nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ VISTA CONJUNTA 21234-2024

C.A. de Santiago Santiago, trece de febrero de dos mil veinticinco.

Al folio 21; a todo, téngase presente.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece Juan Carlos Silva Quezada, abogado, en representación de nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) y la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), por haber rechazado el pago del subsidio por incapacidad laboral correspondiente a diversas licencias médicas otorgadas a su representada, actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que carece de fundamento técnico y fáctico, vulnerando con ello los derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 N° 1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República, que garantiza a todas las personas el derecho a la vida e integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, por lo que solicita se ordene a las recurridas autorizar el pago del subsidio laboral correspondiente a las licencias médicas rechazadas.

Expone la recurrente que inició tratamiento con un especialista en medicina psiquiátrica, el doctor nombre reservado, quien le diagnosticó un episodio depresivo grave, prescribiéndole diversos medicamentos, entre ellos, Clonazepam, Quetiapina, Lamotrigina y Escitalopram, los cuales le imposibilitan hasta la actualidad poder conducir vehículos, actividad que forma parte de sus labores de trabajo.

Señala que se encuentra realizando psicoterapia y un tratamiento de neuroestimulación con un dispositivo denominado DEEP, que consiste en 20 sesiones, además de atenciones psiquiátricas regulares con el doctor nombre reservado. Según el informe psiquiátrico emitido por dicho profesional, la paciente presenta síntomas de irritabilidad, ánimo fluctuante, acciones destructivas, rabia, ansiedad, tendencia al aislamiento social, disminución de la libido, deterioro cognitivo caracterizado por pérdida de memoria y falta de concentración, consumo excesivo de tabaco y falta de apetito.

Indica que, en virtud de su condición, el médico tratante emitió diversas licencias médicas: la primera del 09 al 29 de marzo de 2024, la segunda del 30 de marzo al 28 de abril de 2024, la tercera del 29 de abril al 28 de mayo de 2024, la cuarta del 29 de mayo al 27 de junio de 2024 y una quinta del 28 de junio al 27 de julio de 2024. Si bien todas fueron autorizadas en cuanto al reposo médico, el derecho a subsidio fue negado por no cumplir con los requisitos, sin especificar cuáles.

Expone que la recurrente presentó reclamo ante la SUSESO con fecha 31 de julio de 2024, el cual fue resuelto el 05 de agosto de 2024, señalando que la COMPIN no había efectuado revisión en primera instancia del derecho al beneficio reclamado. Posteriormente, con fecha 27 de agosto de 2024, interpuso una nueva apelación ante la SUSESO, la que fue resuelta el 02 de septiembre de 2024 en idénticos términos.

En cuanto a los fundamentos de derecho, la recurrente sostiene que el acto impugnado es ilegal por infringir los artículos 3, 20 y 42 de la Ley N° 19.880 sobre procedimientos administrativos y el artículo 16 del DS N° 3/1984 del Ministerio de Salud, al constituir un acto administrativo infundado desde el punto de vista técnico y fáctico. Asimismo, argumenta que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 4° del DFL que fija las normas comunes para los subsidios por incapacidad laboral, que exige un mínimo de seis meses de afiliación y tres meses de cotización dentro de los seis meses anteriores a la fecha inicial de la licencia médica.

Sostiene que las actuaciones recurridas vulneran las garantías constitucionales de su representada, específicamente: a) el derecho de propiedad, al privarla de la remuneración monetaria a la cual tiene derecho; b) la igualdad ante la ley, al efectuar una discriminación arbitraria sin sustento fáctico ni clínico; y c) el derecho a la vida e integridad física y psíquica, al impedirle continuar su tratamiento médico por falta de recursos económicos.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare que las recurridas han cometido un acto ilegal y arbitrario, ordenándoles autorizar el pago del subsidio laboral de las licencias médicas correspondientes, con costas.

SEGUNDO: Que informando el recurso, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región Metropolitana (COMPIN R.M.), representada por don nombre reservado, solicita el rechazo de la acción constitucional, señalando que efectivamente autorizó las licencias médicas N° 93821962-1, 94267200-4, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 171 días, que abarcan un reposo desde el 25 de octubre de 2023 hasta el 27 de julio de 2024, pero sin derecho al pago de subsidio.

Explica que la decisión de autorizar los reposos médicos sin derecho a subsidio se fundamenta en que no existía claridad respecto a la participación de la recurrente en la empresa de nombre reservado (R.U.T. N° RUT reservado), por lo que se le requirió escritura pública y documentación que acreditara la renta mediante los últimos IVA, según consta en la cartola médica con fecha 21 de noviembre de 2023. Posteriormente, con fecha 15 de abril de 2024, se solicitó nuevamente al empleador que acreditara ingresos e IVA de los meses de enero a junio del 2023 y de noviembre de 2023 a marzo de 2024.

Señala que con fecha 6 de mayo de 2024, se mantuvieron las autorizaciones sin derecho a pago de subsidio, debido a que la recurrente adjuntó antecedentes de un empleador distinto, identificado como SOPONLINE SERVICIOS INFORMÁTICOS SPA (R.U.T. N° RUT reservado), por lo que el caso fue derivado a la Unidad de Fiscalización de la COMPIN R.M.

Agrega que mediante Memorándum N° 83/2024 de fecha 22 de agosto de 2024, dicha Unidad entregó los resultados de la fiscalización realizada, determinándose mantener las autorizaciones pero sin derecho a pago de subsidio, al no poder acreditarse el vínculo laboral efectivo, ya que el empleador no acreditó lo requerido. La fiscalización constató que si bien existe contrato de trabajo y cotizaciones de FONASA, no hay evidencias de huella laboral ni viabilidad económica para mantener la relación laboral en el tiempo, agregando que la usuaria además trabaja para otra empresa del mismo empleador.

Indica que la recurrente apeló ante la Superintendencia de Seguridad Social, quien mediante Resolución Exenta N° R-01-UJU-161896-2024 de fecha 16 de octubre de 2024, confirmó lo resuelto por la COMPIN, fundamentando su decisión en que: a) La recurrente acompañó un contrato de trabajo suscrito el 30 de noviembre de 2023 sin firmas, con una remuneración de $2.990.000; b) Se constató que el empleador es padre de un hijo de la recurrente; y c) Los antecedentes acompañados son todos de carácter formal y no logran desvirtuar lo constatado en la fiscalización.

En cuanto a los fundamentos de derecho, sostiene que es un organismo eminentemente técnico que se rige por el D. 7/2013 que "Aprueba el Reglamento sobre Guías Clínicas Referenciales Relativas a los Exámenes, Informes y Antecedentes que deberán Respaldar la Emisión de Licencias Médicas", y por el D.S. N° 3/1984 que establece en su artículo 14 la competencia privativa de la COMPIN para rechazar o aprobar licencias médicas, reducir o ampliar el período solicitado, o cambiarlo de total a parcial y viceversa.

Argumenta que sus actuaciones se enmarcan en los parámetros objetivos dispuestos por la ley y las normativas vigentes, buscando asegurar que el uso de las licencias médicas cumpla verdaderamente su finalidad terapéutica y de carácter transitorio mientras el trabajador recupera su salud para volver a ejercer sus funciones laborales.

Por estas consideraciones, solicita tener por evacuado el informe y que se rechace el recurso de protección.

TERCERO: Que informando el recurso, la Superintendencia de Seguridad Social, representada por don nombre reservado, solicita el rechazo de la acción constitucional, oponiendo en primer término la excepción de improcedencia de la acción de protección, por cuanto la materia sobre la que versa dice relación con un aspecto específico del derecho a la seguridad social, garantía que no está amparada por esta acción cautelar. Argumenta que tanto la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica, como las apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores y el pago del subsidio por incapacidad laboral, son materias que pertenecen al campo de la Seguridad Social, expresamente excluidas por el constituyente del ámbito de la acción de protección, al no estar contempladas en la numeración taxativa que realiza el artículo 20 de la Constitución Política.

Respecto al fondo, expone que doña nombre reservado recurrió ante la Superintendencia de Seguridad Social con fecha 27 de agosto de 2024, reclamando el pago del subsidio por incapacidad laboral derivado de cuatro licencias médicas que fueron autorizadas desde el punto de vista médico por el organismo administrador, pero sin derecho a subsidio por no cumplir los requisitos legales para ello. La recurrente acompañó a su presentación copia de su contrato de trabajo y certificado de cotizaciones de la A.F.P. HABITAT S.A.

Señala que, revisados los antecedentes, mediante los Oficios ORD.: R-01-UNAAD-139813-2024, ORD.: R-01-UNAAD-139844-2024, ORD.:R-01-UNAAD-139847-2024 y ORD.: R-01-UNAAD-139871-2024, todos de fecha 2 de septiembre de 2024, remitió dichas presentaciones al Presidente de la COMPIN Región Metropolitana, por cuanto no había efectuado revisión en primera instancia del derecho al beneficio reclamado.

Sostiene que su actuación se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales y legales que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras, citando al efecto la Ley N° 16.395, que en su artículo 2° letra c) le otorga la función de resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia. Asimismo, invoca el artículo 3° de dicho cuerpo legal, que establece que la Superintendencia será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, comprendiendo su supervigilancia los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo.

Argumenta que el derecho a licencia médica está contemplado en el artículo 149 del D.F.L. N° 1 de 2005 del Ministerio de Salud, que establece que los trabajadores afiliados que hagan uso de licencia por incapacidad tendrán derecho a percibir un subsidio de enfermedad cuyo otorgamiento se rige por el D.F.L. N° 44 de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Por su parte, el artículo 1° del Decreto Supremo N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud regula el derecho a ausentarse o reducir la jornada laboral mediante una licencia médica autorizada por la COMPIN.

Enfatiza que para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral se requiere tener la calidad de trabajador, ya sea dependiente o independiente, y cumplir con los requisitos exigidos por el artículo 4° del D.F.L. N° 44 de 1978, que aprobó las normas comunes del subsidio por incapacidad laboral de los trabajadores regidos por el Código del Trabajo.

Finalmente, alega que la acción de protección es de carácter excepcional y debe dársele una aplicación restringida únicamente para aquellos casos de violación flagrante de los derechos constitucionales que requieren un pronunciamiento judicial especialmente rápido, no siendo admisible accionar de protección respecto de materias integrantes del Derecho a la Seguridad Social.

Por estas consideraciones, solicita tener por evacuado el informe y rechazar el recurso de protección en todas sus partes, con costas, por carecer de fundamento al no haber incurrido su representada en actuación ilegal o arbitraria alguna que haya vulnerado garantías constitucionales de la recurrente.

CUARTO: El recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

QUINTO: Que, la actuación que se acusa ilegal o arbitraria es la autorización sin derecho a pago de subsidio de cinco licencias médicas de la actora, por parte de la COMPIN, por no encontrarse acreditada la huella laboral, esto es, la veracidad de tener la recurrente la calidad de trabajadora de quien registra como empleador, decisión que, a su turno, fue ratificada por la Superintendencia de Salud, basadas ambas decisiones en primer lugar, en los antecedentes presentados por la actora consistentes en un contrato de trabajo suscrito el 30 de noviembre de 2023 sin firma, con una remuneración de $2.990.000, que el empleador es padre de un hijo de la recurrente, además de cotizaciones previsionales, los cuales no logran desvirtuar lo informado a través de Memorándum N°83 de fecha 22 de agosto de 2024 que da cuenta de una fiscalización realizada por la Unidad de Fiscalización COMPIN RM que constató que: “[…]no hay evidencias de la existencia de una huella laboral que acredite la relación. Sumado a lo anterior, Certificado de Estatuto Actualizado da cuenta que el capital de la empresa no es consecuente con la remuneración que percibe la trabajadora por sus supuestos servicios, lo que indica que no existiría viabilidad económica para mantener una relación laboral en el tiempo[…]”.

“[…] Además, se puede constatar que la trabajadora figura también como empleadora de don nombre reservado en la empresa ‘León y nombre reservado Asociados SPA’, donde también se acredita que mantiene 10 acciones ordinarias, correspondientes a $1.000.000 o 50% del capital aportado para su estatuto[…]”

SEXTO: Que, tal como se colige del artículo 1° del D.S. N°3, de 1984, del Ministerio de Salud, la licencia médica tiene dos objetivos esenciales, a saber, permitir la ausencia justificada al trabajo y el otorgamiento de un subsidio que reemplace la remuneración durante el período de incapacidad laboral, finalidades que resultan improcedentes en caso de licencias médicas presentadas por quien no posee la condición de trabajador.

En este sentido, no es posible soslayar que según prescribe el artículo 48 del aludido D.S N° 3: “Las Compin y las ISAPRE, deberán fiscalizar el ejercicio legítimo del derecho a licencia médica”. Asimismo, el artículo 52 de esa normativa estatuye: “Las Compin y las ISAPRE deberán investigar las denuncias que se les presenten acerca del otorgamiento o uso indebido de licencias médicas, sin perjuicio de las inspecciones que de oficio puedan ordenar con la misma finalidad”.

SÉPTIMO: Que, así las cosas, llevan razón las instituciones recurridas cuando señalan que conforme a la recta y articulada interpretación de la normativa que regula la materia y que se plasma en el D.S. N° 3/1984 del Ministerio de Salud, resultaba improcedente el pago de las licencias médicas cuestionadas, en tanto la interesada no acreditara su calidad de trabajadora del empleador registrado, esclareciendo de este modo el cuestionamiento que en uso de sus facultades y deberes legales de fiscalización, ha sostenido la COMPIN, cuya decisión ha sido ratificada por la Superintendencia de Salud.

OCTAVO: Que, en consecuencia, no existió el actuar ilegal que se imputa, como asimismo, en ninguna de las razones invocadas por la recurrente se advierte arbitrariedad en la decisión impugnada, pues no ha sido el capricho de las autoridades el motivo que la justificó, sino como se ha dicho, su estricto apego a la normativa especialísima del ramo.

NOVENO: Por lo que el arbitrio no puede prosperar y será rechazado siendo innecesario emitir pronunciamiento sobre las garantías denunciadas como vulneradas.

DÉCIMO: Que, atendido que los hechos expuestos en el presente arbitrio de los cuales ha tomado conocimiento esta Corte pudieran eventualmente ser constitutivos del tipo penal previsto en el N° 8 del artículo 470 del Código Penal u otro ilícito, se ordena remitir estos antecedentes al Ministerio Público para los fines pertinentes.

Por tales consideraciones y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se decide que:

Se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección intentado por nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez.

Sin perjuicio de lo resuelto, conforme lo expresado en la sentencia precedente, remítase copia de estos antecedentes al Ministerio Público para los fines allí señalados.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

N°Protección-19812-2024.