18, téngase presente.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, con fecha 11 de septiembre de 2025, se deduce acción constitucional de protección en favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la dictación de la Resolución Exenta N° NUM000, de 26 de agosto de 2025, que tuvo por desistida la solicitud de determinación de la condición de refugiado del recurrente, vulnerando de esta forma la garantía consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

Menciona como antecedentes que el recurrente es un ciudadano venezolano, quien se desempeñó como Sargento Mayor de Segunda en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desde el año 2009. Argumenta que, debido a sus opiniones políticas contrarias al gobierno de Venezuela y tras las elecciones presidenciales de julio de 2024, sufrió represalias, incluyendo traslados forzosos y amenazas de detención bajo cargos de deserción, lo que lo obligó a abandonar su país.

Expone que ingresó a Chile el 14 de enero de 2025 por un paso no habilitado, presentándose de inmediato ante la Policía de Investigaciones de Chile en Colchane para solicitar refugio. Señala que, pese a manifestar su voluntad de protección -la cual no fue registrada-, se le notificó el inicio de un proceso sancionatorio de expulsión. Posteriormente, el 21 de enero de 2025, concurrió a las oficinas del Servicio Nacional de Migraciones para formalizar su petición, entregando un acta de la PDI con cargo de recepción del mismo día. Indica que, tras ser citado a una entrevista el 5 de agosto de 2025, la recurrida dictó la Resolución Exenta N° NUM001, ordenando subsanar supuestos incumplimientos de plazos y requisitos de ingreso, bajo apercibimiento de desistimiento.

Afirma que, aun cuando acompañó antecedentes adicionales por plataforma digital el 20 de agosto de 2025, la recurrida dictó el acto impugnado el 26 de agosto de 2025, dándolo por desistido.

Cita, para respaldar su acción, las normas contenidas en la Ley N° 20.430 sobre protección de refugiados y su Reglamento, específicamente los artículos 6, 26 y 35, además de la Ley N° 19.880 sobre bases de los procedimientos administrativos.

Asimismo, invoca instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Opinión Consultiva N° 25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Pide en definitiva, acoger el recurso, declarar la ilegalidad y arbitrariedad de la Resolución Exenta N° NUM000, y ordenar al Servicio Nacional de Migraciones que permita al recurrente ingresar al procedimiento de determinación de la condición de refugiado conforme a la ley, con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que, con fecha 21 de octubre de 2025, evacúa el informe el Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo del recurso.

Expone como antecedentes que el recurrente no registra un ingreso formal al país, presumiéndose su entrada por paso no habilitado eludiendo controles migratorios, lo cual consta en el Parte Policial N° NUM002 de 4 de febrero de 2025 de la PDI. Sostiene que no existen registros de que el interesado manifestara su intención de solicitar refugio ante la autoridad contralora de frontera al momento de su ingreso. Confirma que, el 21 de enero de 2025, se registró su petición mediante carta y se le citó a entrevista el 5 de agosto de 2025. Precisa que, tras analizar la presentación, se detectó que no cumplía con los requisitos formales mínimos relativos al cumplimiento de plazos para extranjeros con ingreso irregular según los artículos 8 y 35 del Reglamento de la Ley N° 20.430.

Argumenta que su actuar no ha sido arbitrario o ilegal puesto que el procedimiento se ajustó a lo establecido en la Ley N° 20.430, especialmente tras la entrada en vigencia de la Ley N° 21.655, que introdujo una etapa inicial de admisibilidad. Menciona que se otorgó al recurrente un plazo de 15 días hábiles para subsanar los defectos mediante la Resolución Exenta N° NUM001, y que los documentos aportados por este —una carta explicativa y antecedentes de su hermano— fueron analizados, pero se estimaron insuficientes para desvirtuar las causales de incumplimiento formal.

Estima que la resolución que tuvo por desistida la solicitud es consecuencia directa de la falta de subsanación de los requisitos legales por parte del interesado, actuando el Servicio con estricto apego a las facultades que le confiere la normativa migratoria y la Ley N° 19.880. Niega la existencia de una vulneración a la igualdad ante la ley, argumentando que se ha brindado al recurrente el mismo trato que a cualquier otro extranjero en situación similar y que no se ha dictado actualmente una sanción de expulsión en su contra.

Solicita, en definitiva, el rechazo de la acción constitucional de protección en todas sus partes, sin condena en costas por haber actuado con fundamento plausible.

TERCERO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

CUARTO: Que con las modificaciones introducidas al reglamento de la Ley 20.340, mediante los Decretos N° 125 y N° 146, de 11 de enero y de 20 de abril de 2022, respectivamente, se modificó el artículo 35 de la citada normativa, en la que desde la primera fecha se señala que de efectuarse la solicitud de refugio por parte de un extranjero que hubiere ingresado en forma clandestina, ello se hará “de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 bis, habiendo cumplido previamente con lo establecido en el artículo 8 inciso primero de este reglamento”.

El aludido artículo 36 bis alude a la manera en que se debe materializar la petición de refugio -por escrito o mediante el lleno de un formulario entregado por la autoridad competente- y el deber de efectuar el requerimiento de forma personal, con la salvedad que el mismo precepto reconoce;

QUINTO: Que la exigencia de autodenuncia ante la Policía de Investigaciones es ilegal, pues el artículo 6 de la Ley 20.430 señala: “No se impondrán a los refugiados sanciones penales ni administrativas con motivo de su ingreso o residencia irregular, siempre que se presenten, dentro de los diez días siguientes a la infracción a la legislación que establece normas sobre extranjeros en Chile, ante las autoridades, alegando una razón justificada”.

Por su parte, el inciso primero del artículo 8 del Decreto N° 837, del Ministerio del Interior, reglamento de la ley citada indica: “Los extranjeros que hubieren ingresado irregularmente al país o cuya residencia actual fuere irregular y deseen formalizar una solicitud de refugio, deberán presentarse ante la autoridad migratoria correspondiente, dentro de los 10 días siguientes de producida la infracción, alegando una razón justificada para ello”.

A su turno, el inciso quinto de este último precepto incluso reconoce a la autoridad migratoria la facultad de eximir de las sanciones a que dé lugar el ingreso o la residencia irregular a quienes hayan sido reconocidos como refugiados “y hubieren formalizado su solicitud fuera del plazo indicado” -10 días-, de conformidad a la legislación que establece normas sobre extranjeros en Chile, de manera que de esta propia norma se colige que el aludido plazo no dice relación con un supuesto término para autodenunciarse ante la Policía de Investigaciones de Chile, sino que se trata precisamente del plazo con que cuentan quienes hayan ingresado irregularmente al país para formalizar su solicitud de refugio, a diferencia de lo que acontece con quienes ingresen al territorio regularmente, quienes de conformidad a lo previsto en el artículo 26 de la Ley 20.430, “… deberán informar a la autoridad contralora de frontera sobre su intención de solicitar refugio en Chile, en cuyo caso serán trasladados a la dependencia más cercana de la Policía de Investigaciones para llevar a cabo un registro biométrico o cualquier otra tecnología que permita la identificación de datos que se encuentre vigente, y se les informará sobre los requisitos y plazos que contempla el procedimiento conducente al reconocimiento de la condición de refugiado”, debiendo formalizar su “solicitud de reconocimiento deberá ser presentada en el plazo de siete días hábiles, contado desde el ingreso del solicitante al territorio nacional”;

SEXTO: Que luego de lo dicho, lo cierto es que habiendo ingresado el recurrente irregularmente al territorio nacional el 14 de enero de 2025, en las cercanías de Colchane, día en que señala haberse puesto a disposición de la Policía de Investigaciones de Chile manifestando su deseo de solicitar refugio, lo que no habría sido atendido por los funcionarios de tal institución, siendo de contrario sancionado por su ingreso irregular al país, a raíz de lo cual compareció personalmente a dependencias del Servicio Nacional Migratorio a requerir formalmente el refugio el día 21 del mismo mes, lo cierto es que dio cumplimiento al requisito de haberse presentado ante la “autoridad migratoria correspondiente”, dentro de los 10 días siguientes de producida la infracción, esto es, de haber ingresado irregularmente al territorio nacional, alegando una razón justificada para ello, por lo que resulta indiscutido que la decisión adoptada por el Servicio de Migraciones y que se impugna por esta vía, al tener al recurrente por desistido de su solicitud en razón de un supuesto incumplimiento de un “requisito formal” inexistente, constituye una decisión ilegal, de manera que indefectiblemente se acogerá la presente acción cautelar en los términos que se indicará en lo resolutivo de este fallo.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge el recurso de protección interpuesto por Tomás Greene y Alexis Aguirre en favor de nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones y a efectos de restablecer el imperio del derecho se deja sin efecto la resolución recurrida y se ordena al órgano antes aludido adoptar de inmediato las medidas necesarias a objeto de otorgar tramitación regular al requerimiento de refugio, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-20200-2025.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por la Ministro señora Maritza Elena Villadangos Frankovich, el Ministro (S) señor Freddy Antonio Cubillos Jofré y el Abogado Integrante señor Manuel Domingo Antonio Luna Abarza.

En Santiago, catorce de enero de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.