nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A

C.A. de Santiago Santiago, doce de diciembre de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE.

PRIMERO: Que con fecha ocho de septiembre de dos mil veinticinco comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en favor de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interponiendo recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., representada por don nombre reservado, por el acto ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjero, comunicado el mismo día, actuación que estima contraviene lo dispuesto en la Ley N°18.156 y vulnera las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y de derecho de propiedad, consagradas en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República, solicitando se adopten las medidas necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho.

Expone el recurrente que solicitó ante la AFP recurrida, a través del portal web habilitado al efecto, la devolución de sus fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156, normativa que establece la exención de cotizaciones previsionales respecto de técnicos profesionales extranjeros. Señala que, con posterioridad, mediante comunicación de fecha veintiocho de agosto de dos mil veinticinco, la administradora informó el rechazo de su solicitud, fundándolo en que la declaración jurada del trabajador no sería válida para acreditar la afiliación a un régimen previsional extranjero, y en que existiría una doble e incompatible manifestación de voluntad entre cláusulas del contrato y anexos de contrato de trabajo celebrados con su empleador.

Sostiene que, en su calidad de profesional extranjero, solicitó el retiro de sus fondos previsionales por cumplir íntegramente los requisitos establecidos en la Ley N°18.156, resultando procedente la devolución de tales ahorros; no obstante, el trámite se habría visto injustificadamente obstaculizado por la recurrida, quien habría efectuado una interpretación excesivamente formalista de la normativa aplicable, desatendiendo la finalidad perseguida por el legislador, esto es, permitir al afiliado disponer de sus fondos previsionales, pese a que la documentación acompañada —particularmente el contrato y los antecedentes que acreditan la relación laboral y la afiliación previsional— contaría, según se afirma, con la validez suficiente para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales exigidos.

Afirma que no existe una doble ni incompatible manifestación de voluntad en el contrato de trabajo de 1 de julio de 2019, pues la lectura armónica de sus cláusulas octava y décimo novena permite advertir que regulan materias distintas y complementarias, en cuanto la primera expresa la voluntad del trabajador de mantener su afiliación a un régimen previsional extranjero, mientras la segunda se limita a dar cumplimiento a la obligación legal de efectuar cotizaciones en el sistema previsional chileno; en consecuencia, ambas estipulaciones resultan plenamente compatibles y no evidencian contradicción alguna, careciendo de sustento fáctico y jurídico el fundamento invocado para rechazar la solicitud, al incorporar la recurrida exigencias no contempladas expresamente en la ley, lo que se califica como un actuar arbitrario e ilegal.

Agrega que la constancia electrónica acompañada es plenamente verificable, por cuanto emana de un organismo público competente de su país de origen y puede ser validada en su sitio web oficial, de modo que la omisión de la recurrida de efectuar dicha verificación, alegando su supuesta falta de vigencia, constituye —según se afirma— un actuar arbitrario e ilegal, al acreditarse con dicho antecedente la afiliación del recurrente a la seguridad social extranjera; agrega que, incluso, dicha constancia fue reforzada con una declaración jurada otorgada ante notario con firma electrónica avanzada, vulnerándose así el derecho de propiedad del recurrente al rechazarse la solicitud.

Explica que el actuar impugnado vulnera la igualdad ante la ley, al imponer al recurrente exigencias adicionales no requeridas a otros solicitantes en situaciones análogas, y afecta el derecho de propiedad, al impedirle disponer de los fondos previsionales de su exclusiva titularidad, sin causa legal que lo justifique, mediante una decisión inmotivada y contraria a derecho.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare ilegal y arbitraria la actuación de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., ordenando reconocer como válida la documentación acompañada, emitir un nuevo pronunciamiento conforme a derecho sobre la solicitud de retiro y efectuar la devolución de los fondos previsionales dentro de un plazo razonable, o adoptar las providencias que el tribunal estime necesarias para restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que la Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A., por intermedio de su abogado, evacúa informe en el que solicita desde ya el rechazo íntegro del recurso de protección, con expresa condena en costas, sosteniendo que el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales del actor se ajustó estrictamente a la normativa vigente, sin configurarse acto u omisión ilegal ni arbitrario que pueda afectar las garantías constitucionales que se dicen conculcadas.

En cuanto a los hechos, expone que con fecha 22 de agosto de 2025 el recurrente solicitó la devolución de fondos previsionales al amparo de la Ley N°18.156, pero que la documentación acompañada presenta dos deficiencias sustanciales vinculadas al requisito de acreditar cobertura previsional en el extranjero, previsto en la letra a) del artículo 1° de dicha ley. Señala que el actor solo acompañó una declaración jurada otorgada ante notaría en Chile y una constancia electrónica de cotizaciones emitida por el IVSS, las cuales —conforme al Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones— no constituyen certificación emitida por la institución de seguridad social competente, debidamente legalizada o apostillada, que acredite prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, ni permiten verificar la extensión temporal ni la vigencia actual de la cobertura, razón por la cual carecen de idoneidad probatoria. Añade que este criterio ha sido reiterado por la Superintendencia de Pensiones en diversos oficios, así como por sentencias de Cortes de Apelaciones y de la Excma. Corte Suprema, que han descartado expresamente como medios suficientes las constancias electrónicas genéricas y las declaraciones juradas del propio afiliado para estos efectos.

Asimismo, la Administradora invoca una segunda deficiencia, referida a la existencia de una doble e incompatible manifestación de voluntad en el contrato de trabajo de 1 de julio de 2019 y su anexo, desde que una cláusula declara la voluntad de acogerse al régimen previsional extranjero conforme a la Ley N°18.156, mientras otra autoriza expresamente el pago de cotizaciones previsionales en Chile, lo que importa una reafiliación al sistema nacional. En armonía con la interpretación reiterada de la Superintendencia de Pensiones y la jurisprudencia judicial, sostiene que la voluntad del trabajador extranjero de mantener su afiliación al régimen previsional de su país de origen debe ser clara, inequívoca y excluyente, descartándose cualquier intención simultánea de cotizar en Chile, de modo que la coexistencia de ambas estipulaciones impide tener por cumplido el requisito de la letra b) del artículo 1° de la Ley N°18.156 y revela que el actor no ostenta un derecho indubitado, sino una mera expectativa condicionada al cumplimiento de exigencias legales que no se verifican.

En el plano jurídico, la recurrida desarrolla que la decisión de rechazo no constituye un acto ilegal ni arbitrario, sino la consecuencia directa de la aplicación de la Ley N°18.156, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y de la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones, órgano que, conforme al D.F.L. N°101 de 1980, al D.L. N°3.500 y a la Ley N°20.255, tiene facultades para interpretar la legislación previsional y emitir instrucciones de carácter obligatorio para las Administradoras. Destaca el carácter excepcional de la Ley N°18.156, que altera la regla general de obligatoriedad de cotizar en el sistema chileno, por lo que su aplicación debe ser restrictiva y condicionada al cumplimiento estricto de todos los requisitos copulativos. Indica que la propia Superintendencia, mediante diversos oficios, ha instruido que solo procede la devolución de fondos cuando se acredite, mediante certificación válida, legalizada o apostillada, la cobertura efectiva por todos los riesgos exigidos durante todo el período trabajado en Chile, descartando constancias electrónicas y declaraciones juradas. Sobre esa base, sostiene que acceder a la devolución en el caso del recurrente habría implicado incumplir la normativa, generar un eventual perjuicio fiscal y desconocer el principio de universalidad de la seguridad social, tal como lo han razonado diversas sentencias citadas en el informe.

Añade que la propiedad del actor sobre los fondos previsionales no se ve menoscabada, desde que estos permanecen en su cuenta de capitalización individual para financiar su futura pensión u otros beneficios previsionales conforme al D.L. N°3.500, de manera que no existe privación ni amenaza actual del derecho de propiedad, sino solo la negativa a acceder a un régimen excepcional de restitución anticipada por no cumplirse sus requisitos. Sostiene, además, que el rechazo constituye un acto administrativo subsanable, según lo ha reconocido la Excma. Corte Suprema, pues el afiliado mantiene la posibilidad de completar la documentación exigida y volver a presentar su solicitud por las vías ordinarias previstas por la normativa, sin que se configure indefensión ni proceda utilizar el recurso de protección para impugnar un acto de trámite en un procedimiento que cuenta con canales administrativos específicos ante la propia AFP y ante la Superintendencia de Pensiones.

TERCERO: Que, en primer término, aparece pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que, ahora bien, lo que se impugna a través de esta acción constitucional es la decisión de la recurrida, A.F.P. Planvital, que rechazó las solicitudes de retiro y/o devolución de fondos de pensión, realizada por el recurrente, por no haber acompañado a su solicitud certificación emitida por la institución de seguridad social competente, debidamente legalizada o apostillada, en la que conste la obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte y no haber manifestado de forma clara e inequívoca su voluntad de mantener su afiliación exclusiva a un régimen de seguridad social extranjero.

QUINTO: Que, sobre el debate en particular, es menester relevar que según dispone el artículo 7 de la Ley 18.156: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Por su parte, el numeral 2. del Libro II, Título IX del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, de la Superintendencia de Seguridad Social, establece: “Podrán solicitar la devolución de sus fondos previsionales los trabajadores extranjeros que detenten la calidad de profesionales o técnicos y que registren cotizaciones en una Administradora, siempre que cumplan los requisitos establecidos en las letras b) y c) del número 1 anterior.

Para estos efectos, las Administradoras deberán atenerse a lo siguiente:

a) Los afiliados que deseen ejercer el derecho que les confiere la ley N° 18.156, deberán suscribir en la correspondiente Administradora un formulario "Solicitud de devolución de fondos previsionales Ley N° 18.156". Dicho formulario se confeccionará en original y copia, de acuerdo a las instrucciones que se adjuntan en el Anexo del presente Título. El original quedará en poder de la Administradora y la copia se entregará al afiliado….

b) Para la suscripción del formulario precedentemente señalado, la Administradora deberá exigir al afiliado la presentación de la documentación pertinente indicada en el número 1 anterior, que acredite que el afiliado cumple con los requisitos exigidos en la Ley N° 18.156 para acceder al beneficio.

La documentación pertinente deberá presentarse debidamente legalizada, en caso contrario no podrá la Administradora dar curso a la "Solicitud de devolución de fondos previsionales ley N° 18.156”.

A su turno, resulta indispensable mencionar que según prevé el inciso primero del artículo 345 del Código de Procedimiento Civil establece: “Los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile deberán presentarse debidamente legalizados, y se entenderá que lo están cuando en ellos conste el carácter público y la verdad de las firmas de las personas que los han autorizado, atestiguadas ambas circunstancias por los funcionarios que, según las leyes o la práctica de cada país, deban acreditarlas”.

Finalmente, el artículo 1 de la Ley 19.156 dispone que: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744”.

SEXTO: Que, no puede obviarse que del mérito de autos surge que la institución previsional recurrida solicitó a la recurrente acreditar, mediante los documentos pertinentes, su afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, requisito que no fue cumplido por parte de la protegida mediante la aportación de los certificados respectivos y que, al no verificarse, necesariamente condujo al rechazo de su petición.

Asimismo, la ambigüedad en la redacción tanto de las cláusulas del contrato de trabajo como de sus respectivos anexos, impide tener por concurrente el requisito normativo que exige que en dichos instrumentos el trabajador exprese su voluntad de mantener su afiliación a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile.

SÉPTIMO: Que, en ese entendido, no se advierte por esta Corte la existencia de un acto ilegal o arbitrario atribuible al proceder de la recurrida, puesto que la negativa a acceder a la devolución de los fondos previsionales responde a la aplicación de la legislación vigente, cuyo cumplimiento no ha sido acreditado por la recurrente. En tales condiciones, la acción de protección interpuesta debe ser necesariamente declarada sin lugar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza la acción constitucional deducida en favor de nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., sin costas.

Se previene que el Ministro (S) Sr. Valderrama Martínez, concurre al rechazo del recurso de protección interpuesto, teniendo únicamente en consideración para ello los siguientes fundamentos:

1. - Que la naturaleza cautelar y de urgencia de la acción constitucional de protección, hace indispensable que el recurrente invoque la afectación de un derecho preexistente e indubitado.

2. - Que, de la revisión de los antecedentes surge que la materia sometida al conocimiento de este Tribunal dice relación con una cuestión que excede por mucho de la naturaleza cautelar y de la urgencia de la que se ha dotado a la acción de protección, debiendo tal pretensión ser sometida al conocimiento del tribunal por ley llamado para ello, en el marco de un procedimiento que otorgue a las partes las garantías procesales correspondientes, no siendo la acción en comento la vía idónea para tal efecto.

Regístrese, comuníquese y, oportunamente, archívese.

N°Protección-19932-2025.