Protección contra Subsecretaría del Interior y del Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, ocho de mayo de dos mil veintiséis.

Vistos:

Primero: Que, comparecen don nombre reservado, peruano, por sí y en favor del niño nombre reservado, y de la niña nombre reservado, ambos chilenos, quien interpone recurso de protección en contra de la Subsecretaría del Interior y del Servicio Nacional de Migraciones, en razón de las actuaciones y omisiones ilegales y arbitrarias consistentes en: (i) el oficio ordinario N°NUM000, de 07 de agosto de 2025, (ii) la omisión de la Subsecretaría del Interior al no expedir respuesta a la presentación de fecha 19 de mayo de 2025, y; (iii) la negativa, por parte de ambos organismos en acoger a tramitación las solicitudes de regularización migratoria y residencia temporal presentadas, rechazando cualquier posibilidad para permanecer en el territorio nacional de forma regular, a pesar de que sus antecedentes dan cuenta de que se reúnen los requisitos necesarios para ello, principalmente por motivos humanitarios y familiares, las que vulneran los derechos contemplados en el artículo 19 números 1°, 2° y 4° de la Constitución Política de la República.

Explica que en el año 1998 emigra a Chile desde Perú, obteniendo la residencia definitiva en el año 2000. Desde esa fecha se ha desempeñado laboralmente como electricista y conserje, oficios con los que ha sacado adelante a su familia y construido su vida en Chile.

Agrega que producto de un malentendido y malas decisiones durante la persecución penal, en el año 2008 fue condenado a 541 días de presidio por el delito de robo por sorpresa de un teléfono móvil, pena que fue remitida condicionalmente. Como consecuencia de dicha condena, se dispuso su expulsión del país mediante Decreto N°NUM001, de 14 de julio de 2008, acto que fue ejecutado compulsivamente en enero de 2012 y que dispuso la prohibición perpetua de ingreso al país. Aparte de esa condena, no registra ningún otro antecedente penal, ni en Chile ni en su país de origen.

Plantea que si bien la medida de expulsión decretada trajo consigo la prohibición perpetua de ingresar a Chile, esa prohibición le resultó absolutamente insufrible, pues en este país se encuentra su vida personal, familiar y económica. En Chile no sólo mantiene los implementos necesarios para ejercer su oficio, sino que, además, se encuentra su pareja, doña nombre reservado, ciudadana peruana con permiso de permanencia definitiva en nuestro país, con quien tienen dos hijos chilenos y menores de edad: nombre reservado de 10 años y nombre reservado de 5 años, ambos de apellido nombre reservado. Dice que vivir en una condición migratoria irregular le ha condenado a la incertidumbre, pues no puede acceder a mejores empleos, a pesar de su experiencia y su intención, no puede proyectar un futuro tranquilo para sus hijos, y vive cada día con el temor de ser nuevamente expulsado del país, lo que los separaría como familia, dejando a sus hijos sin su padre y a su pareja sola, cargando con el peso de la familia sin apoyo alguno.

Sostiene que desde el primer momento ha intentado regularizar su situación por todas las vías disponibles. Así es como su pareja, doña nombre reservado, solicitó la reconsideración de su expulsión, en aquella parte que le impedía estar legalmente en Chile; solicitud que fue rechazada mediante el oficio ordinario N°NUM002, de 3 de septiembre de 2015, del entonces Jefe del Departamento de Extranjería y Migración de la Subsecretaría del Interior, por cuanto, de acuerdo con dicha comunicación, era él quien debía formular esa petición a la autoridad.

Añade que, en vista de ello, solicitó la reconsideración de la prohibición de ingreso a Chile a través del Consulado de Chile en Lima, solicitud que nuevamente fue rechazada y que tras este rechazo y en su desesperación, retornó a Chile evadiendo el control fronterizo.

Expone que, posteriormente, solicitó acogerse al proceso de regularización extraordinaria dispuesto por la Resolución Exenta N°NUM003, de 9 de abril de 2018, de la Subsecretaría del Interior, sin embargo, en noviembre del año 2018 se le informó que tal petición sería rechazada en atención a que el decreto que dispuso su expulsión se mantenía vigente.

Adiciona que luego, el 20 de abril de 2021, solicitó la regularización extraordinaria de su permanencia en Chile de conformidad a lo dispuesto en el artículo 91 N°8 del Decreto Ley N°1094 de 1975, entonces vigente, pero dicha presentación no fue respondida, por lo que dedujo el recurso de protección conocido por esta Corte bajo el rol 40533-2021, el cual fue acogido ordenando a la Subsecretaría del Interior “emitir pronunciamiento sobre la solicitud de regularización extraordinaria de la permanencia del recurrente en Chile”.

Señala que durante la etapa de cumplimiento de este fallo, tras diversas órdenes de esta Corte y meses sin una respuesta, el Servicio Nacional de Migraciones acompañó la Resolución Exenta N°NUM004, de 07 de diciembre de 2022, que rechazó la solicitud de regularización, omitiendo toda consideración sobre su situación familiar. Y que en contra de esta última resolución, nuevamente interpuso recurso de protección ante esta Corte, correspondiente al Rol 9282-2023, el cual fue acogido con fecha 1° de agosto de 2023, ordenando a la Subsecretaría del Interior “que la autoridad deberá emitir un nuevo acto que regularice la permanencia definitiva del recurrente en el territorio nacional”.

Afirma que durante la etapa de cumplimiento de esta sentencia, la recurrida le solicitó el envío de antecedentes que ya estaban en su poder, sin embargo y a pesar del tenor literal de la sentencia que acogió el recurso el Servicio Nacional de Migraciones expidió la Resolución Exenta N°NUM005, de 20 de noviembre de 2023, que rechazó su solicitud de regularización.

Plantea que como se había terminado de manera desfavorable su solicitud de regularización extraordinaria de conformidad a la Resolución Exenta N°NUM003, de 9 de abril de 2018, de la Subsecretaría del Interior, solicitó al Servicio Nacional de Migraciones el permiso de residencia temporal, conforme a la Ley N°21.325, de Migración y Extranjería, petición que fue rechazada el 25 de marzo de 2025, entregando como único argumento el que registraba una medida de expulsión vigente dictada en su contra por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, razón por la cual debería dar cumplimiento a la medida, la que fue ejecutada en el año 2012.

Relata que finalmente, el 19 de mayo de 2025, solicitó al Subsecretario del Interior ejercer la facultad excepcional del artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325, disponiendo el otorgamiento de un permiso de residencia temporal por tratarse de un caso calificado y por motivos humanitarios.

Afirma que dicha potestad, conforme a la misma disposición, es indelegable y sin embargo, por medio del Oficio Ordinario N°NUM000, de 07 de agosto de 2025, el Servicio Nacional de Migraciones le informó el rechazo de la petición, aludiendo a que la vía administrativa para presentar una solicitud de regularización migratoria estaría agotada y en el mismo oficio le informó que debe salir del país, pues de lo contrario, se dispondrá su expulsión.

Señala que conforme lo narrado, su última petición ante el Servicio Nacional de Migraciones fue rechazado por encontrarse vigente una medida cuyos efectos ya se habían materializado; y su última petición ante la Subsecretaría del Interior fue respondida por un organismo diverso, a pesar de encontrarse prohibida la delegación de esa atribución.

En cuanto al derecho, cita la norma del artículo 20 de la Constitución Política de la República, indicando que la presente acción se ejerce de manera oportuna, pues el Oficio Ordinario N° N°NUM000, de 07 de agosto de 2025, le fue notificado el día 12 del mismo mes y año, siendo ese el acto que constituye la culminación de las actuaciones y omisiones ilegales y arbitrarias señaladas.

Ahondando sobre la ilegalidad y arbitrariedad de las acciones y omisiones de las recurridas, en primer lugar señala que la Subsecretaría del Interior omitió dar respuesta a la solicitud presentada el 19 de mayo de 2025, en la que pedía ejercer la potestad contemplada en el artículo 155 N° 9 de la Ley 21.325, ello en relación con lo fallado por esta Corte el 1 de agosto de 2023 (causa Rol 9282-2023) en cuanto ordenó a esa autoridad regularizar su permanencia en Chile, lo que no ha ocurrido.

Señala que la Subsecretaría del Interior jamás emitió pronunciamiento, pues esa solicitud fue contestada el 07 de agosto de 2025, pero no por esa autoridad, sino por el Servicio Nacional de Migraciones -organismo carente de competencia para ello- mediante el oficio N°NUM000, en el que se argumentó que la vía administrativa para su regularización migratoria se encontraba agotada. Agrega que es indudable que es el Subsecretario del Interior la autoridad competente para resolver sobre la solicitud de regularización extraordinaria, como lo establece el artículo 155 N° 9 de la Ley N° 21.325, disposición que agrega que esa potestad es indelegable. En el ejercicio de esa potestad, la Administración debe velar por el respeto, promoción y garantía de los derechos garantizados por la Constitución y por los tratados sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, de conformidad con lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental.

Concluye que el organismo de la administración cuyo pronunciamiento fue requerido, la Subsecretaría del Interior, omitió entregar una respuesta, trasladando su responsabilidad al Servicio Nacional de Migraciones, vulnerando las normas de los artículos 8 y 14 Ley N° 19.880 y 13 inciso tercero de la Ley N° 21.325, lo que es sin perjuicio de la infracción de los principios de eficiencia, eficacia, impulsión de oficio del procedimiento y probidad que deben ser observados por los órganos administrativos conforme a lo dispuesto por el artículo 3°, y las obligaciones de los artículos 5 inciso primero y 8 inciso segundo de la Ley N°18.575.

En segundo lugar, alega que el Servicio Nacional de Migraciones se arrogó competencias de otro organismo público al contestar su presentación de 19 de mayo de 2025 mediante el Oficio N° NUM000 de 07 de agosto de 2025, incurriendo en una conducta ilegal que infringe la disposición del artículo 7° de la Constitución Política de la República, todo ello en base a los antecedentes ya mencionados.

Estima que esta contravención igualmente infringe la norma del artículo 5 de la Carta Fundamental, por cuanto el Servicio Nacional de Migraciones incumple su deber de respetar y promover los derechos fundamentales, haciendo caso omiso de sus circunstancias especiales de su caso y omitiendo considerar el interés superior de sus hijos, como exige el artículo el artículo 4° de la Ley N°21.325.

En tercer lugar, alega que el Servicio Nacional de Migraciones ha incurrido en otra ilegalidad al expedir el Oficio N° NUM000 ya referido, consistente en la infracción del deber de motivación de todo acto administrativo, contemplado en el artículo 11 inciso segundo de la Ley N°19.880 y el artículo 8° de la Constitución Política de la República, desde que el oficio referido no da cumplimiento a esa exigencia constitucional y legal pues se limita a señalar que “Según consta en los registros del Sistema Computacional Interno de este Servicio, con fecha , (sic), Ud. presentó una solicitud de regularización Migratoria, la que fue resuelta mediante Resolución Exenta N°NUM005, de fecha 20.11.2023 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que rechazó el otorgamiento de permiso de Residencia Temporal Excepcional, quedando agotada la vía administrativa para presentar una nueva solicitud de Regularización Migratoria”.

Puntualiza que la presentación cuya fecha fue omitida por el Servicio, de 20 de abril de 2021, fue formulada con arreglo a lo dispuesto por el artículo 91 N° 8 del Decreto Ley N° 1094 de 1975, vigente en esa época y derogado el 12 de febrero de 2022. Esa disposición entregaba al Ministerio del Interior la facultad de disponer la regularización de permanencia de extranjeros que residieran en Chile de forma irregular, disposición que no coincide con el actual artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325.

Añade que si bien la solicitud de 20 de abril de 2021 fue rechazada mediante la Resolución Exenta N°NUM004 de 07 de diciembre de 2022, de la Subsecretaría del Interior, esa resolución fue dejada sin efecto por la sentencia dictada por esta Corte de Apelaciones el 1° de agosto de 2023.

Luego, la resolución exenta N°NUM005, de 20 de noviembre de 2023, de la Subsecretaría del Interior, que se adjuntó al oficio N°NUM000, no fue expedida en respuesta a la solicitud de regularización extraordinaria planteada el 20 de abril de 2021, sino que en cumplimiento de lo ordenado por esta Corte de Apelaciones en la misma sentencia.

Como consecuencia de lo anterior -expone- el oficio en contra del que recurre, adolece de una evidente falta de fundamentación pues rechaza la solicitud de 19 de mayo de 2025, sin analizar ni ponderar las consideraciones de hecho y de derecho contenidas en ella, sino que en una resolución dictada ya hace dos años, cuyo basamento no se encuentra en el ejercicio de la misma potestad que se solicitó ejercer en esa oportunidad, por lo que malamente podría encontrarse agotada la vía administrativa. No contiene un análisis de los antecedentes concretos acompañados en la solicitud de 19 de mayo de 2025, no se hace cargo de los fundamentos de hecho y de derecho invocados, ni se explica por qué, tratándose de una petición distinta, formulada al amparo de una norma legal diversa, debía considerarse rechazada sin más trámite.

Arguye que adicionalmente, la interpretación del Servicio infringe lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley N° 21.235, puesto que debió interpretar de manera amplia o extensiva el derecho contenido en el artículo 155 N° 9.

Lo anterior teniendo en consideración que las causales que habilitan al Servicio Nacional de Migraciones para rechazar solicitudes de residencia se encuentran enumeradas en el artículo 88 de la Ley N°21.235, sin que su situación se encuentra comprendida en ninguna de ellas.

Concluye indicando que por lo dicho, el oficio N°NUM000 carece de un elemento esencial del acto administrativo, cual es la debida fundamentación, lo que lo torna ilegal y arbitrario, y justifica que sea dejado sin efecto por esta Corte.

En cuarto lugar, alega que la constante negativa a dar cursos a sus peticiones de regularización deviene en ilegal y arbitraria, pues pese a que ha ejercido todos los derechos que la ley le otorga para poder continuar residiendo de manera legal en Chile, ya que es padre de dos niños chilenos y menores de edad y el sustento económico de su familia, siempre la respuesta de la administración ha sido la misma: el rechazo carente de análisis de las circunstancias concretas del caso, fundado casi exclusivamente en la supuesta vigencia de un decreto de expulsión dictado en el año 2008, medida que se hizo de manera efectiva de manera compulsiva en el año 2012, por lo que sus efectos jurídicos se agotaron, de manera que no sería lícito invocar nuevamente ese acto administrativo para rechazar sus peticiones.

Señala que la reiteración de esta práctica administrativa configura una conducta ilegal y arbitraria, porque desconoce que los efectos jurídicos de ese decreto ya se habían materializado con su ejecución, lo que implica que carece de base normativa el seguir utilizándolo como argumento para denegar nuevas solicitudes; y arbitraria, porque prescinde de la debida ponderación de antecedentes relevantes, particularmente los vínculos familiares directos con dos hijos chilenos menores de edad y una residente definitiva, así como su prolongada inserción laboral y social en el país.

Indica que la prohibición de ingresar a Chile, asociada al Decreto N° NUM001 que dispuso su expulsión, no contiene ningún límite temporal, lo que de acuerdo con la normativa vigente es ilegal, pues el artículo 132 de la Ley N° 21.235 dispone que los actos administrativos que dispongan medidas de expulsión deben establecer un plazo de prohibición de ingreso al país, cuyo máximo conforme al artículo 136 del mismo cuerpo legal, es de 25 años. Este plazo no puede ser perpetuo y para su establecimiento deben considerarse las circunstancias señaladas en el artículo 129 de la Ley N° 21.235, entre las cuales se encuentran tener hijos chilenos, su edad, relación directa y regular y el cumplimiento de las obligaciones de familia, tomando en consideración el interés superior del niño, su derecho a ser oído y la unidad familiar.

Hace presente que como aparece en la Resolución Exenta N° NUM005 de la Subsecretaria del Interior, que se adjuntó al oficio N° NUM000, se han considerado supuestos antecedentes delictuales e infraccionales existentes ante el 4°, 17° y 19° Juzgado del Crimen de Santiago, y “una serie de causas” ante los Juzgados de Policía Local de Santiago. Sin embargo, el primero de estos antecedentes se trata de una pena efectivamente cumplida, mientras que en el segundo caso se remiten a antecedentes del año 2003 en que no recayó condena alguna y los últimos dicen relación con sanciones infraccionales, no penas de crimen o simple delito. En este sentido, la responsabilidad penal que fue declarada por el 17° Juzgado del Crimen de Santiago se encuentra extinta por el íntegro cumplimiento de la condena. Asimismo, conforme al artículo 1° del Decreto Ley N°409 de 1932, del Ministerio de Justicia, tiene derecho a ser considerado como si nunca hubiese delinquido para todos los efectos legales y administrativos. En consecuencia, en su certificado de antecedentes penales no consta anotación alguna.

Hace presente que el artículo 69 de la Ley N°21.235 dispone expresamente la necesidad de considerar los vínculos familiares del extranjero solicitante con familiares chilenos o residentes definitivos, como es su caso. Ello, en estrecha relación con lo dispuesto en los artículos 3, 7 y 12 de la Ley N°21.325.

Sostiene que ninguna de estas disposiciones ha sido observada en los sucesivos rechazos que ha debido enfrentar, desde que la conducta de los organismos recurridos, al impedir la regularización de su condición migratoria por medio de actos infundados, rechazando la última posibilidad por medio del oficio N°NUM000, sin considerar los antecedentes del caso concreto y sus vínculos familiares, infringiendo abiertamente las disposiciones citadas.

Acusa que, en consecuencia, la negativa reiterada de los organismos recurridos a reconocer sus vínculos familiares y a otorgar una vía de regularización efectiva no sólo carece de fundamento jurídico, sino que constituye una vulneración directa de sus derechos constitucionales y convencionales, pues la mantención de esta situación perpetúa una afectación grave al derecho a la vida familiar, al interés superior de sus hijos menores de edad y a la igualdad ante la ley.

Asevera que por ello, resulta indispensable que se deje sin efecto la decisión administrativa cuestionada y se dispongan las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, garantizando a su parte el acceso a un procedimiento justo y a la posibilidad real de regularizar su permanencia en el país, en condiciones acordes con la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos que obligan a Chile.

En cuanto a los derechos y garantías constitucionales afectados por las recurridas, refiere el artículo 19 N° 1, N° 2 y N°4 de la Constitución Política de la República.

A modo conclusivo indica que de todo lo expuesto fluye con claridad que la actuación de los organismos recurridos adolece de vicios graves que la tornan ilegal y arbitraria: la Subsecretaría del Interior omitió pronunciarse respecto de la solicitud presentada el 19 de mayo de 2025, trasladando indebidamente su competencia a un órgano absolutamente incompetente; el Servicio Nacional de Migraciones se arrogó potestades que no le corresponden; y el oficio ordinario N°NUM000 carece de fundamentación suficiente, limitándose a invocar antecedentes pretéritos que no guardan relación con la petición formulada.

Solicita acoger la acción constitucional de protección, ordenando dejar sin efecto el oficio ordinario N°NUM000 de 07 de agosto de 2025 del Servicio Nacional de Migraciones por cuanto este constituye un acto ilegal y arbitrario y ordene a la Subsecretaría del Interior acoger la solicitud de regularización migratoria y residencia temporal presentada el 19 de mayo de 2025, y las demás medidas que sean conducentes para el restablecimiento del imperio del derecho y la protección de los derechos fundamentales vulnerados.

Segundo: Que, al evacuar informe, el Servicio Nacional de Migraciones, solicita el rechazo del recurso de protección en todas sus partes, por no existir acto u omisión de la autoridad que sea arbitrario o ilegal que atente en contra de alguna de las garantías fundamentales protegida por la acción constitucional de protección.

Expresa que mediante Resolución Exenta N°NUM006 de fecha 19 de octubre de 1998 del Departamento de Extranjería y Migración, se otorgó visación temporaria al extranjero con vigencia al 03 de noviembre de 1999.

Luego, mediante Resolución Exenta N° NUM007 de 03 de febrero de 2000 del Ministerio del Interior, se otorgó permiso de permanencia definitiva a don nombre reservado.

Posteriormente, por sentencia de fecha 11 de marzo de 2006 (sic) del 4° Juzgado del Crimen de Santiago, se condenó al recurrente en la causa Rol 35.153-2003 como autor del delito de robo por sorpresa, a la pena de 541 días de presidio menos en su grado medio, más accesorias legales, siendo beneficiado con la remisión condicional de la pena, por el tiempo que durase la condena, sentencia que fue confirmada por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago el día 27 de febrero del año 2008. Por ello, mediante Decreto N° NUM001 de 14 de julio de 2008, por parte del Ministerio del Interior se ordenó la expulsión del recurrente, en atención al delito señalado, medida que fue notificada debidamente por funcionarios del Departamento de Policía Internacional y Migración de la Policía de Investigaciones de Chile, el día 28 de enero de 2009, sin que este hubiese interpuesto el recurso especial de reclamación del artículo 89 de la Ley de Extranjería, encontrándose en calidad migratoria irregular desde dicha fecha.

Añade que según consta en Oficio Ordinario N° NUM008 de 15 de febrero de 2012 del Departamento de Policía Internacional y Migración, el extranjero salió del país, dando cumplimiento a la medida de expulsión, el día 26 de enero de 2012, surgiendo con ello la prohibición de ingreso al territorio nacional, al tenor de lo dispuesto en los artículos 15 N° 2 y N° 6 y 16 N° 1 de la Ley de Extranjería.

Luego, el recurrente solicitó la reconsideración de la medida de expulsión, mediante presentación de 04 de febrero de 2016, la que fue rechazada mediante Oficio Ordinario N° NUM009 de 11 de mayo de 2016 del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Explica que mediante Oficio N° NUM010 de 11 de julio de 2018 el Departamento de Policía Internacional y Migración, denunció al extranjero por haber ingresado clandestinamente al país, situación ilícita descrita y sancionada en el artículo 69 de la Ley de Extranjería.

Luego, el extranjero se inscribió en el Proceso de Regularización Extraordinaria dispuesta mediante Resolución Exenta N° NUM003 de fecha 8 de abril de 2018 del Ministerio del Interior y Seguridad Público, a lo cual se le comunicó mediante Oficio Ordinario N° NUM011 de 16 de noviembre de 2018 del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que su solicitud no avanzaba y por ende se rechazaba, toda vez que se encontraba expresamente excluido de dicha posibilidad, dado que el recurrente se encuentra dentro de las causales expresas de exclusión del N° 6 de la Resolución Exenta N° NUM003 de fecha 9 de abril de 2018 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por contar con antecedentes penales negativos.

Relata que con fecha 01 de junio de 2020, el extranjero interpuso un Recurso de Amparo ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Iquique bajo el Rol N° 88-2020, el cual fue acogido por aquella Corte y revocado posteriormente por la Excma. Corte Suprema con fecha 26 de junio del 2020 en el Rol N° 76244-2020, sentenciando que esta autoridad migratoria ha actuado conforme a derecho y que la expulsión del señor nombre reservado se fundó adecuadamente.

Refiere que el 20 de abril de 2021 el recurrente mediante Carta solicita la regularización bajo el artículo 98 N° 8 del D.L 1094 de 1975. En atención a dicha solicitud el recurrente interpuso un Recurso de Protección con fecha 05 de noviembre del 2021 tramitado bajo el Rol N° 40533, el que fue acogido y posteriormente confirmado por la Excma. Corte Suprema donde se ordena al Servicio Nacional de Migraciones pronunciarse sobre la solicitud de regularización. En base a ello, mediante oficio Ordinario N° NUM012 se le solicitaron mayores antecedentes al recurrente con el fin de resolver la solicitud de regularización. Dichos documentos fueron acompañados mediante carta con fecha 11 de noviembre del 2022.

Como consecuencia de este proceso, mediante Resolución Exenta N° NUM004 de fecha 07 de diciembre del 2022 se rechazó la solicitud de regularización extraordinaria toda vez que “el interesado mantiene una expulsión vigente mediante Decreto-Sanción N° NUM001, de 2008, por lo que en atención a su situación migratoria y a lo dispuesto en el artículo 32 N°4, en relación con el artículo 136, de la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería, su solicitud no es susceptible de ser acogida.”

En atención a dicho rechazo, el recurrente presentó un nuevo recurso de protección, tramitado bajo el Rol N° 9282 de fecha 12 de mayo del 2023, el cual fue acogido, ordenándole emitir un nuevo acto que regularice la permanencia del recurrente en el territorio nacional.

Por ello, con fecha 20 de noviembre del 2023 mediante Resolución Exenta N° NUM005 se emitió un nuevo pronunciamiento, sin embargo, y en atención a la normativa aplicable al caso en concreto no fue posible acceder a la regularización del recurrente señalando lo siguiente: “Que, actualmente no existen procesos vigentes de regularización migratoria de general aplicación, de aquellos a que se refieren los artículos 91 N° 8 del decreto ley N° 1.094, de 1975, y 155 N° 8, de la ley N° 21.325, en cuya virtud pueda acogerse a tramitación el requerimiento de la parte solicitante” Asimismo, se señala que “los antecedentes acompañados al requerimiento de regularización migratoria efectuado por la parte solicitante, es posible apreciar que aquella no ha aportado antecedentes suficientes que permitan a esta autoridad considerar que se está ante un caso calificado o humanitario, por el contrario, se trata de un extranjero que ha infringido la normativa vigente de manera contumaz, lo que no permite a esta autoridad regularizar su situación migratoria, limitándose a pedir a la autoridad que regularice su condición migratoria, aludiendo a situaciones que no son de especial consideración, sino más bien genéricas y eventualmente aplicables a una multiplicidad de personas que podrían encontrarse en situaciones similares”. En consideración de lo anterior, en la respectiva resolución se resolvió rechazar la solicitud de regularización de permanencia en el país.

Posteriormente, el recurrente solicitó mediante el ID N° NUM013 la residencia temporal dentro de Chile, sin embargo, no fue acogida a trámite mediante comunicación electrónica N° NUM014 de fecha 25 de marzo del 2025, del Servicio Nacional de Migraciones señalando lo siguiente: “Registra una medida de expulsión vigente dictada en su contra por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, razón por la cual deberá dar cumplimiento a la medida”

Esgrime que con fecha 19 de mayo del 2025 y 07 de julio del 2025 el recurrente, mediante carta solicitó su regularización bajo el articulo 155 número 9 de la Ley N°21.325. En respuesta a ella, con fecha 07 de agosto del 2025, mediante Oficio Ordinario N° NUM000 se le informa al recurrente que ya se encuentra solicitada y resuelta con anterioridad una presentación de solicitud de regularización migratoria la que fue resuelta mediante la Resolución Exenta N° NUM005 de fecha 20 de noviembre del 2023 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la que conforme lo ya mencionado, rechazo el otorgamiento de permiso de residencia temporal excepcional, quedando como consecuencia agotada la vía administrativa para presentar una nueva solicitud de regularización migratoria.

Bajo el subtítulo del derecho, hace presente que efectivamente el recurrente ya solicitó el proceso de regularización extraordinario el que fue rechazado por Resolución Exenta N° NUM005 de fecha 20 de noviembre de 2023.

Indica que hasta el día 11 de febrero de 2022 las regularizaciones de condición migratoria se regulaban en el actualmente derogado Decreto ley N° 1.094 de 1975 del entonces Ministerio del Interior. Actualmente es la Ley N° 21.325 la norma que regula estas materias. Por ello, estamos frente al mismo procedimiento regulado en disposiciones distintas.

En cuanto al proceso de regularización extraordinaria, expone que el recurrente se inscribió en el proceso de regularización migratoria extraordinaria, el que tiene por objetivo otorgar la oportunidad a aquellos extranjeros que mantengan una situación migratoria irregular en Chile, brindándoles la opción para que puedan solicitar a la autoridad administrativa el acceder a un visado temporario y cédula de identidad que les permita trabajar y desarrollar su proyecto de vida cumpliendo la legislación migratoria.

Indica que en el punto 7° de la Resolución Exenta N° NUM005 señala que es el Subsecretario del Interior quien determinará la aprobación o rechazo de solicitudes de regularización, siendo revocadas o suspendidas las sanciones migratorias que pesaren sobre los extranjeros cuando corresponda, en virtud de los antecedentes presentados por los solicitantes, facultad delegada en el Jefe del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución Exenta N° 2.878 de fecha 26 de junio de 2018, por lo tanto, dicha Resolución Exenta se encuentra conforme a derecho y dentro de las esferas legales.

Hace presente que el Servicio Nacional de Migraciones no ha emitido un pronunciamiento sobre el fondo de la solicitud efectuada, sino que al recibir las respectivas solicitudes de regularización extraordinaria y con fin de mantener un orden en los respectivos ingresos y con antelación a la remisión de los antecedentes al Subsecretario del Interior, debe verificar en sus sistemas informáticos internos sobre la existencia de solicitudes efectuadas con anterioridad.

Por lo anterior se advierte que ya existe un acto terminal en relación a la solicitud de regularización extraordinaria la que fue rechazada y por tanto, no corresponde remitir documento alguno al Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Es así como ese servicio no ha acogido competencias de la Subsecretaria del Interior, pues no ha otorgado o rechazado un permiso de residencia temporal ya que el permiso de solicitud extraordinaria ya se encuentra rechazado por Resolución Exenta N° NUM005 de 20 de noviembre de 2023 por el Subsecretario del Interior.

Concluye solicitando rechazar el rechazo de la acción constitucional en todas sus partes.

Tercero: Que, la Subsecretaría del Interior evacuando el informe requerido, luego de referir la normativa aplicable, indica que los extranjeros que solicitan la regularización de su condición migratoria se encuentra en una de las siguientes hipótesis: o han ingresado irregularmente al territorio nacional -ya sea por haber utilizado un paso no habilitado para tales efectos o por no contar con la documentación de viaje pertinente-; o habiendo ingresado de manera regular, su estadía ha devenido en irregular.

El concepto de regularización de la condición migratoria de personas extranjeras siempre se relacionará con la posibilidad que posee la autoridad de subsanar contravenciones jurídicas en las que voluntariamente han incurrido dichas personas, en relación con su ingreso o estadía en el país.

Relacionado con ello, la actual Ley N° 21.325 contempla dos hipótesis de regularización migratoria, sin perjuicio que la regularización, cualquiera sea su hipótesis se enmarca dentro de las concesiones cuyo otorgamiento es una facultad de la autoridad, más no una obligación y siempre que aquello así lo determine.

La primera hipótesis se contempla en el artículo 155 N° 8 de la Ley N° 21.325, de aplicación general, sin que actualmente existan procedimientos vigentes de este tipo.

La segunda hipótesis de regularización, aplicable al caso en comento, establece que el Subsecretario del Interior tiene, entre otras funciones, la potestad indelegable de disponer, en casos excepcionales, el otorgamiento de permisos de residencia temporal a extranjeros que se encuentren en el territorio nacional, en casos calificados o por motivos humanitarios, con independencia de la condición migratoria de la persona beneficiaria de dicho permiso. Sin embargo, tal como la norma indica, esos permisos sólo se concederán cuando existan circunstancias de hecho excepcionales que así lo hagan recomendable.

De ahí que en la actualidad sea improcedente acoger a tramitación solicitudes de regularización migratoria efectuada al alero de lo dispuesto en el artículo 155 N° 8 de la Ley N° 21.325.

Hace presente que en el caso de autos sólo es de competencia del Servicio Nacional de Migraciones informar sobre el recurso de protección interpuesto, y que esta cartera de Estado ya se pronunció respecto del fondo de esta acción al rechazar la solicitud de regularización extraordinaria establecida en el artículo 155 N° 9 de la Ley N° 21.325 mediante la Resolución Exenta N° NUM005 de fecha 20 de noviembre de 2023, que no fue cuestionada en el caso de autos.

En definitiva, manifiesta adherirse a todo lo ya informado por el Servicio Nacional de Migraciones.

Cuarto: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y, por otro, que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Quinto: Que, en lo que atañe al fondo del asunto, la acción constitucional impetrada se dirige en contra de las siguientes omisiones y actuaciones: (i) el oficio ordinario N°NUM000, de 07 de agosto de 2025, (ii) la omisión de la Subsecretaría del Interior al no expedir respuesta a la presentación de fecha 19 de mayo de 2025, y; (iii) la negativa, por parte de ambos organismos en acoger a tramitación las solicitudes de regularización migratoria y residencia temporal presentadas por el recurrente.

Sexto: Que, como se desprende de los antecedentes aportados, el recurrente fue condenado el año 2008 a 541 días de presidio y cumplida la condena, fue ejecutada la orden de expulsión el año 2012; no obstante lo cual el año 2015, como señala en su recurso y se acredita además con el denuncio efectivo de Policía de Investigaciones el año 2018, ingresó irregularmente al país; época desde la cual ha intentado regularizar, sin éxito, su situación migratoria, a través de las diversas vías procedimentales que señala en su recurso y que es corroborado en el informe del Servicio.

Séptimo: Que, el resultado negativo anterior, haya su origen en la condena penal que le fue impuesta, la orden de expulsión subsecuente y la prohibición de ingreso al país que le afecta, la que como se ha advertido fue quebrantada por el actor al ingresar irregularmente al país, tan sólo tres años después de su expulsión.

Octavo: Que, en este orden de ideas, la carta del recurrente de 16 de mayo de 2025, por la cual solicitó su regularización bajo el articulo 155 número 9 de la Ley N°21.325, fue respondida mediante el acto que se impugna, el oficio ordinario N°NUM000, de 07 de agosto de 2025, en que expresamente se establece que una anterior solicitud de regularización extraordinaria fue rechazada mediante la Resolución Exenta N° NUM005 de fecha 20 de noviembre de 2023: “Al respecto cabe mencionar que, según consta en los registros del Sistema Computacional Interno de este Servicio, con fecha Ud. presentó una solicitud de Regularización Migratoria, la que fue resuelta mediante Resolución Exenta NºNUM005, de fecha 20.11.2023 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que rechazó el otorgamiento de permiso de Residencia Temporal Excepcional, quedando agotada la vía administrativa para presentar una nueva solicitud de Regularización Migratoria.”. Y adicionalmente, se adjunta la referida Resolución Exenta NºNUM005, de 2023, en que se pormenoriza los fundamentos de la decisión adoptada.

Noveno. Que, así las cosas, no es posible pretender que la persistente solicitud de regularización migratoria del actor, efectuadas por las distintas vías que admite la legislación vigente, omita la consideración de los fundamentos y las condiciones del quebrantamiento de la orden de expulsión y prohibición de ingreso antes expuestas, tal como se evidencia en las distintas resoluciones que ha denegado fundadamente sus peticiones.

Décimo. Que, de los antecedentes que obran en autos, aparece que el oficio ordinario N° NUM000 de 7 de agosto de 2025 constituye la conclusión de un procedimiento administrativo debidamente tramitado, en cuyo contexto la autoridad migratoria ha emitido diversos actos formales relativos a la situación del recurrente, incluida la Resolución Exenta N° NUM005 de 20 de noviembre de 2023, dictada por el Subsecretario del Interior, mediante la cual se rechazó su solicitud de regularización extraordinaria, exponiendo los motivos que justifican dicha decisión a la luz de la condena penal que le fuera impuesta, la medida de expulsión decretada en su contra, su posterior reingreso clandestino al país y los antecedentes que dan cuenta de infracciones previas a la normativa migratoria.

En consecuencia, el acto impugnado no puede estimarse carente de fundamentación ni adoptado en forma caprichosa, desde que se limita a remitirse a una decisión anterior vigente, dictada por la autoridad competente en ejercicio de facultades legales, y a informar al interesado que, por esa misma circunstancia, la vía administrativa para la regularización extraordinaria de su permanencia se encuentra agotada.

Undécimo: Que, por otra parte, de la resolución ya referida se desprende que la autoridad tuvo en consideración la situación familiar del actor, en particular la existencia de hijos chilenos menores de edad y la residencia definitiva de su madre, concluyendo que tales elementos no bastan, en el contexto de una expulsión fundada en una condena penal y un reingreso irregular, para configurar un caso calificado o humanitario que justifique dejar sin efecto o neutralizar las consecuencias de la sanción migratoria vigente ni, por ende, para imponer la regularización solicitada por esta vía.

En estas condiciones, no se advierte que el oficio recurrido importe un acto u omisión ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales invocados por el recurrente y sus hijos, sino el ejercicio razonado de potestades que el ordenamiento reserva a la autoridad administrativa especializada, cuya conveniencia o mérito no corresponde revisar a través de esta acción cautelar, por lo que el presente arbitrio no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección intentado por don nombre reservado, por sí y en favor de los niños nombre reservado y nombre reservado, en contra de la Subsecretaría del Interior y del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

Redacción del abogado integrante señor Luis Hernández Olmedo.

N° Protección-20085-2025.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Tomás Gray Gariazzo e integrada por el ministro (S) señor Pablo Toledo González y por el abogado integrante señor Luis Hernández Olmedo.