nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A

C.A. de Santiago Santiago, trece de marzo de dos mil veinticinco.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece don nombre reservado, ciudadano venezolano, e interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Plan Vital S.A. por el acto arbitrario e ilegal consistente en la no entrega de sus fondos previsionales.

Expresa que el 16 de septiembre de 2024 efectuó una solicitud online de retiro de fondos a la recurrida, la que le contestó, vía correo electrónico, que no era posible cursar su solicitud por las razones que expresó.

En primer lugar se le indicó que la constancia de afiliación a la Seguridad Social de su país de origen no estaba debidamente legalizada y apostillada, en circunstancias que tal documento sólo lo entrega la Embajada de Venezuela en Chile la que, como es de público conocimiento, se encuentra cerrada, de manera que la única manera de demostrar su afiliación es por la constancia ingresada en la solicitud, la que se puede verificar a través del portal web oficial del I.V.S.S., siendo el único medio para cumplir con el requisito en comento.

En segundo término se le señaló que no había adjuntado contrato de trabajo, en circunstancias que anexó el finiquito respectivo, lo que implica que necesariamente existió una relación laboral desde el 14 de noviembre de 2018 hasta el 27 de noviembre de 2022, de donde surgieron los fondos previsionales que no se le quiere entregar.

Por último, se le informó que su cédula de identidad chilena se encontraba vencida, lo que no constituye un requisito establecido en la Ley N° 18.156, de manera que tal circunstancia no puede ser un impedimento para la devolución que requiere.

En cuanto a las garantías constitucionales infringidas señala que el acto que se acusa constituye una privación del derecho de propiedad respecto de los recursos contenidos en la cuenta de capacitación individual que son administrados por la recurrida.

Respecto de los fundamentos de derecho hace referencia a que la Declaración Universal de los Derechos Humanos prevé en su artículo 22 que “[…] toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables para su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”. Conforme a lo anterior, agrega, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resalta que los fondos de pensiones son parte del patrimonio de las personas, y se encuentran protegidos por el derecho de propiedad previsto en el artículo 21 N° 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Indica que para decidir se tiene que tener presente, además, lo previsto en los artículos 1 y 5 de la Constitución Política de la República, sumado a lo que señala el artículo 24 de la Convención antes referida.

En otro orden de consideraciones precisa que el artículo 7 de la Ley N° 18.156 otorga a los trabajadores extranjeros afiliados a una Administradora de Fondos de Pensiones, la facultad de solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieran depositado siempre que cumplan los requisitos establecidos en su artículo 1, esto es, que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejes y muerte.

Termina solicitando que se ordene a la recurrida “[…] tenga por cumplido los extremos de la ley y que me haga entrega de la totalidad de los fondos previsionales, teniendo en consideración la grave crisis política, económica, social y la vulneración de los derechos humanos que existe en mi país de origen”.

Segundo: Que evacua informe por la Administradora de Fondo de Pensiones Plan Vital S.A. la abogada doña María Isabel Flores Varela. Señala que efectivamente el 16 de septiembre de 2024 se le comunicó al recurrente que “[…] no se puede ingresar su solicitud, certificado de afiliación a seguridad social debe venir debidamente apostillado o legalizado, no viene adjunto contrato de trabajo y C.I. chilena se encuentra vencida, debe acompañar certificado de residencia en trámite”.

Indica que la Superintendencia de Pensiones a través de su Compendio de Normas establece un claro procedimiento sobre esta materia que es de cumplimiento forzoso para todas las Administradoras de Fondos de Pensiones, según el cual los afiliados que deseen ejercer el derecho que les confiere la Ley N° 18.516, deben suscribir un formulario denominado “Solicitud de devolución de fondos previsionales”. Además, la normativa legal dispone que se debe exigir al afiliado la presentación de la documentación que acredite que cumple con todos los requisitos establecidos en ese cuerpo legal para acceder al beneficio.

Explica que la exención de cotizar y la devolución de fondos previsionales constituyen un régimen de excepción que sólo es aplicable a los trabajadores extranjeros dependientes de empresas que, además, tengan la calidad de técnicos o profesionales, y que cumplan los requisitos impuestos en la Ley N° 18.156 -artículos 1 y 7-, y en las disposiciones del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones que regulan la materia.

En relación con el rechazo a la solicitud del recurrente precisa que para que tengan validez en Chile los documentos emitidos en el extranjero, suscritos antes de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.711, deben estar certificados por la autoridad local competente, es decir, por el correspondiente Consulado de Chile y, posteriormente, por un Oficial de Legalización de Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, requisitos que no cumple la copia de la constancia de cotizaciones adjuntada por el afiliado.

En cuanto a la exigencia de la letra b) del artículo 1 de la Ley N° 18.156, esto es, “Que en el contrato de trabajo respectivo trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”, de acuerdo a lo regulado en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y los oficios emanados de la Superintendencia de Pensiones, es necesario haber suscrito una cláusula en el contrato o mediante un anexo del mismo, durante la vigencia de la relación laboral, en que conste que el trabajador declare que se encuentra afiliado a un régimen de previsión o seguridad fuera de Chile, y que conste la manifestación de voluntad, de forma clara e inequívoca, de mantener esa afiliación. Explica que, en este caso, el recurrente no acreditó lo referido, toda vez que no acompañó un contrato de trabajo y sus anexos, sino que sólo un finiquito.

Afirma que acceder a la solicitud del recurrente, ignorando el cumplimiento de cualquiera de los requisitos señalados y el marco regulatorio de la Superintendencia de Pensiones como erróneamente lo pretende el recurrente, no sólo se traduce en un grave incumplimiento normativo, sino que, además, podría ser objeto de fiscalizaciones y sanciones por parte del ente fiscalizador.

Añade que el no ingresar la solicitud de devolución de fondos previsionales ha sido una consecuencia de un procedimiento aplicado de manera general a todos aquellos afiliados extranjeros que lo requieren en el contexto de la Ley N° 18.156.

Por otra parte sostiene que esta acción constitucional no es la vía idónea para decidir el asunto, por cuanto requiere el desarrollo de un procedimiento judicial ante el tribunal competente, que admita un término de prueba dentro del cual puedan las partes presentar todos los antecedentes que estimen convenientes en apoyo de sus pretensiones.

Tercero: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de la acción cautelar en análisis, la constatación de la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que el acto que se tacha de ilegal y arbitrario corresponde a la decisión de la recurrida de no dar ingreso a la solicitud del recurrente en relación con la devolución de las cotizaciones previsionales por las razones ya señaladas.

Quinto: Que en relación con la alegación de la recurrida de no ser esta la vía idónea para requerir la intervención de este tribunal, se debe considerar que el recurso en análisis es un remedio procesal breve y sumarlo destinado al amparo inmediato del afectado frente al abuso de un tercero, y puesto que tiene tal finalidad es que se plantea que su interposición deje a salvo todas las otras acciones que sean pertinentes para la tutela jurídica ordinaria de los derechos del agraviado.

En otro orden de consideraciones lo que se denuncia por esta vía es que la recurrida habría incurrido en un acto arbitrario e ilegal que conculca la garantía constitucional que al efecto se indica protegida por el artículo 20 de la carta fundamental, de modo que el asunto planteado se encuadra en la hipótesis prevista por dicha norma, situación que, por ende, hace que la presente acción cautelar sea, precisamente, la vía idónea para resolver el conflicto promovido.

Sexto: Que la Ley N° 18.156 exime a los técnicos extranjeros de la obligación de cotizar para pensión y salud en Chile, manteniendo el empleador la obligación de hacerlo para el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que regula la Ley N° 16.744.

Su artículo 1° establece que “las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”, agrega que “[l]a exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744”.

Por su parte, el artículo 7 del mismo cuerpo legal dispone que “[e]n el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Séptimo: Que en cuanto a la primera alegación de la parte recurrente, en cuanto habría acreditado que se encuentra afiliada a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cabe tener en consideración que la Superintendencia de Pensiones ha emitido una serie de normas que constan en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones e instrucciones como la emitida en el Oficio Ord. N° 13.661, de 18 de junio de 2019, mediante el cual se instruyó a todas las Administradoras de Fondos de Pensiones que debían reforzar sus procesos de revisión para la devolución de cotizaciones previsionales efectuadas por trabajadores técnicos extranjeros, para cuyo efecto debían tener en consideración las instrucciones impartidas por los pronunciamientos contenidos en los oficios N°s. 24.272, 28.458 y 1.610, de 26 de octubre de 2015, 2 de diciembre de 2015 y 19 de enero de 2016, todos referidos a los requisitos establecidos en el artículo 1° de la ley N° 18.156 para la exención y devolución de cotizaciones previsionales a los técnicos o profesionales extranjeros, pues ese cuerpo legal permite excepcionalmente no cotizar en Chile. Luego en caso de haber efectuado cotizaciones en nuestro país y en el de origen del trabajador o trabajadora, permite la devolución de fondos previsionales con la intención de evitar una doble cotización, para lo cual se debe dar cumplimiento a cada uno de sus requisitos, pues la cuenta de cotizaciones obligatorias no es una de ahorro, como han mal entendido algunos cotizantes extranjeros.

Seguidamente hace presente que según la historia fidedigna de la Ley N° 18.156, publicada en agosto de 1982, originalmente este cuerpo legal sólo comprendía la exención de cotizar como un beneficio excepcional al que podían acceder los trabajadores profesionales o técnicos extranjeros que acreditaran el cumplimiento de los requisitos de su artículo 1°. Posteriormente, la Ley N° 18.726, publicada en julio de 1988, introdujo con su actual artículo 7°, la autorización de devolución de las cotizaciones previsionales, por cuanto se pretendió remediar la situación de trabajadores técnicos extranjeros que ingresaron a Chile cumpliendo los requisitos para eximirse de cotizar, por estar cubiertos en su país de origen ante las contingencias de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que habiéndolo señalado expresamente en sus contratos el empleador les hubiese cotizado en Chile, pues cuando el trabajador opta por mantener el régimen previsional de su país de origen el empleador debe cotizar en el régimen extranjero, para cuyo efecto la propia ley establece la forma de hacerlo.

Finalmente, hace presente que todo lo señalado, no significa la pérdida de los fondos para el recurrente, pues en su oportunidad y conforme a sus normas generales, podrá disponer de sus saldos previsionales destinándolos a pensión o a los beneficios consagrados en el D.L. N° 3.500 como todos los afiliados al sistema, sean chilenos o extranjeros.

Octavo: Que es un hecho controvertido que el recurrente ha acreditado que se mantiene afiliado al régimen previsional de su país de origen. Ha afirmado que tal circunstancia se encuentra debidamente acreditada con “la constancia electrónica de cotizaciones del Seguro Social”, agregando que “esta se puede verificar a través del portal web oficial del I.V.S.S. (www.ivss.gob,ve)”. En tanto que la recurrida sostuvo que “[…] este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada (o en su defecto, apostillada según la Convención de la Haya que suprime la exigencia de legalización de documentos públicos extranjeros, conocida como ‘Convención de la Apostilla’) en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejes y muerte”.

Noveno: Que, sobre el particular, cabe señalar que mediante el Oficio N°32.365, de 27 de diciembre de 2016, la Superintendencia de Pensiones se pronunció acerca de la aplicación del Convenio de la Apostilla, instrumento internacional que entró en vigor el 30 de agosto de 2016 para Chile, en relación a la Ley N°18.156, que autoriza a los trabajadores técnicos o profesionales extranjeros para obtener la exención o devolución de sus cotizaciones previsionales. En el mencionado oficio la Superintendencia explicó que para la implementación de dicha convención, se creó un marco jurídico compuesto por la ley N° 20.711, la cual modificó diversos cuerpos legales de nuestro ordenamiento jurídico, reconociéndosele validez como instrumento público a los documentos apostillados en el extranjero, fijando la competencia de las autoridades que están autorizadas para expedir apostillas en nuestro país, respecto de los documentos públicos que se otorguen en conformidad a nuestra legislación y que deban ser presentados en el territorio de otro Estado miembro de la convención. Adicionalmente, en el mencionado documento indicó que el artículo 2° del Convenio de la Apostilla dispone que, “[c]ada Estado contratante eximirá de legalización a los documentos a los que se aplique el presente Convenio y que deban ser presentados en su territorio” y que a su vez, el artículo 1° de la Ley N° 20.711, agregó el artículo 345 bis al Código de Procedimiento Civil, reconociendo validez en Chile a los instrumentos públicos otorgados en un Estado Parte de la Convención de la Haya, sin necesidad de legalización, siempre y cuando respecto de éstos se haya otorgado apostillas por la autoridad designada por el Estado del cual provenga dicho instrumento.

Décimo: Que analizado el documento acompañado por el recurrente cabe concluir que no cumple con las condiciones y requisitos establecidos por la ley y la autoridad respectiva, sin que se pueda atender para obviar tales exigencias lo alegado por el recurrente en torno a la situación de su país de origen, toda vez que ello no exime a la recurrida de analizar si la documentación aportada cumple con la normativa que permite la devolución de los fondos previsionales.

Undécimo: Que en relación con la segunda alegación del recurrente, esto es, que se debe entender cumplido el requisito de la letra b) del artículo 1 de la Ley N° 18.156, es decir “que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”, no existe controversia que no acompañó tal documento, pretendiendo que se cumpla la exigencia legal con el correspondiente finiquito.

Al respecto olvida que lo que se debe controlar para la devolución de los fondos previsionales no sólo es la existencia de una relación de carácter laboral, como parece entender el recurrente, si no que conste en el contrato de trabajo o en un anexo, durante la vigencia de la relación, la declaración del trabajador de encontrarse afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, esto es, que exista una manifestación de voluntad, clara e inequívoca, de mantener su afiliación en dicho país en conformidad a la Ley N° 18.156.

Duodécimo: Que atendido lo reflexionado, la recurrida no cometió algún acto arbitrario o ilegal, por cuanto para tener acceso a la pretensión que se requiere, se debe cumplir con los requisitos que establece la legislación, lo que no acontece que se haya acreditado por el recurrido, como se ha concluido.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el deducido por don nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos Plan Vital S.A.

Redactó el ministro Rodríguez Moreno.

Regístrese y, oportunamente, archívese.

Protección N° 19.818-2024 Pronunciada por la Novena Sala, integrada por la Ministra señorita Romy Rutherford Parentti, el Ministro señor José Pablo Rodríguez Moreno y la Abogado Integrante señora Claudia Candiani Vidal, quien no firma, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por haber cesado en sus funciones.

En Santiago, trece de marzo de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.