nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

C.A. de Santiago Santiago, veinticinco de julio de dos mil veintitrés.

Al folio 8: a lo principal, téngase presente; al otrosí, a sus antecedentes.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don nombre reservado, abogado, por don nombre reservado, de nacionalidad cubana, interponiendo recurso de protección, contra el Servicio Nacional de Migraciones dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por la actuación ilegal y arbitraria de omisión de pronunciamiento de su solicitud de permanencia definitiva, lo que perturba la garantía constitucional establecida en el artículo 19 número 2 de la Constitución Política de Chile, esto es, igualdad ante la Ley.

Expone que el recurrente ingresó regularmente a Chile por el Aeropuerto Internacional Comodoro nombre reservado, el 17 de febrero del 2019 siendo titular de visa sujeta a contrato otorgada el 04 de febrero de 2019 por el Consulado de Chile en Cuba, y a la fecha dado su profesión de Ingeniero en telecomunicaciones, mantiene contrato de trabajo, de carácter indefinido, con la empresa South Consulting Signature S.A., en el cargo de Subgerente de Arquitectura de Software.

Añade que el 15 de agosto del 2019 se reunificó el recurrente con su cónyuge doña nombre reservado, nacional cubana, titular de visa temporaria, actualmente estudiando doctorado en ingeniería eléctrica en la Universidad de Chile, y el 11 de mayo de 2022 nació su hija en común, nombre reservado, de 9 meses.

Señala que con fecha 04 de diciembre del 2020 el recurrente presentó su solicitud de permanencia definitiva ante la recurrida.

Indica que, hasta la actualidad, habiendo transcurrido casi tres años, no ha recibido respuesta de la entidad migratoria, no conociendo si la solicitud se encuentra en revisión documental o si la recurrida emitirá orden de pago por los derechos asociados al beneficio.

Explicita que desde enero de 2022 ha revisado el portal web de la recurrida, en que se registra que su solicitud tiene un avance del 51%, y se encuentra en etapa de evaluación intermedia.

Expone que esta situación de incertidumbre podría afectar su estabilidad laboral y migratoria.

Alega que la garantía vulnerada de igualdad ante la ley lo es en el sentido que ni siquiera ha dado la oportunidad de establecer un canal de comunicación serio y eficaz, dejándolo en una indefinición jurídica.

Pide que se acoja el presente recurso y se decrete que la recurrida ordene a un funcionario del Servicio revisar en qué estado de análisis está la solicitud de permanencia definitiva N°15466718, verificando si sigue en la etapa de Evaluación Intermedia, evacuando el informe correspondiente, acompañando todos los antecedentes que digan relación con el caso.

SEGUNDO: Que comparece evacuando informe, don nombre reservado, abogado del Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo de la acción entablada, al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal.

En primer término, opone la excepción de cosa juzgada, fundado en que con fecha 25 de mayo de 2022, el abogado don Sergio Pablo Aburto Mayorga interpuso ante la Iltma. Corte de Apelaciones de San Miguel, un recurso de protección, bajo el rol N° 12741-2022, en favor de don nombre reservado, cuyo objeto contenido en la parte petitoria era: “decretar que la recurrida ordene a un funcionario del Servicio revisar en qué estado de análisis está la Solicitud de Permanencia Definitiva N°15466718”, y fundado en la causa esgrimida por el recurrente en la vulneración del artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

Agrega que con fecha 1 de julio de 2022, dicha Corte de Apelaciones dictó sentencia definitiva en aquella causa, rechazando el recurso, sentencia que se encuentra firme y ejecutoriada.

Cita en su alegación las normas de los artículos 175 y 177 siguientes del Código de Procedimiento Civil, sobre el efecto de cosa juzgada, esta parte entiende dicho efecto opera en el caso de autos, en atención a que se cumplen los presupuestos establecidos como requisitos para su procedencia.

En cuanto al fondo, señala que el recurrente, ciudadano cubano, solicitó, con fecha 4 de diciembre de 2020, ante el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el beneficio de la permanencia definitiva, mediante la solicitud ID N° 15466718.

Indica que la solicitud del recurrente se encuentra actualmente en trámite, en etapa de Análisis I, según el Registro Nacional de Extranjeros.

Explicita que la solicitud de permanencia definitiva del actor se encuentra actualmente en trámite, pudiendo acceder el extranjero a un certificado que acredita tal situación, en los términos del artículo 1 N° 25 de la Ley N° 21.325, y del artículo 45 del Decreto N° 296 de 12 de febrero de 2022, Reglamento de la Ley de Migración y Extranjería, que lo habilita desarrollar actividades remuneradas, solamente cuando la subcategoría migratoria a que accede considere dicha posibilidad.

Sostiene que el recurrente mantiene situación migratoria regular en el territorio nacional, pudiendo hacer ingreso y egreso del país sin limitaciones y transitar libremente por éste. En consecuencia, dicha autoridad entiende que no existe actualmente una conducta que genere vulneración, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos protegidos por la acción de protección.

Adiciona que al tener el recurrente acceso a un certificado de residencia definitiva en trámite, de conformidad a los artículos 43 y 45 de la Ley N°21.325, su cédula de identidad se encuentra vigente y es también un documento suficiente para acreditar su situación migratoria regular.

Expresa que según lo señalado por el artículo 27 de la Ley N° 19.880, el plazo del procedimiento administrativo podrá ser mayor a seis meses cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose como tal, el aumento exponencial de los flujos migratorios hacia el país, proveniente de diversos países, lo cual tuvo por consecuencia un aumento importante en la cantidad de solicitudes recibidas por esa autoridad y, que por lo demás no corresponde a un plazo fatal para la Administración.

Afirma que la tramitación de la solicitud de regularización de la recurrente sigue la misma tramitación legal y reglamentaria que cualquier otro extranjero, no existiendo ninguna diferencia arbitraria ni ilegal.

Añade que mientras se mantenga en tramitación la solicitud, las personas no tienen prohibiciones para salir e ingresar al país, sin más limitaciones que las que establece la ley.

Alega que la vía idónea para que los órganos de la administración del Estado dicten un acto administrativo final, en un procedimiento que ha demorado en su tramitación más allá del plazo no fatal establecido en el artículo 27 de la Ley N° 19.880 no es la interposición de una acción de protección, sino el mecanismo especial del silencio administrativo, establecido en los artículos 64 y 65 del mismo cuerpo normativo. En específico, estima aplicable el silencio administrativo negativo, al corresponder a la concesión de un permiso de residencia, que por regla general se encuentra sujeto al pago de derechos. Sin embargo, argumenta que la contraparte no ha solicitado la debida certificación ante ese Servicio que su solicitud no ha sido resuelta dentro del plazo establecido por la Ley N° 19.880, pudiendo hacerlo.

Finalmente, cuestiona que la vía judicial de protección ha vulnerado la garantía de la igualdad ante la ley de los demás solicitantes de permisos de residencia, al constituirse en un grupo privilegiado en cuanto a la resolución de sus solicitudes al otorgarle carácter de urgente, circunstancia que pugna con la garantía de la igualdad ante la ley.

TERCERO: Que, con fecha 24 de julio de 2023 la recurrida ha presentado ampliación de informe, señalando que mediante Resolución Exenta N°23160700 del Servicio Nacional de Migraciones de fecha 5 de junio de 2023, la autoridad migratoria regularizó la condición migratoria del recurrente don nombre reservado, otorgándole la residencia definitiva en el país extranjero.

Concluye que la acción de protección ha perdido toda oportunidad y eficacia, al haberse concedido a la recurrente el beneficio migratorio impetrado.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos fundamentales, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

En cuanto a la alegación de cosa juzgada:

QUINTO: Que en relación a la excepción de cosa juzgada, si bien a la luz de las garantías constitucionales supuestamente vulneradas, se ha resuelto que las sentencias dictadas en estos procedimientos cautelares producen sólo cosa juzgada en su arista formal, mas no material, aquello dice relación con la posibilidad de plantear la misma discusión en un procedimiento declaratorio posterior, en tanto dichas resoluciones judiciales, que sólo buscan adoptar medidas urgentes que pongan término a la vulneración del derecho, son esencialmente provisionales, careciendo de la inmutabilidad que caracteriza a la cosa juzgada material, mas no significa la posibilidad de discutir una misma cuestión una y otra vez por la misma vía cautelar, para ver si a la luz de un nuevo conocimiento se logra un resolución que si disponga medidas de excepción, por lo que se desestimara esta alegación de la recurrida.

SEXTO: Que el hecho que motiva la presente acción constitucional es la excesiva demora en la decisión a la solicitud de permanencia definitiva de la recurrente, la que fue presentada ante la recurrida el 4 de diciembre de 2020.

SÉPTIMO: Que, ahora bien, el presente recurso de protección ha sido satisfecho con la emisión de la ampliación de informe por parte de la recurrida, toda vez que la autoridad migratoria ha informado que en el procedimiento administrativo se ha otorgado el beneficio migratorio de residencia definitiva al recurrente. En consecuencia, no existe en la actualidad alguna medida que esta Corte pueda adoptar para reestablecer el imperio del derecho.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la materia, se resuelve:

I.- Se rechaza la excepción de extemporaneidad alegada por la recurrida;

II.- Se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, por pérdida de oportunidad.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-1991-2023.

En Santiago, veinticinco de julio de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.