nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, veintidós de enero de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que con fecha veintiséis de septiembre de dos mil veinticuatro, comparece doña nombre reservado, interponiendo recurso de protección en su favor y en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, por hacer descuentos directos de su remuneración sin notificación previa, acto que considera ilegal y arbitrario, vulnerando con ello su derecho de propiedad contemplado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita el cese inmediato de aquellos y la restitución de las sumas ya descontadas.

Fundando su recurso expone que suscribió un pagaré en favor de la recurrida por concepto de capital más intereses conforme a la Ley N° 18.010, pactándose que el simple retardo o mora en el pago íntegro y oportuno de una cuota facultaría a la demandante para exigir el pago total de la deuda o del saldo, considerándose la obligación como de plazo vencido y capitalizándose los intereses devengados y no pagados.

Señala que debido a sus condiciones personales y económicas cayó en mora con la obligación pactada, ante lo cual la Caja de Compensación de Los Andes ofició a su empleador, CCU Embotelladoras Chilenas Unidas, para efectuar retenciones en su remuneración. Indica que el día 2 de septiembre de 2024, al revisar su liquidación de sueldo correspondiente al mes de agosto de 2024, constató un descuento por la suma de $151.852, sin haber recibido notificación previa alguna respecto de esta decisión unilateral.

Estima que el acto es arbitrario e ilegal por cuanto el monto descontado es totalmente antojadizo, pues la recurrida no le informó la fuente ni los cálculos aritméticos mediante los cuales se arribó a dicha suma. Agrega que existen otros medios legales para exigir el cobro, como la interposición de una acción ejecutiva fundada en el pagaré o una acción de cobro de pesos.

Alega que el acto impugnado vulnera su derecho de propiedad garantizado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política, al privarla de parte de su remuneración de manera forzada, intempestiva y sin su consentimiento, mediante descuentos que podrían repetirse en los meses siguientes.

Por estas razones, solicita que se ordene a la recurrida cesar todo tipo de retención o descuento en su remuneración y restituir los descuentos ya efectuados y los que puedan efectuarse durante la tramitación de la acción, con costas.

SEGUNDO: Que al evacuar el informe solicitado, la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, solicita el rechazo del recurso por inexistencia del acto ilegal o arbitrario.

Expone que con fecha 12 de febrero de 2021 otorgó a la recurrente un crédito por la suma de $3.279.249, a una tasa de 1,59%, pagadero en 48 cuotas de $101.027 cada una, con primer vencimiento el 30 de abril de 2021. Señala que, tras el pago regular de la primera cuota, se recibieron diversos pagos a través de cobranza intercaja y descuentos por planilla, detallando pagos desde febrero de 2022 hasta septiembre de 2024, que totalizan $1.264.733. Precisa que estos pagos se imputaron a las cuotas de mayo 2021 a marzo 2022, más un abono parcial a la cuota de abril 2022 por $7.722 e intereses penales por $145.734, encontrándose en mora la diferencia de la cuota de abril 2022 y las cuotas desde mayo 2022 hasta agosto 2024.

Argumenta que las Cajas de Compensación son corporaciones de derecho privado sin fines de lucro, cuyo objeto es la administración de prestaciones de seguridad social, y explica que los créditos sociales constituyen una prestación facultativa regida por la Ley N° 18.833. Enfatiza que el mecanismo de descuento por planilla establecido en el artículo 22 de dicha ley es un mecanismo especial de pago inherente al régimen de crédito social, que opera de manera obligatoria y no depende de la voluntad de las Cajas, rigiéndose por las mismas normas de las cotizaciones previsionales.

Sostiene que la obligación es actualmente exigible, pues no existe declaración judicial de prescripción, la cual debe ser alegada y declarada judicialmente conforme a los artículos 2492 y siguientes del Código Civil, no siendo la acción de protección la vía idónea para ello. Al efecto, cita el Dictamen N°2659-2020 de la Superintendencia de Seguridad Social que confirma este criterio.

Respecto a la supuesta vulneración de garantías constitucionales, argumenta que no existe vulneración al derecho de propiedad del artículo 19 N° 24 de la Constitución, pues es la propia ley la que autoriza el descuento de remuneraciones para el pago de créditos sociales, sin que se requiera sentencia previa.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 22 de la Ley Nº 18.833, en relación con el inciso primero, del artículo 11 del Decreto N° 91, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social - que contiene el Reglamento General del Régimen de Crédito Social -, lo adeudado por prestaciones de crédito social a una C.C.A.F. por un trabajador afiliado, debe ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora, retenido y remesado a la Caja acreedora, rigiéndose por las mismas normas de pago y cobro que las cotizaciones previsionales.

QUINTO: Que, en consecuencia, y con el mérito de las consideraciones que anteceden, mientras los tribunales de justicia no declaren prescrita la deuda que, por concepto de crédito social se mantiene con una C.C.A.F., resulta correcto su descuento.

SEXTO: Que, en efecto, el artículo 1° de la Ley N°18.833, establece que las Cajas de Compensación de Asignación Familiar son entidades de previsión social, por lo que las deudas de crédito social contraídas con ellas constituyen obligaciones con instituciones de previsión social, las que de acuerdo con el artículo 58 del Código del Trabajo deben ser deducidas por el empleador de las remuneraciones de sus trabajadores. No obstante ello, las Cajas se encuentran en condiciones de otorgarle las facilidades que le permitan cumplir con su compromiso, debiendo, para dicho efecto, acercarse a cualquiera de sus oficinas.

SÉPTIMO: Que, como la recurrida informó en autos, en el año 2021 se otorgó a la recurrente un crédito social, no constando que el cobro de dicho crédito se encuentre judicializado.

A mayor abundamiento, aquellos son de reciente data, motivo por el cual esta Corte no divisa problema en que la Caja emplee el mecanismo de descuento establecido en la Ley N°18.833.

OCTAVO: Que, luego de lo dicho, aparece que los descuentos efectuados a la remuneración del recurrente se ajustan a derecho, y su cobro no puede ser calificado de arbitrario, puesto que la recurrida, por su intermedio, cumple con las obligaciones que la ley que regula su actividad le impone.

NOVENO: Que entonces, no existiendo un acto u omisión ilegal y arbitrario atribuible a la recurrida, el presente arbitrio debe ser desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Protección N° 19873-2024.