nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, veintidós de enero de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado, e interpone recurso de protección en contra de la Caja de Compensación Familiar Los Andes, representada por don nombre reservado, por haber ordenado el descuento de $426.046.- de su remuneración mensual, actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que se realiza respecto de una deuda cuya acción ejecutiva luego de trabado el embargo de bienes muebles de su propiedad, con fecha 7 de octubre de 2019 se archivó su causa, vulnerando con ello los derechos fundamentales de propiedad y debido proceso, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas en sus artículos 19 N° 2 y 24.

Pide a esta Corte se acoja el presente recurso y, en su mérito, se deje sin efecto los descuentos de su liquidación de sueldo, ordenando la restitución del descuento efectuado y la prohibición de todos los descuentos futuros que efectúe la recurrida durante la tramitación del presente recurso, con expresa condena en costas.

Segundo: Que, evacuando el informe solicitado, comparece doña nombre reservado, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, solicitando el rechazo del recurso de protección interpuesto.

Expone que la Caja otorgó al recurrente un total de cuatro créditos sociales dando cuenta de su monto, interés, cuotas y detallando las fechas en que en cada uno de ellos ha incurrido en mora la actora.

Sostiene que no existen acciones judiciales pendientes o en tramitación para perseguir el cobro de lo adeudado, toda vez que la causa ejecutiva iniciada para el cobro del crédito fue de un crédito pagado en el año 2022. En consecuencia, argumenta que se encuentran frente a un crédito plenamente vigente, actualmente exigible y cuyas acciones no se encuentran prescritas.

Explica que las Cajas de Compensación de Asignación Familiar son corporaciones de derecho privado sin fines de lucro, cuyo objeto es la administración de prestaciones de seguridad social, y que el régimen de créditos sociales constituye un beneficio de bienestar social, orientado a satisfacer las necesidades de los trabajadores afiliados.

Argumenta que el mecanismo de "descuento por planilla" presenta características especiales que deben ser consideradas: a) Es un mecanismo especial de pago inherente al régimen de crédito social; b) No depende de la voluntad de las Cajas de Compensación, sino que es obligatorio por ley; c) La obligatoriedad del descuento recae sobre el empleador; y d) El trabajador no puede oponerse al descuento por tratarse de un mecanismo normativo propio del tipo específico de crédito otorgado.

Respecto a la supuesta prescripción alegada por la recurrente, sostiene que conforme a los artículos 2492 y siguientes del Código Civil, la prescripción debe ser alegada y declarada judicialmente, no operando de pleno derecho. Cita en apoyo de su posición el Dictamen N°2659-2020 de la Superintendencia de Seguridad Social, que establece que mientras no se declare judicialmente la prescripción de las acciones emanadas del crédito social, deben continuar practicándose los descuentos.

En relación a la supuesta vulneración de garantías constitucionales, argumenta que no existe vulneración al derecho de propiedad, por cuanto no hay un traspaso ilegal a la esfera de dominio del deudor ni expropiación de sus remuneraciones, siendo la propia ley la que autoriza el descuento. Asimismo, sostiene que la Caja no requiere de una sentencia ni proceso previo para informar el descuento, citando abundante jurisprudencia reciente que confirma este criterio.

Por estas razones, solicita el rechazo del recurso de protección intentado en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, por no existir acto ilegal o arbitrario cometido por ésta en relación con los hechos expuestos.

Tercero: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que en cuanto al conflicto planteado, se encuentra acreditado que Caja de Compensación de Asignación Familiar los Andes, otorgó al recurrente cuatro créditos sociales, respecto de los cuales la recurrente se encuentra en mora de pagar.

Asimismo, a partir del mes de agosto de 2024, el empleador de la recurrente procedió a descontar de las remuneraciones de la actora la suma $426.046.-, en favor de la recurrente.

Finalmente, la recurrida procedió al cobro judicial de los créditos referidos ante el Primer Juzgado Civil de San Miguel, en causa rol C-6075-2018.- Quinto: Que, en definitiva, se tiene presente que se trata del mismo crédito social respecto del cual el acreedor optó por iniciar el cobro judicial de la obligación, circunstancias en las cuales debe estarse a lo que se resuelva en dicha sede judicial, sin que sea procedente el descuento de cuotas cuando el recurrente como trabajador dependiente se incorpora nuevamente al sistema formal de trabajo, pues tal mecanismo a través de sus remuneraciones por parte de su actual empleador, se torna arbitrario, por cuanto la recurrida decidió una posición jurídica como vía de cobro legítima que ahora debe respetar, sin que pueda revivir el sistema anterior previsto para relaciones laborales vigente y obligaciones pactadas en cuotas exigibles mes a mes.

Sexto: Que, de esta forma, los descuentos unilaterales efectuados a las remuneraciones del recurrente, en los términos en que se hicieron, afectan su patrimonio y, por ende, el derecho de propiedad reconocido en el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental.

Séptimo: Que por los fundamentos referidos se acogerá como se dirá en lo resolutivo el recurso de protección, no siendo necesario ahondar sobre la otra garantía individualizada en la acción constitucional.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, la acción de protección interpuesta en favor de don nombre reservado en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por lo que la recurrida deberá abstenerse de efectuar los descuentos y, en consecuencia, deberá restituir todas las sumas descontadas a la recurrente desde el mes de agosto de 2024.

Regístrese y comuníquese.

N°Protección-19832-2024.