Protección contra Inspección Comunal del Trabajo de Providencia

Santiago, veinte de abril del año dos mil diez.

Vistos:

En estos autos rol Nº198-2010 comparecen, a fs.5, don Sergio Andrés Toloza Valenzuela y don Luis Giachino Panizza, abogados, ambos en representación de ING Seguros de Vida S.A. y domiciliados en domicilio reservado, e interponen recurso de protección en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Providencia, representada por el Jefe de la Inspección Comunal, don nombre reservado, y en contra de don nombre reservado, funcionario Público, en calidad de fiscalizador, todos domiciliados en domicilio reservado, de 9 de diciembre de 2009 han amenazado y perturbado los derechos constitucionales garantizados a la recurrente por los artículos 19 Nº3, inciso 4º y Nº 24 de la Constitución Política de la República.

Explican que la referida Resolución aplicó a ING Seguros de Vida S.A. tres multas que en total ascienden a 89 Unidades Tributarias Mensuales, y que en su equivalencia en pesos corresponden a $3.280.807, sin perjuicio de la reajustabilidad posterior en base a la señalada unidad.

Exponen que las sanciones pecuniarias se habrían motivado por haber constatado el fiscalizador tres conductas distintas, que detalla, cada una de las cuales originó una multa particular, conductas que infringirían, en el primer caso, lo dispuesto en los artículos 9, inciso 1º, en relación con el inciso 4º del artículo 506 del Código de Trabajo; en el segundo, lo previsto en los artículos 33 y 506 del mismo Código en relación con el artículo 20 del reglamento Nº969 de 1933, y en el tercero, lo sancionado en los artículos 54 y 506 del ya aludido Código Laboral.

Explican que la señora nombre reservado, a quien se refiere la multa reclamada, es una Agente de Venta de Productos del giro de la compañía recurrente (seguros de vida), y por la especial relevancia que tiene la actividad de dichos Agentes de Venta, ella se encuentra reglamentada en una normativa distinta de las normas del Código del Trabajo. Agregan que de acuerdo con las prescripciones del D.F.L. Nº251, de 1931, los agentes de venta, por la función que realizan, se encuentran perfectamente definidos en dicha normativa, y junto con ello, se establecen una serie de prohibiciones que dichos agentes se encuentran en la obligación de observar, y que no son impuestas por una compañía de seguros sino que a través de normas de carácter general.

Continúan explicando que para poder desarrollar las funciones de Agentes de Venta, se les exige una inscripción en un registro especial en la Superintendencia de Valores y Seguros. La circular Nº49, de la Superintendencia de Valores y Seguros, reconoce expresamente que pueden actuar en estas funciones como prestadores de servicios independientes. En tal caso, deben realizar iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos como comisionistas independientes, emitiendo por sus servicios prestados, las correspondientes boletas de honorarios, lo cual determina que en la relación que se produce entre el Agente de Venta y la compañía recurrente, no existe una vinculación de subordinación y dependencia, sino que se puede hablar más bien de una relación de coordinación, ya que lo único que realiza la recurrente es encargar a los agentes de ventas los productos a vender y los precios a este efecto, de acuerdo a las condiciones impuestas de manera reglamentaria por la Superintendencia de Valores.

Luego afirman que de la lectura de la resolución impugnada y de lo expuesto, se puede colegir que ella ha sido cursada en razón de haber realizado el fiscalizador, interpretaciones y calificaciones jurídicas de la legislación laboral, aplicándolas a ciertos hechos, actividad que por mandato constitucional resulta privativa de los Tribunales de Justicia. Añaden que al excederse la recurrida de sus facultades fiscalizadores, ha realizado actos ilegales y arbitrarios, puesto que la resolución Nº7815/09/106 constituye un conjunto de decisiones jurisdiccionales adoptadas sin el debido proceso y la adecuada defensa de la parte recurrente, lo que importa que la materia controvertida no haya sido conocida ni juzgada por la magistratura que señala la ley, sino que por un organismo administrativo especial, hecho que infringe las garantías constitucionales consagradas en los ya mencionados artículos 19 Nº3, inciso 4º y 24 de la Carta Fundamental.

Piden, finalmente, que se acoja el recurso, dejando sin efecto la resolución previamente indicada, y que se condene en costas solidarias del recurso a los recurridos.

Informando a fs.31 don nombre reservado por la recurrida, alega, en primer lugar, la improcedencia del recurso, en atención a la naturaleza del acto que se recurre, el cual admite como recurso natural en contra de dicha resolución, la reclamación judicial, según dispone el artículo 504 del Código del Trabajo, y la pretensión de la recurrente se circunscribe al cuestionamiento del mérito de las infracciones constatadas por los fiscalizadores recurridos, con lo cual se espera que esta Corte deje sin efecto las multas cursadas, utilizándose el recurso de protección como un mero sustituto procesal de acciones judiciales ordinarias, establecidas en procedimientos específicos y reglados.

En subsidio, expresa que con fecha 9 de diciembre de 2009, con ocasión de la denuncia de una trabajadora de la empresa recurrente, el fiscalizador dependiente del Servicio don nombre reservado, realizó una visita inspectiva en las dependencias de la empresa ING Seguros de Vida S.A., constatándose que respecto de la trabajadora doña nombre reservado no se había escriturado contrato de trabajo, no llevaba registro de asistencia y no se le entregaba comprobante de pago de remuneraciones. Como consecuencia de ello se cursó la multa por constituir dichas conductas infracciones a la legislación laboral, cuestión que quedó consignada en el informe de fiscalización Nº13/12/2009/4862, de la misma fecha. Luego transcribe la resolución de multa, así como la legislación infringida.

Arguye que las alegaciones de la recurrente no tienen sustento fáctico, ya que en la especie, del análisis de los antecedentes que pudo constatar el fiscalizador actuante, en especial las entrevistas realizadas y observaciones y constataciones en terreno, se pudo comprobar una relación jurídica de carácter laboral sujeta a las normas del Código del Trabajo, pues en ella concurren todos y cada uno de los requisitos necesarios, pues se trata de una prestación de servicios personales, por los cuales percibe remuneración, y los ejecutan bajo dependencia y subordinación de aquel en cuyo beneficio se realizan, la empresa recurrente.

Luego de diversas consideraciones, alega la improcedencia del recurso en atención a la falta de requisitos constitucionales para su interposición, ya que el acto impugnado es legal, carece de rasgos arbitrarios, la Inspección del Trabajo tiene competencia para dictar la resolución recurrida y no existe amenaza, perturbación o privación a las garantías constitucionales invocadas por la recurrente.

Por todo lo anterior, pide el rechazo de la acción cautelar de que se trata, con expresa condenación en costas.

Se trajeron los autos en relación a fs.52.

Considerando:

1º) Que, tal como la E. Corte Suprema de Justicia ha sostenido en forma reiterada, conociendo de asuntos como el presente, el artículo 2º del Código del Trabajo, junto con reconocer la función social que cumple el trabajo, otorga al Estado la misión de amparar al trabajador en su derecho a elegir libremente su empleo y, además, la de velar por el cumplimiento de las normas que regulan la prestación de los servicios, labor esta última que corresponde cautelar, en representación del Estado, a la Dirección del Trabajo y en cuya virtud, especialmente en lo que al presente recurso interesa, ésta debe fiscalizar la aplicación de la ley laboral;

Como se ha explicado también, tales facultades deben ejercerse cuando dicho servicio se encuentre frente a situaciones de infracción a las normas laborales, o sea, cuando con su actividad de fiscalización se sorprendan ilegalidades claras, precisas y determinadas;

2º) Que, en el caso de la especie, la Inspección del Trabajo recurrida cursó tres multas, luego que uno de sus fizcalizadores constatara sendas infracciones a la legislación laboral, previa denuncia de una trabajadora de la empresa de seguros ING reclamante. Tales infracciones consistirían en No escriturar el contrato de trabajo respecto de la trabajadora Sra. nombre reservado, habiéndose constatado en visita de terreno la prestación de sus servicios bajo la dependencia y supervisión de la empresa de seguros de vida desde octubre de 2002 a la fecha de la visita, con una jornada de trabajo de lunes a viernes de 09.00 a 18.000 con una hora de colación igual que el resto del personal que trabajo en domicilio reservado; en segundo lugar, No llevar correctamente el registro de asistencia y de horas trabajadas al no consignar la hora de entrada y salida respecto de la trabajadora nombre reservado, habiéndose constatado en visita de terreno la prestación de sus servicios, por el período octubre 2002 a 3 de diciembre de 2009; y finalmente, no entregar junto con el pago de las remuneraciones un comprobante con indicación del monto pagado, de la forma cómo se determinó y de las deducciones efectuadas, desde el período octubre 2002 al 3 de diciembre de 2009, respecto de la trabajadora nombre reservado. Tales infracciones constatadas por la entidad recurrida importarían, según la resolución de multa respectiva, que es materia del reclamo, infracciones al artículo 9 incisos 1º, 2º en relación con el inciso 4º del artículo 505 del Código de Trabajo, en el primer caso; infracción a los artículos 33 y 505 del mismo texto legal, en relación al artículo 20 del Reglamento 969 de 1933, artículos 33 y 506 del Código Laboral con relación al artículo 20 del mismo reglamento, en el segundo caso y, en el último, vulneración de los artículos 54 y 506 del Código de la especialidad. Se impusieron tres multas, tal como se expuso en el recurso, una por cada infracción, de 9 UTM la primera y 40 UTM cada una de las dos restantes. La resolución reclamada se funda en “Las facultades que me confieren los artículos 503 del Código del Trabajo; 19 del D.L. Nº3500, de 1980; 30 de la Ley 18.933 y 10 de la Ley 19.728; y los D.F.L. Nº2, de 1967, y 238 de 1963, ambos del Ministerio del Trabajo y Previsión Social”;

3º) Que luego de analizar la resolución que se pretende impugnar, esta Corte concluye que en la especie se trata efectivamente de infracciones fácilmente constatables, en especial si ha mediado, como en el caso de autos, una denuncia de una trabajadora, Son simples situaciones de hecho que puede ser apreciadas por un fiscalizador y, por lo tanto, originar una resolución de multa tal como ha ocurrido.

Frente a ello, la Ley Laboral ha implementado precisamente un procedimiento, mediante el cual la empleadora afectada, en este caso la sociedad de Seguros llamada ING puede impugnar dicha resolución, presentando sus pruebas, debatiendo el problema, y deduciendo los recursos que sean del caso. Más no puede utilizar el recurso de protección de garantías constitucionales porque no ha existido ninguna actuación ilegal o arbitraria de parte de la entidad recurrida, que no ha hecho sino hacer uso de las herramientas que le otorga la ley cuando constata infracciones a la normativa laboral, y lo ha hecho al amparo del propio Código del Trabajo, como quedó previamente expuesto.

Cabe agregar que, en la especie, se ha usado el arbitrio constitucional que se analiza, como un simple recurso jurisdiccional, lo cual no es admisible, puesto que desnaturaliza su esencia jurídica y lo transforma en un medio de impugnar toda suerte de resoluciones de entidades administrativas, que actúan dentro del marco de sus competencias, y que, de acogerse, el efecto que provocaría sería el de que la resolución de multa quedaría sin efecto, esto es, las infracciones constatadas no podrían ni siquiera ser discutidas en lo tocante al fondo en el procedimiento especial instituido para ello;

4º) Que, de otro lado, y aún cuando se ha llegado a la conclusión de que en el presente caso no se aprecia una actuación ilegal o arbitraria de la Inspección del Trabajo denunciada, sino que por el contrario, se trata del estricto cumplimiento de sus deberes y funciones legales, se puede añadir que no aparece ninguna infracción de garantías constitucionales, ya que las que se han invocado no son aplicables, puesto que la aludida entidad no se instituido en una comisión especial, ni se ha afectado el derecho de propiedad, pues en este último caso las multas y su entidad están establecidas en la ley;

5º) Que, en mérito de lo previamente expuesto, es que el recurso en análisis no puede prosperar y debe ser rechazado.

Por estas consideraciones y en virtud de lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la E. Corte Suprema sobre la presente materia, se declara que se rechaza, con costas, el recurso de protección entablado en lo principal de la presentación de fs.5 por los ya referidos abogados don Sergio Andrés Toloza Valenzuela y Luis Giachino Panizza, por ING Seguros de Vida S.A.

Acordada con el voto en contra del Ministro Sr. Pfeiffer, quien estuvo por acoger el señalado recurso, en mérito de las siguientes consideraciones:

Primera: Que en la especie se han impuesto tres multas, por la Inspección del Trabajo recurrida, en razón de que la empresa recurrente habría incurrido en vulneración de diversos preceptos legales y reglamentarios, a raíz de que se habrían constatado diversas situaciones relacionadas con una presunta trabajadora de dicha empresa;

Segunda: Que la recurrida ha negado la existencia de un vínculo laboral de subordinación y dependencia respecto de la referida persona, y por lo tanto, se ha generado una discusión de hechos, que es necesario dilucidar previamente, labor que no corresponde a la Inspección del Trabajo;

Tercera: Que, entonces, la referida entidad se apartó de las materias que le corresponde conocer, puesto que no solamente ha definido por su propia cuenta la calidad de trabajadora de una persona, en contra de lo que sostiene su presunta empleadora, sino que ha aplicado diversas normas jurídicas a dicha supuesta relación que la han llevado, finalmente, a imponerle tres multas;

Cuarta: Que todo lo anterior no puede ser materia de una simple resolución administrativa, sino que es una materia que es necesario analizar, debatir y probar, por lo que, con consecuencia, sólo corresponde a la autoridad jurisdiccional pertinente su conocimiento, Y ello, en un procedimiento contencioso de lato conocimiento que otorgue a las partes en conflicto la posibilidad de accionar, excepcionarse, rendir sus probanzas, debatir, argumentar y deducir los recursos que sean del caso;

Quinta: Que, como se puede concluir de lo previamente manifestado por el disidente, y de los antecedentes que contiene el proceso, la Inspección del Trabajo recurrida se pronunció, a través de la aludida Resolución de Multa, interpretando disposiciones legales, al resolver que la recurrente habría incurrido en las infracciones que quedaron expuestas previamente, y determinando que ello vulneraría diversos preceptos legales y reglamentarios;

Sexta: Que la señalada actuación significó que la Inspección del trabajo recurrida se avocara a una cuestión que se encuentra al margen de las facultades conferidas a dicho organismo por los artículos 505 y siguientes del Código de esta especialidad, materia que debía ser resuelta por la judicatura que conoce de estos asuntos, en atención a que es en esta sede que se ha de determinar si los hechos constatados por la fiscalizadora son o no del modo como se entendieron, y de ser así, si lesionan o no la preceptiva que se mencionó, todo lo cual supone la apreciación de pruebas y la interpretación y aplicación de normas legales y constitucionales, a la luz de los hechos que se establezcan y de la legislación vigente;

Octava: Que en efecto, se trata de situaciones de hecho que deben ser apreciadas bajo el prisma de la normativa de orden laboral correspondiente, todo lo cual es necesario analizar, debatir y probar, corresponde a la autoridad jurisdiccional pertinente su conocimiento, Y ello, en un procedimiento contencioso de lato conocimiento que otorgue a las partes en conflicto la posibilidad de accionar, excepcionarse, rendir sus probanzas, debatir, argumentar y deducir los recursos que sean del caso;

Novena: Que, por consiguiente, la conclusión inevitable para el disidente es que la recurrida se arrogó facultades propias y excluyentes de los tribunales de justicia en lo laboral, a quienes de conformidad con lo dispuesto por el artículo 420 del Código del Trabajo, corresponde conocer de las cuestiones suscitadas entre empleador y una supuesta trabajadora por aplicación de las normas laborales, cual es el caso de la especie, en que la fiscalización de la Inspección del Trabajo se hizo precisamente a causa de una denuncia;

Décima: Que de lo reflexionado precedentemente aparece de manifiesto que la Inspección del Trabajo reclamada incurrió en una actuación ilegal que lesiona la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 Nº3, inciso 4º, de la Constitución Política de la República, ya que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señale la ley y que se halle establecido con anterioridad por ésta, lo que no ha sido el caso, en que la Inspección recurrida asumió, en la práctica, la función que corresponde a los tribunales, al decidir de la manera como se le ha reprochado -según quedó consignado-, todo lo que, sin lugar a discusión, resulta propio que se efectúe en el curso de un proceso jurisdiccional;

Por lo argumentado, quien disiente estima que el recurso interpuesto en estos autos resulta procedente, debiendo ser acogido.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.

Redacción del Ministro Mario D. Rojas González.

Rol Nº198-2010.

No firma el Ministro, señora Pfeiffer, por encontrarse con licencia médica.

Pronunciada por la Segunda Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Alfredo Pfeiffer Richter e integrada por el Ministro señor Mario Rojas González y por el Abogado Integrante señor Jaime Guerrero Pavez.