nombre reservado con SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA OCCIDENTE-FISCO DE CHILE

C.A. de Santiago Santiago, veinte de febrero de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece doña nombre reservado, Técnico en Enfermería de Nivel Superior (TENS), interponiendo recurso de protección de garantías constitucionales en contra del Hospital Félix Bulnes Cerda, y en contra del Servicio de Salud Metropolitano Occidente, por el actuar que considera ilegal y arbitrario consistente en la declaración de vacancia de su cargo de Técnico, grado 12° Escala Única de Sueldos, de la planta Técnicos, con jornada de 44 horas semanales, del Servicio de Salud Metropolitano Occidente, materializada a través de la Resolución Trámite N° 110235/9/2025, de fecha 25 de junio de 2025, del Hospital Félix Bulnes, notificada por carta certificada el día 11 de agosto de 2025.

Indica que dicha resolución declaró vacante su cargo por salud incompatible, por haber hecho uso de licencia médica por un lapso superior a seis meses en los últimos dos años.

Expone que es Técnico en Enfermería de Nivel Superior (TENS), con 55 años de edad, y ha consagrado más de tres décadas al servicio público en el Hospital Félix Bulnes Cerda, ingresando el 1 de mayo de 1993. Destaca que su desempeño durante 32 años de servicio ininterrumpido siempre fue evaluado con las más altas calificaciones, alcanzando en reiteradas oportunidades la calificación máxima y siendo reconocida como "mejor funcionaria", sin jamás haber enfrentado sumarios o anotaciones de demérito.

Afirma que, debido a la exigencia física de su trabajo, comenzó a presentar problemas de salud intensificados en los últimos años. En 2020 fue diagnosticada con síndrome de manguito rotador en el hombro izquierdo, y en junio de 2023, dolor lumbar intenso con discopatía L4-L5, hernia discal, abombamientos discales, espondiloartrosis, espondilosis, edema lumbosacro, raquiestenosis e hipertrofia del ligamento amarillo. A ello se sumó una rotura de tendón supraespinoso en el hombro izquierdo y crisis recurrentes de fibromialgia. Señala que tras múltiples sesiones de fisiokinesioterapia, logró una mejoría parcial que le permitió reintegrarse a sus funciones en noviembre de 2023.

Indica que, en cumplimiento de lo establecido en el Estatuto Administrativo, el Departamento de Calidad de Vida del Hospital Félix Bulnes remitió sus antecedentes a la COMPIN Subdirección Poniente, la que, tras evaluación clínica y administrativa, emitió la Resolución Exenta N°197, de fecha 11 de octubre de 2024, estableciendo categóricamente que su salud es recuperable. Sin embargo, el Hospital Félix Bulnes dictó la Resolución TRA N°110235/9/2025, declarando la vacancia de su cargo por salud incompatible, fundando la decisión únicamente en el conteo de sus licencias médicas, sin valorar la evaluación de recuperabilidad de la COMPIN ni su efectiva reincorporación a funciones.

Alega que la decisión es arbitraria e ilegal, y que vulnera sus derechos fundamentales a la igualdad ante la ley, al debido proceso, a la protección de la salud y de propiedad, garantizados en el artículo 19 N° 2, 3, 9 y 24 de la Constitución Política de la República. Sostiene que la aplicación del artículo 151 del Estatuto Administrativo fue mecánica, desconociendo el carácter de potestad discrecional de la norma y el informe vinculante de la COMPIN que declaró su salud recuperable. Reprocha la ausencia de motivación del acto administrativo, el cual se limitó a aplicar un criterio matemático, sin indagar en su situación particular. A mayor abundamiento, cita jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y de esta Corte, que, a su juicio, refuerzan la necesidad de ponderar el informe de la COMPIN y de motivar suficientemente el acto administrativo.

Solicita que se acoja recurso de protección y, en su mérito, se invalide la Resolución TRA N°110235/9/2025, ordenando su reincorporación a su cargo de Técnico de Nivel Superior en Enfermería, grado 12° de la Escala Única de Sueldos, o al que en derecho corresponda, en las mismas condiciones de las que fue separada, y el pago íntegro de las remuneraciones, asignaciones, beneficios y demás emolumentos devengados desde la fecha de su desvinculación hasta su efectiva reincorporación, con expresa condenación en costas.

Segundo: Que, comparece el abogado don Alejandro Mauricio Moreira González, en representación del Hospital Félix Bulnes Cerda, evacuando informe.

En cuanto a los hechos, reconoce la trayectoria de la recurrente, sin embargo, señala que la recurrente presentó un total de 1.234 días de licencia médica entre el 7 de julio de 2011 y el 29 de julio de 2025, equivalentes a 3,38 años. Refiere que la resolución recurrida tuvo como fundamento para su dictación, el informe detallado de ausentismo acotado al período comprendido entre el 23 de junio de 2023 y el 14 de junio de 2025, donde las licencias alcanzaron 312 días de ausentismo, equivalente a más de 10 meses dentro de un período de dos años.

Informa que en enero de 2024 se remitieron los antecedentes de la recurrente a la COMPIN Subcomisión Poniente, la cual, mediante Resolución Exenta N° 197 de octubre de 2024, concluyó que la salud de la funcionaria era recuperable No obstante, argumenta que la Resolución TRA N°110235/9/2025 se basa en la facultad que confiere el artículo 151 de la Ley N°18.834 sobre Estatuto Administrativo al Jefe Superior del Servicio, quien podrá considerar como salud incompatible con el cargo el haber hecho uso de licencias médicas por un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los dos últimos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable. También se basó en dos levantamientos sociales practicados por el Departamento de Calidad de Vida Laboral, 17 de noviembre de 2023 y 25 de septiembre de 2024. En el segundo, se informa que desde mayo de 2024 la recurrente se encontraba con licencia médica debido a una caída de la escalera de su casa, con una rotura en el hombro izquierdo, optando por terapias con kinesiólogo y decidiendo no operarse para evitar una rehabilitación prolongada. Acota que el levantamiento social desglosa la cantidad de días de licencias médicas, sumando 157 días más de ausentismo, divididos en 21 licencias médicas, lo que arroja un total de 1391 días de ausentismo.

Respecto de los fundamentos de derecho, el Hospital sostiene que la Resolución TRA N°110235/9/2025 se basa en la facultad que confiere el artículo 151 de la Ley N°18.834 sobre Estatuto Administrativo al Jefe Superior del Servicio. A este respecto, afirma que la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, es vinculante para el Hospital y concluye que, en el evento de que el informe de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez estime que la salud del funcionario es recuperable, la autoridad se encuentra facultada para declarar su incompatibilidad con el desempeño del cargo y, en tal caso, declarar la vacancia.

Tercero: Que comparece doña Alejandra Acevedo Acevedo, abogada en representación del Servicio de Salud Metropolitano Occidente, evacuando el informe requerido, solicitando igualmente el rechazo del recurso.

El Servicio confirma los antecedentes de la recurrente, su ingreso en 1993 y sus 32 años de servicio ininterrumpido, alcanzando el grado 12 de la Escala Única de Sueldos. Concuerda con el historial de licencias médicas, señalando 1.234 días entre 2011 y 2025, más 157 días adicionales según el desglose social de la Unidad de Calidad de Vida Laboral, totalizando 1.391 días de ausentismo desde 2005. Destaca que en el período entre el 23 de junio de 2023 y el 14 de junio de 2025, la recurrente acumuló 312 días de ausentismo, equivalente a más de 10 meses dentro del período de dos años, correspondientes a enfermedades de diversa naturaleza, la mayoría de origen común.

Informa que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Subcomisión Poniente, mediante Resolución Exenta N° 197 de octubre de 2024, concluyó que la salud de la funcionaria era recuperable Asimismo, ratifica que la resolución de vacancia se fundamentó en dos levantamientos sociales elaborados por la Asistente Social del Departamento de Calidad de Vida Laboral, de fechas 17 de noviembre de 2023 y 25 de septiembre de 2024. En el segundo levantamiento, subraya la información de la recurrente sobre su caída en el hogar con rotura de hombro izquierdo y su decisión voluntaria de no operarse, optando por terapias kinésicas. Argumenta que esta decisión personal de no seguir la indicación médica quirúrgica determinó nuevos períodos de reposo, incidiendo directamente en la incompatibilidad funcional con el desempeño regular de sus labores asistenciales.

El Servicio de Salud sostiene que, si bien las patologías no son irrecuperables, generan limitaciones recurrentes que impiden la continuidad estable en la atención clínica. Concluye que la autoridad del Hospital no actuó de manera automática ni mecánica, sino en base a un juicio de mérito fundado en un análisis integral de todos los antecedentes disponibles, lo que permitió concluir que la prolongada y reiterada inasistencia de la recurrente hacía su salud incompatible con el desempeño del cargo, especialmente en funciones asistenciales.

Finalmente, niega la vulneración de las garantías constitucionales invocadas por la recurrente, reiterando que la aplicación del artículo 151 del Estatuto Administrativo fue uniforme, que la funcionaria no agotó los mecanismos recursivos administrativos y que la estabilidad funcionaria es una expectativa sujeta a causales legales.

Concluye que no se advierte ilegalidad ni arbitrariedad en la actuación del Hospital Félix Bulnes Cerda, toda vez que la decisión impugnada se adoptó conforme a los antecedentes médicos y administrativos disponibles, en estricto apego a la normativa vigente, y respetando las competencias y procedimientos establecidos en el Estatuto Administrativo.

Cuarto: Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de protección de garantías constitucionales previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, perturba o amenaza ese atributo.

Quinto: Que en síntesis, la acción cautelar interpuesta se deduce en contra de la decisión contenida en la Resolución TRA N°110235/9/2025, de fecha 25 de junio de 2025, que declara vacante el cargo que servía la actora motivada en la causal de salud incompatible por el tiempo de licencia médica que presentó durante los últimos dos años, en circunstancias que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez –COMPIN– informó que su salud es recuperable; dictamen que, en su opinión, haría improcedente la causal de vacancia cuestionada A su vez, las recurridas alegan que el acto materia del recurso se dictó en ejercicio de una facultad legal, ejercida en conformidad con la preceptiva que la rige y con el fundamento de rigor, referido tanto al período de licencias médicas que ha presentado la exfuncionaria, como a la necesidad de propender a un buen servicio, todo ello en base a la doctrina administrativa de la Contraloría General de la República.

Sexto: Que atendida la naturaleza y finalidad de la acción tutelar ejercida, para su procedencia se precisa de la confluencia de los siguientes elementos: a) existencia de la acción u omisión reprochada; b) ilegalidad o arbitrariedad de esa conducta; c) directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegidas por esta vía; d) posibilidad material y jurídica de la Corte de brindar la protección debida mediante la adopción de medidas tendientes a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los afectados ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Séptimo: Que conforme a lo que se ha señalado, se desprende que la controversia en que se funda el recurso en estudio gira en torno al ejercicio que, en el caso de la recurrente, hizo la recurrida de conformidad con lo dispuesto el artículo 151 de la Ley N°18.834 sobre Estatuto Administrativo El artículo citado expone que: “El Jefe superior servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerará para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 115 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.

El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo”.

Octavo: Que como se ha visto, la recurrente cuestiona la determinación materia del recurso en atención a que, requerido el informe de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez a que se refiere la disposición legal recién citada, este concluyó que su salud es “recuperable”, razón que, a su juicio, haría ilegal la declaración de salud incompatible efectuada por la recurrida, dejándola sin sustento, toda vez que no se basó en otra cosa más allá de la cantidad de días de licencia médica acumulados en el lapso de dos años, reposo que estaría precisamente en la línea de la recuperación de su salud.

Noveno: Que, sobre el particular, es útil recordar que con arreglo al artículo 146 del Estatuto Administrativo, el funcionario cesará en el cargo, entre otras causales, por “c) Declaración de vacancia (...)”. A su turno, el artículo 150 del ordenamiento referido, prescribe de manera armónica: “La declaración de vacancia procederá por las siguientes causales: a) Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo; (...)”.

Décimo: Que, a la luz de lo antedicho, a partir de esa regulación formulada de modo alternativo por el legislador, queda de manifiesto la existencia de dos constructos distintos entre sí: la declaración de salud incompatible y la declaración de salud irrecuperable. La primera, supeditada a un tiempo de licencias médicas continuas o discontinuas del funcionario y entregada a una facultad depositada en el jefe superior del servicio; la segunda, en cambio, entregada a la evaluación que de la salud del funcionario realice la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez correspondiente y a la que sigue un procedimiento administrativo en que se encauza la persona cuya salud se califique de “irrecuperable” y que, dentro de un determinado margen de tiempo, prepara el momento del cese definitivo de funciones.

Lo anotado recién queda patente, no solo en la conjunción disyuntiva –“o”– que se contiene en los citados artículos 150, 147 y 72 de los estatutos en referencia, denotando diferencia o alternativa entre la salud incompatible y la salud irrecuperable, sino que en la propia reglamentación independiente que de las mismas se prevé en los artículos 151 y 152 del Estatuto Administrativo Ley N°18.834.

Undécimo: Que, ahora bien, igualmente es oportuno considerar que el artículo 151 de la Ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo, en los que se preceptúa la declaración de salud incompatible con el cargo, fueron modificados por la Ley N°21.050, publicada el 7 de diciembre de 2017, en cuyo Mensaje se lee que la iniciativa de ley tuvo por objeto reajustar las remuneraciones del Sector Público, conceder aguinaldos de Navidad del año 2017 y de Fiestas Patrias del año 2018 para el sector activo y pasivo, otorgar otros beneficios que indica y modernizar la gestión del Estado en las materias que señala.

En lo que ahora interesa, el referido proyecto expresó: “La presente iniciativa legal modifica el Estatuto Administrativo de la Ley N°18.834 y el Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales de la Ley N°18.883, estableciendo que los jefes superiores de servicio y los Alcaldes deberán requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo”.

En principio, podría inferirse que lo perseguido con esa modificación legal de 2017 fue uniformar la declaración de salud incompatible y la declaración de salud irrecuperable bajo el único, idéntico e insoslayable fundamento de la condición no recuperable de la salud del funcionario informada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez. Sin embargo, un objetivo como ese habría ameritado que se reformasen, también, esos otros artículos aludidos en el motivo inmediatamente anterior, en cuanto por ellos se contemplan y regulan de manera distintiva ambas figuras, con independencia la una respecto de la otra.

Décimo segundo: Que por lo referido es posible entonces anotar que el sentido o entendimiento del artículo 151 de la Ley N°18.834, tras la reforma introducida por la Ley N°21.050, se encuentra en el condicionamiento al que pasó a estar sujeta la jefatura a la hora de ejercer la facultad de declarar la vacancia de un cargo por salud incompatible, quien solo podrá proceder de ese modo si previamente ha recabado de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación sobre la condición de irrecuperable de la salud que pudiera presentar el funcionario y que no le permite desempeñar el cargo. En caso que lo irrecuperable de la salud del funcionario resulte constatado a raíz de dicho informe, será esta la figura que cobre vigencia, con la normativa que le es propia Dicho con otras palabras, del informe sobre el resultado de la evaluación que debe de obtenerse en forma previa de la mencionada entidad técnica dependerá cuál de las figuras en referencia cobra vigor y habrá de recibir aplicación en el caso que se trate. Si la conclusión es que la salud del funcionario es irrecuperable, esta preferirá y será conforme a sus reglas que procederá la declaración de vacancia. Si en cambio, la conclusión es que la salud del funcionario es evaluada como recuperable, y además se reúne el lapso de licencia médica exigido por la ley, entonces procederá la eventual declaración de vacancia por salud incompatible con el cargo Junto con ello, es menester resaltar que tal declaración se presenta como una facultad discrecional que la ley ha entregado a la jefatura del Servicio respectivo, en la medida que concurran los requisitos que autorizan su ejercicio, como se ha visto: que el funcionario haya hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años y que su salud sea recuperable.

Décimo tercero: Que el contexto descrito en el motivo inmediatamente anterior refuerza el entendimiento que se ha venido haciendo sobre el sentido de la reforma introducida mediante Ley N°21.050 a la Ley N°18.834, esto es, que la exigencia de contar con el informe previo de la COMPIN que habilita el ejercicio de la facultad de declarar la salud incompatible con el cargo, efectivamente mira por la mejora en el estatuto y condiciones que rigen a los servidores públicos, toda vez que está dirigida a esclarecer a priori, y con ello a excluir, la posibilidad de que sea el empleador quien ejerza su facultad de separar a un funcionario afectado en un caso que –de no mediar ese informe técnico-médico– podría verse claramente perjudicado si su salud no es simplemente incompatible con el cargo para el que ha sido designado, sino que es irrecuperable y, por consiguiente, conducirá a una declaración de invalidez en conformidad con el procedimiento administrativo correspondiente.

Décimo cuarto: Que así también lo ha entendido la Contraloría General de la República en su Dictamen N°527522 de 14 de agosto de 2024, al señalar que "Asimismo, conviene reiterar que la circunstancia de que la COMPIN determine que la salud del funcionario es recuperable no impide al alcalde ejercer su facultad de declarar la salud incompatible, pues dicho pronunciamiento técnico acerca de la recuperabilidad constituye un requisito adicional que el legislador impone a la máxima autoridad comunal cuando esta pretenda ejercer la atribución de declarar la salud incompatible de un determinado servidor, a fin de resguardar que, si existe irrecuperabilidad, no resulte posible efectuar la aludida declaración, evitando de esta forma que, en ese caso, se configure la vacancia del cargo por la causal de salud incompatible, sino que sea la comisión médica pertinente la que pondere la declaración de salud irrecuperable y así el funcionario pueda retirarse en los términos del citado artículo 149 de la ley N° 18.883.

Por último, en relación con la sentencia de la Corte Suprema que invoca la Municipalidad de La Cisterna, en cuanto indica que la "sola declaración de recuperabilidad de la salud sin evaluación de la compatibilidad con el cargo, determina la interdicción del ejercicio de la facultad concedida al alcalde para declarar la vacancia del cargo", cabe manifestar que no le corresponde a esta Contraloría interpretar el alcance y sentido de los fallos judiciales, los que, en todo caso, tienen fuerza obligatoria para quienes son parte en los procesos en los que se han emitido".

Como se puede advertir, la conclusión anotada permite dar sentido a la modificación legal introducida por la Ley N° 21.050 al artículo 151 de la Ley N°18.834, toda vez que, entender que una declaración de salud recuperable que haga la COMPIN impediría al jefe de servicio declarar la salud incompatible de los funcionarios que se encuentren en los supuestos que esas normas indican, importaría una interpretación que dejaría sin aplicación la causal de vacancia del cargo por salud incompatible.

Décimo quinto: Que volviendo al caso de autos, es pertinente poner de relieve que la recurrente no refuta el fundamento que, en consonancia con el inciso primero del artículo 151 del Estatuto Administrativo Ley N°18.834, encamina la declaración de vacancia contenida en la Resolución que se impugna en el presente arbitrio, esto es, que en el lapso de dos años, hizo uso de licencias médicas por 312 días -contabilizando el periodo entre 23 de junio de 2023 y 14 de junio de 2025-, vale decir por más de seis meses. Las recurridas solicitaron un pronunciamiento a la COMPIN, el cual era de rigor, y sin que corresponda aplicar el estatuto previsto para la declaración de salud irrecuperable –dada la calificación de "recuperable"–, hizo confluir en la especie los requisitos objetivos que admitían la declaración de salud incompatible por medio de la facultad que tiene autorizada el Jefe del Servicio recurrido y que, en definitiva, ejerció en la especie.

Décimo sexto: Que en las circunstancias que se han descrito en las motivaciones anteriores, no es dable afirmar que exista ilegalidad en la Resolución Trámite N° 110235/9/2025, de fecha 25 de junio de 2025, en los términos pretendidos por la recurrente, como tampoco es posible advertir arbitrariedad en su dictación, desde que se apoya en las normas antes descritas, con una base fáctica razonable y proporcional, no una simple voluntad vacía de contenido o el mero capricho de su emisor Consecuentemente, no ha podido tener lugar la conculcación de las garantías constitucionales invocadas en el recurso de la manera que este propone.

Décimo séptimo: Que por de todas las reflexiones que han sido anotadas en los párrafos que anteceden, no queda más que concluir que el arbitrio constitucional en estudio tendrá que ser desestimado Y de conformidad, además, con lo preceptuado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado en contra del Hospital Félix Bulnes Cerda, y del Servicio de Salud Metropolitano Occidente.

Regístrese, comuníquese y archívese N°Protección-19845-2025.