Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, diecisiete de febrero de dos mil veintiséis.

Al folio 20: téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece el abogado Matías Andrés Reinoso Miranda, en favor de nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, todos de nacionalidad venezolana, quien interpone acción constitucional de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por los actos que estima ilegales y arbitrarios, consistentes en la dictación de las Resoluciones Exentas Nro. NUM000 de 18 de octubre de 2024, Nro. NUM001 de 10 de octubre de 2024 y Nro.

NUM002 de 18 de octubre de 2024, ratificadas según Oficios Nros. NUM003, NUM004 y NUM005, respectivamente, mediante las cuales se archivaron sus solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado y se rechazó la petición de desarchivo de las mismas, lo que vulneraría las garantías consagradas en el artículo 19 Nros. 2 y 3 de la Constitución Política de la República.

Expone como antecedentes de hecho que los recurrentes son migrantes desplazados forzosamente de Venezuela. Refiere que nombre reservado y nombre reservado son cónyuges y eran empresarios en ese país, socios de una empresa dedicada a la repostería, donde también trabajaba nombre reservado, hermana de nombre reservado. Indica que fueron víctimas de extorsiones, lo que gatilló su salida del país.

Menciona que los actores ingresaron a Chile por paso no habilitado con el propósito de reunirse con sus hijos nombre reservado y nombre reservado, ambos solicitantes de residencia temporal en el país. El 4 de mayo de 2022 formalizaron sus solicitudes de refugio conforme al artículo 2 Nro. 1 de la Ley Nro. 20.430, siendo acogidas a trámite y otorgándoseles residencia temporal por 8 meses.

Precisa que junto a sus solicitudes aportaron datos personales, domicilio y correos electrónicos.

Transcurridos más de dos años desde la presentación de sus solicitudes, relata que el 31 de marzo de 2025 los peticionarios fueron informados por la recurrida que se habían dictado resoluciones de archivo de sus solicitudes, fundamentadas en que no habrían acudido a la entrevista de elegibilidad ante la PDI, sin mencionar la fecha en que habrían sido citados ni el medio empleado para la notificación. También se les habría informado el 11 de junio de 2024 que disponían de un plazo de 7 días para reactivar el procedimiento (sin especificar vía de comunicación). Siguiendo la instrucción del funcionario que los atendió, indica que los recurrentes presentaron solicitudes de desarchivo, actualizando su domicilio, pero sin aportar correo electrónico; peticiones que fueron rechazadas mediante los actos impugnados, notificándoseles por correo electrónico, aduciendo que habían sido notificados de la entrevista mediante cartas certificadas a los domicilios aportados.

Argumenta que la recurrida ha incurrido en un acto arbitrario e ilegal al ordenar el archivo de las solicitudes en ausencia de una notificación válida, ya que no agotó las formas de notificación legalmente reguladas y preferentes. Sostiene que conforme al artículo 46 de la Ley Nro. 19.880, las notificaciones se practicarán por medios electrónicos, siendo la carta certificada una forma supletoria. A su vez, el artículo 146 de la Ley Nro. 21.325 establece que las resoluciones que otorguen o rechacen una solicitud de residencia serán notificadas por correo electrónico, estableciéndose como notificación supletoria la carta certificada.

En el caso concreto, puntualiza que los recurrentes aportaron correos electrónicos en sus solicitudes primigenias, los cuales fueron utilizados para notificar el rechazo del desarchivo, evidenciando un trato arbitrario y diferenciado.

Alega vulneración del derecho a la igualdad ante la ley del artículo 19 Nro. 2 de la Constitución, por cuanto otros extranjeros en situaciones jurídicas y fácticas sustancialmente idénticas reciben notificaciones vía correo electrónico. Asimismo, alega vulneración del derecho a la igual protección de la ley del artículo 19 Nro. 3, en atención al debido proceso administrativo, el cual exige notificación válida, derecho a ser oído, plazo razonable y fundamentación de las decisiones.

Pide, en definitiva, que se dejen sin efecto las resoluciones exentas impugnadas y los oficios que las ratificaron, por ser arbitrarias e ilegales; que se instruya al Servicio Nacional de Migraciones a reanudar la tramitación de las solicitudes de refugio de los afectados; y que se condene en costas a la recurrida.

Segundo: Que comparece la abogada Stephanie Pinto González, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, quien evacúa el informe respectivo, solicitando el rechazo del presente recurso de protección en todas sus partes.

Respecto de nombre reservado indica que no registra fecha de ingreso al territorio nacional, desprendiéndose su ingreso clandestino por paso fronterizo no habilitado, según Parte Policial Nro. NUM006 de 17 de abril de 2022. Señala que el 2 de junio de 2022 solicitó reconocimiento de la condición de refugiado, otorgándosele visa temporaria el 22 de julio de 2022, prorrogada en dos oportunidades con vigencia hasta el 1 de agosto de 2024. Añade que mediante Oficio Ordinario Nro. NUM007, de 11 de junio de 2024 fue citado a entrevista de elegibilidad para el 20 de agosto de 2024, notificación remitida al domicilio domicilio reservado, comunicándosele que de no asistir ni informar motivos en 30 días, más 7 días adicionales, se declararía abandono del procedimiento. Según información de Correos de Chile, afirma que la carta fue recibida en la sucursal de La Serena el 27 de junio de 2024 y devuelta el 3 de octubre de 2024 tras intento fallido de entrega.

Respecto de nombre reservado, indica antecedentes similares: ingreso clandestino según Parte Policial Nro. NUM008 de 12 de abril de 2022, solicitud de refugio de 2 de junio de 2022, visa temporaria desde 22 de julio de 2022 con vigencia hasta 1 de agosto de 2024, y citación a entrevista mediante Oficio Ordinario Nro.

NUM009, de 11 de junio de 2024 para el 20 de agosto de 2024 a las 10:15 horas, notificada al mismo domicilio. La carta certificada fue recibida en La Serena el 27 de junio de 2024 y devuelta el 3 de octubre de 2024.

Respecto de nombre reservado, relata que ingresó clandestinamente según Parte Policial Nro. NUM010 de 13 de abril de 2022, solicitó refugio el 2 de junio de 2022 y se le otorgó visa temporaria el 22 de julio de 2022 con vigencia hasta 1 de agosto de 2024. Mediante Oficio Ordinario Nro. NUM011 de 11 de junio de 2024 fue citada a entrevista para el 13 de agosto de 2024 a las 14:30 horas, notificación remitida al correo electrónico DIRECCION001.

Argumenta que su actuar no ha sido arbitrario o ilegal puesto que los tres recurrentes no concurrieron a sus entrevistas de elegibilidad ni realizaron gestión posterior para informar motivos de inasistencia, incumpliendo las obligaciones del artículo 33 de la Ley Nro. 20.430 y artículo 44 del Decreto Nro. 837.

Señala que, transcurridos los plazos sin gestión alguna, se archivaron las solicitudes mediante las resoluciones impugnadas, declarándose caducados los permisos de residencia temporal.

Acto seguido, menciona que el 31 de marzo de 2025, habiendo transcurrido aproximadamente cinco meses desde el archivo, los recurrentes enviaron carta solicitando desarchivo, manifestando desconocer la obligación de mantener actualizado el domicilio. Sostiene que el artículo 46 de la Ley Nro. 21.325 establece la obligación de comunicar el cambio de domicilio dentro de 30 días corridos.

Estima que su actuar se ha ajustado a derecho, ya que la inactividad de los recurrentes fundamentó el abandono del procedimiento conforme a la Ley Nro. 19.880 y al artículo 52 del Decreto Nro. 837, que establece que el abandono se produce por inactividad del solicitante por más de 30 días que paralice el procedimiento. Cita el artículo 40 del Decreto Nro. 837, que establece que la entrevista de elegibilidad es un elemento esencial del procedimiento de determinación de la condición de refugiado. De este modo, habiendo caducado los permisos de residencia temporal, los recurrentes quedaron sujetos a las normas generales de extranjería.

Ampliando el informe, al tenor de lo requerido a folio 15, el Servicio Nacional de Migraciones aduce que es efectivo que las notificaciones a nombre reservado y nombre reservado fueron enviadas al último domicilio informado, en atención al período en que los extranjeros presentaron sus solicitudes de refugio. En relación con nombre reservado, indica que fue notificada por correo electrónico porque actualizó su domicilio el 9 de junio de 2024 y al actualizarlo únicamente consignó nombre de calle y número sin indicar comuna ni provincia, contando el Servicio únicamente con el correo electrónico para notificar. Finalmente, informa que recién en agosto de 2025 el Servicio comenzó a notificar las citaciones a dirección física y digital simultáneamente.

Tercero: Que, previamente, es necesario hacer presente que el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio.

Se trata de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio.

Cuarto: Que, en este caso, se recurre en contra de las Resoluciones Exentas Nro. NUM000 de 18 de octubre de 2024, Nro. NUM001, de 10 de octubre de 2024 y Nro. NUM002, de 18 de octubre de 2024, del Servicio Nacional de Migraciones, que declararon el archivo de los procesos de refugio de nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, respectivamente, debido a que se habrían paralizado por más de 30 días, sin que los extranjeros hubieren demostrado interés por continuar con la tramitación de sus solicitudes, quedando caducados sus permisos de residencia temporal. Asimismo, se impugnan los Oficios Nro. NUM003, Nro.

NUM004 y Nro. NUM005, todos de 14 de julio de 2025, que rechazaron las solicitudes de desarchivo presentadas por los recurrentes.

Quinto: Que, tal como dispone el artículo 52 del Decreto Nro. 837 que establece el Reglamento de la Ley Nro. 20.430, previo a decretar el archivo de la solicitud de refugio, el Servicio debe notificar al solicitante de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley Nro. 19.880, indicándole que debe efectuar las diligencias de su cargo en el plazo de siete días, bajo apercibimiento de declarar el abandono del procedimiento.

Sexto: Que el artículo 46 de la Ley Nro. 19.880 dispone que: “[l]as notificaciones se practicarán por medios electrónicos en base a la información contenida en un registro único dependiente de la Secretaría de Gobierno Digital de la Subsecretaría de Hacienda sobre el cual se configurarán domicilios digitales únicos, cuyas características y operatividad será regulada mediante reglamento dictado conjuntamente por el Ministerio de Hacienda.

Dichas notificaciones tendrán el carácter de personal. Las notificaciones, citaciones y comunicaciones a través del domicilio único digital definido por la ley, producirán pleno efecto legal y se entenderán practicadas al tercer día hábil siguiente contado desde la fecha de su envío. Quienes carezcan de los medios tecnológicos, no tengan acceso a medios electrónicos o sólo actuaren excepcionalmente a través de ellos, podrán solicitar por medio de un formulario, ante el órgano respectivo que la notificación se practique mediante forma diversa, quien deberá pronunciarse dentro del tercer día, según lo establezca el reglamento, y deberá hacerlo de manera fundada en caso de denegar la solicitud. La notificación se realizará en la forma solicitada si fuere posible o mediante carta certificada dirigida al domicilio que debiere designar al presentar esta solicitud. En caso de notificaciones por carta certificada, éstas se entenderán practicadas a contar del tercer día siguiente a su recepción en la oficina de correos que corresponda. Asimismo, las notificaciones podrán hacerse en las dependencias de la Administración, si el interesado se apersonare a recibirla, dejándose constancia de ello en el expediente electrónico, consignándose la fecha y hora de la misma [...]".

Séptimo: Que, del examen de los antecedentes allegados por las partes al proceso, se desprende que los tres recurrentes consignaron direcciones de correo electrónico en sus solicitudes de refugio presentadas el 2 de junio de 2022. Sin embargo, las citaciones a entrevista de elegibilidad fueron notificadas de la siguiente manera: a) respecto de nombre reservado y nombre reservado, mediante cartas certificadas enviadas al domicilio de domicilio reservado, las cuales fueron recibidas en la sucursal de Correos de Chile de La Serena el 27 de junio de 2024 y devueltas el 3 de octubre de 2024 tras intentos fallidos de entrega; y b) respecto de nombre reservado, lo habría sido mediante correo electrónico dirigido a DIRECCION001, citándola a entrevista para el 13 de agosto de 2024 a las 14:30 horas.

Octavo: Que, en este orden de cosas, en lo que concierne a los recurrentes nombre reservado y nombre reservado, consta que las cartas certificadas mediante las cuales se les habría citado a las entrevistas de elegibilidad no fueron efectivamente entregadas a sus destinatarios, siendo devueltas a la oficina de origen tras el cumplimiento del plazo de permanencia en la sucursal de correos.

En consecuencia, es posible concluir que el Servicio de Migraciones no dio estricto cumplimiento a lo que dispone el artículo 52 del Decreto Nro. 837, en relación con el artículo 46 de la Ley Nro. 19.880. La norma citada le impone notificar válidamente a los solicitantes de refugio, por cuanto, como la propia recurrida reconoce, las notificaciones no pudieron efectuarse.

Asimismo, cabe anotar que el Servicio Nacional de Migraciones ignoró la posibilidad de efectuar las notificaciones de las citaciones a entrevista vía correo electrónico respecto de ellos -en los términos del citado artículo 46 de la citada legislación- pese a que de las copias de los formularios de solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado allegados, aparece que ambos indicaron direcciones de correo electrónico. Más aún, la propia recurrida utilizó dichos correos electrónicos para notificar los oficios de rechazo de las solicitudes de desarchivo en agosto de 2025, evidenciando que contaba con esta información y que la vía electrónica era operativa.

Noveno: Que, en lo que respecta a nombre reservado, según informa la recurrida, la citación a entrevista de elegibilidad le fue notificada mediante correo electrónico enviado a DIRECCION001.

No obstante, no se han aparejado antecedentes que acrediten fehacientemente: a) el contenido íntegro de la comunicación electrónica enviada a doña nombre reservado; b) que dicha comunicación haya incluido el apercibimiento de declarar el abandono del procedimiento en caso de inasistencia, conforme lo exige el artículo 52 del Decreto Nro. 837; c) que se haya otorgado el plazo de 7 días para efectuar las diligencias de su cargo previo al archivo. En efecto, la sola afirmación del envío de un correo electrónico no constituye prueba suficiente de su recepción ni de su contenido, máxime cuando se trata de una actuación que puede privar a una persona de su estatus migratorio.

Décimo: Que, seguidamente, resulta relevante que la recurrida reconoció que “[…] recién en el mes de agosto del año 2025, comenzó a notificar las citaciones a la dirección física y digital, que proporcionan los extranjeros para la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado”, lo que evidencia que el procedimiento de notificación empleado con anterioridad a esa data adolecía de deficiencias que el propio organismo ha debido corregir.

Undécimo: Que, en tales circunstancias, la autoridad administrativa se ha apartado del procedimiento establecido por la ley que la habilita para disponer el archivo de las solicitudes de reconocimiento de refugiados, sin brindar a los afectados una oportunidad efectiva para conocer las citaciones y efectuar las diligencias de su cargo, vulnerando con ello el debido proceso administrativo consagrado en el artículo 19 Nro. 3 de la Constitución Política de la República.

En consecuencia, la presente acción de protección deberá acogerse.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se acoge el recurso de protección interpuesto por el abogado Matías Andrés Reinoso Miranda, en favor de nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones y, en consecuencia, se dejan sin efecto los actos administrativos impugnados y, en su lugar, se dispone:

I.- Que el Servicio Nacional de Migraciones, en un plazo no superior a 10 días contados desde que la presente resolución quede ejecutoriada, deberá citar a nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado a su oficina regional, comunicándoles personalmente y, sin perjuicio, por correo electrónico las gestiones que deben realizar para dar continuidad a sus solicitudes de refugio.

II.- Cumplida la citación, el Servicio otorgará un nuevo plazo no inferior a 60 días hábiles para que los extranjeros puedan efectuar las diligencias de su cargo que les impone la ley, incluida la entrevista de elegibilidad.

III.- Cumplido lo anterior, el Servicio analizará en conjunto todos los antecedentes de cada solicitud, debiendo dictar dentro del plazo de 90 días hábiles la resolución debidamente fundada que en derecho corresponda respecto de cada uno de los recurrentes.

IV.- No se condena en costas a la recurrida, por estimar que tuvo motivos plausibles para litigar.

Comuníquese, regístrese y en su oportunidad, archívese.

N°Protección-19833-2025.