Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, cuatro de febrero de dos mil veintiséis.

Al folio 20, estese a lo que se resolverá.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interponiendo recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, respecto de la omisión ilegal y arbitraria en el pronunciamiento sobre la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, pidiendo que se ordene al servicio recurrido entregar una respuesta inmediata y fundada sobre la referida solicitud.

Señala que con fecha 10 de mayo de 2022 obtuvo su primera residencia por solicitud de refugio, y desde esa fecha hasta la interposición del recurso, se han otorgado seis cédulas en tal calidad, todas como prórrogas temporales, sin que haya pronunciamiento definitivo, lo que genera un estado de total incertidumbre, limitándose sus posibilidades de empleo así como diligencias personales por no tener una resolución definitiva.

Por tanto, habiendo cumplido con las exigencias del proceso, estima que la ausencia de una decisión constituye un actuar ilegal y arbitrario, pasándose a llevar los principios de celeridad y conclusividad, así como la obligación de impulsar de oficio los procedimientos.

SEGUNDO: Que el Servicio recurrido evacúa informe, señalando que el recurrente registra como primera fecha de ingreso al territorio nacional el día 15 de septiembre de 2020, por paso no habilitado. Mediante Parte Policial N°NUM000 de 22 de abril de 2021, se puso en conocimiento de la autoridad denuncia grave por ingreso clandestino en contra del extranjero recurrente.

El 29 de septiembre de 2021, el recurrente manifestó ante el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, su intención de acceder al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado. Con motivo de su solicitud, le fue otorgada al recurrente una visa de residencia temporaria, la cual ha sido prorrogada en distintas oportunidades, siendo la última de ellas aquella otorgada en virtud de Resolución Exenta N° NUM001 de fecha 24 de junio de 2025, extendiendo su vigencia hasta el día 15 de febrero de 2026.

A la fecha del informe, la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado presentada por el recurrente se encuentra en trámite, estando el extranjero en situación migratoria regular, al contar con un permiso de residencia que se encuentra actualmente vigente.

Sostiene, asimismo, que el servicio no es la autoridad facultada para emitir pronunciamiento final sobre solicitudes de refugio, sino que ello corresponde a la Subsecretaria del Interior, y habiéndose pronunciado, otorgando visa de residencia temporaria, y prorrogado la misma mientras estuviera pendiente el procedimiento, no hay gestión pendiente que el Servicio pueda realizar.

En cuanto al plazo de tramitación, señala que si bien el artículo 27 de la Ley N° 19.880, establece uno de 6 meses, es un plazo referencia y prudencial, no falta ni perentorio, posible además de ser prorrogado.

TERCERO: Que la Subsecretaría del Interior evacúa igualmente informe, explicado, respecto de la solicitud del actor, que el análisis del requerimiento del recurrente se encuentra asignado para su debida tramitación, y que una vez concluida la tramitación, el acto administrativo correspondiente será debidamente notificado.

Así las cosas, sostiene que no hay una omisión ilegal o arbitraria, dado que las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado son sometidas a un análisis particularmente exhaustivo, dada la importancia que tiene dicho pronunciamiento, lo que significa que la tramitación es generalmente más extensa que la esperada. Que en el año 2024 fueron admitidas 2499 solicitudes, lo que a su ve se enmarca dentro de un aumento exponencial de ellas, considerando, por ejemplo, que entre 2010 y 2019 se recibieron 16.300, mientras que solo entre 2020 y 2024, la mitad del tiempo, fueron admitidas más de 16.700. Además, la ley N° 20.430 no establece plazos para la tramitación de este tipo de requerimientos.

Sostiene que el recurrente se encuentra amparado por el principio de no devolución, que impide expulsar del país o adoptar cualquier medida que tenga por efecto la devolución al lugar en donde su vida o libertad personal peligren, además se ha otorgado visa de residencia temporal, manteniéndose el actor en condición migratoria regular.

CUARTO: Que en lo que atañe al quid del asunto que es materia de este arbitrio aparece pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

QUINTO: Que como se colige del libelo en que se plasma la presente acción constitucional, en ella se denuncia como acto ilegal o arbitrario la supuesta demora del Servicio Nacional de Migraciones en la tramitación otorgada a la solicitud de refugio efectuada ante dicha entidad por el recurrente;

SEXTO: Que según señala el numeral 3° del artículo 155 de la Ley 21.325: “Corresponderán a la Subsecretaría del Interior las siguientes funciones: 3. Ejercer las funciones que la ley Nº 20.430 y su reglamento le asigna en materia de refugio, previo informe del Servicio”

A su vez, el artículo 19 de la Ley 20.430 señala: “Acto Administrativo sobre condición de refugiado. El otorgamiento, rechazo, cesación, cancelación o revocación de la condición de refugiado será resuelto por el Ministerio del Interior, a través de Resolución del Subsecretario del Interior, exenta del trámite de toma de razón, teniendo en consideración los antecedentes y recomendaciones emanadas de la Comisión que se establece en el artículo siguiente”;

SÉPTIMO: Que luego de lo dicho y atendido lo informado por el Servicio Nacional de Migraciones aparece incuestionable concluir que la institución recurrida actuó con estricto apego a la normativa legal que regula la materia, no existiendo actuación ilegal o arbitraria de su parte que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de los derechos que el actor denuncia vulnerado, dado que su requerimiento fue remitido oportunamente al Subsecretario del Interior, quien de conformidad a lo previsto en el numeral 3° del artículo 155 de la Ley 21.325 y en el artículo 19 de la Ley 20.430, es la autoridad que debe, en definitiva, resolverla;

OCTAVO: Que en lo que respecta a Subsecretario del Interior, entidad ante la cual se encuentra actualmente tramitándose la petición del actor, la Corte Suprema con fecha veinte de marzo del año dos mil veintitrés en los autos rol N° 115.064-2022, previa vista de la causa - forma de conocimiento que se adoptó por dicha Corte “dada la proliferación de recursos de protección por hechos similares”-, y luego de un “acabado estudio de la normativa que regula la materia y del estado actual en que se desenvuelve esta discusión”, concluye que la demora en una tramitación reglada en la Ley 21.325 no constituye vulneración de derechos fundamentales;

NOVENO: Que luego de lo dicho, es menester concluir que no existiendo actuación ilegal o arbitraria de parte de la recurrida, ni tampoco de parte de la Subsecretaría del Interior que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de los derechos que el actor denuncia vulnerados, deberá necesariamente desestimarse la presente acción constitucional.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza la acción constitucional deducida en favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, sin costas, Regístrese, comuníquese y, oportunamente, archívese.

N°Protección-19927-2025.