nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, veintitrés de enero de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente.

Primero: Que a folio 1 comparecen don nombre reservado, quien deducen acción constitucional de protección en contra de la Caja de Compensación de la Asignación Familiar de Los Andes, por haber efectuado descuentos ilegales y arbitrarios en su remuneración.

Señala que dicha actuación es ilegal y arbitraria, ya que se realizó sin previo aviso y de manera inoportuna, vulnerando con ello los derechos fundamentales de propiedad e igualdad ante la ley, que la Constitución Política de la República garantiza en su artículo 19 N° 24 y N° 2, por lo que solicita el cese inmediato de los descuentos y la restitución de lo ya descontado.

Expone el recurrente que con fecha 16 de marzo de 2023 suscribió el pagaré N° 165CON104008125 en favor de la recurrida por la suma de $2.500.040, pagadero en 48 cuotas mensuales de $91.351 cada una. Debido a dificultades financieras, se constituyó en mora a partir de la cuota número 8, con vencimiento el 31 de diciembre de 2023. En consecuencia, la Caja Los Andes interpuso demanda ejecutiva con fecha 09 de mayo de 2024, siendo notificado el 27 de junio y requerido de pago el 28 de junio del mismo año. El recurrente dedujo excepciones el 09 de julio, las que fueron declaradas admisibles el 19 de julio de 2024, encontrándose la causa en etapa probatoria.

Señala que, transcurridos 4 meses desde que se hizo exigible la obligación, al revisar su liquidación de sueldo de agosto de 2024, constató un descuento por $131.707 a favor de la Caja Los Andes, sin haber sido informado previamente de esta determinación. Hace presente que mantiene un trabajo estable en el Colegio Saint Louis School Spa, con una legítima expectativa de percibir sus remuneraciones de manera íntegra.

Argumenta que el actuar de la recurrida vulnera el artículo 22 de la Ley N° 18.833, por cuanto el cobro no es oportuno al haber transcurrido más de 8 meses desde el último descuento y su reactivación. Además, sostiene que la recurrida optó por judicializar el cobro, renunciando así a la vía administrativa de descuento por planilla. Cita jurisprudencia de la Corte de Apelaciones y Suprema que ha establecido la arbitrariedad de estos cobros cuando no son oportunos y se realizan sin previo aviso.

Solicita en definitiva que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene: i) cesar todo tipo de retención o descuento en su remuneración; ii) restituir los descuentos efectuados y los que puedan efectuarse durante la tramitación de la presente acción; y iii) condenar en costas a la recurrida.

Segundo: Que a folio 10 informa doña nombre reservado, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, quien solicita el rechazo de la acción deducida.

Expone que otorgó al recurrente dos créditos sociales: el primero, identificado con el código N° 165CON104008125, de fecha 16 de marzo de 2023, por un capital inicial de $2.500.404, a una tasa de interés mensual de 2.2%, pagadero en 48 cuotas mensuales de $91.351, siendo pagadas las cuotas 1 a 9 (mayo 2023 a enero 2024), manteniendo en estado moroso las cuotas 10 a 16 (febrero a agosto 2024). El segundo crédito, código N° 165CON104142121, fue otorgado el 20 de julio de 2023, por un capital inicial de $511.302, a una tasa de interés mensual de 2.88%, pagadero en 36 cuotas mensuales de $24.614, siendo pagadas las cuotas 1 a 8 (septiembre 2023 a abril 2024), manteniendo morosas las cuotas 9 a 12 (mayo a agosto 2024).

Señala que, si bien inició una demanda contra el recurrente, esta se refiere únicamente al crédito N° 165CON104008125, actuando en cumplimiento de una obligación legal establecida en el compendio de normas que regula a las Cajas de Compensación, que las obliga a iniciar el cobro judicial dentro de los 6 meses de mora.

Desarrolla extensamente el carácter social de los créditos otorgados por las Cajas de Compensación, explicando que estas instituciones son corporaciones de derecho privado sin fines de lucro, cuyo objeto es la administración de prestaciones de seguridad social, reguladas por la Ley N° 18.833. Destaca que el mecanismo de descuento por planilla constituye un sistema especial de pago inherente al régimen de crédito social, que es obligatorio y no depende de la voluntad de las cajas de compensación, rigiéndose por las mismas normas de pago y cobro que las cotizaciones previsionales.

Argumenta que la obligación es actualmente exigible y que la prescripción debe ser declarada judicialmente, no operando de pleno derecho, citando los artículos 2492 y siguientes del Código Civil. Refuerza su posición con el Dictamen N°2659-2020 de la Superintendencia de Seguridad Social, que establece que los descuentos deben continuar practicándose mientras no se declare judicialmente la prescripción.

Sostiene que no existe vulneración al derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución, pues el descuento de remuneraciones está autorizado por el artículo 22 de la Ley N° 18.833, no constituyendo un acto arbitrario o ilegal.

Finalmente, cita jurisprudencia reciente de diversas Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema que han rechazado recursos de protección en casos similares, destacando especialmente el rol 6890-2024 de la Corte Suprema que confirmó el rechazo del recurso rol 2343-2023 de la Corte de Apelaciones de La Serena.

Tercero: Que el recurso de protección está establecido a favor de aquel que por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales sufre privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos o garantías constitucionales a que se refiere el artículo 20 de la Carta Fundamental, por lo cual el afectado puede, en tal caso, recurrir a la Corte de Apelaciones a fin que se adopten de inmediato las providencias que fueren necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al derecho que se reclama.

Cuarto: Que, como se desprende de lo expuesto, es un requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio o bien arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, que se traduce en falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de una o más de las garantías protegidas.

Quinto: Que, en el presente caso, el acto que el recurrente tilda de ilegal y arbitrario es haber solicitado a su empleador la retención de cuotas de un crédito que se encuentra en mora y, respecto del cual, se ha ejercido la acción cambiaria en sede civil.

Por su parte, la recurrida señala que el actor suscribió dos créditos, y en consecuencia el cobro que se ha realizado ante tribunales civiles, solo corresponde al primero de ellos, de fecha 16 de marzo de 2023, pero no respecto al otorgado con fecha 20 de julio del mismo año.

Sexto: Que, en consecuencia, respecto de del crédito de marzo de 2023 aparece que se han ejercido las acciones judiciales tendientes a su cobro, de manera tal que constituye un actuar ilegal de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes el descuento por planilla que ha realizado al protegido, al haber optado por la alternativa judicial para la satisfacción del crédito referido, existiendo un juicio en curso.

Séptimo: Que, así las cosas, en los hechos, ha quedado claro que el actor ha sido víctima de un doble cobro de las cuotas insolutas respecto del crédito señalado, conforme se aprecia de los documentos acompañados, por lo que corresponde, por una parte, acoger el recurso, y por la otra, la restitución de las sumas descontadas, para efectos de evitar un doble cobro en claro perjuicio del actor.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, el recurso deducido en favor de don nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, sólo en cuanto se ordena a aquella cesar en los descuentos y/o retenciones que tengan por fundamento el crédito social del 16 de marzo de 2023, y restituir las sumas ilegalmente descontadas.

Asimismo, se ordena a la recurrida, informar el cumplimiento de la orden de no innovar decretada en estos autos con fecha 30 de septiembre de 2024.

Comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-19805-2024.