Protección contra SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

C.A. de Santiago Santiago, veintidós de junio de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece Franco Brunetti Arredondo, abogado, en representación de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien interpone recurso de protección en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, por el acto que estima ilegal y arbitrario, consistente en haber dictado la Resolución Exenta N°NUM000, de 23 de diciembre de 2025, que resolvió tener por desistido al recurrente de su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, lo que a su juicio vulnera las garantías establecidas en el artículo 19 N° 2 y N°3 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita a esta Corte se restablezca el imperio del derecho, ordenando a la recurrida que se deje sin efecto la Resolución Exenta impugnada, y se otorgue la correspondiente visa temporaria de refugio.

Relata que el actor se vio forzado a abandonar su país de origen el 1 de junio de 2023, ingresando a Chile por paso no habilitados el 11 de junio del mismo año, en razón de que su libertad y seguridad se encontraban amenazadas por la violencia generalizada, conflictos internos, violación masiva de derechos humanos y otras circunstancias que han perturbado gravemente el orden público en Venezuela, incluyendo el accionar de agrupaciones delictuales conocidas como "los Colectivos", agregando que el 18 de noviembre de 2025, el recurrente solicitó ante la autoridad migratoria el inicio del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, siendo dictada el 23 de diciembre pasado la resolución exenta por la que fue interpuesto el presente arbitrio.

Refiere que el fundamento del recurrido para dictar el acto impugnado fue que su solicitud no reunía los requisitos para dar curso a la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, en particular, exceder el plazo de 7 días hábiles desde el ingreso al país para presentarse al Servicio Nacional de Migraciones y formalizar su petición, y mantener ingreso al país por paso no habilitado, sin presentar antecedentes que acrediten el cumplimiento de los requisitos legales establecidos.

Sostiene que no ha existido desistimiento válido de su solicitud de refugio, toda vez que el artículo 52 del Decreto N°837 exige expresamente que el desistimiento sea individual, expreso y voluntario, requisitos que no concurren en la especie, pues el recurrente jamás ha manifestado su intención de abandonar su pretensión, lo que ha sido apoyado por la jurisprudencia de nuestros tribunales superiores de justicia.

Argumenta además que la autoridad recurrida infringe el principio de proporcionalidad de los actos jurídicos, al otorgar mayor relevancia a exigencias procedimentales formales que a la situación humanitaria concreta del recurrente, generando una medida desproporcionada y arbitraria. Del mismo modo, afirma la vulneración del principio de irretroactividad de la ley y de las sanciones, consagrado en el artículo 19 N°3, inciso séptimo, de la Constitución Política de la República, en cuanto la resolución impugnada aplica consecuencias sancionatorias que no se encontraban previstas al momento en que el recurrente realizó las conductas que se le reprochan.

Hace presente que conforme al artículo 27 de la Ley N°20.430, no corresponde a los funcionarios de las Direcciones Regionales del Servicio Nacional de Migraciones deliberar sobre la legitimidad de los antecedentes presentados por los solicitantes, siendo su única función proporcionar el formulario y formalizar la solicitud, debiendo ser la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado quien pondere el cumplimiento de los requisitos correspondientes, alegando adicionalmente el incumplimiento de los artículos 32 de la Ley N°20.430 y 42 del Decreto N°837, normas de carácter imperativo que ordenan la extensión inmediata de un visado de residente temporario una vez presentada la solicitud de refugio.

Manifiesta que la actuación de la autoridad migratoria infringe la garantía de igualdad ante la ley establecida en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, al dispensar al recurrente un trato discriminatorio respecto de otros extranjeros en situación análoga, creando hipótesis de desistimiento no previstas por el legislador y aplicando exigencias que exceden el marco normativo vigente.

Por estas consideraciones, solicita en definitiva a esta Corte que se acoja el presente recurso, y con su mérito, se ordene al recurrido que se deje sin efecto la Resolución Exenta impugnada, y se otorgue la correspondiente visa temporaria de refugio.

SEGUNDO: Que, informan don nombre reservado y nombre reservado, abogados, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo de la acción deducida en todas sus partes.

Exponen que el actor no registra ingreso formal al país, presumiéndose su entrada por paso no habilitado para tales efectos, agregando que el 20 de junio de 2023, el recurrente se inscribió en el Proceso de Empadronamiento Biométrico del año 2023, empadronándose en dicho procedimiento el día 22 de agosto del mismo año, lo que no constituye un proceso de regularización migratoria, agregando que mediante Oficio Reservado N°NUM001, de 23 de agosto de 2023, emitido por la Policía de Investigaciones de Chile, se puso en conocimiento de la autoridad migratoria una denuncia grave por ingreso clandestino en contra del extranjero recurrente.

Refieren que el 18 de noviembre de 2025 el actor manifestó al recurrido su intención de acceder al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, requerimiento que fue registrado bajo la ID N°NUM002, citando al recurrente con el fin de dar inicio a la solicitud de ingreso al procedimiento de “Reconocimiento de la Condición de Refugiado”, presentándose el protegido a la citación respectiva, instancia en que le fue entregada la información contemplada en la Ley N°20.430, precisando que tras analizar los antecedentes proporcionados por el recurrente, y mediante Resolución Exenta N°NUM003, de 2 de diciembre de 2025, se informó al solicitante que no era posible dar inicio al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, al no haber cumplido con los requisitos formales establecidos en la Ley N°20.430 y su Reglamento, otorgándole al recurrente un plazo de 15 días para acompañar antecedentes que le permitieran subsanar los defectos de su petición, bajo apercibimiento de desistimiento, no pudiendo los descargos del protegido acreditar el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en la Ley N°20.430 y su Reglamento.

Sostienen que en razón de lo anterior, se dictó la Resolución Exenta N°NUM000, de 23 de diciembre de 2025, impugnada a través del presente arbitrio, detallando que la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado se encuentra especialmente regulada en el artículo 26 de la Ley N°20.430, norma que habilita a toda persona para solicitar en Chile el reconocimiento de tal condición, con independencia de su condición migratoria, siempre y cuando se encuentre en territorio nacional. Sin embargo, para que un extranjero sea considerado como solicitante de refugio, su solicitud debe haber sido declarada admisible y formalizada con arreglo a los artículos 2, 6, 26 y 28 de la Ley N° 20.430, y a los artículos 8, 35 y 37 de su Reglamento, lo que no ocurrió en estos autos, por cuanto el actor no cumplió con los requisitos legales para fundar su pretensión migratoria.

Argumentan, en particular, que atendido lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley N°20.430 y los artículos 8° y 35 del Reglamento de la Ley N°20.430, aquellos extranjeros que ingresen de manera clandestina al territorio nacional o cuya residencia actual fuese irregular y que deseen formalizar su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, podrán realizarlo sin perjuicio de la infracción cometida, presentándose ante la autoridad contralora de fronteras, a saber, Policía de Investigaciones, dentro del término de 10 días, contados desde la infracción migratoria, a objeto de alegar una razón justificada para ello, puntualizando que el artículo 26 de la citada ley dispone que “La solicitud de reconocimiento deberá ser presentada en el plazo de siete días hábiles, contado desde el ingreso del solicitante al territorio nacional”, lo que no ocurrió en estos autos, puesto que el propio recurrente manifestó expresa y voluntariamente haber ingresado al país el 11 de junio de 2023, presentando su solicitud el 18 de noviembre de 2025, no obstante mantener una Tarjeta de Identificación de Extranjero Infractor, emitida por la Policía de Investigaciones de Chile de 22 de agosto de 2023.

Fundamentan que en estas circunstancias, y al no haber dado cumplimiento el recurrente a los requisitos legales establecidos en la ley para el reconocimiento de la condición de refugiado, y atendido lo dispuesto en el artículo 28 bis de la Ley N°20.430, correspondía tener por desistido al actor de su solicitud, concluyendo que la resolución exenta impugnada se ajusta a derecho, y no vulnera garantías fundamentales, por lo que solicitan en definitiva a esta Corte el rechazo de la acción deducida en todas sus partes.

TERCERO: Que, como ha sostenido reiteradamente esta Corte, el llamado recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar de emergencia, destinado a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales de la autoridad o de particulares que impidan, amaguen o perturben ese ejercicio.

Son presupuestos de esta acción cautelar de protección: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la mera voluntad. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

CUARTO: Que el acto que se califica de ilegal y arbitrario lo constituye el hecho haber dictado el Servicio Nacional de Migraciones la Resolución Exenta N°NUM000, de 23 de diciembre de 2025, que resolvió tener por desistido al recurrente de su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, lo que a su juicio vulnera las garantías establecidas en el artículo 19 Nos. 2 y 3 de la Constitución Política de la República, correspondiendo a esta Corte determinar si dicha acción se ajusta o no a derecho.

QUINTO: Que el artículo 26 inciso quinto de la Ley N°20.430 dispone que “la solicitud de reconocimiento deberá ser presentada en el plazo de siete días hábiles, contado desde el ingreso del solicitante al territorio nacional”. Por su parte, el artículo 35 del Decreto N°837, que establece el reglamento de la Ley N°20.430, dispone que “los extranjeros que hubiesen ingresado en forma clandestina, indocumentada o valiéndose de documentos falsificados, adulterados o expedidos a nombre de otra persona podrán solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 bis, habiendo cumplido previamente con lo establecido en el artículo 8, inciso primero, de este reglamento”. A su turno, el artículo 8 inciso primero señala que “los extranjeros que hubieren ingresado irregularmente al país o cuya residencia actual fuere irregular y deseen formalizar una solicitud de refugio, deberán presentarse ante la autoridad migratoria correspondiente, dentro de los 10 días siguientes de producida la infracción, alegando una razón justificada para ello”.

SEXTO: Que no son hechos discutidos que el extranjero salió de su país el 1 de junio de 2023, e ingresó a Chile por paso no habilitado el 11 de junio del mismo año, manifestando ante la autoridad migratoria su intención de acceder a refugio el 18 de noviembre de 2025, excediendo con creces, y por un periodo de años, el plazo establecido en la ley para realizar la solicitud.

Luego, a juicio de esta Corte los fundamentos de la solicitud de refugio no dicen relación con circunstancias excepcionales en el sentido del arbitrio interpuesto, sino más bien determinado por la búsqueda de más y mejores condiciones de calidad de vida, desnaturalizándose la finalidad de la condición que se pretende, al declarar expresa y voluntariamente en relación con sus motivos que solicitó refugio en Chile: “[…] porque deseo regularizar mi situación migratoria y quiero agotar todos los medios para ver si puedo lograrlo. Lo que me llevó a tomar la decisión de abandonar mi país fue encontrarme desempleado y no contar con los medios que me permitieran cubrir los insumos básicos para la subsistencia de mi familia […]”.

De esta manera, a la situación del protegido resulta aplicable lo dispuesto en las normas indicadas en el fundamento anterior, y no habiéndose acreditado el cumplimiento de los requisitos legales, esta Magistratura estima que el proceder del recurrido se encuentra debidamente ajustado, tanto a las disposiciones de la Ley N°20.430, como a su Reglamento, atendido que la recurrente no dio cumplimiento a lo requerido en el plazo que le fue concedido, sin que se advierta que la actuación del recurrido sea ilegal o arbitraria, motivo por el cual el presente arbitrio no se encuentra en condiciones de prosperar, debiendo ser rechazado.

SÉPTIMO: Que, por otra parte, no se explica ni se desprende de las alegaciones de la parte recurrente, ni de los antecedentes expuestos en la presente acción cautelar, de qué manera se han vulnerado las garantías constitucionales invocadas en el recurso. En efecto, no se ha acreditado que alguna persona, en condiciones similares a las del protegido, haya recibido un trato desigual o le fuera aplicada le ley de un modo en que se vulnerara el debido proceso. En consecuencia, no se ha demostrado que la resolución impugnada haya privado, perturbado o amenazado a la recurrente en el ejercicio de alguno de sus derechos fundamentales.

OCTAVO: Que, al tenor de lo razonado precedentemente, y no advirtiendo esta Corte un acto arbitrario o ilegal de parte del Servicio Nacional de Migraciones, procede el rechazo del presente arbitrio.

Por tales consideraciones y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso interpuesto en favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-1979-2026.