ASOCIACIÓN DE FISCALIZADORES DEL SERVICIOS DE IMPUESTOS INTERNOS DE CHILE con SERVICIOS DE IMPUESTOS INT

C.A. de Santiago.

Santiago, once de marzo de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

1°) Que comparece nombre reservado, por sí y en representación de la Asociación de Fiscalizadores de Impuestos Internos de Chile -en adelante, AFIICH-, interponiendo recurso de protección en favor de 1.898 funcionarios fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos, todos socios de AFIICH, en contra del Servicio de Impuestos Internos -en adelante, SII-, representado por su Director don nombre reservado, por haber dictado el Oficio Circular Nro.18 de 29 de agosto de 2024, que imparte instrucciones sobre control horario; actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que vulnera y amenaza los derechos y garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 N°s. 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que los afectados pertenecen a la planta de fiscalizadores del SII, desarrollando funciones relacionadas con el proceso de fiscalización, el cual comprende un conjunto de tareas destinadas a instar a los contribuyentes a cumplir su obligación tributaria y cautelar el correcto, íntegro y oportuno pago de los impuestos. Entre las acciones de fiscalización desarrolladas por los funcionarios se encuentran procesos masivos (como la Operación IVA y la Operación Renta) y procesos selectivos (como cambios de sujeto de IVA, revisión de devolución de IVA exportadores y auditorías tributarias). Explica que los principales énfasis de estas acciones son: control del cumplimiento tributario, fiscalización de su incumplimiento, persecución del fraude fiscal y presencia fiscalizadora, lo que incluye visitas en terreno para inspeccionar actividades y registros de los contribuyentes.

En este contexto, y en atención a la naturaleza propia de sus funciones, sostiene que la planta fiscalizadora estaba eximida de marcar la salida desde el año 1992, modalidad bajo la cual se desarrolló la función fiscalizadora hasta la entrada en vigencia del Oficio Circular Nro. 18 a partir del 16 de septiembre de 2024.

Argumenta que, conforme al artículo 61 de la Ley N° 18.834 y el artículo 32 del Decreto con Fuerza de Ley N° 7 de Hacienda, el legislador sólo ha regulado la duración de la jornada semanal y el límite máximo diario para los funcionarios públicos, correspondiendo, por tanto, a los jefes superiores de los servicios fijar la hora de ingreso y término de la jornada, en virtud de las facultades otorgadas por el artículo 31 de la Ley N° 18.575.

En apoyo a su postura, invoca diversos dictámenes de la Contraloría General de la República -en adelante, CGR-, específicamente los N°s. 46.187 y 71.244 de 2013, 50.635 de 2014, y 4831 de 2017, según los cuales el jefe superior del servicio puede establecer modificaciones al horario de ingreso de sus funcionarios, siempre que estas se funden en razones de servicio. Adicionalmente, sostiene que estos pronunciamientos reconocen que las jefaturas pueden eximir a un servidor de marcar el ingreso o salida, o ambos, cuando circunstancias especiales hagan imposible, difícil o ineficiente el cumplimiento de tal obligación.

Frente a este marco normativo, alega que el Oficio Circular Nro. 18 establece que todos los funcionarios del Servicio, sin distinción alguna, deberán registrar sus marcaciones en el sistema dispuesto, detallando cinco modalidades de marcación, de las cuales cuatro requieren que se entreguen a los funcionarios medios institucionales específicos para su funcionamiento, los cuales, según afirma la recurrente, no han sido proporcionados hasta la fecha. Agrega que el mismo Oficio estipula con severidad que la omisión en el registro de asistencia dará origen al descuento de medio día o un día completo, según corresponda, y que ninguna jefatura podrá eximir al personal de la obligación de registrar su horario.

En lo referente a la vulneración de garantías constitucionales, la recurrente sostiene, en primer lugar, que se infringe el artículo 19 Nro. 2 de la Constitución Política, toda vez que los recurrentes han sido sometidos a un trato desigual, carente de justificación racional, ya que, a pesar de realizar funciones fiscalizadoras que implican diversas acciones en terreno, el empleador no les proporciona las herramientas necesarias para cumplir con el nuevo sistema de control horario, trasladando indebidamente dicha obligación al trabajador. En segundo término, considera vulnerado el derecho a la propiedad consagrado en el artículo 19 Nro. 24, pues la circular considera como herramientas propias de los sistemas los aparatos móviles personales de los funcionarios y, además, amenaza con privarlos de parte de sus remuneraciones por la omisión en el registro de asistencia, lo cual vulnera el principio de enriquecimiento sin causa, puesto que la Administración del Estado no puede beneficiarse de la actividad desarrollada por una persona sin otorgarle la respectiva retribución pecuniaria.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se deje sin efecto el Oficio Circular Nro.18 de 29 de agosto de 2024 en lo referido al descuento de remuneraciones por falta de marcaje, y se establezca expresamente que las herramientas necesarias para la operatividad de cada sistema dispuesto para registro del control horario serán entregadas por el empleador y no serán de responsabilidad del funcionario.

2°) Que a folio 12 se incorporó el informe evacuado por el SII, representado por la abogada Francisca Marti Collao, quien solicita el rechazo del recurso de protección interpuesto.

En primer lugar, la recurrida sostiene que existe falta de legitimación activa de la AFIICH, pues si bien esta ha recurrido en representación de 1.898 funcionarios que son socios de la referida asociación, no se ha acreditado que todos ellos hayan sido afectados en sus derechos constitucionales como consecuencia de la aplicación del acto impugnado, siendo necesario distinguir aquello en cada caso concreto mediante una individualización y demostración del perjuicio efectivo reportado.

En cuanto al fondo, la recurrida explica que el Oficio Circular Nro. 18 de 2024 fue dictado en respuesta al Informe Final Nro. 914/2019 de la Contraloría General de la República, emitido el 16 de enero de 2024, donde se detectaron irregularidades en el sistema de control horario. Precisa que la situación de no marcación de salida de los funcionarios del estamento fiscalizador se originó como una práctica consensuada verbalmente debido a la inconveniencia de que regresaran a las oficinas a marcar en el reloj control cuando realizaban actividades de presencia en terreno. Sin embargo, esta excepción se convirtió en una práctica generalizada incluso para aquellos funcionarios fiscalizadores que no efectuaban actividades de fiscalización en terreno, sin encontrarse establecida en ninguna instrucción oficial impartida por el Servicio.

Informa que el SII cuenta, desde marzo de 2021, con un sistema de marcación de asistencia proporcionado por la empresa Victoria SpA, consistente en una aplicación web en línea para el registro y gestión de asistencia y que, de conformidad con el Oficio Circular Nro. 18, los métodos vigentes para el control de asistencia son: sistema de marcación mediante llamada telefónica con lectura biométrica de la voz (Geovictoria Call); sistema de registro a través de lectores de huella digital (Geovictoria USB); equipos de reloj biométrico de reconocimiento facial (Geovictoria Box); sistema de marcación mediante aplicación de celular georreferenciada desde cualquier lugar (Geovictoria App); y marcaje remoto mediante un inicio de sesión en la plataforma web (Marcaje Web).

Sostiene que no existe ilegalidad ni arbitrariedad en el actuar del Servicio, pues el acto reclamado ha sido emitido por la autoridad competente en uso de sus facultades establecidas en el artículo 7 del Decreto con Fuerza de Ley Nro. 7 del Ministerio de Hacienda, y en conformidad con las disposiciones de la Ley Nro. 18.834 sobre Estatuto Administrativo, agregando que aquel no establece que los funcionarios deban hacer uso de sus teléfonos o equipos personales para el registro de asistencia, sino que dispone que el Servicio pondrá a disposición los equipos necesarios, sin perjuicio de la facultad del jefe directo para justificar el cumplimiento de la jornada de trabajo en terreno.

Respecto al descuento de remuneraciones, argumenta que este no se genera automáticamente como consecuencia de una omisión en el registro de asistencia, ya que el oficio establece que los funcionarios podrán solicitar la justificación fundada a sus jefaturas de faltas de marcaciones dentro del plazo de 5 días hábiles de producido el hecho, siendo responsabilidad de la jefatura directa realizar la respectiva justificación cuando corresponda.

Agrega que, según los datos del Servicio, el estamento fiscalizador ha cumplido, con posterioridad a la dictación del Oficio Circular Nro. 18, en casi un 90% la obligación de marcar la salida, lo que demostraría que no existen las dificultades alegadas por la recurrente. Además, señala que la hipótesis de trabajo fuera de las oficinas del Servicio constituye actualmente una situación excepcional, debido a la implementación de diversas herramientas tecnológicas que han reducido considerablemente el número de actividades que deben realizarse de manera presencial.

En relación a la supuesta vulneración de garantías constitucionales, sostiene que no existe afectación al derecho de igualdad ante la ley, puesto que las instrucciones contenidas en el Oficio Circular Nro. 18 son aplicables a todos los funcionarios del SII, independientemente de su calidad jurídica o estamento.

En este sentido, advierte que, de acogerse el recurso, se generaría una situación de discriminación respecto de otros funcionarios del Servicio que pertenecen a la planta de profesionales, técnicos o administrativos, quienes a pesar de efectuar labores fuera de las oficinas deben registrar su salida.

En cuanto al derecho de propiedad, rechaza la alegación de la recurrente, reiterando que el acto impugnado no exige el uso de teléfonos o equipos personales, y que el descuento de remuneraciones no se produce automáticamente por la omisión en el registro de asistencia.

Finalmente, solicita se oficie a la Contraloría General de la República para que informe sobre las instrucciones impartidas al Servicio de Impuestos Internos en relación al control de asistencia, y confirme la vigencia de diversos dictámenes citados en su informe.

3°) Que mediante resolución de 20 de enero de 2025, esta Corte, estimando que resultaba estrictamente indispensable para una acertada relación de la causa, ordenó a la CGR que informara al tenor de lo solicitado por el recurrido SII en el otrosí de su presentación de folio 12.

Específicamente, se requirió al órgano contralor que informara y ratificara, dentro de tercero día: i) Las instrucciones que se impartieron en específico al control de asistencia respecto del SII, y que dicen relación con el informe final de auditoría Nro. 914 de 16 de enero de 2024; y ii) Si se mantienen vigentes, a la fecha, los criterios contenidos en los dictámenes Nro. 29.828 de 28 de junio de 2005, Nro. 58.472 de 10 de diciembre de 2008, Nro. 69.372 de 8 de septiembre de 2014, Nro. 58.628 de 25 de septiembre de 2012 y Nro. 021436N19 de 14 de agosto de 2019.

4°) Que, la CGR evacuó el informe requerido por esta Corte, señalando que el SII adoptó como práctica consensuada, verbal y generalizada que los funcionarios de su estamento fiscalizador, cuando realizaban actividades de presencia en terreno, no tuvieran que regresar a sus oficinas a marcar el reloj control. Sin embargo, esta excepción se extendió incluso para quienes no efectuaban dichas labores, sin encontrarse establecida en ninguna instrucción oficial.

Explica que, frente a esta situación, la CGR, mediante su Informe Final Nro. 914/2019 de 16 de enero de 2024, concluyó que el SII debía implementar las medidas necesarias para asegurar que todos sus funcionarios registraran sus marcaciones en los sistemas dispuestos para ello. Esto con el fin de acreditar el cumplimiento efectivo tanto de la jornada ordinaria como de las horas extras asignadas a la totalidad de los funcionarios. Como consecuencia de estas observaciones, el Servicio realizó una actualización de las instrucciones relacionadas con el registro y control de la jornada de trabajo, materializada en el oficio circular que ahora se impugna.

En cuanto a los dictámenes consultados por esta Corte, el órgano contralor confirma la plena vigencia de todos ellos, explicando que constituyen jurisprudencia administrativa obligatoria y vinculante para los servicios sometidos a su fiscalización, como es el caso del SII. En particular, destaca que el Dictamen Nro. 29.928 de 2005 establece que, al no existir en la Ley Nro. 18.834 una norma específica sobre el régimen de control horario corresponde al jefe superior del servicio establecer el sistema que estime necesario. No obstante, aclara que no es posible aplicar un mecanismo de control a un grupo de servidores eximiendo de fiscalización a otros, pues ello constituiría una discriminación arbitraria.

Por su parte, refiere que el Dictamen Nro. 58.472 de 2008 enfatiza que todos los funcionarios públicos, sin excepción, están obligados a respetar las normas sobre jornada laboral. Al respecto, argumenta que si bien la autoridad puede disponer diferentes métodos de control cuando ello se funda en la naturaleza de las funciones, no es admisible la exención total de fiscalización para ningún grupo de funcionarios.

Asimismo, señala que el Dictamen Nro. 69.372 de 2014 consideró ajustado a derecho un sistema de control horario que contemplaba la posibilidad de que los funcionarios que no hubieran marcado ingreso o salida pudieran regularizar esas omisiones mediante un procedimiento específico. En este sentido, explica que este procedimiento consiste en que el afectado informa a su jefatura directa, la cual debe verificar la justificación y confirmar el efectivo cumplimiento de la jornada laboral.

Continúa señalando que los Dictámenes Nro. 58.628 de 2012 y Nro. 21.436 de 2019, establecen claramente que no procede efectuar descuentos de remuneraciones por el tiempo no registrado en el sistema de control cuando se encuentre acreditado, a través de otros medios de verificación, que el funcionario prestó efectivamente sus servicios dentro del horario de trabajo.

Respecto a las instrucciones específicas impartidas al Servicio de Impuestos Internos en el Informe Final Nro. 914/2019, la Contraloría detalla que se requirió al SII implementar diversas medidas, entre ellas: definir un mecanismo de control de horas extraordinarias a nivel institucional, asegurar que todos sus funcionarios registren sus marcaciones en los sistemas dispuestos, y actualizar la normativa interna incorporando aspectos como el uso de dispositivos electrónicos y los registros del inicio y término de las visitas a terreno.

Finalmente, el órgano contralor señala que, respecto a la observación sobre omisiones de registros de horario de salida, en el seguimiento correspondiente se constató que el Servicio subsanó adecuadamente la observación mediante el Oficio Circular Nro. 18 de 29 de agosto de 2024, pues esta nueva normativa aborda de manera integral diversos aspectos relacionados con la jornada de trabajo, horarios especiales, control de asistencia y puntualidad, así como la justificación de atrasos, salidas anticipadas e inasistencias, todo lo cual fue verificado mediante una visita inspectiva que comprobó el funcionamiento de las medidas informadas por la entidad.

5°) Que como reiteradamente se ha sostenido, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

6°) Que la clave para elucidar de qué trata esta acción de protección está en precisar si la actuación denunciada es "ilegal" o "arbitraria".

En este sentido, debe apuntarse que la afectación del derecho a través del acto u omisión arbitrario o ilegal debe ser directa, grave y manifiesta, pues ello es lo que justifica la naturaleza de este procedimiento breve y sumario que persigue el restablecimiento inmediato del derecho fundamental afectado. Por lo mismo, se requiere la efectiva existencia de un acto ilegal, vale decir, que no se atenga a la normativa por la que debe regirse, lo que también se verifica cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley. Por su parte, tal actuación es arbitraria cuando carece de razonabilidad en el actuar u omitir o bien cuando existe falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar o ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a obtener, o cuando no se verifican los hechos que fundamentan un actuar.

7°) Que el acto que se tacha de arbitrario e ilegal por la recurrente corresponde al Oficio Circular Nro. 18 de 29 de agosto de 2024, dictado por el Director del SII, que imparte instrucciones sobre control horario de los funcionarios de dicho servicio.

Tal Oficio, en lo que aquí interesa, en su sección VI sobre “CONTROL DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD”, dispone que:

“Todos los funcionarios del Servicio, sin distinción alguna, deberán registrar sus marcaciones en el sistema dispuesto para ello de manera que permita acreditar el cumplimiento efectivo de la jornada ordinaria de trabajo obligatoria y la ejecución de las horas extraordinarias asignadas en las dependencias del SII. Las modalidades de marcación a disposición de los funcionarios son las siguientes:

· Sistema de marcación mediante llamada telefónica con lectura biométrica de la voz, que permite registrar la asistencia de los/as funcionarios/as a través de un llamado telefónico efectuado desde teléfonos autorizados por el Servicio.

· Sistema de registro a través de lectores de huella digital, que corresponde a un huellero portátil con conexión USB a un computador.

· Equipos de reloj biométrico de reconocimiento facial, que emite un comprobante electrónico de respaldo para el/la funcionario/a.

· Sistema de marcación mediante aplicación de celular georreferenciada desde cualquier lugar.

· Marcaje remoto que consiste en una modalidad de registro dentro de la plataforma web, el cual permite al usuario realizar el marcaje mediante un inicio de sesión (user y password).

Los funcionarios que por instrucciones de su jefatura realicen trabajo extraordinario en terreno, incluso en días de feriado y durante los fines de semana, en localidades y domicilios alejados de las dependencias institucionales, deberán igualmente registrar sus marcaciones, de inicio y término de la actividad, mediante las modalidades de marcación señaladas precedentemente o aquellos medios que disponibilice el Servicio para estos efectos de acuerdo al marco normativo establecido.

La omisión en el registro de asistencia ya sea tanto al ingreso como a la salida de la jornada diaria, dará origen al descuento de medio día; en el caso que no se registre marcación en ninguna de dichas oportunidades se considerará como inasistencia, originando el descuento de un día completo.

Ninguna jefatura podrá eximir al personal de su dependencia de la obligación de registrar su horario de ingreso y/o de salida mediante el sistema de control de asistencia que el Servicio ha definido para estos efectos.

Cuando por funciones de fiscalización en terreno, labores inspectivas o notificaciones de actos administrativos en terreno, entre otras, se realicen durante la jornada de trabajo PM y esto coincida con el horario de salida correspondiente, el funcionario no tendrá que volver a las dependencias del SII al término de la jornada, sino que la jefatura podrá justificar su horario de salida correspondiente en el sistema de asistencia que el Servicio tenga vigente, teniendo a la vista los respaldos que justifiquen dicha no marcación por razones de servicio y eficiencia de función pública. No obstante, en los casos que los funcionarios cuenten con herramientas para la marcación en terreno en las modalidades de marcación indicadas previamente, esta deberá realizarse en alguno de esos sistemas.

Las ausencias de registro de marcaciones de ingreso y/o salida, que en forma excepcional no se encuentren realizadas por razones de fuerza mayor, deberán ser justificadas dentro de los 5 días hábiles siguientes de producidas por la jefatura directa en el sistema de control de asistencia”.

8°) Que en lo concerniente a la falta de legitimidad de AFIICH alegada por la recurrida, tal reparo será desestimado, pues la acción constitucional de protección puede interponerse a nombre de un tercero, como expresamente lo señala el artículo 20 de la Constitución (“podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre”), y en el presente caso, el recurso se deduce en favor de 1.898 funcionarios fiscalizadores del SII, todos socios de la AFIICH, no siendo discutida la existencia de dicha asociación (se adjunta CERTIFICADO Nro. 1308/2024/89 de 6 de febrero de 2024 que da cuenta que se encuentra legalmente constituida y tiene su Personalidad Jurídica vigente) ni tampoco la vinculación de esos funcionarios, habiéndose acompañado un listado de sus integrantes, cuyo contenido no fue objetado ni discutido.

Asimismo, no se ha planteado que AFIICH exceda el mandato de sus asociados o el objeto de su constitución al deducir esta acción.

De ese modo, la acción se interpone en favor de personas determinadas que integran la Asociación recurrente, arguyendo afectaciones concretas y comunes a derechos de todos ellos, todo lo cual permite descartar que en la especie se desnaturalice la presente acción constitucional dándole un carácter de acción popular, como postula la recurrida.

Por otro lado, dado que el citado artículo 20 permite la interposición de la acción en análisis ante una “amenaza” en el legítimo ejercicio de los derechos que resguarda, tampoco es necesario acreditar un perjuicio actual o ya verificado en los derechos de los protegidos, sino basta el riesgo cierto de que ello ocurra.

9°) Que, en cuanto al fondo, conforme al artículo 7 letra j) del D.F.L. Nro. 7 de 1980, Ley Orgánica del SII, al Director de dicho Servicio le corresponde dictar las disposiciones sobre administración del personal y las relativas a régimen interno que, a su juicio exclusivo, se requieran para garantizar la marcha eficiente del Servicio.

A su turno, el artículo 61 de la Ley Nro. 18.834, Estatuto Administrativo, en sus letras d) y f) prescribe que serán obligaciones de cada funcionario: d) cumplir la jornada de trabajo; y, f) obedecer las órdenes impartidas por el superior jerárquico.

Asimismo, el artículo 72 de dicho Estatuto prescribe que por el tiempo durante el cual no se hubiere efectivamente trabajado no podrán percibirse remuneraciones, debiendo, mensualmente, descontarse por los pagadores, a requerimiento escrito del jefe inmediato, el tiempo no trabajado por los empleados.

De las normas citadas se colige con claridad que la dictación del Oficio Circular Nro. 18 se encuentra dentro de la competencia y facultades del Director del SII, y se efectúa con el objeto de garantizar el cumplimiento de los deberes de los funcionarios de dicho Servicio, en lo relativo al horario de su jornada laboral, así como de que se observen las consecuencias que la misma ley prevé para el caso contrario.

10°) Que, según aparece de los antecedentes aportados, actualmente se hallan implementados por el SII sólo tres de los sistemas de registro del horario de salida arriba mencionados, pero lo relevante ahora es que aun cuando algunos de los descritos en el Oficio Circular Nro. 18 puedan requerir el uso de los teléfonos celulares personales de los funcionarios del SII, en cualquier caso, esos métodos constituyen “opciones” que dicho organismo brinda a los funcionarios, siendo la más gravosa, la consistente en el retorno a sus respectivas oficinas para el mismo objeto.

Es decir, con dichas modalidades precisamente se busca “facilitar” la observancia del deber de registro del horario de término de funciones por dichos funcionarios mediante un sistema objetivo y sencillo, no pudiendo considerarse por tanto que dichos métodos constituyan una afectación antojadiza e injustificada al derecho de propiedad de los funcionarios protegidos.

11°) Que, no está de más mencionar que, es un hecho notorio que los sistemas de marcación de horario implementados, son los regularmente usados para ese fin por distintas empresas y diferentes órganos de la Administración, constituyendo métodos objetivos y sencillos acorde al uso de las tecnologías actualmente disponibles, respecto de los cuales no se ha mencionado cómo la eventual instalación y uso de la aplicación en los teléfonos de los funcionarios protegidos pueda importar un gravamen o molestia relevante en el ejercicio de su derecho de propiedad.

12°) Que, por otra parte, tampoco es efectivo que la falta de marcaje del horario de salida importe un descuento “automático” de las remuneraciones de los protegidos, pues conforme a la Sección VII del Oficio Circular Nro. 18, dentro de 5 días hábiles, estos pueden justificar ante su jefatura las razones de dicha omisión y sólo, en los casos que corresponda, procederá el temido descuento.

Lo anterior impide estimar anticipadamente ese eventual descuento como una actuación arbitraria que pone en riesgo el derecho de propiedad de los funcionarios por quienes se recurre.

13°) Que, por último, dicho procedimiento para marcar el horario de salida de los funcionarios fiscalizadores del SII es el mismo implementado para todos los funcionarios de dicho organismo, lo que excluye la vulneración del derecho a un trato igualitario.

Al contrario, acceder a lo pretendido por la recurrente importaría dejar a los protegidos -fiscalizadores- en una situación de privilegio no sólo respecto del resto de los funcionarios del SII pertenecientes a la planta de profesionales, técnicos o administrativos, sino respecto a todos los otros funcionarios públicos de los distintos órganos de la Administración del Estado, sobre quienes también pesa la misma obligación de registrar su horario de salida o del término de sus funciones, aun cuando desempeñen parte de sus labores en terreno.

14°) Que, finalmente, el cuestionado Oficio se dicta por el Director del SII en cumplimiento de lo instruido por la Contraloría General de la República en el Informe Final Nro. 914/2019, de 16 de enero de 2024, en el que se detectaron irregularidades en el sistema de control horario, concluyendo que el SII debía implementar las medidas necesarias para asegurar que todos sus funcionarios registraran sus marcaciones en los sistemas dispuestos para ello, con el fin de acreditar el cumplimiento efectivo tanto de la jornada ordinaria como de las horas extras asignadas a la totalidad de los funcionarios.

Pues bien, el artículo 16 de la Ley Nro. 10.336, Orgánica Constitucional de la CGR dispone que en general todos los Servicios Públicos creados por ley quedarán sometidos a su fiscalización, lo que es concordante con lo establecido en el artículo 52 del D.L. Nro. 1263, del Ministerio de Hacienda, Decreto Ley Orgánico De Administración Financiera Del Estado, que señala que corresponde a la CGR fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que dicen relación con la administración de los recursos del Estado y efectuar auditorías para verificar la recaudación, percepción e inversión de sus ingresos y de las entradas propias de los servicios públicos.

15°) Que de las normas antes mencionadas se desprende el deber del Director del SII de dar cumplimiento a lo instruido por la CGR y, como lo explica ésta en su informe allegado a estos autos, el SII así lo hizo con la dictación del Oficio Circular Nro. 18, cuya implementación y funcionamiento incluso fue verificada mediante una visita inspectiva del órgano contralor.

Sin perjuicio de la indicada visación de Contraloría, tampoco se observa contradicción en lo dispuesto en el Oficio Circular Nro. 18 con los dictámenes N°s. 46.187 y 71.244 de 2013, 50.635 de 2014, y 4831 de 2017 dictados por aquélla, sino que, al contrario, el señalado Oficio Circular se ajusta armónicamente a lo resuelto en dichos dictámenes.

16°) Que lo explicado en los dos basamentos que preceden es trascendente, por cuanto el recurrente no ha argüido la ilegalidad o arbitrariedad de la instrucción realizada por la Contraloría, ni tampoco desconocido el deber de la recurrida de cumplirla, descuido del recurso que, sumado a todo lo anterior, obsta para acceder a lo pretendido en su petitorio, esto es, dejar sin efecto el Oficio Circular Nro. 18.

17°) Que conforme a lo razonado, no se advierte por esta Corte la concurrencia de una conducta, acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de la recurrida que afecte los derechos constitucionales denunciados, lo que motiva el rechazo de la presente acción cautelar.

Y visto, además, lo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, la acción constitucional de protección interpuesta por la Asociación de Fiscalizadores de Impuestos Internos de Chile, en contra del Servicio de Impuestos Internos.

Redacción del ministro suplente Manuel Rodríguez Vega.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Rol Nro. 19.954-2024 (Protección).