nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de Santiago Santiago, veintitrés de diciembre de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente Primero: Que comparece Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interponiendo recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por el rechazo de la solicitud de retiro de fondos para extranjero realizada por el recurrente.

Señala que don nombre reservado, solicitó a la Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A. la devolución de sus fondos previsionales, amparándose en la Ley N°18.156, la cual establece la exención de cotizaciones previsionales para técnicos extranjeros que cumplan ciertas condiciones.

Expresa que dicha solicitud fue rechazada con fecha 20 de agosto de 2025, argumentándose que los documentos presentados “no cumplían los criterios de aceptación”. Asimismo, el recurrente sostiene que, en una asistencia presencial, se le indicó verbalmente el rechazo en base a la no presentación del documento apostillado que acreditara su afiliación al sistema previsional del país de origen.

Alega que la recurrida desconoce lo señalado en la normativa especial, pues a pesar de admitir la afiliación del recurrente a la seguridad social de su país de origen, rechaza la solicitud bajo el argumento de que el certificado no se encuentra apostillado o vigente. Enfatiza el recurso que la exigencia de apostilla es un requisito adicional no estatuido en la Ley N°18.156, y que, además, es de público y notorio conocimiento la imposibilidad para los nacionales venezolanos de obtener tales documentos apostillados debido a la falta de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela.

Expone que acompañó un certificado de afiliación emitido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales cuya autenticidad puede ser verificada mediante un código alfanumérico en el portal web oficial del IVSS (www.ivss.gob.ve) o ingresando su número de cédula de identidad venezolana, método que ha sido aceptado por otras Administradoras de Fondos de Pensiones. Afirma que la omisión de la recurrida de verificar la mencionada afiliación por estos medios disponibles constituye un actuar arbitrario e ilegal.

Funda su acción en la Ley N°18.156, la cual, en sus artículos 1° y 7°, faculta la exención y, consecuentemente, la devolución de fondos previsionales para técnicos extranjeros que demuestren estar afiliados a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que les otorgue prestaciones mínimas en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que expresen su voluntad de mantener dicha afiliación en el contrato de trabajo. Asegura el recurso que la normativa especial no exige formalidades adicionales como la legalización o apostilla de los documentos, y que la interpretación excesivamente formalista de la AFP desatiende la finalidad del legislador.

Plantea que es un hecho de público conocimiento que actualmente no existe representación diplomática venezolana en nuestro país, por lo tanto, incorporar un requisito que a todas luces es imposible de cumplir contradice lo estatuido en el artículo 45 del Código Civil, en lo atingente al caso fortuito o fuerza mayor.

Estima el recurso que la conducta de la recurrida, al incorporar requisitos no establecidos en la ley y realizar una interpretación restrictiva y formalista de la misma, vulnera los derechos fundamentales del recurrente. Específicamente, se afecta el derecho a la igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, al darle un trato desigual en comparación con otros solicitantes en idénticas circunstancias a quienes se les ha otorgado una respuesta favorable. Asimismo, se vulnera el derecho a la propiedad privada, garantizado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política, puesto que la negativa a la devolución de sus fondos de pensión, que son de su exclusiva propiedad, afecta esencialmente este derecho. Finalmente, la actuación de la Administradora de Fondos de Pensiones, al inobservar la normativa especial e incorporar exigencias no expresamente señaladas, restringe y afecta en su esencia los derechos del recurrente, impidiendo su libre ejercicio, en contravención a lo dispuesto en el artículo 19 N°26 de la Carta Fundamental.

Finaliza solicitando se acoja el recurso y, en su mérito, se ordene a la recurrida reconocer como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y, en un plazo razonable, efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por el recurrente.

Segundo: Que la recurrida, Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., al evacuar informe solicita el rechazo íntegro de la acción constitucional de protección, con costas.

Alega que la acción cautelar no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio. Sostiene que la materia reclamada por el recurrente no es propia de una acción cautelar, la cual fue ideada para situaciones urgentes y no para discutir la constitucionalidad del D.L. N°3.500 o para solicitar declaraciones de derechos controvertidos. En el presente caso, afirma que no existe un derecho indubitado sino uno controvertido, lo que hace improcedente la vía del recurso de protección.

Explica la recurrida que ProVida rechazó la solicitud de devolución de fondos del recurrente, don nombre reservado, en su calidad de técnico extranjero conforme a la Ley N°18.156. El rechazo se debió a que la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) se encontraba vencida, de acuerdo con las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones.

Afirma que las certificaciones electrónicas del IVSS que no han sido legalizadas o apostilladas por la autoridad competente venezolana, y que no señalan las coberturas específicas del afiliado ni permiten inferir un período determinado de cobertura, no sirven para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero exigido por la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156.

Enfatiza que, desde el 30 de agosto de 2016, fecha de entrada en vigor del Convenio de la Apostilla en Chile, y siendo Venezuela Estado Parte, se exige que dicha certificación venga apostillada.

Destaca que, previo al cierre de la Embajada de Venezuela en Chile, las constancias emitidas por la delegación consular eran válidas, pero que, en la actualidad, Provida debe observar todas y cada una de las formalidades legales antes de aprobar una solicitud de devolución de fondos.

Sobre el marco legal aplicable, detalló que el Decreto Ley N°3.500 de 1980 crea el Sistema de Pensiones de Vejez, Invalidez y Sobrevivencia, y que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) tienen como objeto exclusivo administrar fondos de pensiones y otorgar las prestaciones y beneficios establecidos por esta ley, estando impedidas de ofrecer u otorgar otros distintos (artículos 2°, 23, 34 y 51 del D.L. N°3.500 y artículo 64 de su Reglamento).

Argumenta que el destino del saldo de la cuenta de capitalización individual es financiar la respectiva pensión, salvo las excepciones que la misma ley contempla.

Indicó que la Ley N°18.156 norma la exención de cotizar en Chile para técnicos extranjeros, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en su artículo 1°, los cuales son de carácter excepcionalísimo y deben interpretarse restrictivamente. Estos requisitos, contemplados en el artículo 1° y el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones (Libro II, Título XI), son: a) que el trabajador detente la calidad de técnico acreditada con estudios especializados o profesionales debidamente legalizados; b) que se encuentre afiliado a un régimen previsional o de seguridad social fuera de Chile, que le otorgue prestaciones al menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, acreditado mediante certificación de la institución correspondiente, debidamente legalizada; y c) que en el contrato de trabajo se manifieste expresamente su voluntad de mantener la afiliación al sistema de seguridad social de su país de origen. Concluye que el actuar de AFP ProVida no es ilegal ni arbitrario, pues solo ha observado el cumplimiento copulativo de estos requisitos.

Tercero: Que en lo que atañe al quid del asunto que es materia de este arbitrio aparece pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

Cuarto: Que, ahora bien, lo que se impugna a través de esta acción constitucional es la decisión de la recurrida, A.F.P. Provida, que rechazó las solicitudes de retiro y/o devolución de fondos de pensión, realizada por el recurrente, por no haber acompañado a su solicitud el documento “Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S)” con la debida legalización o apostilla exigida por la normativa legal.

Quinto: Que, sobre el debate en particular, es menester relevar que según dispone el artículo 7 de la Ley 18.156: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Por su parte, el numeral 2. del Libro II, Título IX del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, de la Superintendencia de Seguridad Social, establece: “Podrán solicitar la devolución de sus fondos previsionales los trabajadores extranjeros que detenten la calidad de profesionales o técnicos y que registren cotizaciones en una Administradora, siempre que cumplan los requisitos establecidos en las letras b) y c) del número 1 anterior.

Para estos efectos, las Administradoras deberán atenerse a lo siguiente:

a) Los afiliados que deseen ejercer el derecho que les confiere la ley N° 18.156, deberán suscribir en la correspondiente Administradora un formulario "Solicitud de devolución de fondos previsionales Ley N° 18.156". Dicho formulario se confeccionará en original y copia, de acuerdo a las instrucciones que se adjuntan en el Anexo del presente Título. El original quedará en poder de la Administradora y la copia se entregará al afiliado….

b) Para la suscripción del formulario precedentemente señalado, la Administradora deberá exigir al afiliado la presentación de la documentación pertinente indicada en el número 1 anterior, que acredite que el afiliado cumple con los requisitos exigidos en la Ley N° 18.156 para acceder al beneficio.

La documentación pertinente deberá presentarse debidamente legalizada, en caso contrario no podrá la Administradora dar curso a la "Solicitud de devolución de fondos previsionales ley N° 18.156”.

A su turno, resulta indispensable mencionar que según prevé el inciso primero del artículo 345 del Código de Procedimiento Civil establece: “Los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile deberán presentarse debidamente legalizados, y se entenderá que lo están cuando en ellos conste el carácter público y la verdad de las firmas de las personas que los han autorizado, atestiguadas ambas circunstancias por los funcionarios que, según las leyes o la práctica de cada país, deban acreditarlas”;

Sexto: Que, así las cosas, no se observa ninguna ilegalidad ni arbitrariedad en la decisión que por esta vía se impugna, ya que la exigencia formal requerida por la institución recurrida se ajusta estrictamente a la normativa legal, por lo que, en estas circunstancias, procede desestimar el presente arbitrio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza la acción constitucional deducida, en la petición principal de la presentación de fecha 7 de septiembre de 2025, en favor de nombre reservado, en contra de AFP PROVIDA S.A., sin costas.

Regístrese, comuníquese y, oportunamente, archívese.

N°Protección-19861-2025.