nombre reservado con TESORERÍA REGIONAL METROPOLITANA

C.A. de Santiago Santiago, quince de enero de dos mil veinticinco.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que el 30 de septiembre de 2024 comparece nombre reservado interponiendo acción constitucional de protección en contra de la Tesorería General de la República, por haber incurrido en el acto que estima ilegal y arbitrario, consistente en la retención y compensación del monto que le adeudaba en virtud de la transacción judicial arribada en el contexto de un juicio laboral, conculcando las garantías del artículo 19 Nros. 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que, en el contexto de un juicio laboral por despido injustificado iniciado en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana, Subsecretaría de Salud Pública y Consejo de Defensa del Estado, en los autos RIT Nro. O-7210-2022 del ingreso del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, el recurrente arribó con el Fisco a una transacción judicial, la que fue aprobada por el tribunal el 16 de noviembre de 2023, obligándose éste último a pagarle la suma de $2.265.510, el que se efectuaría conforme a lo dispuesto en el artículo 752 del Código de Procedimiento Civil.

Alude que la recurrida le informó -en respuesta al requerimiento presentado- que se procedería a retener el 100% de lo adeudado para ser compensado con una deuda que el actor registraba por concepto de crédito con aval del Estado (CAE), sin indicar causa legal ni fecha efectiva en que ello ocurriría. No obstante, adiciona que, ese mismo día, frente a su insistencia, se le comunicó mediante un documento denominado “certificado de deuda” que la compensación en cuestión había tenido lugar el 23 de abril de 2024, sin indicar fundamento legal que justificara su actuar.

Argumenta que el actuar de la Tesorería General de la República es contrario a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Nro. 20.027, que solo autoriza la retención en casos de devolución de impuesto y no por un crédito que surja del derecho laboral. Agrega que cualquier compensación que pudiera alegar la recurrida debe hacerse valer en un juicio declarativo, acreditando la concurrencia de los requisitos legales para su procedencia, los que no concurren en la especie.

Hace presente, además, que existen normas especiales de protección a las remuneraciones, conforme a lo establecido en los artículos 57 del Código del Trabajo, 96 del Estatuto Administrativo y 445 del Código de Procedimiento Civil, de los que desprende que la embargabilidad es una situación excepcional y debe ser interpretada en forma restrictiva.

Finalmente, sostiene que el actuar de la recurrida es arbitrario pues carece de razonabilidad, fundamento y motivo -requisito esencial de todo acto administrativo- no existiendo un proceso en que pudiera haber hecho valer sus defensas respecto a la retención y compensación. Y vincula tal conducta con la vulneración de las garantías constitucionales de los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Pide que se declare que la compensación es ilegal o arbitraria, y que la recurrida, restituya íntegramente, con reajustes e intereses, la suma de $2.265.510, con expresa condena en costas.

Segundo: Que, evacuó informe, el abogado Pablo Javier Guzmán Navarro, en representación de la Tesorería General de la República, solicita el rechazo del recurso de protección intentado, con costas.

Aclara que el crédito a favor del contribuyente fue ordenado pagar por resolución exenta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, conforme al artículo 752 del Código de Procedimiento Civil, pero que no se verificó el pago, por operar la referida compensación, por deuda que mantiene el recurrente por conceto de crédito con aval del Estado. Y que la facultad de la Tesorería para compensar deudas de contribuyentes está contemplada en el artículo 6° del D.F.L. Nro. 1 de 1994 del Ministerio de Hacienda, disposición que expresa “[s]e autoriza al Tesorero General de la República para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco, cuando los documentos respectivos estén en la Tesorería en condiciones de ser pagados, extinguiéndose las obligaciones hasta la concurrencia de la de menor valor”. Asevera que concurre en la especie los requisitos de la compensación y no se incurre en actuación ilegal o arbitraria. Afirma que el artículo 17 de la Ley Nro. 20.027 es un mecanismo de retención y cobro extrajudicial, no teniendo la interpretación que el recurrente acusa.

Advierte que se informó al recurrente las razones por las que no se materializó el pago, encontrándose el acto debidamente fundado. Adiciona que no es exacto afirmar que se trate de pago de remuneraciones, puesto que el pago tuvo su origen en un acuerdo entre las partes, en cuya virtud el recurrente de desistió de la acción ejercida y el Fisco no reconoció la existencia de una relación laboral entre las partes.

Subraya que no existe de parte de la Tesorería General de la República un actuar ilegal o arbitrario que vulnere los derechos constitucionales denunciados, toda vez que el crédito del recurrente derivado de la transacción acordado no es un derecho absoluto sino condicionado a que se cumplan todos los presupuestos legales, entre ellos, no tener deudas fiscales pendientes. Siendo la propia ley la que regula la privación de dicho bien y su imputación a un fin determinado, como modalidad de pago de una obligación morosa.

Tercero: Que a folio 13 la recurrida hizo presente que, con un estudio más acabado de los antecedentes, procedió a dejar sin efecto la compensación del monto reclamado y, a la vez, pagó al recurrente la referida suma el 6 de diciembre de 2024. Consecuencia de ello, solicita rechazar la presente acción cautelar por haber perdido oportunidad.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, para la procedencia de la acción cautelar de protección es requisito indispensable la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria que provoque la afectación de alguno de los derechos fundamentales protegidos, de manera que la Corte pueda quedar en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Quinto: Que, para resolver, se debe tener presente que la conducta que se acusó de ilegal y arbitraria corresponde a la determinación adoptada por la recurrida de compensar obligaciones del actor derivadas de un crédito con aval del Estado con un crédito a su favor derivado de una transacción acordada en un juicio laboral, conducta que a la fecha, según lo informado a folio 13 y que fue ratificado en estrado, ha cesado, por cuanto la Tesorería General de la República procedió a dejar sin efecto la aludida compensación y a pagarle al recurrente, el 6 de diciembre de 2024, el crédito reclamado por esta vía, debidamente reajustado, mediante depósito en su cuenta RUT.

En consecuencia, actualmente no existe una vulneración presente o futura de los derechos constitucionales que se denuncian amagados, por lo que no hay medidas que se puedan adoptar para restablecer el imperio del derecho en favor del recurrente.

Sexto: Que atendido lo anterior y teniendo siempre en consideración la naturaleza cautelar del recurso de protección, aparece que el presente arbitrio ha perdido oportunidad, conclusión que impone necesariamente su rechazo y que hace innecesario e impertinente cualquier mayor análisis en relación con las alegaciones vertidas por los intervinientes.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre tramitación del Recurso de Protección de la Excma. Corte Suprema, se rechaza, sin costas, el arbitrio deducido por nombre reservado en contra de la Tesorería General de la República.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Corte Nro. 20061-2024 (Protección).