Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A de Santiago Santiago, veintinueve de enero de dos mil veintiséis VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por haber incurrido en una omisión ilegal y arbitraria al no pronunciarse sobre el otorgamiento del estampado electrónico de residencia temporal otorgada según Resolución N° NUM000 de fecha 07 de julio de 2020, ya que ha transcurrido un plazo excesivo de cuatro años y un mes desde la aprobación del beneficio, vulnerando con ello los principios de celeridad, conclusivo e inexcusabilidad de la Ley N° 19.880, e infringiendo directamente el artículo 27 de la misma ley, conculcando así el derecho fundamental a la igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita que se ordene a la recurrida enmiende y actúe conforme a Derecho, pronunciándose sobre la solicitud y otorgar inmediatamente o a la brevedad posible el estampado electrónico de la visa temporal aprobada.

Expone que, el recurrente, de nacionalidad venezolana, titular del pasaporte N° NUM001, ingresó al territorio nacional por primera vez el 28 de octubre de 2018 como turista. Con fecha 26 de enero de 2019, realizó una solicitud de visa temporal para profesionales, conforme a la Ley N° 1.094 de 1975, enviando la documentación por carta certificada con N° de envío NUM002. En julio de 2020, recibió la Notificación N° NUM003 (N° int:

NUM004) de fecha 07 de julio de 2020, que informaba la aprobación de su visa de residencia temporal mediante Resolución N° NUM000 de la misma fecha, y la orden de giro para el pago de los derechos, el cual realizó por $48.705,00 clp (Formulario 10, Folio NUM005). La notificación incluía instrucciones para agendar una hora en el sitio web del Departamento de Extranjería para el estampado de su visa, pero la página web nunca permitió agendar esta hora, y la atención presencial fue limitada debido a la pandemia de 2020. Sin embargo, al acudir a las oficinas, se le informó informalmente que su visa ya había sido descargada, lo cual el recurrente negó, quedando así sin su estampado de visa.

Agrega que con fecha 30 de julio de 2024, realizó un trámite de rectificación de estampado electrónico (N° de solicitud: NUM006), recibiendo respuesta del Servicio Nacional de Migración el 06 de agosto de 2024, que su solicitud no podía ser procesada por tener una visa sin materializar por más de seis meses. El Servicio le sugiere realizar un proceso de ratificación de residencia temporal, el cual puede demorar un año o más. Esta dilación por parte del Servicio Nacional de Migraciones es arbitraria e ilegal y vulnera sus derechos fundamentales.

Sostiene que, la omisión o acto arbitrario o ilegal de la recurrida conculca o amenaza su garantía constitucional de igualdad ante la ley, establecida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución. Argumenta que la Ley N° 21.325, que rige la obtención y extensión de visas, no establece plazos para la resolución de solicitudes, por lo que son aplicables supletoriamente las normas de la Ley N° 19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos.

En este sentido, alega la conculcación de los principios de celeridad, economía procedimental, conclusivo e inexcusabilidad, consagrados en los artículos 4, 7, 8 y 14 de la Ley N° 19.880. Asimismo, destaca el artículo 24 de la misma ley, que dispone que las decisiones definitivas deben expedirse en un plazo de 20 días desde que el acto se encuentre en estado de resolverse, y el artículo 27, que establece un plazo máximo de 6 meses para la duración del procedimiento administrativo, salvo caso fortuito o fuerza mayor.

Afirma que desde julio de 2020, han transcurrido más de cuatro años y un mes desde la aprobación y pago de su visa temporal, excediendo con creces los plazos legales, sin que concurra causa de fuerza mayor.

Argumenta respecto a la igualdad ante la ley que la omisión ilegal y arbitraria de la recurrida lo ha colocado en una situación de desventaja y desigualdad jurídica frente a otros administrados que no sufren tales dilaciones, citando jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema (Roles N° 86.887-2021 y N° 1024-2022, entre otros) que califica estas dilaciones como ilegales y arbitrarias y violatorias de la igualdad ante la ley. Enfatiza que la dilación sistemática no constituye justificación y, por el contrario, agrava la conducta denunciada, vulnerando además derechos humanos fundamentales como la igualdad y el acceso a la justicia, consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare que la recurrida ha incurrido en una omisión ilegal y arbitraria al no concluir el proceso de regularización migratoria del recurrente, lo que ha vulnerado su derecho fundamental a la igualdad ante la ley, y en consecuencia, se ordene a la recurrida que se pronuncie y concluya inmediatamente o a la brevedad posible el proceso de Residencia Temporal, incluyendo el otorgamiento del estampado electrónico, emitiendo el documento correspondiente para su regularización.

SEGUNDO: Que, informando la recurrida, solicitó el rechazo en todas sus partes de la acción constitucional de protección, por estimar que no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición.

Indica que el recurrente, ingresó al territorio nacional por primera vez el 28 de octubre de 2018, por el paso fronterizo habilitado Carretera Chacalluta, en calidad de turista. Luego, con fecha 7 de julio de 2020, mediante Resolución Exenta N°NUM000, el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública le otorgó una visa de residencia temporaria para profesionales/técnicos, por un período de 1 año, en calidad de titular. No obstante, el permiso de residencia otorgado nunca fue oportunamente estampado por el extranjero. Debido a esto, con fecha 23 de septiembre de 2020, se deshabilitó la opción para realizar la descarga del estampado correspondiente al beneficio de residencia que le fue otorgado.

Señala que, con fecha 24 de junio de 2024, el recurrente ingresó, por medio del Portal de Trámites Digitales del Servicio Nacional de Migraciones, una solicitud de ratificación de residencia temporal, registrada bajo el ID N° NUM007. El recurrente solicitó así reactivar el proceso de materialización del permiso de residencia temporal otorgado mediante la Resolución Exenta N°NUM000 de fecha 7 de julio de 2020.

Afirma que, a la fecha del informe, la solicitud presentada por el extranjero se encuentra pendiente, en etapa de “Análisis Residencia Temporal”.

Hace presente que, no se ha dictado acto administrativo que ordene el abandono, la expulsión o prohibición de ingreso alguna en contra del recurrente.

Sostiene que el proceso de ratificación es la posibilidad que se concede a aquellos extranjeros a quienes se les otorgó un permiso de residencia temporal en Chile pero no lo materializaron, y desean reactivar el proceso. Las hipótesis de no materialización incluyen: no pago del permiso, no descarga del estampado electrónico en el plazo señalado, vencimiento de los plazos de la prórroga de residencia temporal, o vencimiento del plazo para permisos otorgados en calidad de dependiente. Este procedimiento, desde el 16 de junio de 2023, puede ser realizado por los interesados con su clave única, lo que fue realizado por el recurrente y cuya solicitud se encuentra en tramitación.

Ahora bien, en cuanto a la duración del procedimiento, el plazo establecido en el artículo 27 de la Ley N° 19.880, que indica que el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, es un plazo “no fatal”. Esto se debe a que la ley no lo declara expresamente como fatal, ni existe sanción de caducidad asociada a su transcurso. Se considera un plazo referencial y prudencial para la administración, posible de ser prorrogado. Se explicó que el aumento exponencial de los flujos migratorios hacia el país constituyó un caso fortuito o fuerza mayor que excusa la dilación, lo que ha sido reconocido por sentencias ejecutoriadas de la Excma. Corte Suprema.

Por lo tanto, el Servicio Nacional de Migraciones debe pronunciarse en un plazo razonable a fin de evitar mantener en la incertidumbre a los peticionarios.

Concluye que, la tramitación de la solicitud del recurrente sigue la misma tramitación legal y reglamentaria que cualquier otro extranjero, no existiendo ninguna diferencia arbitraria ni ilegal. En consecuencia, al no existir acto u omisión arbitrario o ilegal por parte de la autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de las garantías alegadas por el recurrente, y habiendo la recurrida actuado con estricto apego a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, la acción debe ser rechazada en todas sus partes, sin condena en costas.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que la actuación que se considera ilegal y arbitraria, imputable a las recurridas, consiste en la omisión del estampado electrónico que otorga el beneficio de residencia temporal, aprobada mediante resolución NUM000, de fecha 7 de julio de 2020, habiendo transcurrido más de cuatro años y un mes de su aprobación.

QUINTO: Que, de acuerdo con el mérito de los antecedentes, en especial de lo informado por la recurrida, esta Corte advierte que la supuesta omisión arbitraria o ilegal invocado por la recurrente, no se verifica en la actualidad, atendido a que el recurrente realizó la correspondiente solicitud de rectificación ante el Servicio Nacional de Migraciones, el día 30 de julio de 2024, por lo que el presente recurso ha perdido oportunidad, dado que ninguna medida adicional podría adoptarse al respecto.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección en favor de nombre reservado, deducido en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-19905-2025 Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Pedro Caro Romero, conformada por la Ministra señora Paula Rodríguez Fondón y el Abogado Integrante señor Rafael Plaza Reveco.