nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A

C.A. de Santiago Santiago, veinticuatro de abril de dos mil veintiséis.

Vistos y considerando:

Primero: Que comparece doña Linda Nataly Quintero Mogollon, abogada, actuando a favor de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, e interpone recurso de protección de garantías constitucionales en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A. y la Superintendencia de Pensiones, por el acto ilegal y arbitrario notificado con fecha 19 de agosto de 2025, mediante el cual se rechaza su solicitud de retiro de fondos para extranjeros. Afirma que dicho acto vulnera los derechos fundamentales a la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, garantizados en el artículo 19 N°s 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Explica que el recurrente solicitó ante la Administradora recurrida la devolución de sus fondos previsionales conforme a la Ley N° 18.156, adjuntando contrato de trabajo con la cláusula de exención correspondiente, título profesional apostillado, y una Constancia Electrónica de Cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), acompañada de una declaración jurada notarial.

Expone que la solicitud fue rechazada bajo el argumento de que la constancia de afiliación no contaba con la debida legalización o apostilla ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Enfatiza que existe una imposibilidad material para los ciudadanos venezolanos de obtener la apostilla en Chile, debido al cierre de la representación diplomática de Venezuela, constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor.

Aduce que la constancia electrónica del IVSS es verificable en línea a través del portal oficial mediante un código, lo que demuestra su autenticidad y vigencia, y que las prestaciones de dicho instituto cubren lo exigido por la ley. Cita jurisprudencia a su favor, argumentando que exigir la apostilla en las circunstancias actuales constituye un formalismo excesivo y arbitrario, solicitando que se ordene a las recurridas reconocer la validez de la documentación y proceder a la devolución de los fondos.

En la conclusión solicita que se reconozca como válida la documentación acompañada, y que dentro de un plazo razonable se efectúe la devolución de los fondos de pensión solicitados por la recurrente, adoptándose las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Segundo: Que comparece don Víctor Tabilo Marentis, abogado, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., evacuando informe y solicitando el rechazo íntegro de la acción de protección, con costas.

Señala que la Administradora rechazó la solicitud toda vez que no se acompañaron antecedentes suficientes que den cumplimiento estricto a los requisitos de la Ley N° 18.156. Explica que, conforme al Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, el requisito de afiliación debe acreditarse mediante certificación emitida por la institución de seguridad social competente, debidamente legalizada o apostillada.

Argumenta que la declaración jurada presentada es un documento unilateral que carece de fuerza probatoria, y que la Constancia Electrónica de Cotizaciones carece de firma autorizada, no está apostillada y no detalla de manera específica la cobertura previsional exigida por la legislación chilena. Sostiene que la exigencia de la Administradora responde al estricto cumplimiento de la ley y de las instrucciones vinculantes de la Superintendencia de Pensiones, reiterada en diversos pronunciamientos, entre ellos Oficios Ordinarios N° 20.294, N° 25.057 y N° 12.954, por lo que su actuar no es ilegal ni arbitrario. Además, advierte que la acción de protección no es la vía idónea al tratarse de un derecho controvertido y no indubitado.

Tercero: Que comparece don Manuel Horacio Bustos Castillo, abogado, en representación de la Superintendencia de Pensiones, evacuando su informe y solicitando el rechazo del recurso.

Argumenta que la Ley N° 18.156 establece un régimen de excepción, por lo que debe interpretarse y aplicarse de forma restrictiva. Reitera que, conforme a su jurisprudencia administrativa y la normativa vigente, los documentos que acrediten la cobertura previsional extranjera deben ser emitidos por la autoridad competente y estar debidamente legalizados o apostillados, en conformidad al Convenio de La Haya y al artículo 345 del Código de Procedimiento Civil.

Añade que la constancia electrónica acompañada por el recurrente no se encuentra apostillada, lo que impide verificar su autenticidad, la calidad del funcionario que la emitió y el detalle específico de las contingencias cubiertas durante el período laborado en Chile. Sostiene que la imposibilidad material alegada por el cierre del consulado no faculta a la Administración ni a las AFP para eximir a los solicitantes de los requisitos probatorios legales, y concluye que el asunto debatido requiere un procedimiento de lato conocimiento, excediendo la naturaleza cautelar del recurso de protección.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Así, son presupuestos de esta acción cautelar de protección: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Quinto: Que la Ley N°18.156 consagra una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile para pensión y salud, sin perjuicio de que el empleador deba continuar cotizando en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulado por la Ley N°16.744. El artículo 1º de dicha ley dispone que las empresas que contraten personal técnico extranjero, así como esos trabajadores, estarán exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en Chile, siempre que se cumplan dos condiciones copulativas: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

Sexto: Que, en relación con las exigencias para acreditar la afiliación a un sistema previsional extranjero, la Superintendencia de Pensiones ha emitido diversas directrices, las cuales son de carácter obligatorio para las Administradoras. Dichas instrucciones establecen los criterios aplicables para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156, incluyendo la necesidad de que la cobertura por enfermedad contemple explícitamente tanto prestaciones médicas como pecuniarias, así como la exigencia de que los documentos emitidos en el extranjero se encuentren debidamente legalizados o apostillados para su validez en Chile.

Séptimo: Que consta del mérito de autos que la Administradora de Fondos de Planvital S.A. rechazó la solicitud del recurrente, argumentando que no se acompañó constancia de afiliación vigente el cual debe estar Apostillado en el país extranjero en que fue otorgado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

Octavo: Que, examinados los antecedentes presentados por el recurrente y las razones esgrimidas por las recurridas, esta Corte no advierte la existencia de un acto ilegal o arbitrario atribuible al proceder de estas. La negativa a acceder a la devolución de los fondos previsionales responde a la aplicación de la legislación vigente y de las instrucciones obligatorias impartidas por la autoridad competente, la Superintendencia de Pensiones.

Por lo demás, tampoco corresponde en esta sede jurisdiccional de naturaleza cautelar alterar los requisitos establecidos en la ley y la normativa administrativa vigente.

En tales condiciones, no se configura el presupuesto esencial de ilegalidad o arbitrariedad que permita acoger la acción cautelar de protección interpuesta, debiendo esta ser necesariamente declarada sin lugar.

Por las razones anotadas y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se resuelve que se rechaza, sin costas, la acción de protección interpuesta en favor de nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A. y de la Superintendencia de Pensiones.

Se previene que el Ministro (S) Sr. Valderrama Martínez, concurre al rechazo del recurso de protección interpuesto, teniendo únicamente en consideración para ello los siguientes fundamentos:

1. - Que la naturaleza cautelar y de urgencia de la acción constitucional de protección, hace indispensable que el recurrente invoque la afectación de un derecho preexistente e indubitado.

2. - Que, de la revisión de los antecedentes surge que la materia sometida al conocimiento de este Tribunal dice relación con una cuestión que excede por mucho de la naturaleza cautelar y de la urgencia de la que se ha dotado a la acción de protección, debiendo tal pretensión ser sometida al conocimiento del tribunal por ley llamado para ello, en el marco de un procedimiento que otorgue a las partes las garantías procesales correspondientes, no siendo la acción en comento la vía idónea para tal efecto.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-19952-2025.