nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LA ARAUCANA

C.A. de Santiago Santiago, veintitrés de abril de dos mil veintiséis.

VISTOS:

PRIMERO: Que comparece doña Paula Andrea Cancino Kobek, abogada, en representación de don nombre reservado, interponiendo recurso de protección de garantías constitucionales en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana y de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, por haber procedido dichas entidades a efectuar descuentos directos sobre las remuneraciones del recurrente, a través de su empleador, en concepto de cobro de créditos sociales, no obstante encontrarse dichas deudas siendo cobradas simultáneamente mediante acciones ejecutivas ante el 23° Juzgado Civil de Santiago, actuación que considera ilegal y arbitraria, en cuanto importa el ejercicio de una vía de cobro extrajudicial en forma paralela a la vía judicial ya iniciada, configurando una suerte de autotutela prohibida por el ordenamiento jurídico y contraviniendo las disposiciones del artículo 58 del Código del Trabajo, vulnerando con ello el derecho de propiedad del recurrente sobre sus remuneraciones, garantía que la Constitución Política de la República asegura a todas las personas en su artículo 19, numeral 24°, por lo que solicita que se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Señala que con fecha 23 de febrero de 2023 suscribió el pagaré N°170CON102364128 con la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por un monto total de $12.040.926, pagadero en 60 cuotas mensuales; y que con fecha 16 de junio del mismo año suscribió el pagaré N°208DIG100203240 con la misma institución, por la suma de $3.520.347, también en 60 cuotas mensuales. Refiere que, habiendo sido desvinculado de su anterior empleador, empresa Nalco Industrial Services Chile S.A., quien mantenía convenio con la Caja Los Andes, no pudo continuar cumpliendo con dichas obligaciones. Agrega que, al ser contratado por su actual empleador, Empresas IANSA S.A., entidad que mantiene convenio con la recurrida, Caja La Araucana, comenzaron a efectuarse descuentos por planilla desde el mes de julio de 2025, mediante el mecanismo denominado Intercaja.

Expone que la propia Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes optó por la vía judicial, interponiendo dos demandas ejecutivas en su contra con fecha 4 de septiembre de 2024, tramitadas ante el 23° Juzgado Civil de Santiago, bajo los roles C-16051-2024 y C-16050-2024, causas en las que ya fue requerido de pago válidamente en diciembre de 2024 y en las que no se opusieron excepciones. En consecuencia, sostiene que la recurrida, al perseguir simultáneamente el cobro por la vía del descuento por planilla, incurre en un actuar doblemente irregular.

Invoca el artículo 58 inciso tercero del Código del Trabajo, que dispone que solo con acuerdo escrito entre empleador y trabajador podrán deducirse de las remuneraciones sumas destinadas a pagos de cualquier naturaleza, sin exceder el quince por ciento de la remuneración total, pacto que no habría existido en la especie. Asimismo, cita jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema, entre otros los fallos dictados en los autos roles N°92814-2016, N°73938-2016 y N°125593-2020, en los que se acogieron acciones de protección similares, declarándose la ilegalidad y arbitrariedad de los descuentos efectuados por cajas de compensación en circunstancias análogas. Apoya también su argumentación en dictámenes de la Dirección del Trabajo, particularmente el ORD. N°2210/35, de fecha 10 de junio de 2009, que establece que los derechos fundamentales de los trabajadores constituyen límites infranqueables frente a las potestades del empleador.

En lo que concierne a la vulneración constitucional denunciada, el recurrente sostiene que los descuentos realizados por la recurrida sobre sus remuneraciones, sin fundamento legal, sin notificación previa y en forma paralela al cobro judicial ya iniciado, constituyen una privación arbitraria e ilegal de su derecho de propiedad sobre dichos emolumentos, garantizado en el artículo 19, numeral 24° de la Constitución Política de la República, afectando no solo su patrimonio personal, sino también la estabilidad económica de su grupo familiar.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene dejar sin efecto los descuentos efectuados sobre sus remuneraciones a requerimiento de la recurrida; se condene a esta última a restituir los montos descontados desde junio de 2025, los que a la fecha de interposición del recurso ascienden a la suma de $854.382; y se le condene al pago de las costas del juicio. Asimismo, en otrosí, solicita que se decrete orden de no innovar, a fin de que la recurrida se abstenga de seguir efectuando descuentos sobre su remuneración mensual durante la tramitación del presente recurso.

SEGUNDO: Que la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana evacuó el informe requerido solicitando el rechazo del recurso de protección interpuesto en su contra, en virtud de los siguientes fundamentos de hecho y de derecho.

Expone que el señor nombre reservado no mantiene crédito alguno con Caja La Araucana, siendo que la deuda que origina los descuentos impugnados corresponde a un crédito vigente y moroso contraído con la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, identificado con el pagaré N°170CON102364128. Añade que, en virtud del mandato recíproco existente entre todas las Cajas de Compensación y de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N°18.833, Caja La Araucana solicitó al empleador del recurrente, Empresas IANSA S.A., RUT N°RUT reservado, empresa afiliada a dicha institución, el descuento de las cuotas morosas del referido crédito, remesando posteriormente los montos recaudados al patrimonio de Caja Los Andes, según consta en el detalle de operaciones adjunto al informe.

Sostiene, en primer término, que las Cajas de Compensación de Asignación Familiar son entidades de previsión social regidas por la Ley N°18.833, cuyo artículo 22 establece expresamente que lo adeudado por prestaciones de crédito social debe ser deducido de la remuneración del trabajador por su empleador, rigiéndose por las mismas normas de pago y cobro que las cotizaciones previsionales. En consecuencia, afirma que su actuar se ajusta íntegramente a la normativa vigente, ejerciendo una prerrogativa legal expresamente conferida, por lo que no puede ser calificado de ilegal ni arbitrario. En segundo término, invoca los artículos 1.545 y 1.546 del Código Civil, sosteniendo que la obligación del recurrente existe, se encuentra vigente y no ha sido extinguida por modo alguno de los contemplados en el artículo 1.567 del mismo cuerpo legal, toda vez que la prescripción no opera de pleno derecho y no ha sido declarada judicialmente, conforme al artículo 2.493 del Código Civil, criterio que comparte la Superintendencia de Seguridad Social mediante Dictamen N°2659-2020. Asimismo, la recurrida cita abundante jurisprudencia favorable a su posición, emanada tanto de esta Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago como de la Excelentísima Corte Suprema, entre las que destacan las sentencias recaídas en los roles N°16758-2024, N°2462-2024, N°3350-2025 y N°5148-2025, todas las cuales rechazaron recursos de protección interpuestos en circunstancias análogas, declarando que el mecanismo de descuento por planilla contemplado en el artículo 22 de la Ley N°18.833 constituye el ejercicio de una facultad legal expresa, que no importa vulneración alguna al derecho de propiedad del trabajador deudor.

Concluye que su actuar no ha privado, perturbado ni amenazado garantía constitucional alguna del recurrente, encontrándose los descuentos plenamente justificados en la normativa vigente y ajustados a los montos máximos permitidos, por lo que solicita el rechazo de la acción de protección deducida en su contra.

TERCERO: Que finalmente la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, también evacuó el informe requerido, solicitando el rechazo del recurso de protección deducido en su contra, en virtud de los siguientes fundamentos de hecho y de derecho.

Expone que otorgó al señor nombre reservado tres créditos sociales distintos. El primero, de fecha 18 de febrero de 2021, identificado con el código 170CON102364128, por la suma de $12.040.926, a una tasa de 1,1% mensual, en un plazo de 60 meses, con una cuota de $285.624, habiéndose pagado las cuotas 1 a 35 y con mora en las cuotas 41 a 55. El segundo, de fecha 25 de mayo de 2023, identificado con el código 208DIG100203240, por la suma de $3.520.347, a una tasa de 2,23% mensual, en un plazo de 60 meses, con una cuota de $115.223, encontrándose en mora las cuotas 9 a 28. El tercero, de fecha 29 de enero de 2024, identificado con el código 044CON104504625, por la suma de $2.693.861, a una tasa de 2,3% mensual, en un plazo de 36 meses, con una cuota de $119.336, encontrándose en mora la totalidad de las cuotas 1 a 20. En consecuencia, sostiene que se trata de créditos plenamente vigentes, actualmente exigibles y cuyas acciones no se encuentran prescritas.

Articula su defensa sobre la base de cuatro argumentos centrales. En primer término, invoca el artículo 22 de la Ley N°18.833, que establece imperativamente que lo adeudado por prestaciones de crédito social debe ser deducido de la remuneración del trabajador por su empleador, rigiéndose por las mismas normas de pago y cobro que las cotizaciones previsionales. Sostiene que el descuento por planilla no constituye una gestión de cobro extrajudicial, sino un mecanismo especial de pago, inherente a la naturaleza del crédito social, que opera con independencia de la voluntad tanto del acreedor como del deudor, resultando técnica y fácticamente imposible sostener que su funcionamiento configure una actuación arbitraria de la institución.

En segundo término, alega que el inicio de las demandas ejecutivas no obedeció a una decisión voluntaria, sino a una obligación impuesta por la Circular N°3567 del Compendio de Normas de la Superintendencia de Seguridad Social, que exige iniciar acciones de cobranza judicial a más tardar en el sexto mes de morosidad respecto de deudas que superen las 100 UF, sin que exista alternativa alguna para las Cajas. Por lo demás, la propia Superintendencia de Seguridad Social, mediante Circular N°3894 de fecha 13 de noviembre de 2025, reguló expresamente el reinicio de los descuentos durante la sustanciación de un juicio ejecutivo, disponiendo que las cuotas descontadas deberán ser informadas al tribunal en la etapa de liquidación, lo que confirma la compatibilidad de ambos mecanismos de cobro.

Refuta la existencia de una vulneración al derecho de propiedad del recurrente, argumentando que no ha habido traspaso ilegal alguno de la esfera de dominio de este último, toda vez que es la propia ley la que ordena el descuento. Añade que la prescripción extintiva, conforme a los artículos 2492 y siguientes del Código Civil y al Dictamen N°2659-2020 de la Superintendencia de Seguridad Social, debe ser declarada judicialmente y alegada por quien pretende aprovecharla, no operando de pleno derecho. En consecuencia, mientras no exista tal declaración judicial, la obligación se mantiene vigente y plenamente exigible, siendo la acción de protección una vía procesalmente inadecuada para discutir tales materias, las que deben ventilarse en sede de lato conocimiento.

Invoca abundante jurisprudencia que respalda su posición, citando fallos de las Cortes de Apelaciones de Copiapó, San Miguel y Santiago, así como pronunciamientos de la Excelentísima Corte Suprema en las causas roles N°22179-2025, N°6.279-2025 y N°87.663-2023, todos los cuales rechazaron recursos de protección interpuestos en circunstancias similares, declarando la legalidad del mecanismo de descuento por planilla contemplado en el artículo 22 de la Ley N°18.833 y la ausencia de arbitrariedad en el actuar de las Cajas de Compensación.

Termina solicitando que se tenga por evacuado el informe requerido y que, en definitiva, se rechace el recurso de protección deducido en su contra, por no existir acto ilegal o arbitrario que vulnere garantía constitucional alguna del recurrente.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley -o arbitrario- producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

CUARTO: Que, en ese sentido, lo primero que corresponde analizar es si los descuentos efectuados en las remuneraciones del recurrente, a efectos de pagar los créditos sociales que solicitó y que se encuentran impagos, constituyen un actuar ilegal o arbitrario que deba ser subsanada por esta vía.

QUINTO: Que, en ese sentido, no puede existir ilegalidad o arbitrariedad en el actuar de las recurridas, si el artículo 22 de la Ley N°18.883 establece claramente que para el cobro de un crédito social, puede ser deducido de la remuneración del trabajador por su empleador y remitido a la Caja de Compensación respectiva, permitiendo utilizar el mismo sistema de cobro y pago de las cotizaciones previsionales, sin que se encuentra contemplado la situación de autos como un obstáculo para hacer uso de dicha facultad.

SEXTO: Que desde luego el acreedor no puede pagarse dos veces, pero si puede iniciar distintas acciones de cobro para satisfacer los créditos de los que goza, sin que pueda estimar que el actuar de las recurridas sea ilegal o arbitraria, por cuanto únicamente han tenido como finalidad hacerse del pago de créditos sociales vigentes que posee respecto del recurrente de autos, debiendo desestimarse en consecuencia el presente arbitrio.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado y dirigido en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana y la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes.

Acordado con el voto en contra de la ministra señora Araya, quien fue del parecer de acoger esta Corte, la presente acción cautelar, por las siguientes consideraciones:

1.- Que no existe discusión respecto que la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes presentó dos demandas ejecutiva en contra del actor tramitadas bajo los Roles N° C-16051-2024 y C-16050-2024, seguidas ante el Vigésimo Tercer Juzgado Civil de Santiago, la que fue debidamente notificada, decretándose la orden de embargo respectiva.

2.- Que, en consecuencia, a juicio de quien sostiene esta disidencia, la recurrida incurrió en un acto ilegal y arbitrario al efectuar los descuentos que han sido cuestionados, toda vez que pese a haber optado por la vía judicial para obtener el cobro, ejerciendo la vía ejecutiva.

3.- Que, en efecto, en las condiciones descritas la recurrida no estaba facultada para hacer los descuentos efectuados al trabajador, sino que debió atenerse a lo resuelto en el respectivo juicio ejecutivo en relación al crédito otorgado, por lo que la decisión de requerir el pago a través de la vía especialísima de descuentos unilaterales es arbitraria.

4.- En este punto, es necesario consignar que la recurrida decidió una posición jurídica como vía de cobro que, si bien se impone como obligatoria por la autoridad fiscalizadora, lo cierto es que aquello no la exime de su obligación de perseguir de forma efectiva el cobro, sólo por tal vía, toda vez que la utilización de dos vías de cobro arriesga, como es lógico, no solo un doble pago, sino que la contradicción e incumplimiento de un fallo judicial.

5.- Que, de esta forma, los descuentos unilaterales efectuados a las remuneraciones del recurrente, en los términos en que se hicieron, respecto del referido crédito, afectan su patrimonio y, por ende, el derecho de propiedad reconocido en el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, razón por la que se debió acoger el arbitrio.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-20106-2025.