nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE. MIGRACIONES

Santiago, veintiocho de abril de dos mil veintiséis Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece la abogada Karlivis Castro Sarmiento, en favor de don nombre reservado nombre reservado, de nacionalidad ecuatoriana, e interpone recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, representado legalmente por su Director Nacional, don Luis Eduardo Thayer Correa, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente la Resolución Exenta N°25423807, de 11 de agosto de 2025 por medio de la cual se rechazó su solicitud de residencia temporal por actividad lícita remunerada, lo que vulneraría el derecho fundamental consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, esto es, la igualdad ante la ley, por lo que solicita que se deje sin efecto la resolución impugnada y se ordene a la recurrida adoptar las medidas pertinentes para que el recurrente pueda residir de forma regular en el territorio nacional.

Señala que el actor presentó una solicitud de permiso de residencia temporal por actividades lícitas remuneradas, en virtud de un contrato de trabajo suscrito con doña nombre reservado. No obstante, dicha solicitud fue rechazada el 11 de agosto de 2025, mediante una resolución fundada en que la documentación no demostraba coherencia entre el objeto del contrato de trabajo y las actividades declaradas por la empleadora ante el Servicio de Impuestos Internos, conforme al artículo 17 letra c) del Decreto 177 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Al respecto, indica que el contrato de trabajo fue celebrado para que el recurrente ejerciera funciones de ayudante quirúrgico, siendo la empleadora médica en ejercicio que actuó como contratante en calidad de persona natural. Precisa que la recurrida habría fundado el rechazo únicamente en la primera línea de actividades económicas de la carpeta tributaria de la empleadora, correspondiente a un giro comercial de frutas, verduras y almacén, sin considerar que también registra el giro de servicios médicos prestados de forma independiente, en virtud del cual se celebró el referido contrato.

Sostiene que la recurrida infringió las normas y principios que rigen los procedimientos administrativos al omitir el análisis de los antecedentes particulares de la solicitud, especialmente los ingresos acreditados por la empleadora como persona natural y profesional médica, enfocándose en los movimientos económicos de una actividad comercial cuyo giro se encontraba legalmente terminado, lo que evidencia una falta de objetividad en la evaluación de la documentación presentada.

Acusa que la actuación de la recurrida constituye un trato desigual al recurrente respecto de otros solicitantes de la misma subcategoría migratoria, impidiéndole contar con un permiso de residencia que le permita ejercer su profesión de médico y acceder a servicios bancarios, educacionales, de salud y otros, generando una situación de discriminación que afecta severamente su vida cotidiana y lo ubica en una posición jurídica ilegítimamente desigual.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se deje sin efecto la resolución recurrida, se ordene a la recurrida disponer las medidas pertinentes para que el recurrente pueda residir de forma regular en el territorio nacional, o subsidiariamente, se adopte cualquier otra medida conducente al restablecimiento del imperio del derecho, con costas.

Segundo: Que, por la recurrida, el Servicio Nacional de Migraciones, evacuó informe la abogada María Paz Fuenzalida García, solicitando el rechazo del recurso por los siguientes motivos.

Señala que don nombre reservado nombre reservado, nacional de Ecuador, el 17 de diciembre de 2024, solicitó desde el extranjero el beneficio de la residencia temporal por motivos económicos, mediante la solicitud ID N°71582308, acompañando a dicha solicitud un contrato de trabajo por persona natural en calidad de ayudante quirúrgico.

Indica que, mediante comunicación electrónica Folio N°72331832, de 3 de febrero de 2025, se informó al recurrente que su solicitud resultaba insuficiente, requiriéndole acompañar la carpeta tributaria para solicitar créditos del empleador, en un plazo máximo de 60 días, atendido que el empleador era una persona natural con inicio de actividades. Agrega que, el 9 de febrero de 2025, el solicitante acompañó imágenes de la carpeta tributaria requerida. No obstante, mediante notificación de previo rechazo de fecha 14 de julio de 2025, se le comunicó que su solicitud se encontraba comprendida dentro de una causal de rechazo, reiterándose la exigencia documental antes indicada, otorgándosele un plazo de 10 días hábiles para efectuar descargos, conforme al artículo 91 de la Ley N°21.325.

Sostiene que, si bien con fecha 14 de julio de 2025 el actor acompañó nuevamente carpeta tributaria del empleador, la documentación presentada no resultó idónea para demostrar que el objeto del contrato de trabajo fuese coherente con las actividades declaradas por el empleador ante el Servicio de Impuestos Internos. En consecuencia, mediante Resolución Exenta N°25423807, de 11 de agosto de 2025, se rechazó la solicitud de residencia temporal, por aplicación del artículo 17 letra c) del Decreto N°177 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Añadió que dicha resolución reservó al amparado los recursos contemplados en la Ley N°19.880, sin que constara la interposición de recurso administrativo alguno en su contra.

Arguye que la resolución impugnada fue dictada por autoridad competente, conforme al artículo 157 N°5 de la Ley N°21.325 y al artículo 42 del Decreto Supremo N°296, normativa que atribuye al Servicio Nacional de Migraciones la facultad de resolver el otorgamiento, prórroga, rechazo y revocación de los permisos de residencia. Asimismo, invocó los artículos 68 y 70 de la Ley N°21.325, que definen la residencia temporal y remiten la regulación de sus subcategorías al Decreto Supremo N°177, cuyo artículo 17 letra c) exige que el objeto del contrato sea coherente con las actividades declaradas por el empleador ante el SII, y cuyo artículo 22 impone la obligación de adjuntar la carpeta tributaria del empleador. Señala, además, que el rechazo se fundó en el artículo 88 N°1 de la Ley N°21.325, al no cumplirse los requisitos de la subcategoría migratoria correspondiente, y que se respetó el procedimiento de notificación de previo rechazo establecido en el artículo 91 inciso 2° de la misma ley.

Concluye que no existió acto u omisión ilegal o arbitrario que privara, perturbara o amenazara garantía constitucional alguna del recurrente.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley-o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que la presente acción constitucional se encamina a establecer la afectación a la garantía de igualdad ante la ley, en razón de no haberse otorgado por la autoridad administrativa una respuesta favorable respecto de la solicitud de residencia temporal formulada por el recurrente.

Quinto: Que, el acto denunciado como ilegal o arbitrario consiste en la Resolución Exenta N°25423807, de fecha 11 de agosto de 2025, la cual señala como fundamento que “analizada la solicitud efectuada, ésta no cumple suficientemente con los requisitos que habilitan para obtener la subcategoría de residencia temporal solicitada, al no presentar documentación que demuestre que el objetivo del contrato de trabajo es coherente con las actividades declaradas por el empleador ante el Servicio de Impuestos Internos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 letra c) del Decreto 177 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública”.

Sexto: Que, en la especie, el acto recurrido no constituye un acto ilegal ni arbitrario, sino el cumplimiento del mandato establecido por el artículo 88 de la Ley N°21.325 al Servicio Nacional de Migraciones. Dicha norma dispone que deberán rechazarse las solicitudes de residencia que no cumplan con los requisitos de la categoría respectiva.

Séptimo: Que, por consiguiente, no se advierte ilegalidad en el acto impugnado, por cuanto ha sido dictado por la autoridad competente, dentro de sus atribuciones y con estricto apego a las normas de la Ley N°21.325, su Reglamento y la Ley N°19.880 de bases de los procedimientos administrativos.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que regula la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Acordada con el voto en contra de la abogada integrante Francisca Amigo Fernández, quien fue del parecer de acoger la acción y, en consecuencia, de ordenar que la recurrida, Servicio Nacional de Migraciones, deba pronunciarse nuevamente sobre la solicitud de residencia temporal presentada por don nombre reservado nombre reservado, tomando en consideración todos los antecedentes presentados, en particular el hecho de que según los antecedentes acompañados, el contrato de trabajo en que funda su petición de residencia temporal tiene por objeto que él preste servicios en calidad de ayudante quirúrgico, siendo contratado para estos efectos por doña nombre reservado, quien como segundo giro en su carpeta tributaria tiene informada la actividad de “servicios médicos prestados de forma independiente”, por lo tanto, siendo dicha actividad coherente con la petición del actor, queda de manifiesto que el acto recurrido carece de los fundamentos necesarios, lo que a juicio de la disidente genera la necesidad de acoger la acción impetrada en los términos expuestos.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol 19916-2025 Protección