nombre reservado con CORPORACIÓN COMUNAL DE DESARROLLO DE QUINTA NORMAL

Santiago, dos de diciembre de dos mil veinticinco.

Vistos y considerando:

Primero: Que comparece doña nombre reservado, peruana, soltera, dependiente, en representación legal de su hija nombre reservado, chilena, soltera, estudiante, menor de edad, interponiendo recurso de protección en contra del Colegio Angelmó D-297, dependiente de la Corporación Comunal de Desarrollo de Quinta Normal, representada por nombre reservado, por actos que vulneran las garantías de igualdad ante la ley (artículo 19 N.º 2 de la Constitución), el debido proceso y la presunción de inocencia en sede disciplinaria escolar (artículo 19 Nº 3 inciso quinto de la Constitución), la honra (artículo 19 Nº 4 de la Constitución) y el derecho a la educación (artículo 19 Nº 11 de la Constitución, artículos 10 y 11 de la Ley General de Educación, y artículo 28 de la Convención sobre los Derechos del Niño).

Expone que la alumna Damari cursa 8° básico en el establecimiento referido y que, entre el lunes 18 y el viernes 22 de agosto de 2025, un grupo de estudiantes habría sustraído y arrancado hojas del libro de clases para eliminar anotaciones negativas, incluidas las correspondientes a diversos alumnos.

Indica que no existe certeza de la fecha exacta de ocurrencia; que para profesores y alumnos el hecho pasó inadvertido durante la semana; y que el viernes 22 de agosto de 2025 a la menor se le diagnosticó rinofaringitis, otorgándose licencia médica hasta el jueves 28 de agosto, con inasistencia a clases en ese período.

Relata que el lunes 25 de agosto de 2025, en ausencia de la adolescente, la profesora jefe, doña nombre reservado, comunica al curso la situación y, según audio grabado por un estudiante, ofrece como recompensa por información dos notas 7,0, la eliminación de notas reprobatorias y una anotación positiva, además de amenazar con anotaciones negativas, derivación a convivencia y eventual expulsión, recordando expulsiones del año anterior. Se transcriben pasajes donde la docente condiciona beneficios académicos a la entrega de datos y advierte que “si tiene más de 6 anotaciones negativas, se va a convivencia”, afirmando que omitirá “todos los rojos” al informante.

Afirma que tal proceder pervierte el fin formativo y coacciona al alumnado, instrumentalizando el sistema evaluativo como medio de presión.

Agrega que, ese mismo 25 de agosto de 2025 un compañero, Nazael, informa por Instagram lo sucedido a Damari, quien estaba ausente con licencia. De esa conversación se desprende que la menor desconoce totalmente los hechos y que ni siquiera entre los alumnos hay certeza de la fecha exacta (“no sé si fue hoy día, o el jueves o el viernes”).

Precisa que con fecha 28 de agosto de 2025 la madre es notificada por la dirección de una suspensión por cinco días fundada exclusivamente en testimonios de estudiantes que vincularían a la menor; y se le solicita firmar un acta, a lo que se niega por afirmar la inocencia de su hija.

Explica que ese día concurre a la Corporación Municipal y se le cita a reunión para el lunes 1 de septiembre de 2025, en la que el colegio informa el inicio del “Protocolo N.º 50: Protocolo Especial de Expulsión y Cancelación de Matrícula” e impone como medida cautelar la suspensión por todo el tiempo que dure el proceso sancionatorio, lo que impide la asistencia a clases y actividades, afectando, entre otras, su presentación de danza caporal —preparada durante semanas y con costo de $45.000 por vestuario—, con perjuicio formativo y emocional.

Sostiene que, el 3 de septiembre de 2025 se recibe declaración de Damari, quien niega participación, reitera su desconocimiento y señala haber tenido anotaciones positivas recientes, lo que contrasta con la imputación, ya que se acompaña Informe de Personalidad del primer semestre de 2025, suscrito por la misma profesora nombre reservado, que califica positivamente la conducta de la alumna (“organización, autonomía y capacidad de autorregular su trabajo escolar”), lo que refuerza la inverosimilitud del móvil atribuido.

Destaca que la carta de notificación de 1 de septiembre de 2025 refiere que Damari “se encuentra involucrada” en la intervención del libro de clases y amenaza además con consecuencias penales (“destrucción de un instrumento público” en el Código Penal, con reclusión y multas), lenguaje que, a su juicio, presume culpabilidad, intimida a una niña de 13 años y desatiende el deber protector del establecimiento.

Denuncia que la medida cautelar de suspensión indefinida carece de fundamentación concreta, nexo con la alumna y justificación de proporcionalidad; no se explica cómo tal suspensión protege el derecho de propiedad del establecimiento sobre el libro de clases ni por qué sería idónea, necesaria y proporcionada, sin que, por el contrario, aparece como prejuzgamiento por una comisión previa no explicitada, toda vez que se adoptó antes de una investigación objetiva, en un contexto de coacción y promesas indebidas a estudiantes que vician la prueba testimonial.

Reclama que la aplicación anticipada de una sanción y la manipulación evaluativa anunciada por la docente transgreden los principios de objetividad y equidad evaluativa y afectan el interés superior de la niña.

Argumenta que, ponderada la colisión de derechos invocada por el establecimiento —resguardo del libro de clases— y los derechos fundamentales de la alumna, y aplicando los subprincipios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, la suspensión no supera el test: no es idónea para impedir eventuales nuevas alteraciones del libro; no es necesaria frente a alternativas menos gravosas (por ejemplo custodia reforzada del libro, investigación objetiva, medidas pedagógicas); y no es proporcionada pues ocasiona daños educativos y emocionales graves frente a un riesgo no acreditado.

Solicita que se acoja el recurso, y, con ello, ordenar el cese inmediato de la suspensión aplicada a la menor nombre reservado, disponiendo su reincorporación inmediata a clases y actividades escolares; dejar sin efecto el procedimiento sancionatorio iniciado en su contra en cuanto carece de objetividad, imparcialidad y debido proceso; ordenar al colegio recurrido abstenerse de aplicar cualquier medida disciplinaria que no se ajuste estrictamente a la Constitución, a la Ley General de Educación y al Reglamento Interno, bajo apercibimiento legal, y; las costas de la causa.

Segundo: Que, informando al tenor del recurso, el abogado Hugo Cataldo Muñoz en representación de la Corporación Comunal de Desarrollo Quinta Normal acompaña informe elaborado por la dirección del establecimiento educacional Escuela Angelmó D-297 el que señala que el proceso investigativo se ha seguido conforme al Protocolo N° 50: “Protocolo Especial de Expulsión y Cancelación de Matrícula”, fundado en la Ley N° 21.128, “Ley Aula Segura”.

El establecimiento niega que la estudiante nombre reservado se encontrara suspendida, señalando que lo aplicado fue una medida cautelar temporal de 10 días, prevista en el protocolo mencionado, cuyo objeto es resguardar la integridad de la alumna y evitar eventuales animadversiones durante la investigación. Indica que a la apoderada se le entregaron por escrito las fechas y plazos del procedimiento conforme a la citada ley.

Que, respecto de los hechos ocurridos el lunes 18 de agosto de 2025, se afirma que dos estudiantes declararon haber presenciado la sustracción del libro de clases en la última hora de Educación Física, uno de los cuales asumió responsabilidad directa en los hechos, conforme consta en Anexo N° 3.

Que en relación con los dichos de la profesora nombre reservado, el establecimiento reconoce que tales manifestaciones, ofrecer calificaciones a cambio de información, son de exclusiva responsabilidad de la docente, no corresponden a instrucciones de la dirección ni a lineamientos del Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE).

Precisa que el martes 26 de agosto de 2025, la dirección, el inspector general y el equipo de convivencia escolar intervinieron ante el curso, anulando expresamente el ofrecimiento e informando a los alumnos que no habría beneficios ni recompensas por entregar información. Consta además un documento firmado por los estudiantes reconociendo dicha aclaración.

Que el informe destaca que las declaraciones investigativas fueron tomadas entre el 27 de agosto y el 5 de septiembre de 2025, por una docente del Programa de Integración Escolar, una vez anulada la oferta de la profesora nombre reservado, de manera voluntaria y sin vicios de coacción, incluyendo a testigos propuestos por la propia estudiante, cuyos relatos, según se afirma, resultaron ambiguos y sin corroborar su versión.

Que se explica que la notificación del 28 de agosto de 2025, que la apoderada rehusó firmar, quedó sin efecto, procediéndose a citarla el 1 de septiembre, oportunidad en que se le notificó formalmente el inicio del protocolo N° 50, descartándose que existiera sanción anticipada.

El establecimiento sostiene que la medida aplicada es parte del procedimiento regular, no una sanción punitiva, y que se encuentra respaldada por la Ley N° 21.128.

El colegio agrega que el derecho a la educación fue garantizado, entregando a la estudiante material pedagógico, guías de estudio y trabajos evaluados por los docentes, junto a seguimiento psicosocial por la dupla de convivencia escolar, conforme Anexo N° 7.

Expone que la medida cautelar se informó con el plazo de diez días y la posibilidad de presentar descargos, los que fueron recibidos el 22 de septiembre de 2025, último día del plazo.

Tercero: Que el recurso de protección, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar, de naturaleza sumaria y de urgencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de determinadas garantías preexistentes frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que las priven, perturben o amenacen, dentro del marco y límites fijados por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de 24 de junio de 1992 sobre tramitación y fallo del recurso de protección.

Su objeto no es sustituir a los procedimientos ordinarios ni a los especiales de lato conocimiento que el ordenamiento contempla para la discusión y fijación de hechos controvertidos, ni para revisar, en sede de mérito, decisiones administrativas adoptadas en procedimientos reglados con antecedentes y motivación formal.

Cuarto: Que para una mayor comprensión de lo planteado en el recurso, conviene precisar lo siguiente, de acuerdo con los antecedentes aportados por las partes la protegida fue suspendida de clases por aplicación del Protocolo N° 50: “Protocolo Especial de Expulsión y Cancelación de Matrícula”, fundado en la Ley N° 21.128, “Ley Aula Segura” del colegio recurrido, por los hechos relacionados con la pérdida del libro de clase, y en cuya virtud, con 28 de agosto de 2025 la madre es notificada por la dirección de una suspensión de su hija fundada en testimonios de estudiantes que vincularían a la menor con el incidente referido.

Quinto: Que, de los antecedentes aportados a esta causa, la protegida se encuentra suspendida de clases, según lo informado por el establecimiento educacional recurrido, por el lapso de 10 días y mientras dure la investigación; por los hechos derivados de la destrucción del libro de clases de curso de octavo básico que cursa la menor protegida.

Sexto: Que, por su parte, queda de manifiesto que el procedimiento se inicia con las declaraciones y amenazas de la docente a cargo del curso, en que prometió beneficios académicos a quienes confesaran el haber destruido el mentado libro, para luego de haber asegurado la colaboración de los presuntos culpables, dar inicio al procedimiento señalado como “Protocolo 50: Protocolo Especial de Expulsión y Cancelación de Matrícula”.

Séptimo: Que pese a que la recurrida informa que el procedimiento se está llevando a cabo de conformidad con lo establecido en el Protocolo antes mencionado, fundado en la Ley 21.128,conocida como la Ley de “Aula Segura”, no se controvierte que el procedimiento indicado se inicia por las actuaciones de la docente – realizadas fuera de dicho protocolo, y al margen de cualquier racionalidad pedagógica – para lograr descubrir a los presuntos culpables de la destrucción del libro de clase, ejerciendo claramente una presión ilegítima sobre los menores, quienes habrían signado a la protegida – ausente de clases por encontrarse con licencia médica – como una de las responsables.

Octavo: Que el actuar del colegio recurrido en los actos previos que dieron origen al procedimiento de Protocolo 50 - materializados, como se ha indicado, en el actuar de la docente que ha ejercido presiones indebidas sobre los estudiantes, a través de amenazas y promesa de beneficios académicos a quienes “hablen” – claramente constituyen actos ilegales y arbitrarios por cuanto la normativa aplicable no lo permite, como tampoco el Reglamento del establecimiento, ni el Protocolo 50 - ni la promesa por beneficios académicos en una suerte de “delación compensada”, sobre todo cuando estas presiones se ejercen sobre menores de edad. Adicionalmente, las máximas de la experiencia evidencian que, frente a una presión como la expuesta, los menores tenderán a responsabilizar a los que están ausentes en ese momento, lo que justamente era el caso de la protegida.

Noveno: Que, las alegaciones del establecimiento recurrido de que las expresiones de la docente son de su “exclusiva responsabilidad”, lo cierto es que, para los alumnos menores, es razonable que ellos hayan actuado bajo la premisa de que la docente actuaba en representación del colegio, toda vez que, en el contexto educacional, los profesores son autoridad en la comunidad escolar. La anulación de la actuación y la firma de los estudiantes menores como hecho posterior no se avistan como suficientes para enderezar el procedimiento.

Décimo: Que, en el ámbito escolar en nuestro país, el debido proceso en el ámbito escolar se refiere a un conjunto de garantías mínimas que aseguran un procedimiento justo y racional para resolver conflictos y aplicar sanciones a estudiantes, los que incluyen el derecho a ser escuchado, a la defensa, a la presunción de inocencia y a una resolución fundada en la ley. De ahí que resulta fundamental para evitar vulneraciones y asegurar que cualquier medida disciplinaria se tome respetando los derechos del estudiante y siguiendo las normativas establecidas en los reglamentos de convivencia escolar – desde el origen.

Undécimo: Que, de lo anterior se aprecia que el proceso sancionatorio en su inicio no se ajustó a las normas que rige al establecimiento educacional, ello por no haberse adoptado medidas pedagógicas y psicosociales en favor de la alumna suspendida, situación que la afectada experimenta como una “sanción” y no como una “medida cautelar que la protege”, como aduce el colegio, y de la comunidad estudiantil. Lo anterior deriva en una discriminación arbitraria en contra de la protegida por tratarse de un proceso que no se ha ajustado a su propia normativa en cuanto a su origen, suspendiendo solo a la protegida quien fue signada como la “responsable” de la destrucción del libro de clases, en ausencia, sin que se le oyera ni que se pudiera defender, sino una vez iniciado el procedimiento encaminado a expulsarla del establecimiento.

Duodécimo: Que se advierte que la medida en cuestión, además de no encuadrarse en un procedimiento racional – dado justamente la forma en la cual se dio inicio al proceso - no atiende al interés superior de la niña, toda vez que se ha buscado alejar a la adolescente en vez de trabajar en los protocolos adecuados, por lo que la medida, además de arbitraria e ilegal, reviste un carácter sancionatorio y no educativo. Sobre esto, debemos recordar que el interés superior del niño está consagrado jurídicamente en Chile a través de la Ley N° 21.430, que establece el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia. Este principio, reconocido internacionalmente en la Convención sobre los Derechos del Niño, ordena que todas las decisiones y políticas que involucren a niños, niñas y adolescentes deben priorizar su bienestar, desarrollo y protección integral.

Décimo Tercero: Que, a su turno, debemos apuntar que, a partir del año 2002, el Ministerio de Educación implementó una política para fortalecer la convivencia escolar al interior de los establecimientos de educación reconocidos por el Estado, a través de Política de Convivencia Escolar. En dicha Política, se establecen una serie de consecuencias jurídicas y legales, y a su vez una serie de obligaciones a los colegios para incorporar el debido proceso, no solo como un elemento nominal, sino que de aplicación práctica, lo anterior, en un contexto de control y cumplimiento por parte de los establecimientos educacionales.

En efecto, los establecimientos educacionales cumplen un rol fundamental en el control y prevención de la violencia y el acoso escolar, por lo que resulta una obligación legal la construcción de reglamentos de convivencia al interior de cada unidad educativa, que permita mantener no solo la sana convivencia de la comunidad escolar en general, sino que además la seguridad y el resguardo de los derechos de todos sus miembros.

Décimo Cuarto: Que, de lo que se viene señalando, se aprecia que la medida de suspensión decretada por el recurrido no ha sido decretada en un procedimiento racional y justo, lo que deviene en arbitrario e ilegal, conculcando las garantías constitucionales de igualdad ante la ley, al derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, el derecho a la educación; por lo que la acción cautelar será acogida.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, la acción deducida por nombre reservado, en representación su hija nombre reservado en contra del Colegio Angelmó D-297, dependiente de la Corporación Comunal de Desarrollo de Quinta Normal y se ordena:

I.- Dejar sin efecto la suspensión académica notificada con fecha 28 de agosto de 2025;

II.- Enmendar, conforme a derecho, y respetando los principios del debido proceso, el procedimiento del Protocolo 50 derivado de la destrucción del libro de clases, prescindiendo de las actuaciones originadas en las actuaciones de la docente, y las delaciones de los alumnos en contra de la protegida.

III.- Otorgar asistencia escolar a las recurrentes hasta la resolución del proceso indicado en II precedente.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

PROTECCIÓN N°19837-2025.- Redacción de la abogada integrante Bárbara Vidaurre Miller.

Pronunciada por la Octava Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Mario Rojas González, integrada por el Ministro (S) señor Patricio Álvarez Maldini y la Abogada Integrante señora Bárbara Vidaurre Miller. No firma el Ministro (s) señor Álvarez, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por encontrarse ausente.