Protección contra Dirección Regional de Santiago del Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, doce de enero de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, con fecha 10 de septiembre de 2025, el abogado Franco Aldo Brunetti Arredondo, en representación de don nombre reservado, ciudadano venezolano, interpuso recurso de protección en contra de la Dirección Regional de Santiago del Servicio Nacional de Migraciones, por haber incurrido en una actuación que califica de ilegal y arbitraria, consistente en la dictación de la Resolución Exenta N° NUM000 de fecha 14 de agosto de 2025, que tuvo por desistida su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado.

El recurrente expone que ingresó a Chile por paso no habilitado el 30 de octubre de 2019, huyendo de una situación de violencia generalizada y persecución en Venezuela por parte de grupos armados ("Colectivos").

Señala que el 30 de mayo de 2025 acudió a formalizar su solicitud de refugio, ocasión en la que se le entregó el formulario respectivo. No obstante, indica que la autoridad recurrida, mediante la resolución impugnada, declaró el desistimiento de su petición argumentando que excedió el plazo de 7 días para presentarse ante el Servicio y por no acreditar el cumplimiento de los plazos tras su ingreso irregular. Estima que tal decisión vulnera su derecho a la igualdad ante la ley (artículo 19 N° 2 de la Constitución Política) y los principios de no devolución y proporcionalidad, toda vez que no ha existido un desistimiento expreso ni voluntario de su parte, sino una interpretación forzada de la normativa migratoria.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe solicitado, el Servicio Nacional de Migraciones solicitó el rechazo del recurso. Expuso que el recurrente ingresó clandestinamente al país en octubre de 2019 y solo manifestó su intención de solicitar refugio el 30 de mayo de 2025, esto es, casi seis años después de su ingreso.

Informó que la Ley N° 21.655, vigente al momento de la solicitud, modificó la Ley N° 20.430, estableciendo requisitos estrictos de admisibilidad y plazos perentorios (7 días hábiles desde el ingreso). Señaló que se le otorgó al actor un plazo de 15 días hábiles mediante Resolución Exenta N° NUM001 para subsanar los defectos de su solicitud, específicamente para justificar la demora extrema y el ingreso por paso no habilitado. Al no presentar antecedentes que permitieran subsanar dichas omisiones legales, la autoridad procedió a dictar la Resolución Exenta N° NUM000 declarando el desistimiento, ajustándose plenamente a lo dispuesto en los artículos 26, 28 bis y 28 ter de la Ley N° 20.430. Sostuvo, finalmente, que no existe acto ilegal o arbitrario, sino la aplicación de la normativa vigente ante la desidia del solicitante.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales es una acción de naturaleza cautelar destinada a restablecer el imperio del derecho ante actos u omisiones ilegales o arbitrarios que perturben o amenacen el legítimo ejercicio de los derechos y garantías expresamente señalados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que, en virtud de los antecedentes acompañados apreciados conforme a la sana crítica es posible tener por establecidos los siguientes hechos: a.- Que mediante parte policial N ° NUM002 de fecha 17 de noviembre de 2020, la Policía de Investigaciones informa del ingreso por paso no habilitado del recurrente, eludiendo los controles fronterizos. b.- Que con fecha 30 de mayo de 2025, el extranjero manifestó su intención de acceder al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado y se le otorgó una cita para el trámite inicial para el 24 de julio de 2025. c.- Que una vez analizada la referida solicitud se advirtió por la autoridad administrativa que estaba incompleta. d.- Que mediante Resolución Exenta N ° NUM001, se le solicitaron al recurrente antecedentes, bajo apercibimiento de tener por desistida su solicitud, indicando que tenía 15 días para subsanar su solicitud, lo que fue debidamente notificado mediante correo electrónico.

QUINTO: Que, debe tenerse en cuenta que el procedimiento administrativo de la condición de refugiado se encuentra regulado principalmente en la l Ley N ° 20.430, la Ley N ° 21.665 que modificó la Ley de Refugio, por el Decreto N ° 837, que fija su Reglamento, y también en algunas disposiciones establecidas en la Ley N ° 21.325 de Migración y Extranjería.

Que en virtud del artículo 26 de la Ley N ° 20.430, toda persona se encuentra habilitada para solicitar en Chile, el reconocimiento de la condición de refugiado, con independencia de su condición migratoria, siempre y cuando se encuentre en territorio nacional. Dicha solicitud debe ser realizada en cualquier oficina del Servicio Nacional de Migraciones, a través de carta certificada o de forma presencial, en los términos del artículo 36 bis del Reglamento de la Ley N ° 20.430.

Sin perjuicio de lo anterior, para que un extranjero sea considerado como solicitante de refugio, su solicitud debe haber sido declarada admisible y formalizada con arreglo a los artículos 2, 6, 26 y 28 de la Ley N ° 20.430, y a los artículos 8, 35 y 37 de su Reglamento. Así, los requisitos para la formalización de una solicitud de refugio son los siguientes: .- Que el solicitante haya manifestado su intención de solicitar refugio, que la solicitud haya sido presentada ante autoridad competente y que haya sido realizada dentro del plazo legal establecido en el artículo 26 de la Ley N ° 20.430. .-Que se hayan cumplido los requisitos establecidos para solicitantes de refugio que hayan ingresado por paso no habilitado y/ o que ostentan condición migratoria irregular. .- Que la solicitud contenga ciertas menciones mínimas exigidas por el artículo 28 de la Ley N ° 20.430 y detalladas en el artículo 37 del Reglamento. .- Que, del análisis de la solicitud, ésta sea declarada admisible, por tener suficientes fundamentos, con arreglo al artículo 2 y 28 bis de la Ley N ° 20.430.

SEXTO: Que, la controversia jurídica se centra en determinar si la Resolución Exenta N° NUM000, que declara el desistimiento de la solicitud de refugio de don nombre reservado, constituye un acto arbitrario o ilegal.

Al respecto, es necesario considerar que el artículo 26 de la Ley N ° 20.430 (modificado por la Ley N ° 21.655) establece que la solicitud de refugio debe presentarse en un plazo de siete días contados desde el ingreso al país. En la especie, consta que el recurrente ingresó a Chile en octubre de 2019 y sólo inició gestiones ante el Servicio Nacional de Migraciones en mayo de 2025. Esta dilación de casi seis años excede con creces cualquier margen de razonabilidad y los plazos legales previstos para la protección internacional.

SÉPTIMO: Que, de los antecedentes acompañados, se desprende que la autoridad migratoria no negó de plano la tramitación, sino que aplicó el procedimiento de subsanación previsto en el artículo 28 ter de la Ley N° 20.430, otorgando al recurrente la oportunidad de justificar su situación. El hecho de que el Servicio Nacional de Migraciones haya considerado que los antecedentes aportados por el actor en su etapa de subsanación no fueron suficientes para salvar los requisitos legales de temporalidad y procedencia, no torna el acto en ilegal, sino que constituye el ejercicio de las facultades privativas de la administración en el control migratorio y la determinación de la condición de refugiado.

OCTAVO: Que el desistimiento declarado por la autoridad no es arbitrario, por cuanto se funda en el incumplimiento de requisitos formales y plazos fatales establecidos en la ley. No se advierte una discriminación arbitraria, puesto que la normativa se aplica de igual forma a todos quienes se encuentran en situaciones de ingreso irregular y extemporaneidad en la solicitud de protección.

NOVENO: Que, respecto a la alegación de que el recurrente habría "renegociado" o intentado subsanar su situación con posterioridad al ejercicio de acciones administrativas, cabe señalar que la legalidad de un acto administrativo se juzga al momento de su dictación. En este caso, la Resolución Exenta N ° NUM000 es el resultado de un procedimiento administrativo concluido donde el interesado no cumplió con el estándar probatorio ni los plazos legales, operando el desistimiento por el solo ministerio de la ley conforme al apercibimiento previo realizado.

DÉCIMO: Que, en consecuencia, no habiéndose acreditado un actuar ilegal o arbitrario por parte del Servicio Nacional de Migraciones, por cuanto la decisión de la autoridad administrativa solo se ajustó a la normativa legal que regula esta materia, la presente acción de protección no puede prosperar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la materia, que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado Franco Aldo Brunetti Arredondo, en favor de nombre reservado, en contra de la Dirección Regional de Santiago del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N° Protección-20161-2025.