Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, cinco de junio de dos mil veintiséis.

A los escritos de folios 33 y 35: a sus antecedentes.

Al escrito de folio 34: a lo principal y otrosí, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que con el 6 de septiembre de 2025, comparecen los abogados don Pedro Álvarez Bustos y doña Susan Bernal Painemal, en representación de doña nombre reservado, de nacionalidad colombiana, interponiendo recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por haber dictado el acto administrativo que consideran ilegal y arbitrario consistente en la negativa de reconocimiento de la solicitud de la condición de refugiada de la extranjera, por medio de la dictación de la Resolución Exenta N°NUM000 de 15 de julio de 2025, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, la libertad personal y seguridad individual, y el derecho de petición, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas en su artículo 19, numerales 1, 2, 7 y 14, por lo que solicitan se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Señalan que la recurrente residía originalmente en DIRECCION000, Colombia, zona en la cual se vio envuelta en un conflicto derivado de rencillas entre bandas criminales denominadas “[Los Baza]” y “[Los Chital]”.

Relatan que, en enero de 2021, miembros de una de estas agrupaciones exigieron a la familia de la actora el traslado vehicular de un líder herido, nombre reservado, a lo cual se negaron por temor a involucrarse en actividades delictivas. A consecuencia de dicha negativa, y tras el fallecimiento del referido sujeto, la familia fue objeto de múltiples atentados contra su vida, incluyendo ataques armados a su domicilio y persecuciones en la vía pública con disparos de armas de fuego.

Indican que, ante el riesgo inminente, el grupo familiar se trasladó al municipio de Palmira, donde fueron reconocidos como desplazados internos, entregándoles estadía y residencia en un hostal del lugar, no obstante lo cual, en septiembre de 2021, su cónyuge e hijos sufrieron un nuevo atentado en la ciudad de Cali, lo que motivó su huida intempestiva de Colombia hacia Chile el día 14 de octubre de 2021, ingresando al territorio nacional 8 días después por paso habilitado.

Agregan que el hijo de la recurrente fue asesinado en Chile en enero de 2023, lo que tiene directa relación con los hechos ocurridos en Colombia.

En el ámbito jurídico, sostienen que el Servicio Nacional de Migraciones, mediante Resolución Exenta N°NUM000 de 15 de julio de 2025, rechazó la solicitud de refugio presentada bajo el argumento de que los hechos se circunscribían a rencillas entre bandas sin relación con las causales de la legislación chilena y que la situación vivenciada en Colombia se encontraba circunscrita a una zona específica de Colombia, recibiendo, además, ayuda de las autoridades locales tendientes a la reinserción en la ciudad de Palmira.

Arguyen que dicha decisión vulnera la Ley N°20.430 y los tratados internacionales ratificados por Chile, tales como la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967.

Enfatizan que se cumplen los requisitos del artículo 2 de la citada ley, toda vez que existe un fundado temor en la extranjera de ser perseguida por pertenencia a un grupo social o por la violencia generalizada en su país de origen, lo que imposibilita su retorno sin arriesgar la vida, destacando, además, el principio de no devolución o non-refoulement como una norma de ius cogens que el Estado debe observar.

Argumentan que la vulneración de las garantías constitucionales se produce, en primer término, respecto de la igualdad ante la ley, al otorgarse un trato dispar y arbitrario en comparación con otros solicitantes en situaciones análogas; en segundo lugar, se afecta el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, pues la negativa de protección internacional expone a la recurrente a un retorno forzoso a un entorno donde su seguridad está comprometida, riesgo que se ve refrendado por el asesinato de su hijo don nombre reservado ocurrido en Chile en el año 2023, hecho que se vincula a la persecución iniciada en Colombia; finalmente, se conculca el derecho de petición y la libertad personal, al quedar en una situación de irregularidad migratoria que restringe su pleno desarrollo y la deja en un estado de vulnerabilidad absoluta frente a la potestad estatal.

Por estas razones, solicitan que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se deje sin efecto el rechazo de la solicitud, se le otorgue la condición de refugiada a la recurrente y, consecuencialmente, se le conceda la residencia definitiva en Chile, con expresa condena en costas.

Segundo: Que, evacuando el traslado conferido, comparece la abogada doña Katherina Fuentes Lazo, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo íntegro de la acción de protección por no existir acto u omisión arbitraria o ilegal imputable a la autoridad.

En cuanto a los antecedentes de hecho, informa que la recurrente ingresó al territorio nacional por paso no habilitado el 22 de octubre de 2020 y formalizó su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada el 4 de octubre de 2024.

Señala que, tras sustanciarse el procedimiento administrativo conforme a la Ley N°20.430, el cual incluyó la entrevista de elegibilidad de rigor, con fecha 29 de diciembre de 2023, la Secretaría Técnica del Departamento de Refugio y Protección Internacional del Servicio Nacional de Migraciones elaboró un informe técnico, teniendo a la vista las declaraciones de la solicitante, la información de país de origen y demás antecedentes del caso, en el cual propuso a la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado el rechazo de dicha solicitud, exponiendo los argumentos de hecho y derecho de su recomendación. Esto, dando cumplimiento al artículo 24 de la Ley N°20.430, que señala que el Subsecretario del Interior dispondrá de una Secretaría Técnica, que asistirá a la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado en las decisiones que tome sobre el otorgamiento de protección internacional.

Con lo anterior, la Subsecretaría del Interior dictó la Resolución Exenta N°NUM000, de 15 de julio de 2025, rechazando la petición migratoria de la extranjera. Fundamentó dicha decisión en que los hechos invocados por la extranjera referentes a conflictos entre las bandas criminales de su país no alcanzan el estándar de persecución exigido por la normativa internacional y nacional, al tratarse de episodios de criminalidad común que carecen de un ánimo persecutorio por motivos de raza, religión, nacionalidad u opinión política, sin que se pudiera establecer la existencia de un fundado temor de persecución en caso de regresar a su país de origen o la existencia de una amenaza o riesgo a la vida, seguridad o libertad de la actora, derivada de las circunstancias actuales y existentes en su país de origen. En efecto, indica que la recurrente no se encuentra bajo ninguna de las situaciones previstas en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, como tampoco en aquellas hipótesis previstas en el artículo 2 de la Ley N°20.430 que Establece Disposiciones sobre Protección de Refugiados, o de su Reglamento.

Destaca, asimismo, que la extranjera recibió asistencia y protección del Estado colombiano en la ciudad de Palmira, lo que acredita la suficiencia de la protección interna en su país de origen.

En el ámbito jurídico, sostiene que el acto impugnado es legal y fundado, habiendo sido dictado por la autoridad competente en ejercicio de sus atribuciones, y advierte que la recurrente no agotó los recursos administrativos previstos en la ley.

Finalmente, acusa que la pretensión de obtener la condición de refugiada a través de esta sede jurisdiccional vulnera los principios de juridicidad y separación de funciones consagrados en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, al pretender que la judicatura se arrogue facultades privativas de la Administración.

Tercero: Que, a petición de esta Corte, evacuó informe la abogada doña Alejandra Salinas Silva, abogada, en representación de la Subsecretaría del Interior, solicitando el rechazo del recurso.

Argumenta que como resultado del análisis efectuado en la solicitud de refugio en cuestión, atendido los argumentos expuestos por la peticionaria, los antecedentes del caso y la información país de origen disponible, esta autoridad advirtió que los hechos expuestos, sin perjuicio de las causas o motivos que los generaron, no alcanzan, en su conjunto, a configurar persecución en los términos previstos en la definición de refugiado, en conformidad a las características y umbral de persecución exigido en los términos de nuestro ordenamiento jurídico. En tal contexto, y atendiendo a lo dispuesto en los numerales primero y segundo del artículo 2 de la ley N°20.430, esta Subsecretaría tomó fundadamente la decisión rechazar la solicitud de la parte recurrente mediante la Resolución Exenta N°NUM000 de fecha 15 de julio de 2025, de la Subsecretaría del Interior.

Destaca que el hecho de que la parte recurrente no comparta los fundamentos contenidos en la resolución impugnada -que fue dictada por la autoridad competente, en ejercicio de las potestades que legalmente le corresponden, y luego de efectuar un profundo análisis de los antecedentes del caso-, se erige como una cuestión de mérito, situación que no puede derivar en el cuestionamiento de la legalidad o razonabilidad del acto.

Reclama que la recurrente instrumentaliza su solicitud de reconocimiento de condición de refugiado por medio de la presente acción, desvirtuando la naturaleza cautelar y excepcional de este remedio constitucional, distrayendo además indebidamente a la judicatura y al personal de la Administración del Estado, al solicitar que su caso sea revisado nuevamente.

Hace presente que la normativa migratoria atingente otorga a los solicitantes de refugio la oportunidad de impugnar la decisión de la autoridad por vías administrativas, establecidas especialmente para dichos fines. Cuestión que no se aprovechó por la actora.

Concluye que, no existe de un actuar arbitrario o ilegal imputable a la autoridad.

Cuarto: Que, como ha sostenido reiteradamente esta Corte, el llamado recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar de emergencia, destinado a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales de la autoridad o de particulares que impidan, amaguen o perturben ese ejercicio.

Son presupuestos de esta acción cautelar de protección: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

Quinto: Que el acto que motiva la presente acción de protección está constituido por la negativa a solicitud de reconocimiento de condición de refugiado derivada de la Resolución Exenta N°NUM000 de 15 de julio de 2025, emanada de la Subsecretaría del Interior, previo informe técnico desfavorable emitido por el Servicio Nacional de Migraciones.

Sexto: Que, en definitiva, conforme a lo expresado en lo expositivo de este fallo, la cuestión a resolver radica en determinar si la resolución que lo motiva puede devenir en arbitrario e ilegal, perturbando sus derechos a la vida e integridad física y psíquica, a la igualdad ante la ley, a la libertad personal y seguridad individual y al derecho de petición esgrimidos como conculcados por la persona extranjera.

Séptimo: Que, de los antecedentes de convicción tenidos a la vista, es posible advertir que la autoridad migratoria dictó la resolución impugnada fundada en que la recurrente no cumplía con los requisitos establecidos en la Ley N°20.430 y reglamento de refugio, relativos a establecer la existencia de un fundado temor de persecución, en caso de regresar la extranjera a Colombia, así como la existencia de una amenaza o riesgo a la vida, seguridad o libertad de la extranjera, derivada de las circunstancias actuales y existentes en su país de origen.

En efecto, se ha solicitado retrotraer la tramitación de la causa para que la autoridad revise y revierta la decisión que, en ejercicio de sus facultades, adoptó la autoridad recurrida, más, si en este caso, el procedimiento administrativo se encuentra terminado, con la resolución por medio de la cual, en base al informe negativo de la Secretaría Técnica del Departamento de Refugio y Protección Internacional, se rechazó la solicitud de refugio, decisión de mérito que no puede ser revisada en esta sede, sobre todo, si se considera que no se ha rendido prueba suficiente que acredite que la recurrente se encontraba siendo perseguida por dos bandas criminales en su natal Colombia, habiéndosele reconocido allí sólo su calidad de desplazada, sin que se haya probado suficientemente tampoco que la muerte del hijo de la recurrente en Chile se haya producido a raíz de los mismos conflictos que motivaron su emigración desde Colombia a nuestro país.

Por lo anterior, es forzoso concluir que la autoridad recurrida, ha actuado dentro de sus facultades legales y de la órbita de su competencia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 157 N°5 de la Ley N°21.325, de Extranjería y Migraciones, no observándose de esta manera, alguna ilegalidad, amenaza o perturbación a las garantías constitucionales esgrimidas por la actora.

Octavo: Que, por otra parte, la resolución ya aludida en ninguna parte dispone la expulsión o abandono del recurrente, razón por la cual la libertad ambulatoria de la extranjera no se encuentra restringida ni amenazada de manera alguna.

Noveno: Que por todo lo precedentemente razonado, el arbitrio en estudio debe ser desestimado.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida a folio 1 de estos autos.

Comuníquese, regístrese y en su oportunidad archívese.

N°Protección-19844-2025.