Protección contra Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción y la Superintendenci

C.A. de Santiago Santiago, treinta y uno de marzo de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE;

Primero: Que a folio 1 comparece, mediante formulario, nombre reservado, quien deduce acción constitucional de protección en contra de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción y la Superintendencia de Seguridad Social.

Señala que el día 9 de diciembre de 2024, trabajando con un compañero en los andamios, se sube para armar un tercer andamio, moviéndose y provocando su caída. Indica que, al caer, queda enganchado con la pierna derecha y golpeando la rodilla izquierda, quedando fracturada, por el golpe con el fierro del andamio.

Indica que al llevarlo a la Mutual de Quilicura el doctor se niega a atenderlo, siendo trasladado a la Mutual de Alameda, lugar en que se demoraron 2 semanas en pasarle las muletas, entregándosele información confusa sobre si sería operado o no, pues indican que la lesión era antigua y no laboral.

Expresa que las actuaciones señaladas, vulneran su derecho a la vida y la integridad física y síquica, la igualdad ante la ley, y solicita, en definitiva, que se modifique el dictamen médico para señalar que la enfermedad tiene carácter laboral.

Segundo: Que a folio 8 informa nombre reservado, en representación de la Superintendencia de Seguridad Social, quien evacúa el informe alegando como cuestión previa la extemporaneidad en la interposición de la acción constitucional de autos.

Señala que el recurrente tuvo conocimiento cierto del acto que pretende impugnar el 20 de enero de 2025, fecha en la cual ya recurrió administrativamente contra la calificación de su patología. Dado que el recurso de protección fue presentado recién el 10 de septiembre de 2025, esto es, más de siete meses después de la ejecución del acto, se habría vencido con creces el plazo fatal de treinta días corridos establecido en el Auto Acordado respectivo. Recalca que las reclamaciones administrativas no suspenden ni interrumpen este plazo, dada la naturaleza cautelar y no subsidiaria de la protección constitucional.

Informa que el recurrente impugna la resolución que rechazó su recurso de reposición, el cual buscaba calificar como laborales diversas afecciones de su rodilla izquierda. No obstante, tras un exhaustivo análisis por parte de la Unidad Médica del Departamento Contencioso, se determinó que el accidente sufrido en diciembre de 2024 solo produjo una contusión moderada, la cual fue debidamente tratada bajo la cobertura del seguro social. Las restantes patologías, referidas a displasias y lesiones condrales, poseen un origen crónico y se vinculan a episodios de luxación previos documentados en años anteriores, careciendo de una relación de causalidad directa con el evento laboral denunciado.

Sostiene además que la Superintendencia ha actuado en ejercicio de sus competencias legales y técnicas conferidas por las Leyes Nro. 16.395 y Nro. 16.744, las cuales le ordenan supervigilar el derecho a la seguridad social y resolver reclamaciones en la materia.

Agrega que el rechazo del recurso administrativo se fundó en que el interesado no acompañó antecedentes médicos nuevos que permitieran variar la calificación técnica inicial, por lo que la resolución impugnada se encuentra debidamente motivada y ajustada a derecho.

En consecuencia, descarta la existencia de un acto arbitrario o ilegal, ya que se ha procedido conforme a los protocolos médicos y normativos que rigen al Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo.

Argumenta que la acción de protección es improcedente para discutir aspectos específicos del derecho a la seguridad social contenido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política, toda vez que dicha garantía no se encuentra incluida en la enumeración taxativa del artículo 20 de la Carta Fundamental. Reitera que esta vía no es apta para resolver controversias técnicas que requieren de un procedimiento declarativo de lato conocimiento donde se puedan rendir las pruebas correspondientes.

Solicita, en definitiva, que se acoja la alegación de extemporaneidad o, en su defecto, se desestime la acción de protección en todas sus partes, con costas.

Tercero: Que a folio 11, informa nombre reservado, en representación de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, quien solicita en primer término que se declare la improcedencia de la acción de protección, argumentando que la pretensión del recurrente busca la revisión de actuaciones enmarcadas en la calidad de organismo administrador del Seguro Social de la Ley Nro. 16.744.

Sostiene que el arbitrio constitucional no constituye una instancia de declaración de derechos ni un sustituto jurisdiccional, sino una acción cautelar de emergencia destinada a amparar derechos indubitados que se vean afectados por actos ilegales o arbitrarios. En la especie, la controversia versa sobre la calificación del origen de una patología, materia que integra el derecho a la seguridad social y que, al ser de naturaleza técnica y estar sujeta a discusión, carece del carácter de derecho indubitado necesario para esta vía, debiendo ser resuelta en un juicio de lato conocimiento.

Expone que el actor ingresó a la Mutual el 9 de diciembre de 2024 tras una caída a nivel, recibiendo inicialmente un diagnóstico de contusión moderada de rodilla izquierda. Sin embargo, mediante exámenes de resonancia magnética y tomografía computarizada realizados posteriormente, se verificó la existencia de diversas patologías crónicas y preexistentes, tales como displasia femoropatelar bilateral, inestabilidad de rótula, cuerpo libre y condromalacia, antecedentes que ya se registraban en estudios médicos de los años 2014 y 2017. Añade que la institución concluyó que el mecanismo lesional descrito por el trabajador no poseía la energía suficiente para generar tales daños estructurales, los cuales corresponden a expresiones de un cuadro biomecánico alterado con anterioridad al infortunio laboral.

Enfatiza que ha obrado estrictamente dentro del marco normativo vigente, siguiendo las instrucciones de la Superintendencia de Seguridad Social. El proceso de calificación fue ratificado por dicha autoridad administrativa tras las reclamaciones interpuestas por el trabajador, lo que descarta cualquier atisbo de arbitrariedad o ilegalidad en su proceder.

Afirma que no se ha vulnerado garantía constitucional alguna, puesto que la actuación de la Mutual se limitó a la aplicación de criterios médicos y técnicos sujetos a fiscalización superior.

Solicita, en definitiva, que se tenga por informado el recurso, se declare su improcedencia y, en subsidio, se rechace en todas sus partes con expresa condena en costas, por no existir un acto vulneratorio de derechos fundamentales. Cuarto: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Quinto: Que, entonces, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión. Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

Sexto: Que, en primer lugar, corresponde hacerse cargo de la excepción de extemporaneidad deducida por la recurrida Superintendencia de Seguridad Social.

Al efecto, es menester señalar que la resolución impugnada, corresponde a la dictada por la recién mencionada institución con fecha 8 de septiembre de 2025, por tanto, habiéndose ingresado el arbitrio el día 10 del mismo mes y año, se concluye que la acción fue presentada dentro de plazo, por lo que la excepción será rechazada.

Séptimo: Que, al efecto, es menester precisar, que la actuación que se estima ilegal o arbitraria por parte del recurrente, es la actuación de las recurridas en orden a declarar la patología que le afecta, como una de carácter común, y no laboral, a pesar de originarse en el accidente sufrido en diciembre de 2024.

A su vez, las recurridas informan que estos hechos han sido conocidos por la vía administrativa, habiéndose impugnado la decisión de la Mutual ante la Superintendencia recurrida, mediante reclamo de la calificación señalada, y posteriormente mediante la reposición de la resolución que confirmó la mencionada decisión.

Octavo: Que, así, en cuanto a la discusión de fondo, es posible advertir que aquella requiere determinar si el recurrente padece o no una enfermedad de origen laboral, controversia que, atendida su naturaleza, no corresponde a una materia que pueda ser dilucidada a través de la presente acción cautelar, al no existir un derecho indubitado a favor del protegido, que permita su resolución por esta vía.

Noveno: Que, en este orden de ideas, y a mayor abundamiento, el arbitrio en análisis es una acción constitucional destinada a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos, como no acontece en este caso, en que la pretensión del recurrente se funda únicamente en un supuesto análisis técnico, que debe realizarse por los actores involucrados.

De lo anterior, deriva que los derechos que se solicita sean tutelados no pueden satisfacerse por esta vía, ni del modo que se pide, dado que atendida la naturaleza de las afirmaciones y de los argumentos que motivan el recurso, el legislador ha dispuesto expresamente procedimientos legales de lato conocimiento destinados a esclarecerlos los que no pueden ser sustituidos por la acción constitucional de protección.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso deducido en favor de nombre reservado en contra de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción y la Superintendencia de Seguridad Social.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-20073-2025.