nombre reservado con AFP MODELO

C.A. de Santiago Santiago, diecisiete de diciembre de dos mil veinticinco.

Visto y teniendo presente:

PRIMERO: Que comparece doña Linda Quintero Mogollón, abogada, en representación de don nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., por haber rechazado la solicitud de devolución de fondos previsionales presentada por el recurrente, acto que estima ilegal y arbitrario, toda vez que se funda en exigencias no previstas en la Ley N°18.156 y en una interpretación restrictiva y formalista de dicha normativa, vulnerando con ello las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°s 2 y 24 de la Constitución Política de la República, relativas a la igualdad ante la ley y al derecho de propiedad, solicitando se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la efectiva devolución de los fondos previsionales retenidos.

Expone que su representado es de nacionalidad venezolana, técnico en computación, con residencia definitiva en Chile, quien durante la vigencia de su relación laboral tuvo descuentos previsionales enterados en una Administradora de Fondos de Pensiones, a pesar de haber pactado en su contrato de trabajo una cláusula expresa de exención previsional, manifestando su voluntad de acogerse a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley N°18.156, manteniendo su afiliación al sistema de seguridad social de su país de origen.

Que, en dicho contexto, el 20 de agosto de 2025, el recurrente ingresó ante la AFP recurrida una solicitud formal de devolución de fondos previsionales, acompañando la documentación exigida por la normativa vigente, consistente, entre otros antecedentes, en su contrato de trabajo con cláusula de exención previsional, título profesional debidamente apostillado, cédula de identidad para extranjeros y constancia de afiliación al sistema de seguridad social venezolano, emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, documento electrónico verificable en línea.

No obstante lo anterior, la AFP recurrida solicitó la incorporación de documentación adicional, específicamente un certificado de afiliación apostillado, y ante la imposibilidad material del recurrente de obtener dicha apostilla -fundada en la inexistencia de representación consular de su país en Chile-, procedió primero a mantener la solicitud en estado pendiente y, posteriormente, el 25 de agosto de 2025, a rechazarla sin una fundamentación clara, para luego justificar tal decisión en supuestas deficiencias formales del documento acompañado, tales como la falta de apostilla, firma manuscrita o especificación detallada de prestaciones.

Sostiene que la documentación presentada acredita de manera suficiente y verificable la afiliación vigente del recurrente a un régimen de seguridad social extranjero que otorga prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, cumpliendo así íntegramente con los requisitos establecidos en los artículos 1 y 7 de la Ley N°18.156, sin que dicha normativa exija la apostilla o legalización consular como condición para acceder a la devolución de fondos previsionales.

Arguye que la negativa de la AFP Modelo S.A. ha vulnerado el derecho de igualdad ante la ley del recurrente, al imponerle requisitos adicionales no exigidos a otros cotizantes extranjeros en situaciones análogas, y el derecho de propiedad garantizado en el artículo 19 N°24 de la Constitución, en cuanto priva injustificadamente al actor del dominio y goce de sus fondos previsionales, los que constituyen bienes incorporales de su exclusiva titularidad.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare ilegal y arbitrario el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales, se ordene a la recurrida reconocer la validez de la documentación acompañada, continuar con la tramitación de la solicitud respectiva y efectuar la devolución de los fondos previsionales del recurrente dentro de un plazo razonable, adoptando todas las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que, al evacuar informe, la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. solicita el rechazo del recurso de protección deducido en su contra, fundando su defensa, en síntesis, en que el acto impugnado no reviste el carácter de ilegal ni arbitrario; en que el recurrente no dio cumplimiento a los requisitos copulativos exigidos por la Ley N°18.156 para acceder a la devolución de fondos previsionales; en que la documentación acompañada resulta jurídicamente insuficiente para acreditar afiliación a un régimen de seguridad social extranjero; y, finalmente, en que la actuación de la administradora se ajustó estrictamente a la normativa vigente, a las instrucciones obligatorias de la Superintendencia de Pensiones y a la jurisprudencia administrativa y judicial aplicable, no verificándose vulneración alguna de garantías constitucionales.

Expone que el recurrente presentó el 20 de agosto de 2025 una solicitud de devolución de fondos previsionales invocando la calidad de técnico extranjero conforme a la Ley N°18.156, acompañando diversos antecedentes, entre ellos su título profesional, una declaración jurada, constancia electrónica de cotizaciones y contratos de trabajo celebrados con su empleador en Chile. No obstante, luego del análisis de dichos documentos, concluyó que no se acreditaba uno de los requisitos esenciales del régimen de excepción, cual es la afiliación efectiva a un sistema de previsión o seguridad social fuera del país, que otorgue cobertura, al menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, durante la totalidad de la relación laboral. En razón de ello, se requirió al solicitante la presentación de un certificado idóneo emitido por la institución extranjera competente, lo que no fue cumplido, procediéndose al rechazo de la solicitud el 25 de agosto de 2025.

Asimismo, hace valer que las Administradoras de Fondos de Pensiones se encuentran legalmente sometidas a la fiscalización y supervigilancia de la Superintendencia de Pensiones, órgano que posee la atribución exclusiva de interpretar administrativamente la normativa del sistema con carácter obligatorio. En tal contexto, la recurrida afirma que se encuentra jurídicamente impedida de admitir documentación extranjera que no cumpla con las exigencias formales de legalización o apostilla previstas en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, so pena de incurrir en infracciones susceptibles de sanción administrativa.

Finalmente, sostiene que el recurso de protección no puede prosperar, por cuanto no se verifica una privación, perturbación o amenaza ilegítima de derechos fundamentales, atendido que su actuación se limitó a aplicar la ley y las instrucciones obligatorias del ente fiscalizador, sin margen de discrecionalidad, concluyendo con la petición expresa de que se tenga por evacuado el informe y se rechace el recurso de protección, con costas.

TERCERO: Que, en primer término, aparece pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que, ahora bien, lo que se impugna a través de esta acción constitucional es la decisión de la recurrida, A.F.P. Modelo S.A, que rechazó las solicitudes de retiro y/o devolución de fondos de pensión, realizada por el recurrente, por no haber acompañado a su solicitud certificación emitida por la institución de seguridad social competente, debidamente legalizada o apostillada, en la que conste la obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte y no haber manifestado de forma clara e inequívoca su voluntad de mantener su afiliación exclusiva a un régimen de seguridad social extranjero.

QUINTO: Que, sobre el debate en particular, es menester relevar que según dispone el artículo 7 de la Ley N°18.156: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Por su parte, el numeral 2. del Libro II, Título IX del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, de la Superintendencia de Seguridad Social, establece: “Podrán solicitar la devolución de sus fondos previsionales los trabajadores extranjeros que detenten la calidad de profesionales o técnicos y que registren cotizaciones en una Administradora, siempre que cumplan los requisitos establecidos en las letras b) y c) del número 1 anterior.

Para estos efectos, las Administradoras deberán atenerse a lo siguiente:

a) Los afiliados que deseen ejercer el derecho que les confiere la ley N° 18.156, deberán suscribir en la correspondiente Administradora un formulario "Solicitud de devolución de fondos previsionales Ley N° 18.156". Dicho formulario se confeccionará en original y copia, de acuerdo a las instrucciones que se adjuntan en el Anexo del presente Título. El original quedará en poder de la Administradora y la copia se entregará al afiliado….

b) Para la suscripción del formulario precedentemente señalado, la Administradora deberá exigir al afiliado la presentación de la documentación pertinente indicada en el número 1 anterior, que acredite que el afiliado cumple con los requisitos exigidos en la Ley N° 18.156 para acceder al beneficio.

La documentación pertinente deberá presentarse debidamente legalizada, en caso contrario no podrá la Administradora dar curso a la "Solicitud de devolución de fondos previsionales ley N° 18.156”.

A su turno, resulta indispensable mencionar que según prevé el inciso primero del artículo 345 del Código de Procedimiento Civil establece: “Los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile deberán presentarse debidamente legalizados, y se entenderá que lo están cuando en ellos conste el carácter público y la verdad de las firmas de las personas que los han autorizado, atestiguadas ambas circunstancias por los funcionarios que, según las leyes o la práctica de cada país, deban acreditarlas”.

Finalmente, el artículo 1° de la Ley N°18.156 dispone que: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744”.

SEXTO: Que no puede obviarse que, del mérito de autos, surge que la institución previsional recurrida solicitó al recurrente acreditar, mediante los documentos pertinentes, su afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, requisito que no fue cumplido por parte de la protegida mediante la aportación de los certificados respectivos y que, al no verificarse, necesariamente condujo al rechazo de su petición.

SÉPTIMO: Que, en ese entendido, no se advierte por esta Corte la existencia de un acto ilegal o arbitrario atribuible al proceder de la recurrida, puesto que la negativa a acceder a la devolución de los fondos previsionales responde a la aplicación de la legislación vigente, cuyo cumplimiento no ha sido acreditado por el recurrente. En tales condiciones, la acción de protección interpuesta debe ser necesariamente declarada sin lugar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza la acción constitucional deducida en favor de nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., sin costas.

Se previene que el Ministro (S) Sr. Valderrama Martínez, concurre al rechazo del recurso de protección interpuesto, teniendo únicamente en consideración para ello los siguientes fundamentos:

1. - Que la naturaleza cautelar y de urgencia de la acción constitucional de protección, hace indispensable que el recurrente invoque la afectación de un derecho preexistente e indubitado.

2. - Que, de la revisión de los antecedentes surge que la materia sometida al conocimiento de este Tribunal dice relación con una cuestión que excede por mucho de la naturaleza cautelar y de la urgencia de la que se ha dotado a la acción de protección, debiendo tal pretensión ser sometida al conocimiento del tribunal por ley llamado para ello, en el marco de un procedimiento que otorgue a las partes las garantías procesales correspondientes, no siendo la acción en comento la vía idónea para tal efecto.

Regístrese, comuníquese y, oportunamente, archívese.

N°Protección-19954-2025.