Protección contra Caja de Previsión de la Defensa Nacional

C.A. de Santiago Santiago, veintidós de abril de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece don Miguel Ignacio Donckaster Moreno, abogado, en representación de doña nombre reservado, contadora auditora, quien interpone recurso de protección en contra de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (CAPREDENA), representada por su nombre reservado, don nombre reservado.

La acción se dirige en contra de la Resolución Exenta N° NUM000, de 27 de enero de 2025, que aplicó la medida disciplinaria de destitución a la recurrente; la Resolución Exenta N° NUM001, de 13 de febrero de 2025, que rechazó los recursos administrativos en su contra; y la Resolución Exenta N° NUM002, de 11 de agosto de 2025, de la Contraloría General de la República, que desestimó el reclamo de ilegalidad interpuesto, actos que estima ilegales y arbitrarios, vulnerando sus garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 numerales 2°, igualdad ante la ley y 3°, debido proceso, de la Constitución Política de la República.

Señala que fue objeto de un sumario administrativo iniciado por Res. Ex.

N° NUM003 de 2023, por denuncias de acoso laboral, procedimiento que estuvo viciado pues, tras cerrarse la investigación y formularse cargos inicialmente en septiembre de 2023, la autoridad decidió mediante la Resolución Exenta N°NUM004 de abril de 2024 reaperturar el sumario y retrotraerlo a la etapa de formulación de cargos, para "precisarlos", sin que existiera mérito legal para ello conforme al artículo 139 de la Ley N° 18.834, lo que a su juicio vulnera las normas del debido proceso y el orden consecutivo legal.

Sostiene que la nueva formulación de cargos fue "solapada", basándose en hechos que debieron ser eliminados y utilizando prejuicios sobre su personalidad. Alega que la sanción de destitución es desproporcionada, ya que no se ponderó adecuadamente su irreprochable conducta anterior, ni las pruebas rendidas respecto a la sobrecarga laboral crítica que sufría el servicio, la cual explicaba el contexto de tensión, descartando el “animus” de maltrato.

Finalmente, denuncia que la resolución sancionatoria carece de motivación suficiente y racionalidad al valorar la prueba.

Solicita se deje sin efecto la medida de destitución y se ordene su reincorporación.

Segundo: Que informa la recurrida, Caja de Previsión de la Defensa Nacional, representada por el abogado Gerardo Salinas Muñoz, solicitando el rechazo íntegro del recurso.

Señala que el sumario administrativo se instruyó para investigar denuncias de acoso y maltrato laboral presentadas por siete funcionarios dependientes de la recurrente. Afirma que la decisión de retrotraer el proceso (Res. N° NUM004) tuvo por objeto subsanar vicios y garantizar el derecho a defensa, permitiendo una formulación de cargos más precisa y concordante con los hechos investigados, lo cual está dentro de las facultades de la autoridad para velar por la legalidad del procedimiento antes de emitir un acto terminal.

Respecto al fondo, indica que se acreditaron hechos graves constitutivos de acoso laboral, vulneratorios de la dignidad de los funcionarios, lo que configura una infracción grave al principio de probidad administrativa y a las obligaciones funcionarias (art. 84 letra l) del Estatuto Administrativo). Argumenta que la medida de destitución es la única proporcional a la gravedad de los hechos, dado que la conducta de la actora afectó la integridad psíquica de sus subordinados.

Finalmente, destaca que la Contraloría General de la República, órgano técnico encargado de velar por la juridicidad de los actos administrativos, revisó el procedimiento a través de un reclamo de ilegalidad y lo validó mediante el Dictamen N° NUM002, descartando los vicios alegados por la actora.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Carta Fundamental, constituye una acción cautelar de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de los derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese ejercicio.

Para que la acción prospere, es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley o arbitrario, producto del mero capricho, que provoque una afectación a un derecho indubitado.

Cuarto: Que, entrando al análisis del primer capítulo de impugnación, referido a la supuesta ilegalidad en la reapertura del procedimiento sumarial dispuesta por la Resolución Exenta N° NUM004, cabe señalar que la Administración del Estado tiene el deber de velar por la juridicidad de sus actos y la regularidad de los procedimientos disciplinarios.

Que si bien el artículo 139 de la Ley N° 18.834 establece reglas sobre la reapertura del sumario, el principio de invalidación artículo 53 de la Ley N° 19.880 y el deber de saneamiento de los vicios procedimentales facultan a la autoridad administrativa para corregir actuaciones que podrían devenir en la nulidad del proceso sancionatorio.

En la especie, la decisión de retrotraer la causa a la etapa de formulación de cargos tuvo por finalidad precisar las imputaciones, atendido que los cargos originales se estructuraron por parte del fiscal a cargo, en siete resoluciones distintas, una por cada denunciante, como si se tratase de siete procedimientos distintos en un mismo sumario, lo que tal como denuncia la misma recurrente en sus primeros descargos, plantea un total de 23 cargos, de los que hubo de pronunciarse.

Que así, la reapertura ordenada por el Jefe de Servicio, lejos de perjudicar a la recurrente, reforzó su garantía de defensa, permitiéndole conocer con exactitud los hechos reprochados, que finalmente fueron aunados en 4 cargos, respecto de los cuales pudo ejercer nuevamente sus descargos y rendir prueba respecto de esa formulación corregida.

No se advierte, por tanto, una vulneración al orden consecutivo legal que genere indefensión, sino un ejercicio correctivo propio de la potestad de mando y control jerárquico.

Quinto: Que, en cuanto a la alegación de falta de proporcionalidad y arbitrariedad en la ponderación de la prueba y de las atenuantes, como la irreprochable conducta anterior y la sobrecarga laboral, es menester recordar que la sede de protección no constituye una instancia de revisión de mérito o de apelación genérica de las decisiones administrativas.

Que en este orden de materias, la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia ha asentado que la ponderación de los hechos y la determinación de la sanción disciplinaria son facultades privativas de la autoridad administrativa, a quien corresponde calificar la gravedad de la conducta., lo lo que la intervención judicial que se reclama, se justifica sólo cuando dicha ponderación carece de racionalidad o fundamento, tornándose caprichosa.

Sexto: En el caso de autos, la Resolución Exenta N° NUM000 se encuentra debidamente motivada, describiendo las conductas de maltrato y acoso laboral hacia los funcionarios denunciantes, hechos que la autoridad estimó acreditados tras un largo proceso sumarial. La alegación de la recurrente sobre la "sobrecarga laboral" como justificación de su actuar fue analizada y desestimada por el órgano sancionador, bajo el razonamiento lógico de que las tensiones propias del servicio o la falta de personal no autorizan, en caso alguno, la vulneración de la dignidad y el trato respetuoso debido a los subordinados, bienes jurídicos protegidos por el Estatuto Administrativo y la propia Constitución.

Séptimo: Que respecto a la proporcionalidad de la sanción, la medida de destitución aplicada se fundamenta en la gravedad de la infracción al principio de probidad administrativa y en la prohibición de realizar actos atentatorios contra la dignidad de los funcionarios.

Así, tratándose de conductas que vulneran derechos fundamentales de terceros al interior de la Administración, la autoridad goza de un margen de apreciación para imponer la sanción más drástica, sin que la irreprochable conducta anterior opere como una eximente automática o fuerce una rebaja de la pena, cuando la gravedad de los hechos, por su naturaleza y reiteración, hace insostenible la permanencia del funcionario en el servicio. Por ende, la decisión no se observa desproporcionada ni carente de fundamento legal.

Octavo: Que, asimismo, refuerza la conclusión de legalidad del acto impugnado el hecho de que la Contraloría General de la República, en ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, conoció de los mismos vicios alegados por la recurrente mediante un reclamo de ilegalidad, desestimándolos a través de la Resolución Exenta N° NUM002. Y si bien el dictamen del ente contralor no impide la revisión jurisdiccional, constituye un antecedente calificado que confirma que el procedimiento se ajustó a la normativa estatutaria vigente.

Noveno: Que, en consecuencia, no habiéndose acreditado la existencia de un acto ilegal o arbitrario por parte de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, ni la vulneración de las garantías constitucionales de igualdad ante la ley o debido proceso, puesto que la recurrente fue oída, presentó pruebas, formuló descargos y ejerció los recursos pertinentes, de manera que la sola discrepancia de la actora con la valoración de los hechos y la severidad de la sanción no transforma, per se, a la decisión administrativa en un acto susceptible de reproche en esta sede cautelar, por lo cual la presente acción constitucional no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado en contra de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del abogado integrante señor Luis Hernández Olmedo.

N° Protección-20160-2025.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor José Pablo Rodríguez Moreno e integrada por el ministro señor Tomás Gray Gariazzo y por el abogado integrante señor Luis Hernández Olmedo.