nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LA ARAUCANA

Santiago, tres de diciembre de dos mil veinticinco.

Al folio N° 18: téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece don Jorge Correa Fuentes, abogado, en representación de doña nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, por estimar que dicha entidad incurrió en un acto arbitrario e ilegal al reactivar descuentos remuneracionales después de más de 10 años de inactividad total en el cobro del crédito social, afectando el ejercicio legítimo de las garantías establecidas en el artículo 19 N° 3 y artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

Señala que la recurrente mantuvo un crédito social con la Caja recurrida, cuyo pago quedó en mora hace más de una década, sin que existiera gestión judicial ni extrajudicial tendiente a obtener su cobro. Indica que, pese al tiempo transcurrido, en el mes de agosto de 2025 la recurrida retomó sorpresivamente descuentos por planilla, sin aviso previo, los cuales aparecen reflejados en la liquidación de remuneraciones de dicho mes, configurando una actuación extemporánea, sorpresiva y carente de fundamento legal, que priva a la actora de su derecho a defensa y a percibir íntegramente su remuneración.

Expone que la Caja no ejerció acciones de cobro oportunas y que, por el contrario, revivió de manera unilateral un beneficio legal previsto exclusivamente para cobros oportunos, vulnerando la igualdad ante la ley, puesto que un deudor civil ordinario solo puede ser obligado a pagar mediante demanda ante tribunales. Afirma que el obrar de la recurrida contraviene la finalidad del artículo 22 de la Ley N° 18.833 y se enmarca en un uso abusivo de la potestad que concede el legislador a las Cajas para efectuar descuentos directos. Refiere jurisprudencia de la Corte Suprema, la cual ha determinado que la reactivación de descuentos luego de largos períodos sin gestión alguna constituye un actuar caprichoso e injustificado, calificando como arbitrario el “revivir y forzar unilateralmente un beneficio legal concebido para un cobro oportuno”. Cita las sentencias dictadas en los Roles N° 68.700-2016, N° 11.960-2018, N° 248.016-2023 y N° 104.937-2023, en que se reafirma que esta conducta desconoce los medios procesales regulares para exigir el cumplimiento de obligaciones y afecta la igualdad ante la ley, dada la posición desventajosa en que queda el afiliado.

Precisa que la actuación impugnada también vulnera el artículo 19 N° 24, al privar a la recurrente de percibir íntegramente su remuneración, respecto de la cual detenta dominio conforme a lo previsto en el artículo 7 y artículo 58 del Código del Trabajo. Señala que no existe fundamento contractual ni constancia de gestión judicial o administrativa que habilite estos descuentos, lo que afecta directamente el patrimonio de la actora sin procedimiento previo, contrariando el principio de invariabilidad de las condiciones del contrato laboral. Reproduce criterios de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, Rol N° 1.068-2021, y de otras Cortes, según los cuales la facultad de las Cajas para retener remuneraciones no puede ejercerse de modo arbitrario ni a destiempo, especialmente cuando el crédito se encuentra presuntamente prescrito, situación que ha sido calificada reiteradamente como atentatoria contra los derechos fundamentales.

Agrega que la Caja de Compensación, al omitir gestiones oportunas y luego revivir el crédito después de más de 10 años, privó a la actora de la posibilidad real de ejercer sus defensas, contrariando los principios de razonabilidad y proporcionalidad que rigen el actuar de entidades que prestan un servicio público asistencial. Afirma que esta conducta carece de verosimilitud y racionalidad, toda vez que ni siquiera se acompañan antecedentes contractuales o judiciales que sustenten los descuentos. Indica que, de admitirse la actuación de la Caja, se validaría un método abusivo que permitiría a estas entidades ejercer potestades económicas sin límite temporal, en contradicción con los principios constitucionales que resguardan el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales.

Solicita que se acoja el recurso incoado y con ello se decrete el cese inmediato de los descuentos; la restitución de todas las sumas descontadas, reajustadas e incrementadas con los intereses que correspondan; y la prohibición de efectuar o instruir nuevos descuentos por parte de la recurrida o de terceros, incluyendo a OMESA SpA, junto con la condenación en costas.

Segundo: Que informando al tenor del recurso comparece don Julio César Villalobos Villarroel, abogado, en representación convencional de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, quien indica que, revisados los sistemas internos, se constató que la actora mantiene dos créditos vigentes con esta Caja: el primero, ID 006-000700839, otorgado el 21 de junio de 2013 por $ 2.076.225 en 58 cuotas de $ 44.175, con un saldo pendiente de $ 201.573; y el segundo, ID 006-000747229, otorgado el 16 de junio de 2015 por $ 2.704.561 en 49 cuotas de $ 98.114, cuyo saldo íntegro permanece adeudado. Sin perjuicio de ello, afirma que La Araucana no realizó descuento alguno en el mes de agosto de 2025, lo que se prueba con capturas de sistemas internos e informes Intercajas, donde consta que no existe remesa ni instrucción proveniente de esta Caja, verificándose que el descuento cuestionado fue efectuado por Caja Los Héroes, y no por la recurrida.

Expone que las Cajas de Compensación, conforme al artículo 1 de la Ley N° 18.833, son entidades de previsión social destinadas a administrar prestaciones de seguridad social, entre ellas los créditos sociales. Indica que tales créditos constituyen un beneficio de bienestar social, cuya regulación se encuentra en el Compendio de Normas de 2023 de la Superintendencia de Seguridad Social. Agrega que, conforme a los artículos 1.545 y 1.546 del Código Civil, todo contrato legalmente celebrado obliga a las partes y debe ejecutarse de buena fe, de modo que la deuda generada en un crédito social subsiste mientras no exista sentencia que declare su extinción, ya sea por prescripción u otro modo previsto en el artículo 1.567 del mismo cuerpo normativo. Precisa que la recurrente no acompañó antecedente alguno que acredite prescripción, y que esta no puede declararse de oficio, según el artículo 2.493 del Código Civil, criterio reiterado por la Superintendencia en Dictamen N° 2.659-2020.

Añade que este criterio ha sido reafirmado por la Excelentísima Corte Suprema, citando la sentencia Rol N° 464-2025, de 30 de abril de 2025, que confirmó el rechazo de un recurso por descuentos realizados a través del Sistema Intercajas, señalando que mientras la prescripción no sea declarada judicialmente, la deuda permanece exigible y que las Cajas actúan dentro del marco legal regulado por los artículos 1.580 a 1.586 del Código Civil sobre la diputación para recibir el pago. Refiere adicionalmente la sentencia Rol N° 24.62-2024 de esta Ilustrísima Corte, confirmada por la Corte Suprema en Rol N° 37.972-2024 de 8 de mayo de 2025, que razonó que el descuento por planilla previsto en el artículo 22 de la Ley N° 18.833 constituye un mecanismo expresamente autorizado por la ley, que opera con independencia de la voluntad del deudor y cuyo ejercicio no es arbitrario si no existe declaración judicial de prescripción. Cita también la sentencia Rol N° 3.350-2025, que reiteró que el artículo 22 establece un procedimiento obligatorio de deducción remuneracional, que descarta ilegalidad y arbitrariedad y que la acción de protección no constituye vía idónea para declarar o extinguir derechos, razón suficiente para rechazar la acción.

Concluye señalando que La Araucana no ha privado, perturbado ni amenazado derecho fundamental alguno, puesto que no realizó el descuento reclamado, no impartió instrucción para efectuarlo y ha obrado conforme a la normativa vigente. Agrega que los créditos mantienen existencia jurídica y que no se ha declarado prescripción, por lo que la obligación permanece vigente. Enfatiza que no hay afectación de las garantías del artículo 19 N° 2, artículo 19 N° 22 ni artículo 19 N° 24, pues no existe descuento ilegal, expropiación de remuneraciones ni trato desigual.

Tercero: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, carente de razonabilidad.

Cuarto: Que, lo reclamado por el actor en su libelo es un descuento de sus remuneraciones por parte de la Caja de Compensación La Araucana, respecto a créditos que mantenía con esta, descuentos que afirma como arbitrarios e ilegales toda vez que habrían transcurrido más de 10 años de la suscripción del crédito social sin que se hubiere efectuado ninguna gestión de cobro judicial a su respecto.

Quinto: Que, del mérito de los antecedentes, en especial de lo que consta en las liquidaciones de sueldo acompañadas por la parte recurrente y de lo informado por la recurrida, se advierte que el fundamento esencial del recurso —esto es, el descuento efectuado por la Caja de Compensación La Araucana— aparece expresamente controvertido por la recurrida, la cual ha señalado que, no ha realizado ninguna gestión de cobro ni solicitud de cobro a la Caja de Compensación Los Héroes.

Tal controversia fáctica impide tener por acreditado el presupuesto sobre el cual se construye la acción, pues el recurso de protección no constituye una instancia de debate o prueba, sino un mecanismo cautelar destinado a amparar derechos preexistentes y claramente establecidos frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios, sin que sea procedente resolver cuestiones de hecho controvertidas o que requieran de un mayor grado de acreditación.

Sexto: Que, en consecuencia, no existiendo un acto ilegal o arbitrario que pueda atribuirse fehacientemente a la recurrida, el recurso de protección en examen no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, la acción constitucional deducida en favor de doña nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Protección 19790-2025.-