Protección contra Superintendencia de Seguridad Social

C.A. de Santiago Santiago, tres de agosto de dos mil veinte.

Al folio 40: Téngase presente.

Vistos y teniendo presente: 1°) El 29 de marzo del presente año, comparece nombre reservado, interponiendo acción de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, por haber fijado su pensión por invalidez en $193.901.- y no responder sus reclamos posteriores.

Expone que inició los trámites de su pensión de incapacidad laboral en la AFP Provida, el 28 de mayo de 2018. El primer dictamen sobre ello, fue emitido por la Comisión Médica de Los Andes, N° NUM000, fijando su pensión en $193.901.- Apeló de ello a distintas instituciones, entre las cuales menciona a la recurrida.

Han transcurrido 277 días, habiendo presentado su reclamo el 23 de abril de 2019.

Dice haber presentado una primera apelación ante la SUSESO el 21 de agosto de 2018, folio N° NUM001; luego, el 21 de septiembre del mismo año, presentó recurso extraordinario de revisión folio N° NUM002. Después indica que presentó otro recurso extraordinario de revisión el 25 de enero de 2019. Luego, señala haber presentado un primer reclamo ineludible el 18 de abril de 2019; y, posteriormente un segundo reclamo de la misma nomenclatura, el 9 de enero del presente año, folios N° NUM003 y N° NUM004, respectivamente.

Sostiene que diversos profesionales médicos han certificado su condición médica (médico cirujano, traumatólogo, contralor de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez -en adelante, COMPIN-, kinesiólogo y médico cirujano). Incluso, el médico contralor de la COMPIN ordenó tomar nuevas radiografías en columna, pelvis y cadera.

Aduce que es importante mencionar otros documentos que ha presentado, como el certificado de discapacidad extendido por el Registro Civil.

Luego, explica que ha recurrido a distintas autoridades, radios y periódicos, a fin de denunciar la conducta del superintendente de seguridad social.

Los actos de la recurrida, indica, han vulnerado sus garantías fundamentales establecidas en el artículo 19 N° 9, 12, 14 y 18 de la Constitución Política de la República, sosteniendo que la negativa a responder del Superintendente del ramo ha afectado sus derechos, solicitando que se acoja esta acción, ordenando las diligencias necesarias para restablecer el imperio del derecho, con costas, citando a declarar al señor nombre reservado en forma personal y se agreguen todos los antecedentes necesarios relacionados con su caso, condenando al pago de la pensión adecuada.

El actor, acompañó a su presentación diversos antecedentes a saber, recursos de revisión presentados y todo lo que menciona en el recurso; en ellos ha mencionado que tiene un diagnóstico de "artrosis severa de caderas" en relación con su trabajo que es de maestro albañil. Dictamen N° NUM000, de la SUSESO Comisión Médica de la región de Los Andes, que declara la invalidez transitoria parcial a contar del 28 mayo 2018, del recurrente, declarando un 50% de pérdida de capacidad de trabajo mayor, pero menor de 2 tercios, también adjuntó un CD con radiografías diversas de caderas, rodillas, lumbar. 2°) Informó el recurso la SEREMI de Salud de la Región de Valparaíso, en representación de COMPIN.

Indica que el recurso interpuesto lo es sobre materias relacionadas con el procedimiento de calificación de invalidez del Decreto Ley N° 3.500, competencia de la Superintendencia de Pensiones y las AFP, a través de las respectivas Comisiones Médicas. Así, la COMPIN no tiene mayores facultades para intervenir en dicho proceso. No obstante, el 5 de diciembre de 2019 y a solicitud del recurrente, la Sub Comisión Aconcagua de la COMPIN de la Región de Valparaíso, emitió un informe médico asesor, suscrito por el médico contralor Patricio Cornejo Vidaurrazaga, que indicó, previos exámenes médicos, que padece de "artrosis avanzada de caderas", "espondiloartrosis" y "escoliosis". Este informe sólo tiene un valor consultivo.

Además, informa que durante su vida laboral, el recurrente ha presentado sólo 3 licencias médicas, dos el año 2002 por 14 días continuos por traumatismo cerebral difuso y la tercera, el año 2017, por 11 días, por tensión y estado de choque emocional no especificado. Hace presente que el recurrente se encuentra afiliado a FONASA. 3°) Que informó la Superintendencia de Seguridad Social y solicitó el rechazo de la acción, en primer lugar, por ser extemporánea, dado que conforme al expediente administrativo que acompaña, por presentaciones de 7 y 23 de septiembre de 2016; 11 de abril de 2017; 21 de agosto y 21 de septiembre de 2018; 7 y 14 de febrero, 18 de abril de 13 de mayo, todos de 2019, el recurrente reclamó ante la SUSESO en contra de las resoluciones emanadas de las comisiones médicas del DL N° 3500 de 1980, que le reconocieron un 58% de menoscabo en su capacidad de trabajo por "Coxartrosis Bilateral- M16", aceptándose una invalidez transitoria parcial.

En los 8 Ordinarios que menciona (N° 22-09-2016*NUM005, 18-10-2016*NUM006, 08-05-2017*NUM007, 04-09-2018*NUM008, 05-10-2018*NUM009, 20-02-2019*NUM010, 03-06-2019*NUM011, 03-06-2019*NUM012), emitidos por la SUSESO, aparte de recibir al recurrente en múltiples audiencias, se contestó a sus requerimientos, tanto de manera directa a él, como a las diferentes instituciones donde alegó su situación, derivando sus solicitudes al organismo pertinente, que es la Superintendencia de Pensiones, toda vez que la enfermedad que lo afecta se encuentra calificada como común y no laboral (Dictamen de la Contraloría General de la República N° 5112/2017).

En la presentación realizada por el recurrente ante la SUSESO con fecha 7 de septiembre de 2016, él ya tenía conocimiento de esta respuesta, y las siguientes sólo han reiterado su derivación al organismo mencionado, dado que el primer Ordinario de la SUSESO es de fecha 22 de septiembre de 2016. Habiendo interpuesto el recurso recién el 29 de febrero de 2020, se tiene que la acción es extemporánea.

En subsidio, alega la improcedencia de la acción, porque versa sobre materias del artículo 19 N° 18 de la Constitución Política de la República, derecho que no se encuentra cautelado por el recurso de protección.

En subsidio, alega que la presente acción se encuentra mal dirigida en contra de la SUSESO, pues el organismo competente para pronunciarse sobre la materia es la Superintendencia de Pensiones, como ya se indicó, conforme a la Ley N° 16.395, modificada por la N° 20.691, que regulan las funciones de la SUSESO y a la Ley N° 16.744, que establece los seguros en materia de discapacidad laboral.

Por ello, su parte carece de legitimidad pasiva.

Por último, indica que la presente acción no es procedente pues la materia debe ventilarse en un juicio de lato conocimiento, razones por las cuales solicita el rechazo de la acción, con costas. 4°) Que se informó por parte de la Superintendencia de Pensiones.

Señala que el recurrente, reclama del porcentaje de invalidez que se le habría concedido y que le da derecho a una pensión de invalidez parcial. Pues bien, respecto a esta materia cabe señalar que está tratada en los artículos 4° y 11° del D.L. N° 3.500, que dispone que corresponde a las Comisiones Médicas Regionales y Central conocer como organismos técnicos y de manera autónoma del proceso de evaluación y calificación de invalidez. Atendido el tenor del recurso, cabe señalar que el señor nombre reservado, el 28 de mayo de 2018 solicitó pensión de invalidez conforme al artículo 4° del D.L. N° 3.500, de 1980, trámite que inició ante AFP Provida S.A, invocando como patología invalidante: Artrosis de Cadera.

Sostiene que, de la referida solicitud, conoció la Comisión Médica Regional de Los Andes, la cual para efectos de determinar con la mayor rigurosidad posible el real estado o condición de salud del actor, en consideración al impedimento invocado como invalidante por el recurrente, determinó la realización de evaluaciones por Médico Interconsultor Traumatólogo e informe Socio Laboral.

El recurrente fue evaluado el 12 de junio de 2018, por el médico Interconsultor de especialidad Traumatología, Dr. nombre reservado, quien informó lo siguiente: Paciente de 55 años de edad, talla 1.65, peso. Presenta como antecedente clínico una caída desde altura en el año 2004, sobre cadera derecha.

Está en lista de espera para ser operado de prótesis de cadera en el Hospital Los Andes.

Concluye el especialista señalando que: el señor nombre reservado presenta limitaciones físicas que interfieren en sus actividades de la vida diaria. Asimismo, señala que las radiografías de pelvis y axial de ambas caderas muestra coxartrosis severa bilateral, por lo que requiere de artroplastia bilateral de cadera. Considera configurado el impedimento en clase IV, rango alto.

Por su parte, doña nombre reservado, trabajadora social, realiza peritaje socio laboral al recurrente, quien informa que: el señor nombre reservado tiene 56 años de edad, refiere que padece artrosis de cadera, está siendo tratado en policlínico del Hospital San Juan de Dios de Los Andes. Figura en lista de espera desde el año 2017 para intervención quirúrgica; sin embargo, no hay fecha probable de intervención ni documento que avale el tiempo de espera para ello, pero habría programación para el año 2020.

Agrega que el grupo familiar acompaña al paciente en sus controles médicos y otros similares, ya que requiere de asistencia para apoyarse y equilibrarse. En su domicilio no tiene problema de desplazamiento, ya que la vivienda es de un piso. Agrega, que los ingresos familiares se han visto disminuidos, dado que el recurrente desempeña la labor de albañil.

Recabados los antecedentes y exámenes médicos pertinentes, la Comisión Médica Regional de Los Andes, en Sesión N° NUM013 de 24 de julio de 2018, procedió a estudiarlos, refiriendo que el señor nombre reservado tiene 56 años de edad años, es obrero de la construcción, desempleado, cubierto por el seguro de invalidez y sobrevivencia, vive con su familia.

Presenta como antecedente la caída desde un árbol trabajando hace 14 años, recibiendo golpe en cadera derecha, hecho que no fue reportado en su momento. Se señaló que evoluciona espontáneamente a la mejoría, pero mantiene claudicación leve.

Desde hace 5 años el dolor ha aumentado lo que ha dificultado la marcha. Está desempleado hace 4 meses. Se hace presente, que recién hace un año consultó por primera respecto de su afección y fue derivado con médico Traumatólogo, siendo evaluado en octubre de 2017, diagnosticándole coxartrosis bilateral, dejándose en lista de espera para cirugía de cadera derecha.

El peritaje socio laboral confirmó que el recurrente no tiene acceso a cirugía por otros medios que salud pública. Actualmente presenta dificultad en el desplazamiento en terreno irregular y para subir escalas. Camina hasta 4 cuadras en terreno plano. Las radiografías solicitadas en esta evaluación muestran signos de artrosis severa bilateral, mantiene autonomía en su casa.

Vistos los antecedentes e informes médicos, la Comisión Médica Regional de acuerdo con los artículos 4 y 11 del D.L. 3500 y Normas sobre Evaluación y Calificación del Grado de Invalidez, dictaminó lo siguiente:

Impedimento: Coxartrosis Bilateral; parcial 49; combinado 49; global 49.

Factor Complementario edad: 4. Factor Complementario educación: 3. Factor Complementario trabajo específico: 2. Menoscabo Total: 58% Por lo tanto, por la unanimidad de sus miembros, acordó mediante dictamen N° NUM000, de 24 de julio de 2018, que la enfermedad alegada como invalidante, provocan al señor nombre reservado una pérdida de la capacidad de trabajo mayor del 50%, pero menor de dos tercios; por lo que acordó declarar invalidez transitoria parcial a favor del recurrente, a contar del 28 de mayo de 2018.

Del referido dictamen, el 6 de septiembre de 2018 el señor nombre reservado interpuso reclamo ante la Comisión Médica Central, argumentando no estar conforme con el porcentaje asignado a la enfermedad alegada como invalidante.

Por su parte, la Comisión Médica Central, en Sesión N° 697 de 3 de septiembre de 2018, procedió a estudiar los antecedentes contenidos en el expediente de evaluación y calificación de invalidez del señor nombre reservado. Al efecto, tuvo en consideración el informe del médico integrante asignado al caso, quien señaló que se trata de un paciente de 56 años, portador de artrosis de caderas, control en servicio de especialidad hospitalaria.

Inscrito en lista de espera quirúrgica desde fines del año 2017. Refirió al examen físico: marcha claudicante. Señaló que presenta caderas con importante restricción de movilidad. Imagenología muestra compromiso degenerativo bilateral. Ponderó impedimento en clase III, rango alto.

Discutido el caso en sesión sobre la base de los antecedentes contenidos en el expediente, la Comisión Médica Central concordó con lo resuelto por la Comisión Médica Regional de Los Andes, resolviendo lo mismo que la anterior.

En virtud de lo expuesto, mediante Resolución N° NUM014 de 3 de septiembre de 2018, la Comisión Médica Central acordó rechazar el reclamo planteado por el recurrente, confirmando el dictamen de la Comisión Médica Regional de Los Andes, que le otorgó invalidez parcial transitoria al señor nombre reservado, por cuanto la enfermedad alegada como invalidante, provoca al recurrente una pérdida de capacidad de trabajo de un 58%.

Posteriormente, el 12 de septiembre de 2018, el afiliado interpuso ante la Comisión Médica Central un recurso de reposición administrativo en contra de la Resolución N° NUM014 de 3 de septiembre de 2018, manifestando nuevamente su disconformidad con el porcentaje otorgado, señalando que no se habría tenido en consideración lo dispuesto por el médico traumatólogo quien indicó que el recurrente presenta una artrosis severa de caderas, no encontrándose en condiciones de realizar sus labores de albañil, por lo que considera que le corresponde pensión de invalidez total. De la reposición administrativa conoció la Comisión Médica Central la cual procedió nuevamente a estudiar los antecedentes del caso en sesión N° NUM015 de 17 de octubre de 2018. De la revisión de los antecedentes disponibles en el expediente, se constató que el recurrente fue evaluado por interconsultor traumatólogo, Dr.

Acevedo, quien considera configurado por impedimento por coxartrosis severa bilateral con menoscabo clase IV rango alto. Agregó, que el afiliado tiene 55 años de edad, es obrero de construcción, no trabaja desde hace 5 meses. Portador de coxartrosis severa bilateral, evidenciada en radiografías, con indicación de artroplastía bilateral. Usa sólo ibuprofeno para casos de S.O.S. y refiere dificultad para vestirse y caminar incluso en plano. Al examen marcha con claudicación a derecha, autonomía parcial, acortamiento de extremidad inferior derecha con severa restricción de movilidad de ambas caderas (anota movilidad 0°). No describe examen muscular ni neurológico.

Del Peritaje sociolaboral a cargo de asistente social Sra. nombre reservado, se estableció que el recurrente se controla desde hace algunos meses con traumatólogo de Hospital de Los Andes, Dr. Vergara, siendo ingresado a lista de espera quirúrgica en octubre de 2017.

La fecha estimada de cirugía sería para este año 2020. Agrega que cuenta con red de apoyo familiar, quienes cooperan con las interferencias en sus Actividades de la Vida Diaria de desplazamientos y domésticas.

En mérito a lo expuesto, la Comisión Médica Central estimó bien evaluado el caso, considerando que coxartrosis bilateral con alteración de marcha, manteniendo autonomía en la Actividad de la Vida Diaria esenciales y con fecha estimada de cirugía en 2-3 años. Se refiere que el menoscabo global de la persona se ajusta a una pensión parcial de invalidez, más cuando debe ser reevaluado en 3 años más.

Por lo expuesto, mediante Resolución N° NUM016 de 17 de octubre de 2018, la Comisión Médica Central, rechazó el recurso de reposición, confirmando la Resolución N° NUM014 de 3 de septiembre de 2018, declarando que no procede otorgar pensión de invalidez por cuanto las enfermedades invalidantes no alcanzan a provocar al menos un 50% de pérdida de capacidad de trabajo.

Finalmente, el recurrente el 25 de enero de 2019, interpuso un recurso extraordinario de revisión ante la Comisión Médica Central, nuevamente manifestando su disconformidad con el porcentaje de incapacidad otorgado, insistiendo en sus limitaciones por extremidades inferiores, adjuntando numerosa documentación al respecto.

El caso fue estudiado nuevamente por la Comisión Médica Central en Sesión N° 95 de 4 de febrero de 2020, estableciendo que el recurso extraordinario de revisión no cumplía con los requisitos que, para ser acogido, exige la ley Nº 19.880 en su artículo 60, por lo que determinó no acoger a tramitación.

En consecuencia, mediante Resolución N° NUM017 de 4 de febrero de 2020, la Comisión Médica Central, procedió a rechazar el recurso de revisión extraordinario, confirmando el porcentaje de invalidez conferido al recurrente en 58% de pérdida de capacidad laboral que le dio derecho a pensión de invalidez parcial transitoria, debiendo ser reevaluado en el año 2021, a fin de determinar si se mantiene, se modifica o disminuye el porcentaje de invalidez asignado.

Indica que es útil precisar que el derecho a pensión de invalidez de los afiliados al Sistema de Pensiones de Capitalización Individual, como el procedimiento de evaluación y calificación de invalidez, se encuentra regulado por el D.L. N ° 3.500 de 1980; su Reglamento, contenido en el D.S. N° 57 de 1990, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; las normas e instrucciones impartidas por esta Superintendencia, contenidas en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones; y las Normas para la Evaluación y Calificación del Grado de Invalidez de los Trabajadores Afiliados al Nuevo Sistema Previsional. 5°) Que informó la Administradora de Fondos de Pensiones Provida.

Sostiene que por su parte se ha dado estricto cumplimiento a la normativa vigente del Sistema de Pensiones.

En cuanto al derecho cita el Decreto Ley N° 3.500 de 1980 que crea el sistema de pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia, que fue creado especialmente para pagar las prestaciones que la misma ley establece.

El artículo 2° del Decreto Ley N° 3.500, parte estableciendo lo siguiente: "la afiliación es la relación jurídica entre un trabajador y el Sistema de Pensiones de Vejez, Invalidez y Sobrevivencia, que origina derechos y obligaciones que la ley establece, en especial el derecho a las prestaciones y la obligación de cotizar".

Por otra parte afirma la improcedencia en el caso de la acción de protección, ya que no se cumple ninguno de los requisitos necesarios para ello. 6°) Como reiteradamente se sostiene el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas. 7°) El acto que el recurrente califica de arbitrario e ilegal es la circunstancia de habérsele fijado su pensión por invalidez en $193.901 y no responder sus reclamos posteriores. 8°) Corresponde pronunciarse, en primer término, sobre las alegaciones formales en cuanto se sostuvo la improcedencia de la acción por estar referida a un aspecto específico del derecho a la seguridad social que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20 de la Carta Política. Sin embargo, tal alegación debe rechazarse por cuanto el acto recurrido puede afectar otras garantías constitucionales que sí se encuentran comprendidas en la enumeración que realiza el artículo 20, como es el derecho a la integridad física o psíquica del actor sin perjuicio del análisis de procedencia que se hará en los razonamientos posteriores. 9°) En segundo término se alegó la extemporaneidad de la acción. Sabido es, que el plazo para recurrir es de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto u ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.

Sobre el particular, la recurrente funda su reclamo a partir de la decisión de rechazo de su recurso extraordinario de revisión de 4 de febrero de 2020, sin embargo, el procedimiento administrativo que determinó su grado de invalidez culminó en su oportunidad en el año 2018, cuando la Comisión Médica Central confirmó la decisión de la Comisión Médica Regional que determinó un grado de invalidez del 58% de la capacidad de trabajo del actor y luego desestimó un recurso de reposición a lo resuelto mediante Resolución N° NUM016 de 17 de octubre de 2018, por lo que al intentar la acción de protección en el mes de marzo de este año, resulta claramente extemporáneo, pues mediante sucesivas peticiones de revisión de lo ya resuelto con antelación se extiende el plazo para recurrir, lo que no puede ser aceptado. 10°) Que en cuanto al fondo, cabe señalar que no se advierte la existencia de un acto arbitrario o ilegal por parte de la recurrida, ni de los organismos que informaron a petición de esta Corte porque para decidir sobre las dolencias del actor y su grado de incapacidad se tomaron en consideración diversos informes médicos y sociales del recurrente por lo que la decisión adoptada no resulta antojadiza, sin que esta Corte se encuentre en condiciones de desestimar dichas conclusiones técnicas a falta de antecedentes que así lo permitan.

Que además, es cierto que el asunto que aqueja al recurrente en cuanto a la pensión de invalidez que le corresponde es de competencia de la Superintendencia de Pensiones y no de la Superintendencia de Seguridad Social por lo que mal podría esta última incurrir en un acto arbitrario o ilegal que agravie al actor.

Tampoco se advierte una falta de respuesta a las presentaciones del recurrente, pues de los antecedentes acompañados constan las respuestas a sus consultas o recursos.

Sin perjuicio de lo dicho corrobora la decisión de desestimar la presente acción la circunstancia que además está programada una cirugía al recurrente para este año y una reevaluación de su situación para el año 2021 por lo que ha descartarse entonces una actuación arbitraria o ilegal.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social.

Regístrese, y en su oportunidad archívese.

Rol N° 19.770-2020.